Miércoles, 5 de agosto de 2020|

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Sublevación militar del 18 de julio

18 de julio de 1936: Cae Laguna de Duero

Las noticias de que se estaba produciendo una sublevación militar comenzaron a llegar a Laguna en la misma tarde del sábado 18 de julio. El vecindario estaba inquieto por los rumores e intentaba informarse a través de los escasos medios de la época.

(Del libro: Laguna de Duero, la verdad oculta, de Orosia Castán 2018)

Desde el mismo día 14 de abril de 1931, fecha de su advenimiento, la República tuvo enemigos implacables que no dejaron de conspirar para derribarla. Estos elementos fueron, principalmente, los partidos de derecha, los monárquicos, liderados por Gil Robles, Renovación Española; la iglesia católica, dispuesta a dar la batallas por sus intereses hasta el final, costara lo que costara, y un gran grupo de mandos militares, en su mayor parte africanistas monárquicos y ultraderechistas, que se enfrentaron a Azaña y con el pretexto de la reforma impulsada por éste en el seno del Ejército, violaron su juramento de lealtad a la República (que habían hecho por su honor). Tres enemigos temibles que, coaligados y unidos por la defensa de sus intereses, se levantaron contra el poder legal aquel 18 de julio de 1936, coronando así una espiral de violencia que habían comenzado el propio 14 de abril de 1931 contra la República, decididos a terminar con ella a cualquier precio.

A fecha de hoy todavía se desconoce el verdadero calado que aquel baño de sangre tuvo. Miles de asesinados, miles de familias deshechas, el país entero arruinado material y moralmente; destrucción de todo el tejido social, sindical y político; desaparición total del esfuerzo educativo efectuado por la República; decadencia de los pueblos, desmoralización de la población; miles de exiliados, regreso a formas de producción arcaicas, desaparición de las libertades conseguidas, vuelta al pensamiento único mediante el adoctrinamiento religioso y político de la población entera, y, en fin, un atraso en el desarrollo del país.

Las noticias de que se estaba produciendo una sublevación militar comenzaron a llegar a Laguna en la misma tarde del sábado 18 de julio. El vecindario estaba inquieto por los rumores e intentaba informarse a través de los escasos medios de la época.

El gobernador civil Luis Lavín Gautier, en respuesta a la multitud de consultas formuladas por teléfono desde los pueblos de la provincia, mandó mensajes de tranquilidad, advirtiendo a los alcaldes que hicieran lo posible para evitar disturbios, para lo que recomendaba desarmar a los elementos conflictivos y mantenerse a la espera de acontecimientos.
Luis Lavín Gautier fue nombrado Gobernador Civil de Valladolid el 20 de Junio de 1936 para restablecer el orden en la ciudad. Lavín, que había conseguido imponer cierto orden en Zamora, se encontró con una enorme cantidad de problemas: manifestaciones, huelgas, agresiones y sobre todo la conspiración golpista, visible para muchas personas en la ciudad. A pesar de que fue avisado e impelido a actuar, él siempre mantuvo la idea de que la situación estaba controlada. La sublevación en la capital sorprendió a Lavín sin recursos, ya que la mayoría de los guardias de asalto a sus órdenes, la guardia civil y las fuerzas militares lo traicionaron a él y a los vallisoletanos poniéndose al lado de los sublevados. El gobernador, que apenas llevaba un mes en el cargo, fue detenido en la madrugada del 19 de julio, cuando se dirigía a la Capitanía General sin saber que había sido tomada por los alzados, y el general de la División, Molero, estaba detenido en el hospital de la ciudad tras ser herido de bala por los asaltantes.
Lavín permaneció en la prisión y fue fusilado el 18 de agosto tras sufrir uno de los primeros juicios sumarísimos celebrados en Valladolid.

Los ayuntamientos intentaban defender a sus pueblos de un posible ataque armado, pero al desconocer la verdadera magnitud del levantamiento, la idea de reunir a todos los vecinos leales en la Casa del Pueblo fue funesta. Las escasas defensas con que contaban no sirvieron de nada ante el ataque de los sublevados, superiores en número y armamento, lo que supuso la caída de las Casas del Pueblo en todas las localidades en las que se siguió la convocatoria. Además, el hecho de haberse reunido en los centros fue utilizado como base de las acusaciones de los juicios posteriores, en los que los detenidos fueron acusados de rebelión armada, dictándose cientos de penas de muerte y condenas a perpetuidad.
Esta desafortunada directriz que se transmitió el mismo sábado a todo el país, reunió a más de un centenar de vecinos de Laguna de Duero en la Casa del Pueblo, donde se mantuvieron durante toda la noche del 18 al 19 de julio. Entre ellos estaban los concejales, los dirigentes de la Casa del Pueblo, los sindicalistas y en general, todos aquellos que se sentían comprometidos con la República, que intentaron organizar la resistencia en caso de que el pueblo sufriera un asalto.

Su armamento, según expuso la acusación durante el juicio, estaba compuesto por “armas cortas y largas, hoces y podaderas y otros instrumentos”. En realidad, el tal armamento se reducía a algunas escopetas de caza y sobre todo a sus herramientas de trabajo, con las que poco podían hacer contra el número, los fusiles y la experiencia de los contingentes que asaltaron el pueblo.

