Represión franquista en Valladolid

El Prado de la Magdalena

Orosia Castán — 2013-03-13T17:17:17Z

El Prado de la Magdalena se convirtió rápidamente en el lugar preferido por los peores asesinos de nuestra ciudad para cometer los crímenes más espeluznantes. Los criminales, tras capturar a sus víctimas, las trasladaban a este lugar para acabar con ellas sin que nadie pudiera verlos. El camino a seguir pasaba ante ambas cárceles, lo que les daría, en el caso improbable de que alguien les pidiera cuentas, la explicación de que trasladaban al detenido a una de las prisiones.

La zona que conocemos como Prado de la Magdalena tiene una larga y desconocida historia. Inicialmente fue un gran parque, perfectamente diseñado y cuidado por donde paseaban los vallisoletanos nobles. El jardín tomaba su nombre de la cercana iglesia de la Magdalena, y uno de sus principales encantos era el Esgueva, que lo atravesaba de lado a lado.

Pasando el tiempo, estropeado por las sucesivas crecidas del río y abandonado por los paseantes, la zona quedó abandonada y convertida en un lugar poco recomendable.

En el año 1935 se inauguró en sus proximidades una prisión a la que llamaron poco imaginativamente Cárcel Nueva para diferenciarla de la antigua prisión de Chancillería, situada muy cerca, y que no reunía condiciones para cumplir con su papel. La Cárcel Nueva quedaría pequeña en el transcurso de un año, porque la sublevación militar, triunfante en Valladolid el día 19 de julio de 1936 causó el encarcelamiento de cientos y cientos de ciudadanos.

La nueva prisión resultó estar muy bien situada: quedaba en el propio camino al cementerio de la ciudad, y a su espalda estaba el Prado, paraje inculto y repleto de basuras y malezas; un escenario siniestro al que enseguida encontraron los golpistas una utilidad.

Las patrullas de falangistas que tomaron las calles de Valladolid violentamente no entendían de justicia, ni querían entender. Siendo ellos los que se alzaban en armas contra la legalidad y conscientes del delito que cometían, los civiles, armados y prontamente uniformados con la camisa azul de la Falange comenzaron a practicar detenciones y a ejecutar a sus víctimas. Las zonas del extrarradio fueron las elegidas para cometer los asesinatos, ya que necesitaban que no hubiera testigos que pudieran identificarles. Las tapias del cementerio se convirtieron de repente en paredones contra los que los detenidos eran fusilados, quedando después los cuerpos abandonados en el mismo lugar; pero no fueron los únicos lugares donde aparecieron personas asesinadas.

Pero la realidad es que durante los primeros meses tras el golpe aparecieron cadáveres con signos de muerte violenta en la zona sin que nadie lo intentara evitar.

El lugar, según relatan los testigos, fue el preferido para asesinar mujeres, aunque también asesinaron a los hombres a quienes los facciosos querían causar mayores violencias, por lo que no les bastaba con matarlos de un tiro.

Así pues, el Prado de la Magdalena se convirtió en el lugar de martirio sobre todo de las mujeres izquierdistas y republicanas de Valladolid. Dadas las características de la zona, los verdugos podían ensañarse con ellas sin temor a interrupciones. La vecindad, al amanecer, se topaba con los cuerpos de los asesinados. Más tarde, los carros municipales se encargaban de recoger los cadáveres abandonados y los trasladaban al Depósito Judicial, situado en los bajos del Hospital Provincial.

Los testigos vieron cadáveres de mujeres con aspecto de haber sido ahorcadas, apaleadas y con las manos atadas. Un espectáculo así no se olvida jamás.

Este fue el fin de algunas conocidas activistas de la ciudad, algunas de las cuales fueron martirizadas y violentadas ante sus maridos. Es el caso de Micaela Pasalodos, una joven recién casada que fue sacada de casa de sus suegros junto con su marido y su cuñado, los hermanos Montero; los tres pertenecían al radio comunista de la ciudad y fueron perseguidos con saña por las patrullas falangistas hasta su detención.

Los tres jóvenes fueron obligados a subir a un vehículo y trasladados al Prado de la Magdalena, donde los asesinos se enseñaron con ellos hasta matarlos. Sus cuerpos, según recuerda su hermano, tenían signos inequívocos de tortura. Micaela fue violada.

Lo mismo exactamente ocurrió con la militante comunista Constantina Cebada “Tina”, dirigente del radio comunista de Valladolid, quien logró ocultarse de sus perseguidores durante las primeras semanas; pero por fin fue detenida junto con su marido y arrastrada hasta el Prado, donde la torturaron, la violaron y la mataron ante los ojos de su marido, a quien mataron a continuación.

No fueron casos únicos: allí aparecieron los cuerpos de una mujer con sus dos hijos, todos ellos con signos semejantes a los descritos; el de la conocida socialista vallisoletana María Ayllón, perteneciente al sindicato de la Aguja de la Casa del Pueblo y participante en los cursos de la Universidad Popular, detenida por un grupo de falangistas. Su cuerpo se encontró atado a un árbol en el Prado de la Magdalena con indicios de tortura y violación. Su marido estaba ya en la cárcel, donde cumplió muchos años. Su hijo, menor de edad, acabó en el Patronato de Menores.

Estos horrendos actos, cometidos en nombre de la patria y del nuevo orden, conmocionaron a la ciudad y convirtieron al Prado de la Magdalena en una zona maldita a la que nadie se acercaba.

Hoy la zona se ha reconvertido y forma parte del nuevo campus universitario. Todo ha cambiado, incluso el curso de la Esgueva, desviado y canalizado de nuevo.

Ningún recordatorio permite recordar que estos plácidos jardines fueron el escenario de la desaparición de aquellas mujeres y hombres vallisoletanos asesinados sin juicio ni proceso. Pero la democracia tiene una deuda con todos ellos, y su memoria no se borrará, porque sus nombres y sus historias están siendo recuperados y serán conocidos cada vez por más personas.

Un botón de muestra

Orosia Castán — 2013-03-13T17:06:57Z

En estos días de marzo se suceden las celebraciones y manifestaciones reivindicativas de los derechos de la mujer. La fecha, 8 de marzo, se eligió por ser el día en que un grupo de mujeres trabajadoras fueron quemadas en el interior de la fábrica en que trabajaban y hacían huelga a manos de sus patrones.

Las mujeres han sido objetivo favorito de la represión, pues a su condición de víctimas se une la de ser madres, hermanas y esposas, lo que da a su castigo una condición ejemplarizante que se extiende por toda la comunidad sembrando el terror de una forma muy eficaz.

Hoy os presentamos una serie de casos recogidos directamente de los testimonios de familiares de las víctimas, que son un botón de muestra del tratamiento que los fascistas dieron a las mujeres republicanas en Valladolid.

En el pueblo de Aguilar de Campos

Odulfa, vecina mayor de 60 años, soltera, socialista, fue asesinada de un solo tiro en el sobrado de su casa en la tarde del 18 de julio de 1936 por guardias civiles del puesto de Villavicencio.

Romana Cuadrado, adolescente juzgada y condenada, cumplió 6 años de cárcel.

Cristina Gurrea, de 43 años, marido asesinado: detenida gubernativa en Valladolid, tenía cinco hijos, de los que cuatro fueron ingresados en el Hospicio.

Pura Martínez, hermana de desaparecido, juzgada, encarcelada durante años.

Dionisia Rodríguez, 6 hijos menores, presa gubernativa; su marido también estaba encarcelado. Dio a luz a un niño estando en la cárcel.

En Alaejos

Valentina Rueda Manjarrés, de 60 años, casada. Juzgada y condenada a 20 años y un día. Estuvo en la Cárcel Vieja de Valladolid.

Laureana Morales Rodríguez, casada, juzgada y condenada a dos años de cárcel, que cumple en la prisión de Medina del Campo.

María Losada Martín, hija de Bonifacio (condenado a 20 años) y hermana de Cándido (fusilado), Antonio (paseado) y Florentino (muerto en el frente), según testimonios de su entorno, fue agredida por unos falangistas. Según Leopoldo García Ortega, que fue compañero de los detenidos de Alaejos en prisión, los falangistas del propio pueblo habrían violado a varias vecinas cuyos padres, hermanos y maridos estaban presos en Alcazarén:

Justina Acebes tenía 15 años. Fue retenida por los falangistas del pueblo junto con un grupo de unas 20 mujeres. Fueron vejadas; a algunas les cortaron el pelo; a todas las obligaron a desfilar por las calles del pueblo, con el brazo en alto y cantando el Cara al Sol. María Sanz, esposa del Presidente de la Casa del Pueblo fue asesinada junto con su hijo de 14 años. Anteriormente los fascistas habían asesinado a su marido y a otros dos hijos varones.

En Castrobol

Todas las mujeres de los detenidos de este pueblo fueron apaleadas por los falangistas en los locales del ayuntamiento. Las palizas fueron de tal calibre, que algunas sufrieron fracturas de brazos y piernas. Es el caso de la esposa del alcalde, Teófila Alonso Fernández, quien quedó inválida como consecuencia de las múltiples fracturas en ambas piernas.

En Castroponce

Cecilia García, natural de Castroponce y residente en esta localidad. Su marido desapareció cuando se dirigía a una localidad vecina, donde tenía familiares; nunca se volvió a saber de él. Dejó un niño que no había cumplido los dos años y una niña casi recién nacida. Para poder sacarlos adelante, Cecilia hubo de servir en casa de los presuntos inductores.

Leandra Grajal Alonso, asesinada junto con su esposo, se encontraba en avanzado estado de gestación, de tal manera que los testigos que la vieron en el camión en que la llevaban detenida se dieron cuenta de esta circunstancia. Esta mujer, según los informantes, estaba en la puerta de la iglesia cuando las vecinas fueron a avisarla de la detención de su marido. Fue hasta la plaza, y como le dijeran que era para hacer una declaración sin más, insistió en ir con su marido. Los falangistas no tuvieron ningún problema en llevarla también y asesinarla junto con los demás, aunque después fueron incapaces de darle el tiro de gracia y la dejaron agonizando junto al grupo, como manifiestan testigos de los hechos.

