No creo ser la única persona que ha sentido enfado e indignación al leer la noticia de que el PSOE aboga ahora por la intervención en el Valle de los Caídos, sacando de allí al dictador y convirtiendo la megalómana obra franquista en un recordatorio de lo que verdaderamente fue: el lugar ignominioso donde los golpistas humillaron y mataron de hambre, frío y agotamiento a los que habían detenido y juzgado ilegalmente.

La idea de hacer un gran memorial que refleje, aunque sea pálidamente, la realidad de lo ocurrido en el Valle de los Caídos, es algo que todos aplaudimos y apoyamos, y por eso mismo la frustración fue enorme cuando las iniciativas en ese sentido fueron ninguneadas y arrojadas al cesto de los papeles por el gobierno del PSOE.

No fue el único tema que este partido aplastó cuando estaba en el gobierno. Muchísimas personas de toda edad y condición aguardaban esperanzadas el cumplimiento de las expectativas generadas acerca de la llamada Memoria Histórica, una deuda que el Estado, los gobiernos y la sociedad entera tienen para con la Historia más reciente y las víctimas del golpe franquista de 1936 y de la represión feroz que se desató a continuación, y que a día de hoy continúa sin satisfacerse.

Muchas personas, hijos, familiares, amigos y compañeros de las víctimas, han estado votando al PSOE desde las primeras elecciones de la democracia en la idea de que este partido, al que pertenecían sus padres o sus abuelos asesinados, era el mismo por cuyas ideas murieron los suyos. Todos pensaban que la llegada al poder de un partido de izquierdas supondría la exposición de la verdad de lo ocurrido, la condena política, la investigación de todos los puntos oscuros del asunto, la dignificación de la memoria de las víctimas.

Cuando el PSOE llegó al poder, las buenas gentes de los pueblos saltaban de alegría y lloraban de emoción. “Han llegado los nuestros”, decían. “Qué pena que mi padre no pueda verlo…” y era así porque los padres, en muchas ocasiones, habían desaparecido a manos de los verdugos y sus cuerpos se encontraban en montes y cunetas, tal y como si fueran fieras. La represión y el miedo con el que todas estas personas convivieron durante toda la vida se daban por pasados. Todos confiaban en la posibilidad de pasar página, aquella página de horrores escrita con sangre.

El PSOE ha defraudado todas las expectativas de estas personas que confiaban en él, pero además, ha incumplido con su deber histórico, ético y político, ha hecho dejación de su responsabilidad y, lo que es peor, está utilizando el tema de la Memoria para lograr sus fines exclusivamente electoralistas.

Primero participaron alegremente en los pactos de la Transición, en los que cedieron los principios a cambio de poder. Estando en el gobierno, le contaban a la gente que había que proceder con cuidado, pues se corría peligro de involución; era muchas veces lamentable apreciar la coincidencia del argumentario de los que se definían como socialistas, con los amagos de la ultraderecha; todos ellos utilizando la posibilidad de “otro 36”, éstos como amenaza, aquellos como excusa vergonzante para no afrontar el tema del golpe y la represión franquistas.

¿Qué credibilidad puede tener ahora el PSOE cuando habla de cualquier tema relacionado con la MH? La respuesta es que ninguna, por parte de nadie. Y es que cuando han estado en el Gobierno se han negado a afrontar el asunto y se han limitado a intervenir puntualmente en los temas más visibles, sin que en ningún momento hayan tomado las resoluciones necesarias para avanzar de una buena vez en un asunto que no va a desaparecer de la vida de nuestro país simplemente porque se le ignore.

El PSOE elaboró una ley lamentable porque no afrontaba el problema de las fosas comunes, ni organizaba la investigación, ni dignificaba a las víctimas, ni declaraba la ilegalidad del golpe de estado y consecuentemente, de todos sus actos derivados, como por ejemplo, los juicios en los que se condenó a muerte injustamente a miles de ciudadanos. Hay que recordar que sólo en Valladolid, los fusilados a causa de estos simulacros de juicio fueron cerca de quinientos.

