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Sublevación militar del 18 de julio

Crímenes políticos en Valladolid 1936

El plan de acción de los sublevados tenía su punto fuerte en la eliminación física de las autoridades republicanas y de los dirigentes de izquierdas.

La eliminación física, es decir, el asesinato, se utilizó ampliamente en la capital y en la práctica totalidad de las localidades de la provincia. Aquellos que no fueron asesinados de inmediato, fueron detenidos y encarcelados.

Autora: Orosia Castán

La sublevación armada contra la República se inició en Valladolid a media tarde del sábado 18 de julio de 1936 y 24 horas más tarde la ciudad estaba prácticamente dominada por los golpistas.

Esta fulminante toma de Valladolid fue posible por varios factores: la imprevisión de las autoridades republicanas, que no habían dado a los rumores de que se iba a producir un golpe militar la importancia debida; el desconocimiento del terreno por parte del recién nombrado gobernador civil, Luis Lavín Gautier, y la suerte, la buena de los alzados en armas y la mala de los activistas de izquierdas, que se reunieron en la Casa del Pueblo de la ciudad obedeciendo directrices desafortunadas de los dirigentes políticos de Madrid.

Efectivamente, para las autoridades republicanas de Valladolid, los rumores que daban por hecho un levantamiento militar eran ya cosa corriente y no acertaron a darles la importancia que se merecían. Todos ellos eran conscientes de que parte del ejército conspiraba, pero desgraciadamente la atención estaba concentrada en los disturbios públicos que un día sí y otro también azotaban la ciudad y se replicaban en los pueblos de la provincia.

Estas alteraciones del orden público tenían su origen principalmente en el hostigamiento que los jóvenes falangistas dedicaban a las organizaciones de izquierdas, haciéndose un lugar en la ciudad a base de violencia. Los falangistas seguían las consignas de sus caudillos, y tanto Onésimo Redondo como José Antonio Primo de Rivera azuzaban de continuo a sus seguidores para que persiguieran y atacaran a los jóvenes izquierdistas. Este llamamiento continuo a practicar la violencia intentaba crear un clima bélico que los derechistas utilizarían como justificación para derribar la República.

A causa de este deterioro de la vida pública en Valladolid, el día 19 de junio el gobernador civil Campos Torregrosa fue sustituido por Luis Lavín Gautier, que ocupaba el mismo cargo en Zamora y tenía un perfil más duro que su antecesor. Lavín tomó posesión del cargo y se dispuso a poner orden en la situación. Ordenó registros y redadas; requisó armas y envió a la cárcel a los principales elementos falangistas a la cárcel, incluido el mismo Onésimo Redondo.

Su brevísimo mandato de 29 días le impidió conocer a los representantes de las fuerzas políticas que actuaban en la ciudad. Centrado en devolver el equilibrio a la ciudad, desoyó las advertencias y las peticiones que se le hacían sobre la inminencia de un golpe armado y la necesidad de hacerle frente. Las autoridades minimizaban el riesgo y el propio gobernador declaró varias veces a la prensa que la situación estaba controlada y que no existían motivos de alarma.

Este desconocimiento del gobernador fue clave para el triunfo de la sublevación. El sábado 18 despachó con varios alcaldes de la provincia, a los que indicó que requisaran las armas de los elementos problemáticos en sus localidades; y también habló con varios dirigentes del Partido Socialista, de la Casa del Pueblo y de la CNT, que le solicitaban permiso para retirar armas de los depósitos y organizar una resistencia en el caso de que la sublevación se materializara. Pero Lavín desconfiaba. Para él, la solución era desarmar y encarcelar a los grupos más violentos, los que provocaban los disturbios, y no entendió ni dio credibilidad a los que le hablaban de tramas civiles y militares en la ciudad dispuestos a provocar algo más que un incidente.

Todos estos factores favorecieron que la noche del 18 de julio los sublevados tomaran las calles de la ciudad sin apenas resistencia. Más de 500 personas se habían concentrado en la Casa del Pueblo de la calle Núñez de Arce con el fin de organizarse, y esperaban directrices. A media noche se encontraban sitiados por grupos de falangistas y otros civiles armados que les impidieron la salida. Las armas no llegaron jamás. Los sitiados, entre los que había una apreciable cantidad de mujeres y niños, no tenían armamento, y lo que es peor, no tenían ningún plan. Todos ellos fueron detenidos la mañana siguiente por las fuerzas militares que se habían ido uniendo al golpe a lo largo de la noche.

La resistencia en las calles fue prácticamente inapreciable, reduciéndose a algunos paqueos desde los tejados y alguna escaramuza en barrios como las Delicias y Pilarica, donde algunos vecinos intentaron hacer frente a lo que se les venía encima sin ningún resultado.

Con la ciudad tomada por asalto, los sublevados ocuparon Correos, la Telefónica, la emisora Radio Valladolid, la sede de la CNT, y ya entrada la noche, la sede de la VII División en la Plaza de San Pablo, el Gobierno Civil y la Casa Consistorial.

El plan de acción de los sublevados tenía su punto fuerte en la eliminación física de las autoridades republicanas y de los dirigentes de izquierdas.

La eliminación física, es decir, el asesinato, se utilizó ampliamente en la capital y en la práctica totalidad de las localidades de la provincia. Aquellos que no fueron asesinados de inmediato, fueron detenidos y encarcelados. Enseguida comenzaron a celebrarse unos juicios sumarísimos, ilegales a todas luces, en los que se les acusaba de rebelión y de auxilio a la rebelión. Las condenas a muerte se firmaban por decenas. Se incumplieron todas las garantías que hacen que un proceso sea válido. Las defensas eran comunes y estaban a cargo de militares nombrados entre los mismos golpistas. Las sesiones en las que se juzgaba a cientos de personas se despachaban en horas. Las sentencias eran inapelables y se cumplían de inmediato.