En Castronuño

Constanza Santamaría Muñoz, casada con el teniente de alcalde fue asesinada en las cercanías del pueblo. Un grupo de falangistas del pueblo la requirió para que fuera con ellos al cuartel de la guardia civil, para “hacerle unas preguntas”. Ella se fue con los falangistas. Pidió a Ángeles, su hija de 16 años, que cuidara de sus hermanos menores. Nunca la volvieron a ver. Tenía 43 años en ese momento, cinco hijos y el marido encarcelado (fusilado poco tiempo después).

En Ceinos

Los golpistas se cebaron con las mujeres del pueblo. Vinieron tres guardias civiles que les daban palizas tremendas. Raparon a varias mujeres por bordar la bandera de la República, la que se sacaba en el Ayuntamiento, entre ellas a Gregoria Cuadrado Lobo, Felisa Pastor Vielba, Andrea Riol, Gregoria Alonso Gutiérrez

En Laguna de Duero:

Mónica Muñoz San Pedro fue atacada en su propia casa. Cuando los falangistas descubrieron que tenía en el salón una fotografía de Mariana Pineda, comenzaron a golpearla. Después fue conducida al Ayuntamiento para ser interrogada, y en el transcurso del interrogatorio, fue golpeada con saña por uno de los falangistas más sanguinarios de Laguna con la culata del fusil, llegando a reventarle el oído y a desencajarle la mandíbula, con la pérdida de varios dientes. Mónica fue detenida y estuvo presa durante 52 meses por proteger a sus hermanos y a su marido. De los 7 hermanos, los falangistas mataron a cuatro. En la cárcel estuvo 18 meses muy enferma y apenas podía alimentarse. Debido a una pleuritis perdió un pulmón.

A María Marqués la mataron el día 5 de septiembre de 1936. La denunciaron porque no bautizaba a sus hijos. Una tarde, hacia las ocho y media o las nueve, llamaron a la puerta. Salió a abrir su hija, una niña de 8 años; eran 3 hombres de Laguna que preguntaban por María. Llevaban fusiles y le dijeron que fuera al Ayuntamiento a declarar. No la vieron nunca más. Pasó la noche en el calabozo del ayuntamiento junto con otras tres mujeres del pueblo. Al amanecer, soltaron a una de ellas “porque estaba criando a un niño”. Llevaron a las otras tres al puente que limita con Boecillo y las tirotearon allí, cayendo los cuerpos al río.

Otros casos

María Danclas, maestra del barrio de las Delicias, en Valladolid. Sacada de su casa, tras ser detenido su marido, también maestro, quien sería juzgado y ejecutado. Su hijo menor, de 14 años, también fue detenido e ingresado en el Patronato de Menores. Los vecinos de Las Delicias fueron testigos de su detención, que se hizo a plena luz del día. Fue enterrada como “desconocida”, aunque meses más tarde su hijo mayor pudo inscribir su fallecimiento.

Josefa Torrecilla Sánchez, 63 años, de Tudela de Duero. Detenida por falangistas del pueblo junto con Felisa Sobas, una adolescente que había sido violentada varias veces en las dependencias municipales; fueron conducidas a los pinares de Boecillo, donde fueron asesinadas y enterradas.

Bonifacia Álvarez Yllera, de Medina del Campo de unos 60 años, madre de 8 hijos. Socialista y colaboradora activa de La Casa del Pueblo, al igual que sus hijos. El 18 de julio pasean a su hijo Andrés, de unos 20 años, quien desaparece. Ese mismo día es detenida su hija Benedicta, de 18 años, y conducida a la Cárcel de Medina. El 9 de agosto de 1936, tras una visita a su hija, durante la que se produjo un enfrentamiento con los falangistas que la custodiaban, debido al estado en el que se encontraba su hija, estos mismos falangistas se presentan en su casa y, ante su marido, navajean y tirotean a Bonifacia, quien falleció en plena calle. Su hija Benedicta fue sacada de la cárcel y asesinada en diciembre de ese mismo año.

Eugenia Hernández, panadera de unos sesenta años, natural y vecina de Santervás, casada con el señor Bolado (condenado a 15 años de cárcel), fue sacada de su casa, asesinada y enterrada en los Montes Torozos.

María Marina Coteruelo, asesinada en agosto de 1936 en Valladolid, a los 64 años de edad.

Dominica Miñambres, vecina de Villamuriel de Campos, de unos 70 años, fue sacada de su casa, junto con su hijo Teodoro Rodríguez de 58 años y cuatro vecinos más, en una madrugada de agosto de 1936. Unos falangistas los llevaron hasta los Montes Torozos, donde fueron asesinados y enterrados.

Celsa Castán. Un grupo de falangistas se presentaron en su casa para detener a su hijo menor, Fortunato, de 19 años. Anteriormente se habían llevado a sus dos hijos mayores. Esta mujer se opuso e intentó impedir la detención, pero fue arrastrada y detenida con su hijo. Los hicieron subir a un camión y los llevaron al Prado de La Magdalena. Mataron al chico y después violaron a Celsa en grupo, golpeándola hasta darla por muerta. Sin embargo, consiguió regresar a su casa con vida. Contrajo una sífilis en esta agresión, de la que moriría unos años más tarde. Siempre contó lo ocurrido, sin ocultarlo ni a la familia ni a los amigos. Celsa tenía 45 años cuando ocurrieron los hechos.

Como se dice, esta información es una pequeña muestra que ilustra acerca de los procedimientos utilizados por los sublevados fascistas en la provincia de Valladolid, quienes no tuvieron reparo ni escrúpulo alguno a la hora de actuar con saña inaudita contra mujeres de todas las edades y condiciones, simplemente atendiendo a sus ideas o a su proximidad con republicanos e izquierdistas.

Esta relación sirve de homenaje a todas las víctimas y a sus familias, que tuvieron que continuar viviendo con el peso de estas canalladas durante el resto de sus vidas sin que el estado español llegase siquiera a reconocer los crímenes.

"Paseos" en Valladolid

Orosia Castán — 2012-12-02T09:39:23Z

Se denomina así popularmente a la detención y asesinato de una o varias personas sin que exista orden de detención ni procedimiento judicial alguno. Esta forma de eliminación fue practicada en Valladolid de forma recurrente durante los primeros meses tras el golpe sobre todo, aunque no desapareció totalmente hasta el final de la guerra. Los asesinos formaban patrullas configuradas por civiles armados y uniformados de falangistas, a menudo acompañados por guardias civiles.

La provincia de Valladolid fue tomada por los alzados sin apenas resistencia, ya que se dieron una serie de circunstancias que favorecieron el éxito del golpe de estado. Pero no estaba nada claro que el golpe fuera a triunfar en todo el territorio nacional, por lo que existía la posibilidad de que los que se alzaban en armas contra el gobierno legítimo de la República acabaran ante un tribunal, pagando sus delitos.

Las primeras acciones de los sublevados en nuestra provincia se dirigieron a neutralizar una posible respuesta por parte de los republicanos; claro está que estaban en superioridad de condiciones, pues la guardia civil, la de asalto y el ejército apoyaron el golpe desde su inicio, pero aún así, seguía existiendo la posibilidad de la derrota, y por tanto, de responder de los crímenes cometidos.

Pero ¿cómo neutralizar a los miles de republicanos y defensores de la República, que sin duda la defenderían hasta el fin? La respuesta a esta pregunta ya estaba contestada con anterioridad por parte del general traidor Mola, quien a pesar de haber jurado por su honor lealtad a la República, organizaba un golpe para terminar con ella desde su destino en Pamplona. Mola remitió a los conspiradores un documento que llevaba el título de “Instrucciones Reservadas”, y que firmaba como “El Director”. Una de las instrucciones más importantes que enviaba a los conjurados era la que hacía referencia a la forma de actuar con los republicanos:

“Hay que sembrar el terror… hay que dejar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros…”

Una de las maneras más seguras y eficaces de lograr este objetivo fueron las sacas. Las sacas consisten en la detención de una o varias personas, normalmente sin ningún tipo de documento legal que autorice esta acción. Los detenidos podían ser llevados directamente a un descampado y ser ejecutados, o bien ser conducidos a los lugares de detención designadas por los sublevados: cárceles de partido; cuartelillos de la guardia civil; dependencias municipales, gobierno civil o cualquier otro lugar donde eran identificados, interrogados y siempre maltratados.

A continuación se decidía su suerte. Los asesinos necesitaban eliminar a aquellas personas cuanto antes y a ser posible ocultar sus restos, es decir, necesitaban hacerlos desaparecer. De esta forma, en caso de que la rebelión hubiera sido aplastada, la ausencia de cadáver o cualquier otro indicio del crimen permitirían a los asesinos negar su existencia.

Los detenidos designados eran obligados a montar en un vehículo, normalmente un camión. Despojados de sus pertenencias y su documentación, los conducían a lugares apartados, procurando alejarse lo más que podían del lugar de origen, y los ejecutaban, abandonando los cuerpos sin documentos ni efecto alguno que pudiera servir de identificación.

Las autoridades de los pueblos donde aparecían los cuerpos daban orden de enterrarlos en el cementerio de la localidad, en fosas comunes, como “desconocidos”. Si estos enterramientos llegaban a inscribirse en los registros, el funcionario de turno decidía si añadía o no una somera descripción física al lado de la causa de la muerte.

Las personas así asesinadas se convertían por medio de este cruel procedimiento en desaparecidos. Sus familias no llegaban a conocer su paradero, ni lo que les había ocurrido; y solamente la suerte podía hacerles llegar la noticia de que su padre, su marido, su hermano o su hijo había sido asesinado en un determinado pueblo y enterrado allí.

