Viernes, 28 de abril de 2017|
 
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Antonio Torres Bartual

Antonio Torres Bartual forma parte de la Historia de Valladolid. No importa que las autoridades de la democracia no lo hayan reconocido, al igual que han ignorado sistemáticamente a los ciudadanos que entregaron todo, incluso la vida, en su afán por defender una democracia cuya pérdida a manos de los fascistas tanto nos ha hecho sufrir.

Antonio Torres Bartual fue una persona muy importante en la vida política y social vallisoletana de los años 30. Contable de profesión, periodista, masón, pero sobre todo republicano; republicano de primera línea por convicción; hombre de acción de esos que nunca se presentan a las elecciones, porque su inteligencia y su capacidad de análisis daban mucho más rendimiento en las funciones de asesoría, en el diseño de planes y en el trazado de metas.

Torres era brillante y poseía una personalidad arrolladora, de buen valenciano; era un hombre clave en el panorama republicano de Valladolid, donde era conocido por todos y lo que es más importante, escuchado por todos. El juicio de Torres era certero, y tal vez la historia de Valladolid se hubiera escrito de otra manera si tras la sublevación se hubieran seguido sus indicaciones.

Antonio Torres había nacido en Valencia el día 2 de diciembre de 1902; hijo de Antonio y Concepción, se formó en aquella ciudad, y allí comenzó a trabajar como contable. En el año 1926 se casó con la también valenciana Francisca Artal Andrés, con la que tendría dos hijos: Antonio y Francisca Torres Artal, nacidos en 1927 y 1929.

Tras su boda fue destinado a Valladolid, uno de los nudos ferroviarios más importantes del país, sede de la Compañía de Ferrocarriles del Norte de España. El puesto era importante. En Valladolid se encontró con un gran sindicato ferroviario, unido y combativo; y con organizaciones republicanas activas y con peso social, en donde muy pronto se integró.

En la fecha de la sublevación militar, Antonio Torres era sobradamente conocido entre los elementos de la derecha, que le conceptuaban como “peligroso” a causa de sus múltiples actividades:

Directivo del Partido Republicano Radical desde 1933,
Presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Izquierda Republicana en Valladolid,
Afiliado a Ezquerra Valenciana,
Masón, perteneciente a la Logia Constancia 17 de Valladolid con el nombre de Danton,
Asesor del gobernador civil de Valladolid, Luis Lavín Gautier,
Contador de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte,
Periodista colaborador de “El Radical”, de Valladolid, cuya sede estaba en el nº 18 de la Avenida de Santander.

Desde el momento en que fue detenido, su destino fue el paredón. Era un hombre señalado, y con juicio o sin él, estaba condenado de antemano.

EL GOLPE DEL 18 DE JULIO

El Gobernador Civil de Valladolid, Luis Lavín Gautier, formó una comisión compuesta por representantes de las diversas fuerzas políticas de la ciudad con el fin de que le asesorasen en las circunstancias difíciles que se estaban produciendo. Torres participaba en su calidad de representante de Izquierda Republicana.
En los días previos al levantamiento se produjeron bastantes reuniones en la sede del Gobierno Civil, con objeto de reunir información y preparar una defensa ante el levantamiento que parecía inevitable. Los días 14 y 16 estas reuniones se prolongaron hasta altas horas de la madrugada.
El día 15 de julio, Torres formó parte de la comisión encabezada por el gobernador civil, que se trasladó de Valladolid a Madrid para informar e informarse acerca de los posibles movimientos sediciosos y de las actuaciones a llevar a cabo.
Torres era un hombre pragmático que no se hacía ilusiones acerca de la situación, y en sus escritos instaba a trabajar por la libertad hasta donde hiciera falta. Esta actitud propició una amistad personal con el alcalde Antonio García Quintana, con quien compartía análisis políticos; y ambos colaboraban en diarios, Quintana, en el Adelante, que era el órgano de expresión del Partido Socialista; Torres en “El Radical”, que daba voz a Izquierda Republicana.

