Independientes de cualquier otra organización, trabajamos para esclarecer los hechos causados por el golpe de estado del 18 de julio de 1936, en el que el ejército, los grupos facciosos, la iglesia y el capital acabaron mediante la violencia con la República, que había sido elegida por los ciudadanos libremente en las urnas. Reivindicamos el derecho a conocer la VERDAD que tenemos todos los ciudadanos, y que nos ha sido escamoteada reiteradamente por los distintos gobiernos desde la muerte del dictador.

Dado que la sublevación militar contra un régimen democrático es un acto ilegal, y así lo contempla la Legislación Internacional, nosotros exigimos JUSTICIA hacia todos los actos represivos que los alzados llevaron a cabo; y en esta misma línea, nuestra primera exigencia al Estado español es la declaración de ilegalidad de todos los juicios políticos emanados de aquellos tribunales franquistas, también ilegales.

El tercer objetivo que nos mueve es la REPARACIÓN de los daños causados por el golpe a los ciudadanos represaliados; y esta reparación obligada no puede quedarse simplemente en el plano moral.

Así, además de reconocer los hechos como “injustos”, es obligación del Estado, en aplicación de las Leyes Internacionales, la declaración de ilegalidad de los tribunales políticos, cuyo fin fue la de reprimir a los ciudadanos situados al lado de la legalidad, reparando a éstos moral y materialmente hasta el límite de las posibilidades.

En cuanto a las fosas donde las víctimas están ilegalmente enterradas, consideramos que constituyen un problema de Estado, y que es éste quien tiene la responsabilidad de elaborar un mapa y encarar las tareas de exhumación y devolución de los restos desde un planteamiento jurídico, pues se trata de crímenes políticos.

La Recuperación de la Memoria Histórica, por otra parte, necesita un apellido: es la Memoria de la República y de los republicanos, ya que la sublevación franquista se organizó con el fin de acabar con ella, y el medio utilizado fue el exterminio de las autoridades republicanas, de los sindicalistas republicanos, de los ciudadanos que la defendían, de los que la habían votado y de los familiares de todos ellos.

Esto demuestra la naturaleza política de los crímenes cometidos y determina las acciones jurídicas a seguir.

Mal que le pese al gobierno actual y a las organizaciones que lo siguen, la Memoria Histórica será republicana o no será nada.

A pesar del tiempo transcurrido, del silencio, de la voluntad de muchos por mantener el silencio impuesto y de la falta de voluntad política para encarar el problema, nosotros estamos seguros de que la verdad acabará por ser conocida.

A Franco, a los golpistas, a los inductores y a los verdugos no debe juzgarlos la Historia sino la Ley, puesto que delinquieron.

La Historia juzgará a los gobiernos que no han afrontado su deber hacia las víctimas republicanas y a todos aquellos que han intentado minimizar y ocultar aquellos criminales hechos .