Era claramente un plan de exterminio. Los fusilamientos por sentencia se acercaron a 500. Se estima que los asesinatos triplican esa cantidad, aunque desgraciadamente, el número exacto no se conoce. A esto hay que añadir los fallecidos en las prisiones, en los campos de trabajo o a causa de las penalidades sufridas a manos de los asesinos.

El objetivo de los golpistas era hacerse con el poder de forma inmediata y absoluta. Sabemos que no fue así, porque el pueblo español se defendió y defendió la legalidad republicana durante tres largos y heroicos años, luchando con valor y dignidad en aquella guerra provocada por las derechas, los militares desleales, las fuerzas de seguridad traidoras y la iglesia católica.

Pero en Valladolid, como en todas las provincias tomadas desde principio, entró en acción el plan de Mola: destruir al rival político y sembrar el terror entre la población con el fin de neutralizarla.

Por tanto, el objetivo inmediato fue la eliminación de la mayor cantidad de oponentes políticos, de republicanos, de cargos públicos, de sindicalistas, de cuadros y dirigentes de partidos, organizaciones y asociaciones de izquierdas.

Los encargados de llevar a cabo los paseos, torturas y desapariciones fueron grupos de civiles armados, encuadrados en las Milicias Nacionales; militantes de Falange y de otras organizaciones derechistas como las JAP (Juventudes de Acción Popular), apoyados por guardias civiles, militares y policías. Estas acciones se conocían eufemísticamente como operaciones de limpieza, y se realizaron de forma organizada y sistemática, utilizando la violencia de las armas y la superioridad numérica de los agresores sobre las víctimas.

La causa fundamental de los asesinatos cometidos fue, por tanto, ideológica y política. Su objetivo, destruir la cultura política republicana, laica y democrática propugnada por el régimen legal.
La conclusión es que todas estas personas fueron eliminadas, con juicio o sin él, por estar del lado de la democracia. Por defender la democracia. Por ser demócratas.

Hoy se cumplen 83 años del golpe armado. La fecha viene acompañada por el intento, una vez más, de diluir el carácter político de los crímenes del franquismo. Cada vez alzan más la voz todos aquellos revisionistas que intentan despojar a las víctimas de su carácter político e ideológico, evitando que se les reconozca como tales. En ese empeño se ocultan los verdaderos hechos, se equipara a los fallecidos del bando golpista en el frente y arma en mano con las víctimas de los sublevados, sacados de su casa, paseados o pasados por las armas; y por fin, se pretende enterrar a estas personas evitando cuidadosamente todo símbolo que los identifique como víctimas de la sublevación franquista, asesinados por su ideología: víctimas de un crimen político.

Los asesinados lo fueron por sus ideas, por su activismo y por su pertenencia a partidos, sindicatos y organizaciones de izquierdas, y este carácter fundamental ha de estar patente en Memoriales, esculturas, monolitos o simples estelas funerarias. La Memoria Democrática pervive a través de sus símbolos, y estos símbolos han de estar presentes para que jamás se olvide el significado de la sublevación franquista y su carácter criminal.

La ciudad de hoy y de mañana ni lo puede ni lo debe olvidar.

Ayuntamiento Constitucional de Valladolid

Alcalde: Antonio García Quintana, fusilado
Concejales:
José Garrote Tebar, fusilado
Alfredo García Conde, asesinado
Eusebio González Suárez, asesinado
Apolinar Polanco criado, asesinado
Juan Moreno Mateo, asesinado

Mariano de los Cobos, encarcelado
Joaquín Álvarez Taladriz, encarcelado
Enrique Pons Irureta, encarcelado
José López Rumayor, encarcelado
Virgilio Mayo Rubio, encarcelado
José Caballero Catalina, encarcelado
Saturnino Lamarca Molina, encarcelado

Diputación

Serafín Alcover Gómez-Caro, presidente, condenado a muerte, conmutada
Tomás González Cuevas, vicepresidente, fusilado
Bruno Merino González, vocal, asesinado
Juan Moreno Mateo, diputado de Centros, asesinado

Otras autoridades

Gobernador Civil: Luis Lavín Gautier, fusilado

Nicéforo Velasco Martínez, Inspector Veterinario municipal, fusilado
Celestino Velasco Salinero, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, fusilado

Aurelia Gutiérrez Blanchard, Inspectora de 1ª Enseñanza, asesinada
Arturo Pérez Martín, Catedrático de Física, miembro de la Junta de Gobierno de la UVA, asesinado
Félix Leffler Benito, dirigente de la FUE (Federación Universitaria Española), fusilado

Federico Landrove López, Diputado a Cortes, fusilado
Federico Landrove Moiño, primer alcalde de la República, muere en la cárcel
Eugenio Curiel Curiel, ex concejal, autor de la municipalización del alumbrado público, asesinado

Detenidos en la Casa del Pueblo el 19 de julio:
Todos los cargos públicos o antecedentes políticos son condenados a muerte: 40 en total.

Esta relación es una muestra. A ella hay que sumar a los dirigentes de las fuerzas políticas: partidos socialista, republicanos, comunista; sindicalistas: UGT, CNT; Casa del Pueblo; maestros y profesores; funcionarios públicos… La lista comprende a miles de personas.

 
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