En nuestra provincia abundan los desaparecidos; puede decirse que existen casos en la mayoría de las localidades, igual que en la ciudad. La forma más expeditiva de “eliminar” al oponente era hacerlo desaparecer sacándolo y paseándolo. Los vecinos quedaban sumidos en el terror y tendían a obedecer a los sublevados, quienes veían facilitadas sus acciones.

De esta manera se llenaron las cunetas, los campos y los cementerios de nuestra provincia de fosas comunes repletas de paseados. Algunas de estas fosas fueron localizadas por los familiares, señaladas para evitar su pérdida y custodiadas; otras se perdieron irremisiblemente, cumpliendo de esa manera el designio de los asesinos.

La selección de las víctimas

La identidad de las víctimas estaba escrita en las listas que cada localidad elaboró con la finalidad expresa de neutralizarlas. En ellas se incluía a todos aquellos capaces de reaccionar ante la sublevación, y si no se les encontraba en casa, se intentaba forzar su entrega mediante ataques y amenazas a su familia.

Las víctimas eran señaladas por las “fuerzas vivas” de cada localidad: autoridades golpistas, patronos, curas y elementos de derechas eran los autores de las listas que señalaban a los que debían morir. Los criterios, bien definidos en las Instrucciones de Mola, fueron corregidos y aumentados, aplicándose libremente en cada localidad.

Algunos de estos criterios fueron:

Ser o haber sido un cargo público durante el régimen republicano. Pertenecer o haber pertenecido a algún sindicato de izquierdas. Pertenecer o haber pertenecido a algún partido político republicano. Tener ideas republicanas. Haber participado en conflictos políticos o sindicales. Ser laico. Profesar una religión diferente a la católica. Ser tibio en el cumplimiento de los preceptos religiosos. Ser familiar directo de alguno de los anteriores. Ser acreedor de un verdugo. Haber mantenido disputas o diferencias con un verdugo.

En la abrumadora mayoría de los casos, las personas condenadas, ignorantes de su destino, se quedaron tranquilamente en sus casas, sin plantearse ni la resistencia ni la huída. A pesar de que muy pronto comenzó a conocerse la violencia ejercida por los golpistas, ninguna víctima creyó que podían darle muerte. En los testimonios aparece muy a menudo la frase que la víctima dijo cuando se le planteaba esconderse: “No tengo porqué esconderme o huir. Soy inocente. No he cometido nigún delito”.

Eso mismo decían cuando eran citados a su Ayuntamiento “para hacer una declaración”, o las patrullas iban a sus casas para conducirlos con el mismo motivo. La “declaración” era la fórmula utilizada mayoritariamente a la hora de la detención. No hay testimonios de resistencia. La gente acudía voluntariamente a los Ayuntamientos o cuartelillos; y desde allí, a un camión que les llevaba a la muerte y a la desaparición.

Los paseados, por tanto, son sacados desde su domicilio, lugar de trabajo o lugar de encarcelamiento; estas sacas pueden ser de una sola persona (las menos), o de muchas. Las mayores de las que tenemos conocimiento son de 40-45 personas. Así, con fecha 8 de diciembre de 1936, fueron sacados cuarenta hombres y cuatro mujeres desde Medina del Campo, asesinados y hechos desaparecer; otra saca de parecidas características se produjo en la noche del 23 de diciembre de 1936; esta vez cuarenta hombres fueron sacados desde Las Cocheras de Valladolid, asesinados y enterrados en lugar desconocido, aunque hay testimonios que señalan como posible lugar de los hechos el Monte de la Orbada, en la provincia de Salamanca.

Sin embargo, las dificultades que presentaban estas sacas para los asesinos debían de ser grandes, pues normalmente las víctimas sabían ya que iban a ser ejecutadas, por lo que se podía esperar que ofrecieran resistencia. Por este motivo las víctimas se repartían en varios grupos, con destinos diferentes. (Ejemplo de Barcial de la Loma: una saca de 26 detenidos se divide en dos grupos de 13 para asegurar su control); y de ahí que los familiares señalen como lugar del asesinato y enterramiento lugares diferentes para personas que integraban la misma saca (Medina del Campo: Torozos, Tordesillas y Casa de D. Alfredo).

Por fin, en el caso extremo de que los verdugos no dispusiesen de más camiones o de gente suficiente para dominar una posible rebelión de las víctimas, estas eran neutralizadas (saca de Mayorga: los asesinos, temerosos ante la posible reacción de los detenidos, les obligan a descalzarse, a quitarse los pantalones, y por fin, los golpean hasta romperles algunos huesos. Algunos detenidos no pudieron subir al vehículo por su propio pie).

Posiblemente por este motivo, las sacas más frecuentes son las de 4-12 personas, de la misma localidad o de localidades próximas entre sí, siendo las sacas individuales las más escasas.

Este proceder obedece a la lógica de la “limpieza” que los golpistas querían hacer: había que eliminar a los que figuraban en las listas lo más rápida y eficazmente posible, con el fin de anular la capacidad de reacción y de desatar el terror que paralizaría a los supervivientes de las matanzas.

Actuación de las patrullas

Existen tres niveles de actuación en los asesinatos, teniendo todos ellos el mismo grado de responsabilidad:

Los inductores: son las personas que, en cada localidad elaboran las listas y señalan a los que deben morir. Normalmente no toman parte personalmente en los crímenes, siendo, sin embargo, los que incitan y premian a los ejecutores. En esta categoría suelen aparecer los caciques de cada pueblo; los propietarios de las tierras, los curas y los enemigos políticos de la República

Los verdugos: son los autores materiales de los crímenes. Una gran mayoría eran jóvenes (a menudo muy jóvenes) sin formación política ni ideológica, a los que los golpistas uniforman, arman y dotan de poder sobre la vida y la muerte de sus convecinos. Los dirigentes de estas pandillas son personajes de mayor edad y conocimiento de lo que hacen: derechistas radicalizados, propietarios fanáticos y guardias civiles allí donde no hay un civil de confianza. En cada localidad son reclutados para estas tareas de sangre los más ignorantes, el lumpen; armados, con la rienda suelta y a menudo borrachos, se encargarán de cumplir con los designios de otros, que son quienes les dan las listas y la garantía de impunidad, acompañada de las promesas de recompensas futuras. Así, terminada la guerra, encontramos a muchos de estos desgraciados, que han destrozado la vida a familias enteras, de regreso en su pueblo, rechazados por sus propios cómplices; muchos, suicidándose; otros, disfrutando de su recompensa: puestos públicos de diferentes categorías: (cobrador del agua o procurador en Rioseco); acceso a propiedades de los asesinados (Olmos de Peñafiel), o en otros muchos casos, el vagabundeo, la huída, el alcoholismo y la indigencia (Urueña).

Los consentidores: son personas que, por su posición económica, social o moral, tenían en ese momento fuerza para oponerse a las barbaridades que estaban presenciando, pero no lo hicieron. En esta categoría se incluyen muchos curas, que si bien no señalaron a las víctimas, presenciaron su calvario sin intervenir, bien por cobardía, bien por estar de acuerdo con los golpistas y sus procedimientos. Es determinante observar que en aquellas localidades en que el cura se opuso a los asesinatos, éstos no se produjeron. Los curas tenían, pues, fuerza moral para detener aquella sangría, y esa fuerza moral era determinante, de tal forma que puede decirse que allí donde ocurrió, los curas fueron necesariamente cómplices.

Otro aspecto a destacar es el de la movilidad de estas patrullas, que normalmente actúan en localidades que no son las suyas. Hay un intercambio por el que los de un pueblo matan en otro y conducen a las víctimas a lugares distantes de su localidad de origen, en un intento de hacer desaparecer las pruebas de su delito de manera fehaciente: así, en Aguilar de Campos actúan las patrullas de Rioseco; en Castrejón, las de Alaejos; en Tordehumos, las de Villagarcía; en Mayorga, las de Villalón….

En la selección de las víctimas, los interrogatorios (siempre brutales) y el propio paseo, aparecen casi siempre números de la guardia civil, que actúan como dirigentes de estos procesos. Está claro que estos hechos, con su carácter sistemático y organizado, no hubieran sido posibles sin el respaldo y el consentimiento de los puestos de la guardia civil de cada zona.

Lo mismo se puede decir de los párrocos de cada localidad. Es cierto que en las localidades en que los curas se opusieron a los asesinatos, estos no se produjeron, como podemos comprobar en el pueblo de La Cistérniga; estos pueblos sin víctimas son la excepción. Los curas, triste es decirlo, alentaron y colaboraron, cada uno en su medida, a los asesinos, y muchos de ellos siguieron alimentando la violencia contra los vencidos después de la guerra, como podemos comprobar por los informes parroquiales emitidos en algunas localidades de nuestra provincia.

También hay localidades en las que los asesinos son los propios vecinos, unas veces a escondidas y otras exhibiendo todo su poder, como es el caso de Laguna de Duero y de Tudela.

Las sacas y paseos durarán, más o menos, hasta la primavera del 37, en que se van haciendo más esporádicas a favor de las detenciones, juicios y fusilamientos. Para esas fechas ya se había llevado a cabo la “limpieza” de los ciudadanos de izquierdas; los pueblos estaban sometidos y la gran mayoría de los republicanos, neutralizados en cunetas, fosas y presidios.

Este tipo de asesinato, unido normalmente a torturas y robos a las víctimas, son los más difíciles de investigar, pues estaban pensados para no dejar huellas, quedando así impunes.

Todo el conocimiento sobre estos crímenes se basa en las declaraciones de familiares y testigos, quienes relatan lo sucedido con un nivel de detalle y una concordancia tales, que los hacen fiables por completo. A veces, sin embargo, se consignan las desapariciones en documentos oficiales, pero esto es una excepción, ya que las “nuevas autoridades” se mostraban sumamente cautas: todavía no estaba claro quién ganaría la guerra, y en caso de haberla perdido, hubieran tenido que responder de sus crímenes ante los Tribunales…

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el fallecimiento de los desaparecidos no está inscrito en debida forma en el Registro Civil, por lo que lo que aparece es el Acta de nacimiento de todos ellos pero no su defunción, por lo que sería deseable el proceder a la declaración y sucesiva inscripción del fallecimiento de cada desaparecido, con el fin de elaborar un censo.