LA DETENCIÓN

A las ocho de la mañana del sábado 18 de julio se produjo una reunión entre los representantes de las fuerzas del Frente Popular y el gobernador Luis Lavín.
En aquella reunión, mantenida en un despacho del Gobierno Civil, se dieron unas instrucciones básicas para neutralizar la sublevación:

-  Organizar la resistencia desde la Casa del Pueblo, para lo que se convocó a todas las fuerzas leales de la ciudad, acudiendo también representantes de los pueblos vecinos.
-  Organizar una requisa de coches con el fin de desplazarse a los pueblos de la provincia con el fin de orientar a los consistorios y ayudarles en la defensa.
-  Recoger las armas (cerca de 800, parece ser), que se hallaban depositadas en el cuartel de la guardia civil de la ciudad, con el fin de repartirlas esa misma noche entre los leales reunidos en la Casa del Pueblo.

A las siete de la tarde del mismo sábado 18 de julio, Torres y otras personas de confianza fueron citadas por Lavín, porque había recibido un teletipo de Madrid en el que se confirmaba la sublevación militar. Había llegado el momento de organizar la resistencia según los planes acordados previamente. En esta reunión estaban presentes representantes de partidos y sindicatos. Por parte de la CNT asistió Segundo Calderón Terceiro, detenido más adelante; y Federico Landrove López, quien se hallaba en Valladolid accidentalmente, ya que en su calidad de diputado vivía en Madrid; pero por una infausta casualidad, había venido a la ciudad para celebrar su santo y el de su padre, Federico Landrove Moiño, primer alcalde de la II República en Valladolid, que era precisamente el 18 de julio.

Torres se movilizó de inmediato: recogió una orden de requisa de vehículos y se dirigió al cuartel de la guardia civil, situada en la plaza Fabio Nelli, con el fin de reclamar las armas allí depositadas, y que le fueron negadas.
Al anochecer se dirigió de nuevo al gobierno civil en un último intento de conseguir coches para ir a los pueblos; ya había comprobado la situación en las calles de la ciudad, donde se estaban produciendo tiroteos; y dado que él no disponía de armas, le pidió una pistola a uno de los agentes de seguridad presentes, que no se la dio.

Al salir del edificio del Gobierno Civil, estuvo hablando con Segundo Calderón, el representante de la CNT, al que explicó que la Guardia Civil se había negado a entregar las armas. Calderón se dirigió entonces a pie a la Casa del Pueblo, situada en la calle Núñez de Arce 14, y fue detenido antes de poder entrar. Las calles más céntricas de Valladolid estaban ya tomadas por los sublevados, que habían establecido puestos de control en todas las esquinas. Torres, acompañado de su compañero de partido Palacios Michelena, que estaba en posesión de un arma (legal con autorización y guía), se dirigió en coche hacia el mismo punto. No eran todavía las diez de la noche. En la calle Duque de la Victoria, el coche fue detenido por una patrulla de guardias de asalto, que identificaron a los ocupantes y procedieron a su detención. Antonio Torres no volvería a su casa, ni a pisar las calles de la ciudad.

Eran los primeros momentos del levantamiento. Torres y Palacios Michelena estaban entre los primeros detenidos en la ciudad. En el momento de la detención, ni el ejército ni la Guardia Civil de Valladolid se habían levantado todavía contra el Gobierno legal de la República; encerrados en sus cuarteles, hacían cálculos para no arriesgar demasiado. El Bando de Guerra no se proclamaría hasta las nueve de la mañana del día siguiente, domingo 19 de julio.

Es necesario resaltar las circunstancias de la detención: antes de las diez de la noche del 18 de julio; en plena calle, a bordo de un coche junto con un compañero, y desarmado. No llevaba con él ni armas, ni documentos ni ningún elemento que indicara intencionalidad alguna de enfrentarse a los alzados. Fuentes mal informadas dicen que era portador de una pistola, pero la información es falsa, ya que era Palacios Michelena quien portaba un arma corta, y además en forma legal, con permiso de armas y guía.

