Sábado, 27 de mayo de 2017|
 
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Listado de víctimas del golpe de estado franquista en la provincia de Valladolid

Actualizado 8 diciembre 2011.

Republicanos de Valladolid asisten a un mitin en la plaza de toros

Os presentamos la lista de víctimas causadas en Valladolid y su provincia por la sublevación militar franquista del 18 de julio de 1936.

Este censo es provisional, ya que se está completando una base de datos que recoge las circunstancias de cada víctima, datos de tipo personal (filiación) e información acerca de las represalias que sufrió.

El listado que hoy os presentamos está dividido en varios apartados:

ASESINADOS: incluye

-  A las personas fusiladas con juicio previo. La manifiesta ilegalidad de los procesos judiciales sufridos por las víctimas, que lo fueron por sus ideas políticas, nos llevan a la conclusión de que estos fusilamientos entran en la categoría de asesinatos.
-  A las personas desaparecidas, asesinadas extrajudicialmente. Estas personas fueron sacadas de sus casas o de los centros de detención donde se hallaban de manera ilegal, conducidas a parajes alejados y asesinadas allí. Los asesinos hicieron desaparecer sus cuerpos enterrándolos en lugares desconocidos, arrojándolos a pozos o ríos e incluso quemándolos. A estas víctimas se las conoce también como “paseados”, por ser la fórmula utilizada por los verdugos a la hora de conducirlos a la muerte.
-  A las personas asesinadas cuyos cadáveres fueron hallados y por tanto pudieron ser enterrados en cementerios e inscritos en los Registros Civiles. Este tipo de asesinato es también extrajudicial, y como en el caso anterior, las víctimas fueron detenidas de manera ilegal y asesinadas por patrullas armadas y a menudo identificadas con la Falange Española por el uniforme que vestían.
-  A las personas fallecidas a causa de los malos tratos y torturas padecidos durante las detenciones e interrogatorios a que los golpistas las sometieron.
-  A las personas fallecidas en prisión por diversas causas: infecciones, desnutrición, agotamiento, intento de fuga, etc.. Estas víctimas, detenidas por el hecho de estar al lado de la legalidad republicana, nunca deberían haber entrado en prisión, por lo que las hemos encuadrado en este apartado. Aquí se incluyen también nombres de menores fallecidos en prisión, donde se encontraban junto a sus madres. Estos menores son, en general, lactantes.
-  A las personas que se suicidaron a causa de los tratos recibidos en su persona o en las de sus familias y entorno.
-  A las personas obligadas al alistamiento forzoso, habitualmente en la Legión, y que fallecieron en el frente.

DETENIDOS: incluye

-  A los presos gubernativos que no fueron sometidos a procesos judiciales y que fueron recluidos en centros de detención “a disposición de la autoridad gubernativa”. En Valladolid, el mayor centro de estas características fueron las Cocheras de Tranvías, situadas en el Paseo de Filipinos, tras el Hospital Militar. Se trataba de dos naves dedicadas a guardar los antiguos tranvías de la ciudad. Esta prisión está descrita en la presente página. Los detenidos en Las Cocheras mantenían una situación sumamente precaria, porque su vida estaba en riesgo constante. Las sacas de detenidos y su ejecución a manos de patrullas falangistas fueron una constante que mantenía aterrorizados a todos los detenidos. Estas sacas se hacían sin ningún control, y los autores solían ser falangistas de los pueblos de la provincia que venían a asesinar a los detenidos de su propio pueblo, decididos a que no salieran en libertad. Por este motivo, la persona sometida a juicio era felicitada por los demás presos, pues se consideraba que quedaba a salvo de estas prácticas.
-  A las personas sometidas a procedimiento judicial y condenadas. Estos detenidos pasaron a diversas prisiones para cumplir las penas impuestas.
-  A las personas detenidas en Campos de Concentración como el de la Santa Espina o el de Medina de Rioseco.
-  A las personas destinadas a los Batallones de Trabajo como mano de obra forzosa, destino éste inseguro y peligroso que sufrieron gran cantidad de jóvenes vallisoletanos tras los primeros años de cumplimiento de penas en prisión.