En los años 80 se concedieron unas indemnizaciones a los familiares de estas víctimas, por lo que algunos de ellos procedieron a inscribir el fallecimiento de sus deudos fuera de plazo; esto se hacía presentando a dos testigos, quienes firmaban haber visto o conocer ciertamente la muerte y circunstancias de la persona en cuestión.

¿Cuántas personas fueron asesinadas mediante sacas y paseos? A tenor de lo expuesto anteriormente, va a ser muy difícil saberlo con exactitud. Algunas víctimas, sobre todo aquellas que no tenían hijos, han pasado al olvido a medida que sus familiares han ido desapareciendo. Aquellos que tenían hijos perviven en el recuerdo, pero hay que afrontar el hecho de que posiblemente no dispongamos de un censo completo jamás.

La negativa institucional a inscribir a los desaparecidos en los registros civiles ha sido un factor determinante para que el desconocimiento se mantenga. Los registros están llenos de personas cuyo fallecimiento no consta. Serían miles de personas más ancianas que Matusalén circulando por el mundo, situación ésta a más de absurda y ridícula, injusta e indignante.

Es nuestro deber fomentar campañas y adherirnos a las existentes que reclaman las inscripciones de las víctimas en los Registros Civiles como medio de reconocimiento de los asesinados extrajudicialmente. Las desapariciones forzadas son un delito contra la Humanidad, y después de los años transcurridos, la situación es inaceptable de todo punto.

Una saca desde Valladolid a Santovenia de Pisuerga

Fecha: 3 de agosto de 1936

Víctimas: grupo de hombres y mujeres de Valladolid y de Zaratán

Julián Baza Hernando, 21 años, soltero, pintor.

Florencio Fernández Caño, 38 años, casado, empleado.

Luis Zalama Llorente, 19 años, soltero, pintor.

Jesús González Sanz, 17 años, soltero, ebanista.

Gonzalo Perdiguero Lagunilla, 23 años, soltero, mecánico.

Eusebio Poncela González, de Zaratán. Hay descripción

Hombre desconocido, de unos 18 años. Hay descripción.

Mujer desconocida de unos 55 años. Hay descripción.

Mujer desconocida, de unos 40 años. Hay descripción.

Hombre desconocido, de unos 21 años. Hay descripción.

Hombre desconocido, de unos 35 años. Hay descripción.

Autores

Un grupo de falangistas uniformados, armados, con vehículos; dirigidos por un camisa vieja, un practicante, conocido por la zona de Cicular y Pilarica, detiene en sus domicilios de la ciudad a varios vecinos, entre los que se encontraba Julián Baza Hernando, a quien estuvieron esperando en su domicilio familiar, ya que estaba trabajando. Esta patrulla, formada por personas conocidas por la familia Baza, manejaba muchos medios materiales: camionetas, coches particulares, armas. Practicaron registros exhaustivos y destructores en los domicilios de los detenidos.

Recorrido

Condujeron a algunas de las víctimas al Gobierno Civil, donde fueron muy maltratadas. Al día siguiente los hicieron subir a un camión junto con un grupo de hombres y mujeres de Zaratán, detenidos en el Gobierno civil de Valladolid desde el día 2, y los llevaron hacia Santovenia de Pisuerga, asesinándolos en una cuneta de las afueras del pueblo. Los cadáveres fueron abandonados allí. Recogidos por los vecinos, fueron llevados hacia el cementerio, excepto una mujer, llamada Elena Mena que estaba viva y fue conducida al Hospital de Valladolid, donde moriría días después a consecuencia de las heridas, tras relatar lo sucedido.

Destino

A todos los cuerpos se les practicó la autopsia, se les despojó de todas sus ropas y objetos personales y se les enterró en una fosa común situada en la parte trasera del cementerio de Santovenia. Algunos familiares llegaron a tiempo de ver los cuerpos e identificar a los suyos; Pedro Baza identificó a su hijo Julián, solicitó el traslado del cuerpo de su hijo y le denegaron el permiso, porque “ya estaba dada la orden de enterramiento”. Las víctimas de Zaratán no llevaban encima documentos que pudieran facilitar su identificación, excepto uno de ellos, Eusebio Poncela González, quien quizá por un descuido llevaba su cédula personal, con lo que se le pudo identificar. Unido esto a los testimonios de Pedro Baza, padre de una de las victimas, se considera probable que los cuerpos de los desconocidos correspondan al grupo de Zaratán, cuyos cuerpos jamás fueron encontrados, aunque los familiares llegaron a saber, por confidencias de unos guardianes del Gobierno Civil, a quienes habrían pagado a cambio de la información, que los habían asesinado en Santovenia de Pisuerga.

Fosa en Santovenia

El día 4 de agosto de 1936 aparecen “en el campo”, en una zona cercana a Santovenia, los cuerpos de un grupo de hombres y mujeres, que habían sido conducidos hasta allí y asesinados. Los cuerpos fueron llevados hasta el cementerio de la localidad e inscritos en el registro civil. Algunos de ellos fueron identificados por sus familiares, como es el caso de Julián Baza, Jesús González o Luis Zalama; pero otros fueron inscritos como “desconocidos”, y en la inscripción aparecen descritas sus ropas, sus objetos personales y sus características físicas: edad aproximada, estatura, complexión, color de pelo… Entre ellos, aparece el cadáver de Eusebio Poncela, que llevaba encima su cartera con una cédula personal expedida en Zaratán. Es muy probable, por tanto, que los desconocidos sean los componentes del grupo de detenidos del día 2 de agosto en Zaratán; coincide la presencia de dos mujeres, una de ellas de cabello blanco y el número: 7 personas en total. Las familias de los asesinados de Valladolid declaran que la saca se produjo desde el Gobierno Civil de Valladolid, donde los asesinados estaban detenidos desde el día 2; y que fueron muy maltratados. Todos ellos fueron enterrados en una fosa común tras la iglesia de Santovenia, donde se puso un recordatorio con los nombres de los identificados y la referencia a los desconocidos.

Paseados de Zaratán el 2 de Agosto de 1.936

Bernardo Morejón

Gabriel Gallego de la Villa

Marcelina Alonso

Eusebio Poncela

José Fernández

Pedro Espejo

Señora Silviana (con el pelo blanco)

Fuentes y documentos:

Declaración de familiares y testigos. Certificados de Defunción del Registro Civil de Santovenia de Pisuerga. Fotografías de la sepultura.

Orosia Castán

Nuevos nombres. Listado de víctimas del golpe de estado franquista en la provincia de Valladolid

Orosia Castán — 2011-12-14T19:01:25Z

Agradecemos mucho las informaciones que están llegando a nuestra página, informaciones que sirven para corregir y aumentar estas listas. Gracias a todos y continuad enviando datos, pues como vereis, incrementan de forma importante esta información.

La aparición de los listados de víctimas que publicamos el pasado mes de noviembre ha tenido una repercusión muy grande entre las personas interesadas; hemos recibido una gran cantidad de correos en los que se agradece el trabajo, y además se confirman datos, se corrigen algunas informaciones y se aportan otras nuevas.

Estas correcciones y datos nuevos nutrirán las listas, y así, tal y como explicamos anteriormente, vamos a ir añadiendo estos nombres a los listados de víctimas en la provincia de Valladolid.

CERVILLEGO DE LA CRUZ

ASESINADOS

Lucio Garrido Pericacho, alcalde
Octaciano Garrido Pericacho, hermano
Fidencio Garrido Pericacho, hermano
Fidel Martín Gómez

LA CISTÉRNIGA

ASESINADOS

Maudilio Arranz García
Nicolás Díez
Antonio Díez
José María López Leyz, secretario del ayuntamiento
Jesús Madrazo Renedo
Mariano Ruiz Enjuto
Vicente Orobón Gallego
Ramón Ramírez Avi

DETENIDOS

Pedro Rodríguez Lobato

MEDINA DE RIOSECO

DETENIDOS

Carmen Brizuela
María Brizuela, hijas del primer alcalde republicano.

MOJADOS

ASESINADOS

Pedro de la Calle
… de la Calle, hijo del anterior
Ramón Rodríguez Sacristán
El alcalde, no sabemos el nombre

VALLADOLID

ASESINADOS

María Ayllón Lobo
Saturnino Bilbao de Prada (Casa del Pueblo)
Doroteo Muñoz (Secretario de las JJSS)
Ricardo Ruiz
Félix Villanueva Llanos

DETENIDOS

Flora Martín
Rosendo Piñeiroa Plaza, capitán de la Guardia de Asalto
Gabino Príncipe Remolar (Casa del Pueblo)
Julia Pérez Cabello (menor)

Listado de víctimas del golpe de estado franquista en la provincia de Valladolid

Orosia Castán — 2011-11-15T17:34:46Z

Actualizado 8 diciembre 2011.

Os presentamos la lista de víctimas causadas en Valladolid y su provincia por la sublevación militar franquista del 18 de julio de 1936.

Este censo es provisional, ya que se está completando una base de datos que recoge las circunstancias de cada víctima, datos de tipo personal (filiación) e información acerca de las represalias que sufrió.

