Los escándalos de corrupción acaban con el gobierno de la derecha
Daniel Strauss escribió al Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para informarle de que había entregado dinero al hijo de Lerroux, a ministros y a altos cargos para que le otorgasen una autorización administrativa.
Indignación y estupor eran los sentimientos que embargaban a los españoles cada mañana del mes de octubre de 1935, cuando se desayunaban con las noticias de nuevos escándalos económicos perpetrados por cargos oficiales; con denuncias por corrupciones que afectaban a personajes conectados con el poder e incluso a miembros del aparato gubernamental, mientras en las Cortes, los diputados de la derecha, que ostentaban la mayoría, proponían presupuestos restrictivos que congelaban partidas fundamentales, como la destinada a Educación, o decretaban una disminución del 10% del sueldo de los funcionarios, o anunciaban la subida de impuestos. El gobierno estaba formado por una coalición derechista compuesta por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y el Partido Republicano Radical, que gobernaba desde noviembre de 1933 con el apoyo de un conglomerado de pequeños partidos, como los catalanistas de Cambó o los agrarios de Martínez de Velasco entre otros.
Gil Robles, la cabeza de esta coalición de gobierno, no ocultó jamás su antipatía hacia la República, cosa que conocían todos los españoles. Dentro del gobierno derechista presidido por Alejandro Lerroux, Gil Robles (que se hacía llamar “El Jefe”), consiguió el ministerio de la Guerra y colocó a Franco en un lugar de preeminencia. Después comenzó las reformas: reorganizó el ejército y en ese proceso eliminó a todos los oficiales que detentasen ideas izquierdistas. Además, comenzó a maniobrar para controlar a la Guardia Civil, que había pasado a depender de ese ministerio y empezó a efectuar preparativos sospechosos, como la construcción de trincheras en la Sierra de Guadarrama, que a la postre fueron fundamentales para el triunfo de las fuerzas sublevadas en julio de 1936.
El país atravesaba momentos difíciles, pero los ministros y diputados se dedicaban a llenarse los bolsillos tan deprisa como podían. Los ciudadanos se enfrentaban cada día a noticias y rumores que hablaban de nuevos escándalos relacionados con corrupciones económicas. Los cambios en el gobierno se sucedían sin parar, pero los españoles no ignoraban que todos los que habían sido ministros obtenían una pensión vitalicia de 10.000 pesetas, cifra fabulosa en aquellos tiempos. Y nada menos que 38 miembros del Partido Radical habían desempeñado un ministerio en sólo dos años…
En estas circunstancias, el caso Strauss también conocido como straperlo, estalló y acabó con el gobierno derechista, porque fue la demostración de la quiebra moral de un régimen que ya había mostrado su talante represor durante la huelga de 1934 y su dedicación a conseguir su propio beneficio.
El escándalo salpicaba de lleno al gobierno, porque en él estaban implicados varios ministros, el anterior jefe de gobierno, Ricardo Samper, el propio Lerroux, que era Presidente del Consejo de Ministros, a través de su hijo adoptivo, y algunos cargos relevantes, como el Gobernador General de Cataluña, Pich i Pon, el diputado por Valencia Sigfrido Blasco Ibáñez o el ex ministro de Gobernación, Rafael Salazar Alonso.
El escándalo del straperlo se inicia en septiembre de 1935, cuando Daniel Strauss, un holandés de oscuros antecedentes, escribe al Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para informarle de que había entregado dinero al hijo de Lerroux, a ministros y a altos cargos del gobierno para facilitar que le otorgasen una autorización administrativa que le permitiese implantar en los casinos españoles una ruleta de su invención llamada straperlo, a pesar de que el juego estaba completamente prohibido en España. Strauss decía que su ruleta no era un juego de azar sino de ingenio, por lo que intentó que la legalizaran. Para ello dedicó mucho dinero a sobornar a estos altos cargos, a los que accedía por medio del familiar de Lerroux, que hacía de intermediario.Como Strauss no consiguió sus propósitos, exigía al presidente de la República una compensación económica de casi 400.000 pesetas, cifra monumental en aquellos tiempos, y que se correspondía, según él, con la cifra entregada a los conseguidores.