A continuación se produjeron registros en el domicilio familiar, incautándose documentos que después se presentarían como pruebas acusatorias durante el juicio.

EL JUICIO

El martes 22 de diciembre de 1936, tras cinco meses de detención, se celebró el juicio contra un grupo de ocho personas. Fue el Consejo de Guerra sumarísimo 997/36, cuya sentencia se produjo el mismo día 22 de diciembre de 1936. Antonio Torres fue el único condenado a muerte, acusado de adhesión a la rebelión militar.

Junto a él fueron juzgados:

-  José San José Expósito
-  Francisco Martínez Galán
-  Mariano Duque Baltanás
-  Leopoldo Palacios Michelena (detenido con Antonio Torres)
-  Serafín Alcover Gómez-Caro (Presidente de la Diputación)
-  Ángel Alonso Aguirre (perteneciente a Izquierda Republicana, como los dos anteriores)
-  Miguel Samaniego Méndez (menor de edad)
-  Santiago Melgosa Gómez (menor de edad)

En la sentencia aparece un párrafo revelador:

“CONSIDERANDO: Que la conducta observada por los procesados que se expresan (sic) en el segundo y tercer Resultando integran un delito consumado de rebelión militar del artículo 237 circunstancia 4ª del Código de Justicia Militar del que son responsables en concepto de ejecutores los procesados San José, Samaniego, Martínez Galán, Melgosa y también Torres Bartual, pues si bien este no se alzó en armas contra los representantes del poder legítimo en aquella fecha, actuó en forma de indudable adhesión a los rebeldes, por lo cual le alcanza la responsabilidad del número 2º del artículo 238 del Código citado, siendo de apreciar con respecto a él como circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, el ser elemento de la masonería, entidad productora en gran parte del caos en que se encontraba España el iniciarse el movimiento nacional.”

Repasando los detalles, hay que volver a considerar que Torres fue detenido al anochecer del 18 de julio, cuando comenzaba a producirse el golpe; que no había sido publicado el Bando de Guerra y no lo sería hasta el día siguiente; que fue detenido sin orden judicial ni nada parecido, en plena calle; que no opuso resistencia y que estaba desarmado. Por su parte, los que le detuvieron eran alzados en armas contra el régimen legal, lo que unido a su condición de militares (se trataba de un grupo de guardias de asalto, a cuyo mando estaba el teniente Cuadra, que fue quien reconoció a los ocupantes del coche y los identificó como dirigentes del partido Izquierda Republicana), les convertía en reos de alta traición. Y fueron precisamente los sublevados quienes autodenominándose representantes del poder legítimo, condenaron y ejecutaron a Antonio Torres Bartual, por completo inocente de los cargos que en aquel ilegal juicio se le atribuyeron.

Fue además encausado por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo en el Sumario1283/45, declarándose extinguida la responsabilidad penal y archivadas las actuaciones por haber fallecido (Auto de 18 de febrero de 1946)

ANTONIO TORRES BARTUAL EN LA CÁRCEL NUEVA

Tras el juicio, Torres fue trasladado desde las Cocheras de Tranvías a la Cárcel Nueva, a la espera de ser fusilado.
La cárcel se había inaugurado un año antes, en julio de 1935, y de ahí el sobrenombre de “Nueva”. En aquellos momentos había en ella unos 250 presos, pero apenas un año más tarde, la sublevación militar encarcelaría a miles de republicanos, afiliados a partidos y sindicatos, y a todo aquel a quien consideraron “desafecto al movimiento nacional”, por lo que la cárcel estaba saturada y los reclusos mal alimentados. Llegó a contener cerca de mil reclusos, que se hacinaban de cuatro en cuatro en las minúsculas celdas, diseñadas para una o dos personas. Allí esperaban expectantes y temerosos, conocedores de las implacables penas impuestas en todos los juicios sumarísimos que se celebraban. Con ellos convivían presos comunes encarcelados antes del 18 de julio. Esta prisión estaba considerada como la más segura, y en ella se encontraban los presos considerados como más peligrosos para los sublevados (por sus cargos, por su importancia política, económica o sindical; por su ascendencia social, etc.), y también los condenados a pena de muerte.
Muchos de los juicios también se celebraban en este recinto. Alguno de ellos, como sucedió con la Causa 102/36, que juzgaba a los detenidos en la Casa del Pueblo de la ciudad, hubo de celebrarse en las galerías de la prisión, a causa de la enorme cantidad de encausados, 448 personas, juicio que se despachó en dos días.