El PSOE en el gobierno no eliminó los símbolos fascistas y franquistas. No dictó una ley de archivos, no ordenó la contabilización de los desaparecidos, víctimas de sacas criminales, ni la localización y rescate de sus restos, ni creó los organismos pertinentes para la recuperación de la memoria de lo ocurrido mediante la localización y la toma de testimonios, ni el rescate, la autentificación y el archivo de los documentos existentes… la lamentable ley fue ampliamente contestada. Los últimos testigos y los familiares de las víctimas estaban extenuados tras los sucesivos fiascos con que les obsequiaba el partido en el que habían confiado.

Y la ley salió adelante. Para vergüenza de todos, salió casi por unanimidad, porque TODOS los grupos políticos del congreso la votaron, con la honrosísima excepción de Esquerra Republicana de Catalunya, hecho éste que ninguno de los involucrados en esta causa olvidaremos jamás. Los demás grupos votaron vergonzantemente, declarando que era mejor el bodrio que nada; que ya se mejoraría; que la declaración de “ilegitimidad” era válida frente a la ilegalidad del franquismo y sus juicios… en fin, de nuevo un gran fiasco, un disgusto al ver que entre todos ellos enterraban una nueva oportunidad para cerrar con dignidad y honradez ese capítulo pendiente.

Después de todas estas vicisitudes, el balance no puede ser peor. El gobierno socialista ideó subvencionar a organizaciones y particulares para que tomaran la iniciativa e intervinieran en su lugar, es decir, el gobierno cedía sus obligaciones a particulares y asociaciones para que realizaran una tarea que corresponde enteramente al estado. Otorga subvenciones y se desentiende por completo. No vela por que se sigan protocolos legales en las actuaciones de todo el territorio; se inhibe por completo, se coloca de perfil y se desentiende.

Y los particulares hacen lo que pueden, lo que les parece oportuno, lo que quieren, pues hay casos para todo. No hay un solo país en el que se haya dado un espectáculo tan repugnante como el que hemos podido ver aquí en los últimos años. Brigadas de personas, pala en mano, exhumando a las víctimas de un crimen contra la Humanidad sin demasiado orden ni concierto; los restos, custodiados en casas particulares, manipulados muchas veces por personas sin formación ni los mínimos conocimientos necesarios en estos menesteres; el ejército de Pancho Villa destrozando fosas e invalidando pruebas. Es desolador saber que la buena voluntad de muchos y la extrema necesidad de los familiares, han dado lugar a exhumaciones sin garantías, por falta sobre todo de recursos técnicos, pues dadas las circunstancias, muchas personas han ejercido como arqueólogos o forenses o simplemente han trabajado en las fosas sin ningún tipo de supervisión profesional y legal.

La situación ha sido aprovechada por arribistas y aprovechados que han utilizado las exhumaciones para su medro personal y profesional, dadas las cantidades otorgadas mediante subvención. En nuestra ciudad, una asociación muy poco operativa, recibió más de 150.000 euros en tres entregas, según acredita el BOE públicamente; y a cambio, no ha devuelto a la ciudadanía ni siquiera un listado mínimamente garantizado. Este problema se ha dado en muchísimas localidades y lo único que ha conseguido es la fragmentación del Movimiento Memorialista, el agotamiento de muchos voluntarios y la desilusión, una vez más, de los familiares, siempre pendientes de la resolución de una situación tan injusta como agraviante.

Y ahora que el PSOE, de nuevo en la oposición, pasa por malos momentos, no tiene reparo alguno en utilizar la memoria de los aplastados como reclamo para sus campañas de imagen. No tiene ningún problema en aparecer públicamente solicitando acciones sobre el Valle de los Caídos, cuando estando en posición de actuar, y habiéndolo prometido en sus campañas, no lo hicieron. Quizá no sean capaces de darse cuenta de que la manipulación de cualquier tema con fines electoralistas, y mucho más de un tema que nos hiere en lo más profundo a muchísimos electores, desencadena el efecto contrario al que buscan: enfado, indignación y voluntad de no votarles nunca más.