Pero esta petición, que era en realidad un intento de chantaje, no surtió efecto, y la carta acabó en la Fiscalía General, que se dispuso a llevar a cabo una investigación acerca del caso.
La trama salió a la luz pública y el país entero se encendió de indignación cuando los detalles se fueron conociendo. Era la chispa que encendía una gran hoguera, la misma que había alimentado el gobierno corrupto durante años. Los rumores se hicieron tan intensos que el propio presidente del gobierno no tuvo más remedio que publicar en la prensa una nota tranquilizadora que explicaba a la opinión pública que el caso estaba ya en manos de la Fiscalía y aseguraba que se practicaría una investigación minuciosa y se determinarían las responsabilidades, si las había.
Pero los escándalos originados por la corrupción habían abrasado ya a la gente, de tal forma que el escándalo tuvo que ser debatido en las Cortes el día 22 de octubre de 1935. La tensión fue tremenda, y por fin se pudo llegar al acuerdo de apartar a los implicados de sus cargos y crear una Comisión para depurar responsabilidades políticas. Se nombró también un juez especial para que llevase el sumario, pero ninguna de estas medidas logró aplacar la indignación popular.
Los grupos implicados negaban los hechos, acusando a la oposición de levantar una campaña de calumnias; hablaban de acoso a Lerroux por parte de la izquierda, acusaban de irresponsabilidad a la prensa que se hacía eco del escándalo, y el diputado Pérez Madrigal llegó a decir en el Congreso que tras estas denuncias por corrupción estaban “los enemigos de España” y que era una maniobra de marxistas y masones para derribar al gobierno.
Pero nada de esto sirvió para detener el escándalo. En la calle no se hablaba de otra cosa, y el día señalado para que la Comisión diese cuenta de las investigaciones realizadas, hubo incidentes callejeros ante el Congreso, y puede decirse que la ciudadanía en pleno estaba pendiente de lo que se iba a decir durante la sesión.
La Comisión admitió indicios de culpabilidad en varios altos cargos, en ex ministros, en el ex presidente… y propuso remitir todo el informe a los tribunales de Justicia, previa votación secreta en el propio Congreso.
Ante el aluvión de críticas y protestas, el Consejo de Ministros determinó la destitución de los implicados hasta que la justicia se pronunciase, pero la situación estaba ya tan deteriorada y el hartazgo era ya de tal calibre, que la medida no logró detener la caída del gobierno.
El día 29 de octubre dimitía Lerroux, produciendo una crisis total de gobierno que acabaría con la coalición derechista para siempre. En su caída arrastró a todo tipo de cargos políticos y administrativos, como fue el caso del Fiscal General, que había mantenido discrepancias con el ministro de Justicia acerca de las acusaciones a altos cargos.
La prensa hablaba de latrocinios continuados y achacaba la crisis final a la descomposición del sistema capitalista. En la calle se exigía la recuperación del honor nacional por medio de una regeneración total.
La crisis duró todavía unos meses más, durante los que se intentó parchear la situación mediante nombramientos de compromiso, concesiones, nuevos gabinetes y muchas declaraciones, pero nada de ello sirvió para salvar la coalición derechista, y por fin, el día 7 de enero de 1936, las Cortes se disolvieron, señalándose la fecha de celebración de las nuevas elecciones.
Se designó para ello el día 16 de febrero del mismo año, y salió elegido el Frente Popular, una coalición de izquierdas que propugnaba la regeneración.
La derecha, la misma que había sido expulsada del gobierno a causa de sus corruptelas y latrocinios, no aceptó el veredicto de jueces, ciudadanos ni urnas, y dio un golpe de estado cinco meses después. El sangriento golpe y la subsiguiente guerra que ocasionó, dio lugar a un baño de sangre, a miles de muertos, a la ruina del país y a la instauración de una feroz dictadura que se mantendría en el poder durante cuarenta años mediante el ejercicio de la represión más brutal y el exterminio de cualquier tipo de oposición.
Lecciones de la Historia que no debemos olvidar, pues como puede comprobarse, los hechos, cuando se ignoran, tienen una irresistible tendencia hacia la repetición.