Los condenados a muerte pasaban su última noche en la celda número nº 8, habilitada para ese fin. Estando en capilla, los reos podían recibir la visita de sus familiares más cercanos, con el fin de despedirse. Muchos de los condenados pasaron solos su última noche; unos, por estar muy lejos de sus familias; otros, por no querer pasar ni hacer pasar a los suyos por semejante trance.

La celda de los condenados a muerte se hallaba frente por frente a las celdas juveniles, y aquellos adolescentes presos podían ver y escuchar a través de la mirilla de la puerta las últimas y terribles escenas de aquellos hombres que se despedían de la vida.

Antonio Torres pasó los últimos meses de su vida en una celda de esta prisión. Tenía como compañeros a Constantino Candeira Pérez, arquitecto de la Diputación, a Delfín Rodríguez Vázquez, dirigente de Izquierda Republicana, diputado por el distrito Nava del Rey-Tordesillas y Delegado del Manicomio en el momento de su detención y a una cuarta persona, de la que no conocemos su identidad.

Los destinos de estos compañeros de celda fueron diferentes. El primero en ser juzgado fue Antonio Torres, condenado a muerte el día 22 de diciembre de 1936. Desde ese día estuvo esperando que le comunicaran la fecha de su ejecución.
La espera angustiosa de Torres Bartual se prolongó hasta la madrugada del 13 de abril de 1937, momento en que lo sacaron de la celda para fusilarlo en el Campo de San Isidro, paredón oficial de los sublevados. La fecha elegida parecía una burla: el 14 se cumplía el aniversario del advenimiento de la República por la que tanto había trabajado. La vida y la muerte de Antonio Torres Bartual quedaba unida para siempre al recuerdo de la causa por la que le arrebataban la vida.

El día siguiente, 14 de abril, coincidiendo con el aniversario de la República, comunicaron a Constantino Candeira la fecha de su juicio: el 17 de abril. Candeira fue el que salió mejor parado de todos ellos. Durante su estancia en prisión escribió muchas cartas a su esposa, y en ellas describía la situación. Por esas cartas conocemos algunos detalles de la vida en la cárcel, como los que se recogen a continuación:

La celda era muy pequeña, y sólo disponía de un jergón que extendían en el suelo al llegar la noche; más adelante consiguieron que las familias les hicieran llegar unas sillas plegables.

Contaban con los servicios de un preso común, detenido por robar unas gallinas; este hombre fregaba los platos y el suelo de la celda por una peseta semanal. En una ocasión, hubo que desinsectar la celda, invadida por chinches. Un hojalatero las eliminó con su soplete, cobrando dos pesetas.
Los compañeros eran solidarios. En una ocasión Candeira solicita a su esposa dinero extra, porque “los de mi celda se han quedado sin dinero y he tenido que subvenir a sus necesidades”.
(Recordemos que la mujer de Antonio Torres, sin medios materiales, con dos niños pequeños, sin familia alguna en la ciudad y acosada por los golpistas, tuvo incluso que abandonar su hogar) .