El listado que hoy os presentamos está dividido en varios apartados:

ASESINADOS: incluye

A las personas fusiladas con juicio previo. La manifiesta ilegalidad de los procesos judiciales sufridos por las víctimas, que lo fueron por sus ideas políticas, nos llevan a la conclusión de que estos fusilamientos entran en la categoría de asesinatos.
A las personas desaparecidas, asesinadas extrajudicialmente. Estas personas fueron sacadas de sus casas o de los centros de detención donde se hallaban de manera ilegal, conducidas a parajes alejados y asesinadas allí. Los asesinos hicieron desaparecer sus cuerpos enterrándolos en lugares desconocidos, arrojándolos a pozos o ríos e incluso quemándolos. A estas víctimas se las conoce también como “paseados”, por ser la fórmula utilizada por los verdugos a la hora de conducirlos a la muerte.
A las personas asesinadas cuyos cadáveres fueron hallados y por tanto pudieron ser enterrados en cementerios e inscritos en los Registros Civiles. Este tipo de asesinato es también extrajudicial, y como en el caso anterior, las víctimas fueron detenidas de manera ilegal y asesinadas por patrullas armadas y a menudo identificadas con la Falange Española por el uniforme que vestían.
A las personas fallecidas a causa de los malos tratos y torturas padecidos durante las detenciones e interrogatorios a que los golpistas las sometieron.
A las personas fallecidas en prisión por diversas causas: infecciones, desnutrición, agotamiento, intento de fuga, etc.. Estas víctimas, detenidas por el hecho de estar al lado de la legalidad republicana, nunca deberían haber entrado en prisión, por lo que las hemos encuadrado en este apartado. Aquí se incluyen también nombres de menores fallecidos en prisión, donde se encontraban junto a sus madres. Estos menores son, en general, lactantes.
A las personas que se suicidaron a causa de los tratos recibidos en su persona o en las de sus familias y entorno.
A las personas obligadas al alistamiento forzoso, habitualmente en la Legión, y que fallecieron en el frente.

DETENIDOS: incluye

A los presos gubernativos que no fueron sometidos a procesos judiciales y que fueron recluidos en centros de detención “a disposición de la autoridad gubernativa”. En Valladolid, el mayor centro de estas características fueron las Cocheras de Tranvías, situadas en el Paseo de Filipinos, tras el Hospital Militar. Se trataba de dos naves dedicadas a guardar los antiguos tranvías de la ciudad. Esta prisión está descrita en la presente página. Los detenidos en Las Cocheras mantenían una situación sumamente precaria, porque su vida estaba en riesgo constante. Las sacas de detenidos y su ejecución a manos de patrullas falangistas fueron una constante que mantenía aterrorizados a todos los detenidos. Estas sacas se hacían sin ningún control, y los autores solían ser falangistas de los pueblos de la provincia que venían a asesinar a los detenidos de su propio pueblo, decididos a que no salieran en libertad. Por este motivo, la persona sometida a juicio era felicitada por los demás presos, pues se consideraba que quedaba a salvo de estas prácticas.
A las personas sometidas a procedimiento judicial y condenadas. Estos detenidos pasaron a diversas prisiones para cumplir las penas impuestas.
A las personas detenidas en Campos de Concentración como el de la Santa Espina o el de Medina de Rioseco.
A las personas destinadas a los Batallones de Trabajo como mano de obra forzosa, destino éste inseguro y peligroso que sufrieron gran cantidad de jóvenes vallisoletanos tras los primeros años de cumplimiento de penas en prisión.

OTROS REPRESALIADOS: incluye

A las personas que sufrieron malos tratos, palizas y torturas a manos de los golpistas, ya sea en el curso de interrogatorios ilegales o simplemente para difundir el terror entre la población. Estos tratamientos ejemplarizantes incluían tomas de ricino, desfiles humillantes, cortes de pelo, imposición de distintivos, etc
A las personas cuyos bienes fueron expoliados de hecho. Estos robos se cometieron en abundancia durante los primeros meses tras el golpe militar. Muchas fueron las víctimas que habiendo sido sacadas de sus hogares, perdieron sus bienes muebles, animales, aperos de labranza, cosechas, etc. Tal fue la extensión de estos robos, que obligaron a los golpistas a crear un organismo que los controlase, no para terminar con ellos, sino para apoderarse del botín. Tal organismo se llamó Comisión de Incautación de Bienes, y se desarrolló hasta convertirse en el Tribunal de Responsabilidades Políticas, tras la promulgación de una Ley del mismo nombre en el año 1939. Esta Ley y este Tribunal, explicados en la presente página, tuvo como la retroactividad como característica más aberrante, por lo que se aplicó a personas que habían sido asesinadas años atrás. Las penas impuestas eran multas económicas que se reclamaban a las viudas, los huérfanos y los padres de fallecidos o detenidos; y en caso de no poder abonarlas, los familiares eran embargados (incluso el caudal hereditario).
A las personas que sufrieron depuraciones y fueron despojadas de sus puestos de trabajo.
A las personas que sufrieron destierro o apartamiento de sus localidades natales o residenciales..

Este último apartado sería interminable, pues la represión de una u otra manera alcanzó al entorno completo de las víctimas. Así, los hijos de los asesinados y condenados debieron abandonar la escuela para comenzar a trabajar, a causa de la ruina económica que suponía la ausencia del cabeza de familia. Estos niños fueron a menudo maltratados y humillados por ser hijos de las víctimas, e igual suerte corrieron a menudo sus madres. Desequilibrios nerviosos, desnutrición, traslados forzosos, abandono de estudios y trabajos fueron una constante que afectó a miles de personas, a las que en puridad hemos de considerar víctimas. Hay que hablar también de los adoctrinamientos obligatorios, las bodas y bautizos religiosos a que la iglesia sometió a víctimas y familiares agnósticos e incluso ateos; la anulación e invalidación de matrimonios civiles y el cambio obligatorio de nombre que sufrieron todos los niños inscritos por sus padres con nombres no religiosos.

Se puede concluir que la represión, en todas sus formas, alcanzó a miles de personas en nuestra provincia, y que esta represión se aplicó de manera ejemplarizante de cara a otros territorios de nuestro país que tardarían más tiempo en ser tomados por los golpistas. Por fin hay que recordar que la provincia de Valladolid cayó en manos de los sublevados en los primeros momentos, sin que se pudiera oponer resistencia ni organizar defensa alguna a causa del factor sorpresa; que las víctimas se encontraban indefensas y desarmadas, y que son en su totalidad, población civil. En Valladolid no hubo jamás frente de guerra, y los procedimientos empleados contra las víctimas (no olvidemos que se trata de personas que estaban por completo del lado de la legalidad) son los propios de esta situación: secuestros a mano armada, con nocturnidad, abuso de fuerza; traslados ilegales, asesinatos en descampado, inhumaciones ilegales, desaparición de cadáveres, abusos de todo género, robos, expolio… Valga como muestra la siguiente relación de nombres, que se corresponde fielmente con personas reales, víctimas de aquel sanguinario golpe militar.

Hemos constatado, además, la aparición de cadáveres anónimos, cuya identificación se hace imposible a causa de la inexistencia de documentos o efectos personales que pudieran ayudar en esta tarea. En los certificados de defunción de estas personas consta, a veces, una descripción física insuficiente; no aporta tampoco detalles del lugar donde el cadáver fue encontrado, las fechas exactas o alguna otra información relevante que pudiera ayudar a identificar el cuerpo. Estas circunstancias, por su generalización, hacen pensar en una directriz encaminada, precisamente, a ocultar las identidades de las víctimas de cara a posibles responsabilidades.

Por fin, llama poderosamente la atención (en detrimento de las débiles argumentaciones de algunos revisionistas de la Historia), la ausencia casi total de víctimas entre los golpistas, escasez que puede comprobarse en la Causa General, publicada en el portal gubernamental PARES, y donde se puede comprobar la inexistencia de asesinatos cometidos por republicanos en la casi totalidad de nuestra provincia. Queda de esta manera desmontada la leyenda en la que muchos basan sus justificaciones a tan descomunal Crimen contra la Humanidad: que hubo asesinatos en ambas partes, ya que se trataba de una guerra.

Las personas que figuran más abajo no fallecieron en una guerra, ni eran culpables de delito alguno. Fueron exterminadas mediante la fuerza a causa de sus convicciones en zona civil y siendo civiles ellos mismos.

LA LISTA

Esta relación es el resultado de más de seis años de investigaciones, viajes por los pueblos de la provincia, recogida de testimonios y visitas a archivos .

La demora en sacar a la luz todos los nombres obtenidos se debe a un prurito de perfección: pretendíamos que ni un solo nombre quedara en el olvido; queríamos presentar una lista completa y perfecta, sin ausencias ni errores.

A lo largo de los meses y meses de trabajo hemos acabado por darnos cuenta de que tal cosa es ahora – y quizá lo será siempre – imposible.

Imposible es una palabra muy dura cuando hay que aplicarla a la recuperación de la memoria de las víctimas; pero hay que asumir que esto es así.

Muchas son las causas de esta imposibilidad: la primera, claro está, es el terror producido por los golpistas sobre las víctimas; terror que caló en las familias pasando de padres a hijos, y que en muchos casos vino acompañado de informaciones que falseaban la verdad de los hechos.

La insistencia machacona de los argumentos falsos ha dado origen a un malestar palpable en nuestra sociedad, perceptible desde todos los ángulos: los familiares de las víctimas siguen, a menudo, sintiendo reparos, cuando no directamente temor, ante el tema de la violencia ejercida en sus pueblos y contra sus familias; alentados por las clases políticas, afirman que “es mejor olvidar”, a pesar de que ellos mismos saben que el olvido no es posible. Otra parte de la sociedad clama contra la recuperación de la memoria histórica, acusando a los implicados de “revolver pecina”, o proclamando que la maldad fue ejercida igualmente por todos los implicados, negando de esta manera la existencia de víctimas.

El posicionamiento del poder político, visible a través de la tibia “ Ley de Memoria Histórica”, que no resolvió el problema, dejó en la ambigüedad más peligrosa a los familiares y a los que trabajan por esta causa; el estado, en lugar de encarar de una vez un tema pendiente y que importa a la sociedad, lo dejaba frívolamente en manos de voluntarios, a quienes pagó por llevar a cabo las acciones que a él y sólo a él competen.

Hemos visto en los últimos tiempos cómo este movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica se dividía en mil organizaciones; hemos comprobado cómo el gobierno repartía miles de euros en subvenciones a los grupos memorialistas mientras que los representantes gubernamentales ni se acercaban a las fosas, a los Homenajes o a las manifestaciones; que hacían oídos sordos a las reclamaciones de las familias acerca de las exhumaciones, que deben tener carácter legal; a las quejas de los investigadores sobre los abusos de interpretación de la ley de ciertos archiveros que impiden la realización de las investigaciones, a las peticiones acerca de la rehabilitación de las víctimas y a las campañas para la eliminación de símbolos que hacen apología del golpe militar.