OTROS REPRESALIADOS: incluye

-  A las personas que sufrieron malos tratos, palizas y torturas a manos de los golpistas, ya sea en el curso de interrogatorios ilegales o simplemente para difundir el terror entre la población. Estos tratamientos ejemplarizantes incluían tomas de ricino, desfiles humillantes, cortes de pelo, imposición de distintivos, etc
-  A las personas cuyos bienes fueron expoliados de hecho. Estos robos se cometieron en abundancia durante los primeros meses tras el golpe militar. Muchas fueron las víctimas que habiendo sido sacadas de sus hogares, perdieron sus bienes muebles, animales, aperos de labranza, cosechas, etc. Tal fue la extensión de estos robos, que obligaron a los golpistas a crear un organismo que los controlase, no para terminar con ellos, sino para apoderarse del botín. Tal organismo se llamó Comisión de Incautación de Bienes, y se desarrolló hasta convertirse en el Tribunal de Responsabilidades Políticas, tras la promulgación de una Ley del mismo nombre en el año 1939. Esta Ley y este Tribunal, explicados en la presente página, tuvo como la retroactividad como característica más aberrante, por lo que se aplicó a personas que habían sido asesinadas años atrás. Las penas impuestas eran multas económicas que se reclamaban a las viudas, los huérfanos y los padres de fallecidos o detenidos; y en caso de no poder abonarlas, los familiares eran embargados (incluso el caudal hereditario).
-  A las personas que sufrieron depuraciones y fueron despojadas de sus puestos de trabajo.
-  A las personas que sufrieron destierro o apartamiento de sus localidades natales o residenciales..

Este último apartado sería interminable, pues la represión de una u otra manera alcanzó al entorno completo de las víctimas. Así, los hijos de los asesinados y condenados debieron abandonar la escuela para comenzar a trabajar, a causa de la ruina económica que suponía la ausencia del cabeza de familia. Estos niños fueron a menudo maltratados y humillados por ser hijos de las víctimas, e igual suerte corrieron a menudo sus madres. Desequilibrios nerviosos, desnutrición, traslados forzosos, abandono de estudios y trabajos fueron una constante que afectó a miles de personas, a las que en puridad hemos de considerar víctimas. Hay que hablar también de los adoctrinamientos obligatorios, las bodas y bautizos religiosos a que la iglesia sometió a víctimas y familiares agnósticos e incluso ateos; la anulación e invalidación de matrimonios civiles y el cambio obligatorio de nombre que sufrieron todos los niños inscritos por sus padres con nombres no religiosos.

Se puede concluir que la represión, en todas sus formas, alcanzó a miles de personas en nuestra provincia, y que esta represión se aplicó de manera ejemplarizante de cara a otros territorios de nuestro país que tardarían más tiempo en ser tomados por los golpistas. Por fin hay que recordar que la provincia de Valladolid cayó en manos de los sublevados en los primeros momentos, sin que se pudiera oponer resistencia ni organizar defensa alguna a causa del factor sorpresa; que las víctimas se encontraban indefensas y desarmadas, y que son en su totalidad, población civil.
En Valladolid no hubo jamás frente de guerra, y los procedimientos empleados contra las víctimas (no olvidemos que se trata de personas que estaban por completo del lado de la legalidad) son los propios de esta situación: secuestros a mano armada, con nocturnidad, abuso de fuerza; traslados ilegales, asesinatos en descampado, inhumaciones ilegales, desaparición de cadáveres, abusos de todo género, robos, expolio… Valga como muestra la siguiente relación de nombres, que se corresponde fielmente con personas reales, víctimas de aquel sanguinario golpe militar.

Hemos constatado, además, la aparición de cadáveres anónimos, cuya identificación se hace imposible a causa de la inexistencia de documentos o efectos personales que pudieran ayudar en esta tarea. En los certificados de defunción de estas personas consta, a veces, una descripción física insuficiente; no aporta tampoco detalles del lugar donde el cadáver fue encontrado, las fechas exactas o alguna otra información relevante que pudiera ayudar a identificar el cuerpo. Estas circunstancias, por su generalización, hacen pensar en una directriz encaminada, precisamente, a ocultar las identidades de las víctimas de cara a posibles responsabilidades.