Durante los primeros meses tras la sublevación, se dio cierta tolerancia en el régimen carcelario, y se permitía a los reclusos recibir dinero, alimentos y otros socorros del exterior. El dinero era indispensable para suavizar la dureza del régimen carcelario.
Los presos que disponían de dinero recibían el desayuno del Bar Baldomero, cercano a la cárcel; se componía de café con leche y una pieza de pan, que les costaba 70 céntimos, más la propina.
Diariamente, los familiares podían introducir una cesta con la comida. Un recluso que tenía el cargo de ordenanza recogía las cestas y las repartía por las celdas.
Muchas veces las cestas llegaban disminuidas, porque las mafias existentes en la cárcel robaban todo aquello que les apetecía (en la cárcel estaban los presos comunes de antes del golpe, pero algunos guardianes también colaboraban en el aligeramiento de las cestas).
El dinero era imprescindible para soportar el día a día. Los presos solicitaban a sus familias cantidades pequeñas, con el fin de no sufrir robos o extorsiones por parte sobre todo de sus guardianes. Las cantidades recibidas oscilaban entre dos y cinco duros. Con este dinero compraban los servicios de presos comunes y repartían propinas. Así podían mantener la higiene personal y de su celda. Las propinas regulaban todo: el uso del servicio, la limpieza de los platos, la desinfección de las celdas…. Y por supuesto, la buena voluntad de los guardianes.

“La guerra civil en la ciudad de Valladolid”, J.M. Palomares, E. Ayuntamiento de Valladolid, 2001 Pg. 155
(Exponiendo el caso de Constantino Candeira, arquitecto de la Diputación y preso en la Cárcel Nueva de Valladolid)

LA EJECUCIÓN

Tuvo lugar a las 06.30 de la madrugada del 13 de abril de 1937 en el Campo de San Isidro (Valladolid). Era la víspera del sexto aniversario de la proclamación de la República, que tanta ilusión había despertado en el país.

El grupo de fusilados estaba compuesto por:

-  Antonio Román de Valiño, maquinista de la Armada.
-  José Fernández Rodríguez
-  Luis Calzado Martínez
-  Ramiro Fernández Riol
-  Roque Prieto Maniegas
-  Antonio Fernández Prieto
-  Orosio García Alonso

Tras la ejecución, Antonio Torres Bartual fue enterrado en la fosa nº 7, según consta en la Orden del Gobierno Civil al encargado del Cementerio del Carmen de la Ciudad, lo que indica que su familia logró aportar una caja mortuoria. De no haber sido así, hubiera sido enterrado en una fosa común. Su fallecimiento fue inscrito en el Registro Civil de la capital (Libro 162, folio 562, nº473)

DESTINO FAMILIAR

La familia había vivido en la calle Azucarera, donde existían grupos de viviendas destinadas a los ferroviarios, pero tras la detención de Antonio, la vida en Valladolid se convirtió en un peligro real para su familia, que tuvo que abandonar la casa. Se dio la circunstancia de que la madre de Antonio, Concepción Bartual Ferrer, se hallaba en Valladolid en aquellos fatídicos momentos, por lo que quedó aislada del resto de la familia, que se encontraba en Valencia, en zona republicana. La Cruz Roja internacional intentó ponerlos en contacto mediante mensajes enviados en marzo y en diciembre de 1937 desde Valencia.

Tras el fusilamiento, la madre, la viuda y los dos niños se trasladaron a una casa del Paseo Zorrilla 108, ya en el extrarradio de la ciudad, y después a la Travesía de Salamanca. Sin dinero, perdiendo sus pertenencias y aislados, su vida tuvo que hacerse muy difícil, como se puede deducir de este peregrinaje hacia formas de vida cada vez más precarias.

Francisca Artal, la viuda, fue amenazada y acosada; estaba lo suficientemente asustada como para salir de Valladolid en cuanto pudo, dejando todo atrás. Se marchó con lo puesto a Aranda de Duero, donde se colocó como camarera en un hostal. Se llevó con ella al niño.
La madre de Antonio logró trasladarse a Valencia, llevando consigo a la niña.
La familia quedó destrozada.

Antonio Torres Bartual forma parte de la Historia de Valladolid. No importa que las autoridades de la democracia no lo hayan reconocido, al igual que han ignorado sistemáticamente a los ciudadanos que entregaron todo, incluso la vida, en su afán por defender una democracia cuya pérdida a manos de los fascistas tanto nos ha hecho sufrir.
Porque Torres Bartual, ochenta años después del crimen, sigue vivo en nuestra memoria.

 
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