La mayor parte del trabajo realizado en este campo ha salido del esfuerzo de familiares y de investigadores que han asumido voluntariamente esta tarea. De ahí las demoras, las ausencias y los errores presentes en muchos de los trabajos realizados, fallos que, con toda seguridad, estarán también en el trabajo que hoy presentamos. Esperamos que los lectores, las personas interesadas y todos aquellos que detecten errores y posean alguna información al respecto nos lo hagan saber, para poder corregir las listas de inmediato y llegar así hasta donde materialmente sea posible. La lista ha de ser dinámica, aumentar y mejorar continuamente, y esto se conseguirá con la colaboración de todos, mediante la aportación de cualquier información, sea grande o pequeña.

Por desgracia, nuestra historia reciente es como un tapiz, en el que cada hilo, cada puntada, permite visualizar el conjunto. Siendo esto así, y teniendo al tiempo como enemigo, la aportación de datos puede ser el factor fundamental para llegar a conocer lo que pasó en nuestra provincia en toda su magnitud.

Contamos con todos vosotros para llevar adelante esta tarea.

GOLPE DE ESTADO EN VALLADOLID

Desde las elecciones de febrero hasta el golpe de estado del 18 de julio, el clima político y social se deterioró de forma dramática en Valladolid.

Ciudad de provincias y guarnición militar, nudo de comunicaciones y centro agrario, Valladolid reunía las condiciones ideales para que el drama que estaba a punto de desatarse lo hiciera con toda la intensidad e irracionalidad posible.

Socialmente la capital se definía por los contrastes: un núcleo obrero importante de trabajadores ferroviarios, concienciados y politizados, mayoritariamente socialista; una cantidad significativa de profesionales liberales cultos y progresistas que habían dotado al régimen republicano en Valladolid de funcionarios y dirigentes; un sector significativo de la pequeña y mediana burguesía que simpatizaba abiertamente con el sistema democrático republicano, cuyos máximos representantes (el Gobernador Civil, el Alcalde, el Capitán General de la División Orgánica) estaban entre sus más decididos servidores.

Enfrente, las clases altas de tradición monárquica y conservadora; la mayoría de la burguesía urbana, fuertemente católica; los pequeños propietarios rurales; una minoría violenta y activa de falangistas y jonsistas, cuya actividad fue decisiva antes y después de la rebelión; los mandos medios del ejército, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, firmemente comprometidos por acción u omisión con la rebelión militar, y, por supuesto, la Iglesia católica, oponente tenaz de la República desde la constitución de ésta.

Los incidentes violentos, desde febrero, fueron prácticamente diarios y algunos de carácter muy grave. Llevando a la práctica la teoría joseantoniana de la “dialéctica de los puños y de las pistolas”, los miembros de Falange y de las JONS se lanzaron con entusiasmo a una espiral de agresiones contestadas casi siempre en el ejercicio de la autodefensa.

Para atajar esta situación, el nuevo gobernador civil, Luis Lavín, dictó órdenes de prisión para gran cantidad de miembros de grupos violentos: en julio de 1936 no había menos de ciento cincuenta falangistas en la cárcel, donde protagonizaron numerosos incidentes.

Ya desde el mes de marzo se pondrá en marcha la maquinaria de la sublevación: en diversos acuartelamientos de la ciudad se forman “juntas” o grupos de conspiradores, grupos falangistas se entrenan militarmente en el campo, se compran armas y se hace un proselitismo constante a favor del golpe de estado. A comienzos de julio, tras el asesinato del capitán Castillo y de Calvo Sotelo, el golpe de estado es un secreto a voces.

En los días previos, el gobernador civil Lavín (que había tomado posesión en mayo del mismo año) tomará una serie de medidas destinadas por un lado a contener la violencia callejera y por otro a prevenir una rebelión contra el gobierno: se protegen los centros de poder principales, se informa diariamente a Madrid de lo que ocurre y se procura, en la medida de lo posible, “asegurar” los mandos de la Policía y de la decisiva Guardia de Asalto.

Todas estas medidas se revelarán insuficientes. El día 18 de Julio se ordena el traslado de la Guardia de Asalto a Madrid para reforzar la seguridad en la capital y, de paso, alejar un cuerpo conflictivo en Valladolid. Pero los oficiales no obedecen las órdenes y, espoleados por elementos extremistas, deciden de motu propio, sin coordinación con la trama militar, apoyar el golpe de estado. En compañía de algunas decenas de falangistas recorren las calles de la ciudad y toman los edificios de la radio, Correos y Telégrafos y la Telefónica.

Mientras, la situación se precipita: la conspiración militar ha sido organizada por algunos mandos medios bajo la supervisión del general Saliquet, al acecho en una finca de los Montes Torozos. Su principal problema es el Capitán General de la División, Molero, un militar profesional leal a la República que durante el mes anterior ha mostrado una actitud enérgica sancionando y apartando del mando al coronel Serrador, designado por Mola como presidente de la Junta encargada de organizar la rebelión.

A las once y media de la noche del 18 de Julio, un grupo de oficiales y falangistas encabezados por los generales Saliquet y Ponte entran en el edificio de la División con la intención de convencer a Molero de que renuncie al mando. Este se niega y sus dos ayudantes de campo, comandantes Liberal y Rioboo intentan arrestar a los golpistas. Se produce un tiroteo en el despacho del capitán general, muriendo un falangista y resultando heridos de extrema gravedad ambos comandantes. Molero es arrestado y desposeído del mando, haciéndose los sublevados con el poder.

Inmediatamente se ejecuta el plan preestablecido: se toma el Gobierno Civil, arrestando a Lavín, se ocupa la Estación del Norte, la Fábrica de Gas y demás centros neurálgicos de la ciudad.

El Ayuntamiento, defendido por un retén de bomberos, resistirá hasta la madrugada del domingo 19 de julio. Hacia las diez de la mañana de ese mismo día, centenares de republicanos concentrados en la Casa del Pueblo se rinden ante las fuerzas del ejército que los cercaban.

Los sublevados temían desde el principio la fuerza del PSOE y UGT en Valladolid, con más de 12.000 afiliados. Estos, ante las primeras noticias del golpe, habían ido a pedir armas al gobernador civil, quien en un primer momento no quiso y posteriormente no pudo dárselas.

Sin instrucción militar ni planes de actuación, se concentraron en la Casa del Pueblo, acabando así con sus ya de por sí escasas posibilidades de resistencia. Encerrados en el edificio, situado en pleno casco urbano, sufrieron un asedio en toda regla que culminó a cañonazos, provocando algunas víctimas y la rendición incondicional de los más de ochocientos ocupantes del inmueble, muchos de los cuales serían fusilados más adelante.

El mismo 19 por la tarde la situación está ya absolutamente controlada por los golpistas: tan solo se producen algunos episodios de resistencia esporádica por parte de francotiradores en las barriadas obreras, que se prolongarán unos días. Con las autoridades republicanas detenidas y la ciudad tomada se abrían las puertas a una represión salvaje.

LA PROVINCIA

Los rumores acerca de una posible sublevación llegaban a todos los puntos de la provincia de Valladolid, por lo que los regidores de los pueblos intentaron estar en contacto con la autoridad gubernativa. El gobernador tranquilizó a todos, minimizando los riesgos y ordenando a los alcaldes que estuvieran alerta, que desarmaran a los elementos problemáticos de cada localidad y que aguardaran acontecimientos.

Así se hizo en la mayor parte de las localidades: requisadas unas cuantas escopetas de caza, la población pasó la noche del 18 al 19 de julio expectante, aguardando la visita de alguien extraño o el levantamiento de la guardia civil de los puestos de la localidad.

Pero nada de eso se produjo: en la mayoría de las localidades, el golpe se retrasó hasta el domingo 19, sorprendiendo a las autoridades municipales y a los vecinos descansando en sus casas o realizando las tareas agrícolas de la época.

Este factor sorpresa fue el causante principal de la falta de reacción, porque nadie creyó jamás que sucediera lo que a continuación ocurrió: las detenciones masivas, los asesinatos continuos de autoridades, de afiliados a partidos republicanos o de izquierdas, de sindicalistas, de gentes no creyentes o que tenían su propio credo, y lo más terrible de todo: la masacre de familiares de personas a las que no se pudo detener en un principio, de las madres, padres y hermanos de los que osaban escapar.

Otra parte significativa de las víctimas fue sometida a juicios ilegales, sin ningún tipo de garantía; sin poder defenderse, sin apelación posible, acusados de rebelión militar por los militares sublevados contra la legalidad constitucional, a la que por cierto, habían jurado lealtad por su honor. Estos juicios acabaron de manera sumarísima con cerca de quinientas personas en las Cascajeras de San Isidro de la ciudad de Valladolid.

La población masacrada, cuyos nombres figuran en la lista, formaban parte SIN EXCEPCIONES, de lo que se conoce como “población civil”: gentes desarmadas, sacadas de sus casas mediante detenciones ilegales, secuestrados en plena noche, maltratados, y asesinados a tiros en caminos y cunetas.

Estos asesinatos fueron ejecutados también por civiles, vecinos de pueblos aledaños o de la propia localidad; vecinos, normalmente jóvenes, a quienes les fue entregado armamento, listas de víctimas y licencia para matar.

Las listas se elaboraron en cada localidad; sus autores fueron algunas personas de derechas, propietarios enemigos de la República; párrocos indignados contra el estado aconfesional, elementos ambiciosos y personajes siniestros que aprovecharon las circunstancias para sacar sus instintos homicidas.

En Valladolid, por lo tanto, no hubo más víctimas de la guerra civil que las producidas por los ataques aéreos y sus bombardeos. La masa principal de víctimas se produjo durante los primeros meses, a manos de patrullas ilegales y sin posibilidad alguna de defensa.