Por fin, llama poderosamente la atención (en detrimento de las débiles argumentaciones de algunos revisionistas de la Historia), la ausencia casi total de víctimas entre los golpistas, escasez que puede comprobarse en la Causa General, publicada en el portal gubernamental PARES, y donde se puede comprobar la inexistencia de asesinatos cometidos por republicanos en la casi totalidad de nuestra provincia. Queda de esta manera desmontada la leyenda en la que muchos basan sus justificaciones a tan descomunal Crimen contra la Humanidad: que hubo asesinatos en ambas partes, ya que se trataba de una guerra.

Las personas que figuran más abajo no fallecieron en una guerra, ni eran culpables de delito alguno. Fueron exterminadas mediante la fuerza a causa de sus convicciones en zona civil y siendo civiles ellos mismos.

LA LISTA

Esta relación es el resultado de más de seis años de investigaciones, viajes por los pueblos de la provincia, recogida de testimonios y visitas a archivos .

La demora en sacar a la luz todos los nombres obtenidos se debe a un prurito de perfección: pretendíamos que ni un solo nombre quedara en el olvido; queríamos presentar una lista completa y perfecta, sin ausencias ni errores.

A lo largo de los meses y meses de trabajo hemos acabado por darnos cuenta de que tal cosa es ahora – y quizá lo será siempre – imposible.

Imposible es una palabra muy dura cuando hay que aplicarla a la recuperación de la memoria de las víctimas; pero hay que asumir que esto es así.

Muchas son las causas de esta imposibilidad: la primera, claro está, es el terror producido por los golpistas sobre las víctimas; terror que caló en las familias pasando de padres a hijos, y que en muchos casos vino acompañado de informaciones que falseaban la verdad de los hechos.

La insistencia machacona de los argumentos falsos ha dado origen a un malestar palpable en nuestra sociedad, perceptible desde todos los ángulos: los familiares de las víctimas siguen, a menudo, sintiendo reparos, cuando no directamente temor, ante el tema de la violencia ejercida en sus pueblos y contra sus familias; alentados por las clases políticas, afirman que “es mejor olvidar”, a pesar de que ellos mismos saben que el olvido no es posible. Otra parte de la sociedad clama contra la recuperación de la memoria histórica, acusando a los implicados de “revolver pecina”, o proclamando que la maldad fue ejercida igualmente por todos los implicados, negando de esta manera la existencia de víctimas.

El posicionamiento del poder político, visible a través de la tibia “ Ley de Memoria Histórica”, que no resolvió el problema, dejó en la ambigüedad más peligrosa a los familiares y a los que trabajan por esta causa; el estado, en lugar de encarar de una vez un tema pendiente y que importa a la sociedad, lo dejaba frívolamente en manos de voluntarios, a quienes pagó por llevar a cabo las acciones que a él y sólo a él competen.

Hemos visto en los últimos tiempos cómo este movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica se dividía en mil organizaciones; hemos comprobado cómo el gobierno repartía miles de euros en subvenciones a los grupos memorialistas mientras que los representantes gubernamentales ni se acercaban a las fosas, a los Homenajes o a las manifestaciones; que hacían oídos sordos a las reclamaciones de las familias acerca de las exhumaciones, que deben tener carácter legal; a las quejas de los investigadores sobre los abusos de interpretación de la ley de ciertos archiveros que impiden la realización de las investigaciones, a las peticiones acerca de la rehabilitación de las víctimas y a las campañas para la eliminación de símbolos que hacen apología del golpe militar.

La mayor parte del trabajo realizado en este campo ha salido del esfuerzo de familiares y de investigadores que han asumido voluntariamente esta tarea. De ahí las demoras, las ausencias y los errores presentes en muchos de los trabajos realizados, fallos que, con toda seguridad, estarán también en el trabajo que hoy presentamos. Esperamos que los lectores, las personas interesadas y todos aquellos que detecten errores y posean alguna información al respecto nos lo hagan saber, para poder corregir las listas de inmediato y llegar así hasta donde materialmente sea posible. La lista ha de ser dinámica, aumentar y mejorar continuamente, y esto se conseguirá con la colaboración de todos, mediante la aportación de cualquier información, sea grande o pequeña.

Por desgracia, nuestra historia reciente es como un tapiz, en el que cada hilo, cada puntada, permite visualizar el conjunto. Siendo esto así, y teniendo al tiempo como enemigo, la aportación de datos puede ser el factor fundamental para llegar a conocer lo que pasó en nuestra provincia en toda su magnitud.