Hacia las tres de la tarde del domingo 19 aparecieron en el pueblo una decena de camiones con patrullas armadas que venían desde Valladolid para controlar la localidad. Estos atacantes eran, según dice la propia sentencia del juicio, fuerzas nacionales mandadas por un capitán del ejército rebelde. Venían acompañados por falangistas vallisoletanos, dispuestos a ayudar a sus camaradas de Laguna. Los sublevados, fuertemente armados, cortaron la carretera de Madrid y entraron en el pueblo avanzando calle a calle, parapetándose tras los camiones y disparando sus armas contra la población. A continuación se dirigieron a la Casa del Pueblo y la cercaron disparando sin cesar.

En el recinto de la Casa del Pueblo se encontraban alrededor de 200 vecinos de la localidad, entre los que estaban el Jefe de la Estación, Ramón Romera y el telegrafista, Leonardo Martín, el Presidente de la Casa del Pueblo, Mariano Enjuto, y casi todos los dirigentes socialistas de la localidad, a los que acusarían de organizar la resistencia y condenarían a muerte. Sin embargo hay que resaltar el hecho de que durante el asalto de los sublevados y los días anteriores y posteriores, no se produjo ni una sola víctima entre los fascistas tal y como se recoge en la Causa General, aunque esto no sirvió de atenuante en el juicio.

La llegada de camiones llenos de hombres armados hizo que los laguneros se rindieran y salieran de la Casa del Pueblo. Esto no detuvo a los asaltantes, que en compañía de los feroces fascistas del pueblo se lanzaron contra los vecinos, entraron en sus casas y detuvieron a todos los que pudieron. Ese mismo día 19 de julio, algunos vecinos tomaron conciencia de lo que podía llegar a ocurrir e intentaron salir del pueblo para escapar de la represión. Pocos lo consiguieron. Hubo cerca de un centenar de detenciones, acompañadas casi siempre de malos tratos; registros domiciliarios sin autorización; amenazas, golpes y amedrentamientos sobre hombres, mujeres y niños. Alrededor de medio centenar de vecinos fueron asesinados. Los que lograron salvarse no volverían a tener una vida normal.

El miércoles 23 de julio de 1936, un comandante de la guardia civil procedente de Valladolid destituyó a la Corporación legal de Laguna de Duero, nombrando una nueva en su lugar:

“En la villa de Laguna de Duero a veintitrés de Julio de mil novecientos treinta y seis siendo la hora de las ocho de la tarde se reunieron en esta Casa Consistorial el Alférez de la Guardia Civil de la Comandancia de Valladolid D. Daniel Fadón Cerezal y el secretario que suscribe al objeto de proceder a dar cumplimiento a lo ordenado por el Excelentísimo Sr. General de la Séptima División Don Andrés Saliquet Zumeta.
Dicha orden consiste en proceder a la designación de una Comisión que asuma las funciones de esta corporación o Ayuntamiento de esta localidad por haber cesado la que venía ejerciéndolas en virtud de disposiciones superiores.
En este acto y hallándose presentes Don Secundino González Navarro, D. Sebastián Gutiérrez Gómez, D. Miguel Hernando Muñoz, D. Eugenio Tasis Molina y Don Félix Gutiérrez Molina, fueron designados para ocupar y formar dicha Comisión y una vez aceptada quedaron constituidos en la siguiente forma:

Presidente D. Secundino González Navarro
1º Teniente D. Sebastián Gutiérrez Gómez
2º Teniente D. Félix Gutiérrez Molina
Vocales Miguel Hernando y Eugenio Tasis

Y no siendo otro objeto de esta reunión se levanta la presente que firman y certifico.
Firmado:
Secundino González, Sebastián Gutiérrez, Félix Gutiérrez, Eugenio Tasis y Miguel Hernando. Secretario: Enrique Veganzones.

La Corporación legal quedaba anulada. Todos sus componentes serían asesinados en el transcurso de los meses siguientes; unos, como Vicente Santos y Lorenzo Vallelado (alcalde en funciones), tiroteados en las inmediaciones de la laguna; los demás, fusilados en Valladolid tras sufrir un juicio indigno y repleto de falsedades de las que no pudieron defenderse.

Los nuevos concejales reunidos ese día ocupaban sus cargos por la fuerza de las armas. No ignoraban eso, como tampoco podían ignorar la suerte que estaban corriendo los auténticos representantes municipales en aquellos momentos, lo que los convertía en cómplices del crimen.

Y es que los actos violentos perpetrados contra las vecinas y vecinos en plena calle y a la luz del día no podían dejar de verse. A diario aparecían cadáveres con signos de tortura; menudeaban palizas, violaciones, lapidaciones y secuestros. El mismo día 25 de julio, tras conocerse la noticia de la muerte de Onésimo Redondo, el caudillo de Castilla, durante un incidente en el pueblo de Labajos (Segovia), se desató una operación de castigo que acabó con la vida de una decena de vecinos de Laguna, entre los que estaban el primer y segundo tenientes de alcalde, sindicalistas, socialistas y afiliados de la Casa del Pueblo. Onésimo Redondo, que estaba preso en Ávila, había sido excarcelado por los golpistas el domingo 19 de julio.

 
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