Se desmonta así el lugar común, tan cómodo para muchos, de que la represión fue en realidad enfrentamiento entre dos bandos armados; que unos mataron y otros también; que todo fue producto de la locura de los españoles, y que, en definitiva, todo fue debido a un “síndrome de Caín” que hay que extirpar… mediante el olvido de lo que todos hicimos.

Los nombres que recogemos están avalados por documentos procedentes de:

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID

Expedientes del Tribunal de Responsabilidades Políticas
Expedientes de Libertad Vigilada
Pleitos de la Audiencia Territorial

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VALLADOLID

Registro Civil De Valladolid – Defunciones
Documentación procedente del Archivo del Gobierno Civil de Valladolid
Correspondencia y Comunicaciones de la Prisión Provincial de Valladolid

ARCHIVO MUNICIPAL DE VALLADOLID

Hemeroteca
Libro de Enterramientos del Cementerio de Valladolid
Órdenes de enterramiento de la Alcaldía
Expedientes de Depuración de funcionarios municipales
Libros de Actas

OTROS ARCHIVOS CONSULTADOS

Militar de La Coruña
General Militar de Guadalajara
Histórico Nacional
Histórico de Salamanca
Ministerio de Justicia
Instituto Geográfico Nacional

Se han consultado además todos aquellos Archivos Municipales que ha sido posible, enfrentándonos a veces a todo tipo de problemas: desaparición de documentos, inexistencia o deterioro del archivo (por haber sufrido incendios o inundaciones), negativas de los funcionarios encargados, etc..

Sin embargo, los desaparecidos no constan en los registros, pues son precisamente desaparecidos. Para llegar a sus nombres e identificarlos, hemos entrevistado a decenas y decenas de personas: familiares, vecinos del pueblo, testigos… Hemos logrado, por este medio, identificar a muchas de las personas que aparecen en la lista; recogido el testimonio, la documentación, si la hay; fotos, correspondencia, en fin, todo aquello que viene a demostrar que aquellas personas nacieron, trabajaron y vivieron, y cuyo fallecimiento no consta en registro alguno.

Estos desaparecidos, vergüenza de nuestra sociedad, no han sido jamás olvidados. Injuriados sí; ocultos bajo un silencio culpable, también. Pero la verdad es tozuda, y acaba abriéndose paso.

Estamos seguros de que estos trabajos, que nos han costado tan caros (pues han sido pagados con disgustos, con insomnios, con ataques), son necesarios y acrecientan el nivel de decencia y de dignidad de un país que jamás debería haber permitido más de 70 años de mentiras, injusticia e impunidad.

Orosia Castán

Grupo Verdad y Justicia de Valladolid

Noviembre de 2011

Detenidos en Valladolid del 21 al 29 de septiembre de 1936.

Redacción — 2011-10-08T13:03:49Z

Investigación en la Hemeroteca: Ricardo Furones

Lunes 21 de septiembre de 1936

Victoria Pérez Medina
Fortunato Nieto Redondo
Anselmo Arroyo Vegas
Jesús Vaquerizo Hernando
Daniel Santos González
Heliodoro Clavero González
Hipólito Ortiz Pérez
Francisco Arribas Núñez

Martes 22 de septiembre de 1936

Roberto Alonso Roldán
Fidel Alonso Rojo
Ciriaco Cerezal Santos
Restituto García Martín
Benito Martín Díaz
Mariano Matesanz Valladares
Manuel Rojo Díaz

Miercoles 23 de septiembre de 1936

Paula Mozo Santa Engracia
Margarita Rubio Febrero
Vicenta Sánchez Frontela
Ramona Santa Eufemia Fernández
Luisa Álvarez Fernández
Lucía Álvarez Fernández
Josefa Serrano Andrés
Daniela Ortega Vaquero
Teófila Ballesteros Alonso
Nieves Miranda Reoyo
Ladislada del Campo Vaquero
Epifania Blanco Asensio
Juliana Martín Alegre
Josefa González de la Iglesia
Leoncia Ruiz Barrientos
Mariana Alonso Villar
María Sánchez Álvarez
Margarita Fernández Miguélez
Mariano Rodríguez Orduña
Saturnino Martínez Toribio
Venancio González Guerra
Angel Cuadrado Bello
Daniel Mata Marcos
Crescenciano Espinilla Sáez
Teodoro Acuña Galindo
Isidro Rebollo Martínez
Leandro Pérez Carballo
Jose Insúa Insúa
Alejandro Toral Moya
Pablo Martín Casero
Telesforo De La Fuente
Cristino González Abril
Jose González Rodríguez
Andrés Casado Fernández
Epifanio de la Fuente Manzano
Luciano González Marco
Máximo Herrero Martín
Marcelino Pérez Campos
Gregorio Martín Herrero
Tomas Rodríguez Chaves
Agustín Rodríguez Martín
Marcelo Rodríguez Martín
Pablo Rodríguez Chaves
Julián Legido Cortijo
Luis Vaquero Rodríguez
Romualdo Rodríguez Rodríguez
Virgilio Espinilla Pérez
Florencio Alonso Del Villar
Angel Martín Almansa
Antonio Valentín Sáez
Eugenio Rodríguez Chaves
Galo Benavides Sancho
Julián Valverde Ortiz
Antolín Urueña Egido
Benito Rodríguez Martín
Cipriano García López
Teodoro Rivera Fernández

Lunes 29 de septiembre de 1936

Vicenta Gallego Rodríguez
Julia de la Mota Rueda. Esposa de Eulogio de la Vega, alcalde de Rueda
Daniel Martín Rodríguez
Aurelio Marcos Ruiz
Emiliano Renedo Alonso
Julio López Blanco

Detenidos en Valladolid del 12 al 19 Septiembre 1936.

Redacción — 2011-09-05T17:39:54Z

Investigación en la Hemeroteca: Ricardo Furones

Lunes 14 de septiembre de 1936.

Andrea Hernández Galindo
Victoria Hernández Galindo
Serafín Cuadrado Sanz
Vicente Morales Gimeno
Fausto Rodríguez Rodríguez
Aurelio Balmaseda Campos
Eustasio Cordero Fernández
Manuel Casares Delgado
Juan Manuel Hernández Galindo
Victoriano Berrocal Illera
Emilio Velasco Ovejero
Pablo Jiménez Garcia
Aurelio Recio López
Pablo López Centeno
Teodoro García Platero
Hermenegildo Santos Blanco
Gregorio Babón Ortega
Lorenzo Babón Ortega
Agustín Cuesta M.
Gil Cabo Vegas
Marcelo Sanz Peñas

Martes 15 de septiembre de 1936.

Dionisio López Alonso
Marcelo Fernández Curiel
Crescencio Azcona Díez
Josefa Sánchez Galán
Gregorio Miguel Ortega
Felix Niño Rodríguez
Manuel Bernardino Martín

Miércoles 16 de septiembre de 1936

Bernardo Quirós Montalbán
Vicente Grasa Álvarez
Isidoro Valseca Rodríguez
Eladio Pérez Heras
Pedro Asegurado Martín (secretario Sindicato Ferroviario, 31 años)
Teódulo Muñoz Moro
Felipe Arribas Martín
Clemente Martín Gutiérrez
Evarista Rodríguez de la Fuente

Jueves 17 de septiembre de 1936

Marcelino Martín Ramos
Macario Lorenzo Pérez
Mariano Rodríguez Juárez
Modesto Roldán Carro
Angel Maroto Simón
Pedro Núñez Tomas
Serapio Rodríguez Cifuentes
Angel Cuadrado González
Celerino Martínez San Jose
Florentino Pastor Bielva
Felix Añibarro Alonso
Aquilino González Serrano
Marino Casado Carbajo
Juan Cuadrado Cuadrado
Claudio Miguel Virtus
Magín Alfonso Serrano
Victorino Serrano Núñez
Teófilo Rodríguez Castro
Pablo Quintanilla Vaquero
Ventura Rodríguez Villar
Primitivo Fernández Serrano
Feliciano Quintanilla Riol
Donato Rodríguez Rodríguez
Dionisio Rodríguez Castro
Félix Torres Díaz
Fructuoso Clérigo Martín
Romana Cuadrado Garcia
Pura Martínez Palacios
Ezequiela Herreras Domínguez
Cristina Gurrea Cocho

Viernes 18 de septiembre de 1936

Félix de la Cruz Aguado
Raimundo San José Fernández
Benigno Benavente Fernández
Manuel Casado Pérez
Agapito Blanco Redondo
Natividad Requejo Espinosa
Marcelino Rodríguez de la Fuente
Benito García González
Victoriano Conde Yenes
Adolfo del Pozo Nieto
Herminio Aguado Prieto

Sábado 19 de septiembre de 1936

Secundino Amanzana Tovar
Guillermo de Frutos Herrero
Hilario de la Rosa González
Gregorio de la Rosa González
Saturio Martín Espinilla
Marceliano Rodríguez Domínguez
Enrique Martín Gutiérrez
Agapito Martín Gutiérrez
Eustaquio Gil González
Bernardo Gil González
Benigno Pérez Rebollo
Antonia Pérez Rebollo

Detenidos en Valladolid del 7 al 12 de septiembre de 1936.

Redacción — 2011-08-04T17:18:01Z

Investigación en la Hemeroteca: Ricardo Furones

Lunes 7 de septiembre

Gregorio Torres Arroyo.
Mariano Gómez Piñuela.
Domingo García Gallego.
Florencio Prada Barinaga.
Mariano Sancho Herrera.
Antonio Almoraz Alvear.
Valeriano Hervada Hernández.
Fortunato Rivas de la Fuente.
Abdón Alonso Villarreal.
Felipe Larraínza Escudero.
Antonio González Llauradó.
Manuel Martínez Yáñez.
Ramiro Cepa Alejandre.
Vicente Tasis Molina.
Abraham Vela Cano.
Dimas Sonsierra Izcara.
Félix Luján Morodo.
Florentino Rodríguez González.