Contamos con todos vosotros para llevar adelante esta tarea.

GOLPE DE ESTADO EN VALLADOLID

Desde las elecciones de febrero hasta el golpe de estado del 18 de julio, el clima político y social se deterioró de forma dramática en Valladolid.

Ciudad de provincias y guarnición militar, nudo de comunicaciones y centro agrario, Valladolid reunía las condiciones ideales para que el drama que estaba a punto de desatarse lo hiciera con toda la intensidad e irracionalidad posible.

Socialmente la capital se definía por los contrastes: un núcleo obrero importante de trabajadores ferroviarios, concienciados y politizados, mayoritariamente socialista; una cantidad significativa de profesionales liberales cultos y progresistas que habían dotado al régimen republicano en Valladolid de funcionarios y dirigentes; un sector significativo de la pequeña y mediana burguesía que simpatizaba abiertamente con el sistema democrático republicano, cuyos máximos representantes (el Gobernador Civil, el Alcalde, el Capitán General de la División Orgánica) estaban entre sus más decididos servidores.

Enfrente, las clases altas de tradición monárquica y conservadora; la mayoría de la burguesía urbana, fuertemente católica; los pequeños propietarios rurales; una minoría violenta y activa de falangistas y jonsistas, cuya actividad fue decisiva antes y después de la rebelión; los mandos medios del ejército, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, firmemente comprometidos por acción u omisión con la rebelión militar, y, por supuesto, la Iglesia católica, oponente tenaz de la República desde la constitución de ésta.

Los incidentes violentos, desde febrero, fueron prácticamente diarios y algunos de carácter muy grave. Llevando a la práctica la teoría joseantoniana de la “dialéctica de los puños y de las pistolas”, los miembros de Falange y de las JONS se lanzaron con entusiasmo a una espiral de agresiones contestadas casi siempre en el ejercicio de la autodefensa.

Para atajar esta situación, el nuevo gobernador civil, Luis Lavín, dictó órdenes de prisión para gran cantidad de miembros de grupos violentos: en julio de 1936 no había menos de ciento cincuenta falangistas en la cárcel, donde protagonizaron numerosos incidentes.

Ya desde el mes de marzo se pondrá en marcha la maquinaria de la sublevación: en diversos acuartelamientos de la ciudad se forman “juntas” o grupos de conspiradores, grupos falangistas se entrenan militarmente en el campo, se compran armas y se hace un proselitismo constante a favor del golpe de estado. A comienzos de julio, tras el asesinato del capitán Castillo y de Calvo Sotelo, el golpe de estado es un secreto a voces.

En los días previos, el gobernador civil Lavín (que había tomado posesión en mayo del mismo año) tomará una serie de medidas destinadas por un lado a contener la violencia callejera y por otro a prevenir una rebelión contra el gobierno: se protegen los centros de poder principales, se informa diariamente a Madrid de lo que ocurre y se procura, en la medida de lo posible, “asegurar” los mandos de la Policía y de la decisiva Guardia de Asalto.

Todas estas medidas se revelarán insuficientes. El día 18 de Julio se ordena el traslado de la Guardia de Asalto a Madrid para reforzar la seguridad en la capital y, de paso, alejar un cuerpo conflictivo en Valladolid. Pero los oficiales no obedecen las órdenes y, espoleados por elementos extremistas, deciden de motu propio, sin coordinación con la trama militar, apoyar el golpe de estado. En compañía de algunas decenas de falangistas recorren las calles de la ciudad y toman los edificios de la radio, Correos y Telégrafos y la Telefónica.

Mientras, la situación se precipita: la conspiración militar ha sido organizada por algunos mandos medios bajo la supervisión del general Saliquet, al acecho en una finca de los Montes Torozos. Su principal problema es el Capitán General de la División, Molero, un militar profesional leal a la República que durante el mes anterior ha mostrado una actitud enérgica sancionando y apartando del mando al coronel Serrador, designado por Mola como presidente de la Junta encargada de organizar la rebelión.

