Represión franquista en Valladolid

Cartel retirada símbolos franquistas Valladolid.Diseño Daniel García del Blanco

En marzo del año 2010, la comisión de Memoria Histórica del Ateneo Republicano de Valladolid comenzó el análisis y estudio de los símbolos franquistas existentes en la ciudad. Su alcalde, León de la Riva, se había mostrado siempre en contra de la retirada de dichos símbolos, y ya en 2007, con motivo de las movilizaciones que contra la Ley de Memoria Histórica se realizaron en Valladolid, demostró con claridad su posicionamiento: no pensaba retirar símbolo alguno ni cambiar el nombre de ninguna calle por mucho que la ley así lo dictaminara. Por supuesto que las reclamaciones ciudadanas, las interpelaciones de los grupos municipales de oposición y simplemente el imperativo moral que exige de cualquiera (y más de las autoridades) el cumplimiento de las leyes, no afectaban lo más mínimo a su determinación de dejar las cosas como estaban. Los vallisoletanos, acostumbrados como estamos a los comportamientos de este edil que cuando no está pendiente de algún proceso es porque éste ha sido ya fallado en su contra (y pueden ustedes repasar el historial: áticos ilegales, aparcamientos inviables, manipulaciones del PGOU…), sabíamos bien que este alcalde no movería un solo dedo para cumplir con la ley, ya que desde un punto de vista ideológico la ley y sus implicaciones suponen un ataque a las esencias patrias.

Consciente de esta situación, la comisión de Memoria Histórica del Ateneo Republicano de Valladolid elaboró un proyecto que abordase de manera sistemática la erradicación de estos símbolos en aplicación de la ley.

La revista del Ateneo publicó en marzo un artículo de opinión en el que se abordaba el tema, se explicaba el artículo 15, con sus cuatro puntos, acompañado por la exigencia de su cumplimiento por el órgano correspondiente, en este caso, al Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por mayoría por el PP.

Además, esta comisión acometió la tarea de localizar los símbolos afectados por la ley y reunirlos en un censo debidamente documentados, localizados y fotografiados. Este censo fue publicado por el A y se difundió ampliamente, siendo muy bien acogido por los vallisoletanos, al punto de que tuvimos que hacer una segunda edición.

Tras este primer trabajo, el Ateneo convocó a organizaciones sociales, sindicales y políticas con el fin de crear una Plataforma que reuniera a la mayor cantidad de fuerzas posible, con el fin de realizar una campaña de sensibilización ciudadana que incluía la recogida de firmas de los vallisoletanos.

La Plataforma decidió por mayoría que fuera IU, formación con representación municipal, quien plantease la petición en un Pleno Municipal celebrado el 18 de julio de 2010, en el que se produjeron provocaciones por parte de algunos representantes del PP hacia los integrantes de la Plataforma que seguían el Pleno en la tribuna de invitados y que esperaban que su petición de que el consistorio cumpliese una ley aprobada hacía ya dos años, fuese atendida. Pero el alcalde se mostró más hiriente que nunca hacia aquello que no compartía ideológicamente, sin atender al hecho de que él es el garante del cumplimento de la ley, por más que sus convicciones ideológicas no coincidan con ella.

Así que la moción fue desestimada gracias a la mayoría absoluta que la formación del señor alcalde ostenta. Contra este acuerdo del Pleno se interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que fue desestimado.

Y contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido a trámite y visto por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Y por fin, el fallo: Este tribunal estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia. Se dirige al ayuntamiento, al que insta a actuar en el plazo de un mes identificando todos los símbolos, objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que deban ser retirados; y que dicha administración deberá elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el artículo 15.2 de la Ley en su municipio.

Es decir, que el ayuntamiento presidido por el alcalde León de la Riva debe catalogar los símbolos franquistas existentes en la ciudad y después eliminarlos.

En nuestra línea de colaboración, el Ateneo Republicano va ha hacer entrega del censo que elaboró en su día con el fin de facilitar la tarea encomendada al ayuntamiento por el Tribunal; y de la misma manera, estaremos muy pendientes de la relación presentada por el ayuntamiento con el fin de evitar olvidos y errores.

Es de esperar que el cumplimiento de esta sentencia sea acatado con la diligencia debida, y los ciudadanos estaremos pendientes de que así sea.

La conclusión de todo este proceso es que, por utilizar una frase común en la calle, sí se puede, es decir, que es posible hacer que la ley se cumpla. Es como poco curioso que nuestras instituciones se resistan a cumplir leyes emitidas por el Parlamento y esperen a que sean los tribunales quienes les obliguen mediante sentencias como la emitida en este caso. Y que sean los ciudadanos los que tengan que llevar a sus instituciones a estos tribunales para conseguir algo obligatorio para todos, pero mucho más para nuestros órganos de gobierno, que siempre deberían ser un ejemplo a seguir.