Martes 8 de septiembre

Nieves del Valle Conde.
Adoración Mucientes Mucientes.
Aurora Mateo Pascual.
Carmen Brizuela Asensio.
Rosario Brizuela Asensio.
Encarnación Vaquero Alonso.
Vicenta Garcia Guerra.
Mercedes Martín Garcia.
Ventura Vaquero Santamaría.
Valentin Rubiá Garcia.
Aniano Rodríguez Castro.
Francisco Miranda Reoyo.
Eulogio Aguilar Vaquero.
Félix González González.
Miguel Enrique de Rueda.
Manuel Vaquero Mochales.
Pedro Martín Concejo.
Manuel Borovia Mayorga.
Victorino Bombin Zúmel.
Julio Martínez Sánchez.
Luis Peña Carbajosa.
Angel Díaz Mañanes.
Francisco Javier Boto Rodríguez.
Angel Rodríguez Ruibamba.
Eusebio Casas Fernández.
Pedro de la Cruz Rodríguez.
Baltasar Ruibamba Rascón.
Tomas Ruíz Núñez (47 años)
Mariano Casado González.
Luciano Reoyo Pérez.
Crisanto Barrientos Ruiz.

Jueves 10 de septiembre

Honorata Toribio Perosillo.
Digna Ribadulla Garcia.
Agustina Antón Diez.
Pedro Redondo Ortega.
Dámaso Olmedo Sanz.
Zósimo Lázaro Miguel.
Isidro Gómez Vega.
Felix López Posadas.
Catalino Álvarez Illera.
Florencio Lázaro Salcedo.
Luis Martínez Guillén.
Federico Hernández Reguero.
Pedro Redondo Isabel.
Mariano de Vega Olivar.
José Monreal Zarza.
Higinio Martín Díez.
Marcelino Pola Esteban.
Claudio Mena Pedrosa.
Juan Iglesias Sanz.
Juan Antonio F. Fernández.
Nicolás Esteban Lázaro.
Faustino Pola Martínez.
Santiago López Flores.

Viernes 11 de septiembre

Manuel Villar Abuin.
Guillermo Pérez Cantalapiedra.
Edmundo Prada Ruiz.
Francisco Palmero San Martín.
Paulino Hernández Gil.
Feliciano Hernández Gil.
Vicente Rojo de la Cuesta.
Pablo Tarrero Pico.
Blas San José Domínguez.
Marcelo Salazar Niño.
Eulogio S. Calleja.
Menesiano Conde de la Cal.
Juan Blanco Vera.
Felix de Lasen González.
Pío Barrasa Franco.
Matías Perez Otero.
Elena Sanz Salgado.
Teresa Gallego Zubillaga.

Sábado 12 de septiembre

Ezequiel Sánchez Moratinos.
Paulino Dueñas Poves.
Manuel Silván Viloria.
Mauro Díez Díez.
Salvador Royuela Gutiérrez.
Alberto Borovia Mayorga.
Luis Cortés Corbete.
Emiliano Santana Aguado.
Julio López Polanco.
Tomás Marqués Benito.
Valentín Miguel Lorenzo.
Angel Díez Espartero.
Cirilo Nieto.
Manuela Martín De La Cruz.

Detenidos en Valladolid del 1 al 5 de septiembre de 1936

Redacción — 2011-05-08T10:11:50Z

Presentamos una nueva entrega de la relación de personas detenidas en Valladolid, capital y provincia, las cuales aparecieron en los medios de prensa locales. Investigación en la hemeroteca: Ricardo Furones.

Martes 1 de septiembre de 1936

Pedro Piedras Galán.
Antonio Ramírez Navarro.
Julián Bacón Maestro.
Juan Rubio Herranz.
Andrés Martín Blanco.
Perfecto Galache Hernández.
Hilario Martín Barbarejo.
Julio Oporto Ruiz.
José Arranz Cuellar.
Marina Ampudia Simón.
Alejandro Hurtado García.
Higinio García García.
Manuel López López.
Mariano Navas Gómez.
Pedro Santos Gutiérrez.
Gregorio Pérez Gómez.
Andrés García Gómez.
Andrés Navas Gómez.
Francisco Toledo González.

Miércoles 2 de septiembre

Francisco García de la Viuda.
Armando Yagüe Fernández.
Luis Montequi Granado.
Delfín Rodríguez Vázquez.
Manuel Torres Muñoz.
Tomás Gallego Francisco.
Teodoro del Amo Aguado.
Vicente Villar Muñoz.

Jueves 3 de septiembre

José Gómez Flórez.
Pedro Blanco Espino.
Basilio Trigueros Arce.
Vicente Bernardo Garrido.
Baudilio Pérez Garrido.
José Garrido González.
Agapito Cardeñosa Cabañas.
Aquilino Redondo del Amo.
Obdulio Martín Iturriabeitia.
Celestino Raposo Fernández.
Pedro Pérez Pérez.
Julio Rivero Bajo.
Tertuliano García Ruiz.
Andino Hernández Castelló.
José Carrión Fraile.
Benigno Sarmentero San José.
Julián San José Acero.
Fernando Villarreal González.
Macario Calvo Vázquez.
Dionisio (Denis) Guiton Boileau.
Félix Chamorro González.
Jose Espinel Ruiz.
José González Martín.
Fernando de la Viuda del Pozo.
Ventura de Pablos Álvarez.
Restituto Travieso del Campo.
Manuel López Francocedes .
Mercedes Castellanos Fernández.
Honorata Pérez Gómez.
Catalina Hernández Lucero.

Viernes 4 de septiembre

Tomás Santiago Navarro.
Víctor Correa Martínez.
Luis Ortega Vélez.
Félix San Pedro Rodrigo.
Hilario Palomero Santamaría.
Pedro Alonso Blatero.
Julián Alonso Blatero.
Mariano Blanco Muñoz.
Euxiquio Colodrón Martín.
Benigna Clemente García.
Luisa Sesmero Díez.

Sábado 5 de septiembre

Ángel Mayoral del Campo.
Domingo Torres Muñoz.
Gonzalo Junquera Lucas.
Tiburcio Abadía del Pico.
Celedonio Lorenzo Rico.
Donatilo Calvo de la Calle.
Vicente Gómez Martín.
Lorenzo Lorenzo García.
Faustino Martín Alonso.
Nazario López Rico.
Sebastián Rico Montes.
Francisco Velasco Abadía.
Braulio Manjón López.

Detenidos en Valladolid del 27 al 31 de agosto de 1936

Redacción — 2011-04-10T12:23:53Z

Prosigue la relación de personas detenidas en Valladolid y provincia, cuyos nombres aparecieron publicados en la prensa local. Investigación en la Hemeroteca: Ricardo Furones.

Jueves 27 de agosto de 1936

Florencio Martín Fernández.
Nemesio Martín Moretón.
Clemente Diez Piñón.
Adolfo Martín San Jose.
Juan Antonio Moral Fernández.
Rosalino Rodríguez Alonso.
Ezequiel Serna Tejedor.
Emilio Lozano Armesto.
Casimiro Martín Camuerga.
Epifanio Carbajosa Rodríguez.
Afrodisio Álvarez Garcia.
Colombino Olmos Álvarez.
Faustino González Zorita.
Flaviano González Zorita.
Rufino Rodríguez Casedo.
Benito Martínez Tejedor.
Jose Navarro Diez.
Antonio País González.
Fidel Prieto Diéguez.
Teófilo Navarro Casero.
Valeriano Ciegues Gutiérrez.
Higinio Ciegues Navarro.
Felipe Vázquez Navarro.
Pablo Navarro La Fuente.
Pedro Ciegues San Jose.
Enrique Garcia Ferarios.
Jesús Mendo Casillas.
Jose Mendo Sanz.
Florencio San Jose.
Rafaela Quijano Pérez.
Maria Benito Arevalillo.
Eugenia Ciegues San Jose.

Viernes 28 de agosto de 1936

Salustiano Huertas Cogollar.
Eleuterio Rodríguez Vidal.
Esteban Juan Macías Martín.
Higinio Bustelo Menéndez.
Eugenio Cantarino Maroto.
Virilo Moro Alonso.

Sábado 29 de agosto de 1936

Antonio Rodilana San José.
Antonio Salas de La Torre.
Jesús Valentín Carnicer.
Hermógenes Sastre Díez.
Germán Cea Prieto.
Donato Laguna del Pozo.
Casimiro Bolonia Tapias.
Cesáreo Bravo del Río.
Alfonso Maestro Alonso.
Maximina Alonso Rodríguez.
Juliana Hidalgo Revuelta.

Lunes 31 de agosto de 1936

Cándido Guijar Gómez.
Justo Villarreal Pérez.
Angel Gómez Aranda.
Onésimo Zamarrón Haro.
Segundo Gómez Jiménez.
Andrés San Juan Díez.
Marcelino Ruiz.
Nemesio Salamanca Casado.
Pablo Rico Olmedo.
Santiago Herrero Sancho.
Pedro Pérez Cerro.
Celestino Pérez Perosillo.
Leoncio Tejero Gutiérrez.
Bonifacio Álvarez Alonso.
Álvaro Lara Bueno.
Fidel Alonso Sánchez.
Fabián Cendón Nieto.
Isidro Gutiérrez Salamanca.
Blas Gutiérrez Salamanca.
Jesús Boal Montero.
Perpetuo Merino Frutos.
Ubaldo Toquero Fernández.
Alejandro Velasco Garcia.
Manuel Herrero Martín.
Román Herrero Martín.
Mariano Manso Coloco.
Ramón Aparicio Parra.
Tomas Aparicio Parra.
Ricardo Sánchez Bayón.
Alberto González Arciábalo.
Jacinto González Vaquero.
Andrés de Diego González.
Gerardo Guzmán Martínez.
Fructuoso Otazo Tordable.
Bernardo Cuadrado González.
Manuel Luque Gómez.
Arsenio Martín Criado.
Benigna Palomo Juárez.