A las once y media de la noche del 18 de Julio, un grupo de oficiales y falangistas encabezados por los generales Saliquet y Ponte entran en el edificio de la División con la intención de convencer a Molero de que renuncie al mando. Este se niega y sus dos ayudantes de campo, comandantes Liberal y Rioboo intentan arrestar a los golpistas. Se produce un tiroteo en el despacho del capitán general, muriendo un falangista y resultando heridos de extrema gravedad ambos comandantes. Molero es arrestado y desposeído del mando, haciéndose los sublevados con el poder.

Inmediatamente se ejecuta el plan preestablecido: se toma el Gobierno Civil, arrestando a Lavín, se ocupa la Estación del Norte, la Fábrica de Gas y demás centros neurálgicos de la ciudad.

El Ayuntamiento, defendido por un retén de bomberos, resistirá hasta la madrugada del domingo 19 de julio. Hacia las diez de la mañana de ese mismo día, centenares de republicanos concentrados en la Casa del Pueblo se rinden ante las fuerzas del ejército que los cercaban.

Los sublevados temían desde el principio la fuerza del PSOE y UGT en Valladolid, con más de 12.000 afiliados. Estos, ante las primeras noticias del golpe, habían ido a pedir armas al gobernador civil, quien en un primer momento no quiso y posteriormente no pudo dárselas.

Sin instrucción militar ni planes de actuación, se concentraron en la Casa del Pueblo, acabando así con sus ya de por sí escasas posibilidades de resistencia. Encerrados en el edificio, situado en pleno casco urbano, sufrieron un asedio en toda regla que culminó a cañonazos, provocando algunas víctimas y la rendición incondicional de los más de ochocientos ocupantes del inmueble, muchos de los cuales serían fusilados más adelante.

El mismo 19 por la tarde la situación está ya absolutamente controlada por los golpistas: tan solo se producen algunos episodios de resistencia esporádica por parte de francotiradores en las barriadas obreras, que se prolongarán unos días. Con las autoridades republicanas detenidas y la ciudad tomada se abrían las puertas a una represión salvaje.

LA PROVINCIA

Los rumores acerca de una posible sublevación llegaban a todos los puntos de la provincia de Valladolid, por lo que los regidores de los pueblos intentaron estar en contacto con la autoridad gubernativa. El gobernador tranquilizó a todos, minimizando los riesgos y ordenando a los alcaldes que estuvieran alerta, que desarmaran a los elementos problemáticos de cada localidad y que aguardaran acontecimientos.

Así se hizo en la mayor parte de las localidades: requisadas unas cuantas escopetas de caza, la población pasó la noche del 18 al 19 de julio expectante, aguardando la visita de alguien extraño o el levantamiento de la guardia civil de los puestos de la localidad.

Pero nada de eso se produjo: en la mayoría de las localidades, el golpe se retrasó hasta el domingo 19, sorprendiendo a las autoridades municipales y a los vecinos descansando en sus casas o realizando las tareas agrícolas de la época.

Este factor sorpresa fue el causante principal de la falta de reacción, porque nadie creyó jamás que sucediera lo que a continuación ocurrió: las detenciones masivas, los asesinatos continuos de autoridades, de afiliados a partidos republicanos o de izquierdas, de sindicalistas, de gentes no creyentes o que tenían su propio credo, y lo más terrible de todo: la masacre de familiares de personas a las que no se pudo detener en un principio, de las madres, padres y hermanos de los que osaban escapar.

Otra parte significativa de las víctimas fue sometida a juicios ilegales, sin ningún tipo de garantía; sin poder defenderse, sin apelación posible, acusados de rebelión militar por los militares sublevados contra la legalidad constitucional, a la que por cierto, habían jurado lealtad por su honor. Estos juicios acabaron de manera sumarísima con cerca de quinientas personas en las Cascajeras de San Isidro de la ciudad de Valladolid.

La población masacrada, cuyos nombres figuran en la lista, formaban parte SIN EXCEPCIONES, de lo que se conoce como “población civil”: gentes desarmadas, sacadas de sus casas mediante detenciones ilegales, secuestrados en plena noche, maltratados, y asesinados a tiros en caminos y cunetas.

Estos asesinatos fueron ejecutados también por civiles, vecinos de pueblos aledaños o de la propia localidad; vecinos, normalmente jóvenes, a quienes les fue entregado armamento, listas de víctimas y licencia para matar.

Las listas se elaboraron en cada localidad; sus autores fueron algunas personas de derechas, propietarios enemigos de la República; párrocos indignados contra el estado aconfesional, elementos ambiciosos y personajes siniestros que aprovecharon las circunstancias para sacar sus instintos homicidas.

En Valladolid, por lo tanto, no hubo más víctimas de la guerra civil que las producidas por los ataques aéreos y sus bombardeos. La masa principal de víctimas se produjo durante los primeros meses, a manos de patrullas ilegales y sin posibilidad alguna de defensa.

Se desmonta así el lugar común, tan cómodo para muchos, de que la represión fue en realidad enfrentamiento entre dos bandos armados; que unos mataron y otros también; que todo fue producto de la locura de los españoles, y que, en definitiva, todo fue debido a un “síndrome de Caín” que hay que extirpar… mediante el olvido de lo que todos hicimos.

Los nombres que recogemos están avalados por documentos procedentes de:

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID

-  Expedientes del Tribunal de Responsabilidades Políticas
-  Expedientes de Libertad Vigilada
-  Pleitos de la Audiencia Territorial

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VALLADOLID

-  Registro Civil De Valladolid – Defunciones
-  Documentación procedente del Archivo del Gobierno Civil de Valladolid
-  Correspondencia y Comunicaciones de la Prisión Provincial de Valladolid

ARCHIVO MUNICIPAL DE VALLADOLID

-  Hemeroteca
-  Libro de Enterramientos del Cementerio de Valladolid
-  Órdenes de enterramiento de la Alcaldía
-  Expedientes de Depuración de funcionarios municipales
-  Libros de Actas

OTROS ARCHIVOS CONSULTADOS

-  Militar de La Coruña
-  General Militar de Guadalajara
-  Histórico Nacional
-  Histórico de Salamanca
-  Ministerio de Justicia
-  Instituto Geográfico Nacional

Se han consultado además todos aquellos Archivos Municipales que ha sido posible, enfrentándonos a veces a todo tipo de problemas: desaparición de documentos, inexistencia o deterioro del archivo (por haber sufrido incendios o inundaciones), negativas de los funcionarios encargados, etc..

Sin embargo, los desaparecidos no constan en los registros, pues son precisamente desaparecidos. Para llegar a sus nombres e identificarlos, hemos entrevistado a decenas y decenas de personas: familiares, vecinos del pueblo, testigos… Hemos logrado, por este medio, identificar a muchas de las personas que aparecen en la lista; recogido el testimonio, la documentación, si la hay; fotos, correspondencia, en fin, todo aquello que viene a demostrar que aquellas personas nacieron, trabajaron y vivieron, y cuyo fallecimiento no consta en registro alguno.

Estos desaparecidos, vergüenza de nuestra sociedad, no han sido jamás olvidados. Injuriados sí; ocultos bajo un silencio culpable, también. Pero la verdad es tozuda, y acaba abriéndose paso.

Estamos seguros de que estos trabajos, que nos han costado tan caros (pues han sido pagados con disgustos, con insomnios, con ataques), son necesarios y acrecientan el nivel de decencia y de dignidad de un país que jamás debería haber permitido más de 70 años de mentiras, injusticia e impunidad.

Orosia Castán

Grupo Verdad y Justicia de Valladolid

Noviembre de 2011

Madrugada del domingo 19 de julio. Grupos fascistas ante el ayuntamiento de Valladolid
 
Represion Franquista Valladolid

Conferencia Ian Gibson Ateneo Republicano Valladolid

Ian Gibson y Orosia Castán en Valladolid

Conferencia Ian Gibson Ateneo Republicano en la universidad de Valladolid

Presentación audio-visual Listado de víctimas del golpe de estado franquista en la provincia de Valladolid

Presentación audio-visual Listado de víctimas del golpe de estado franquista en la provincia de Valladolid

Presentanción en el Ateneo Republicano de Valladolid del Listado de víctimas del golpe de estado franquista en la provincia de Valladolid +info:http://www.represionfranquistavalla...

Tudela 1936

Corto-documental Tudela de Duero 1936

"Corto-documental que narra los hechos acaecidos en Tudela de Duero (Valladolid) en la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y la posterior represión.Presentado el día 9 de julio de 2011 en el (...)

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