Represión franquista en Valladolid

A tiros con los críticos

Orosia Castán — 2013-04-05T21:15:23Z

El 18 de julio de 1936, Tovar se encontraba en Alemania; era, como Onésimo Redondo, Martín Almagro, Eugenio Montes y el propio Serrano Súñer, filo nazi y gran admirador del régimen hitleriano.

Cada vez que paso por la calle Santiago y cruzo la esquina con Claudio Moyano, recuerdo la historia que cuenta Dionisio Ridruejo en sus memorias, tituladas con toda sinceridad “Casi unas Memorias”, y que tiene como protagonista a Antonio Tovar Llorente, el gran filólogo y lingüista vallisoletano.

El 18 de julio de 1936, Tovar se encontraba en Alemania; era, como Onésimo Redondo, Martín Almagro, Eugenio Montes y el propio Serrano Súñer, filo nazi y gran admirador del régimen hitleriano.

Su militancia falangista se debía precisamente al deslumbramiento que le había producido el nacionalsocialismo alemán, y concretamente la eficacia de sus procedimientos.

Al conocerse el levantamiento militar, se apresuró a regresar a Valladolid, poniéndose de inmediato al servicio de los sublevados contra el régimen legítimo, el republicano.

Un lingüista como él tenía puesto asegurado en el equipo de prensa y propaganda, importante siempre, pero mucho más en aquellos momentos en que era decisivo controlar la información, colapsar los medios republicanos y difundir de todas las maneras posibles la propaganda adecuada para crear una opinión favorable entre la población.

Tovar entró, pues, a formar parte del flamante equipo de Prensa y Propaganda falangista haciéndose cargo de la radio. La importancia de este medio era enorme, y casi la única manera de obtener información en una situación como aquella, confusa y repleta de noticias falsas.

Pero Tovar no era, según los estrictos códigos falangistas, “trigo limpio”, ya que durante su estancia en la universidad había pertenecido a la FUE, y por tanto llevaba sobre sí la etiqueta de liberal. Por este motivo era mirado con reserva por los celosos camisas viejas fundadores de las JONS, que temían con razón la entrada en tromba de todo tipo de gente en su organización. En los primeros días del año 1937, Dionisio Ridruejo fue nombrado Jefe Provincial de la Falange vallisoletana, descabezada tras la desaparición de su líder natural, Onésimo Redondo. El liderazgo, ocupado por su hermano Andrés, provocaba problemas y originaba facciones indeseadas.

La designación de Ridruejo no era casualidad, desde luego, ya que a su probada vocación falangista se unían vínculos personales con una ciudad donde había cursado sus primeros estudios, precisamente en el colegio de los jesuitas, el mismo en el que había estudiado Girón de Velasco. Ridruejo se reencontró en Valladolid con Antonio Tovar, con quien compartía inquietudes literarias, además de ideas políticas y amistad, y lo nombró jefe de Prensa y Propaganda de su nuevo equipo.

Tovar, un exquisito de las letras, tomó con mucho empeño su cargo. Comenzó a revisar la prensa local y encontró lo normal: plumas mediocres que rellenaban los periódicos con artículos mayormente apologéticos de las nuevas figuras del poder. No podía ser de otra manera: el periodismo, como parte de la cultura, había fenecido a manos de los golpistas, quienes habían emprendido una auténtica cruzada contra los intelectuales republicanos, que ahora estaban siendo sustituidos por torpes y mediocres aspirantes de segunda fila.

Es impensable que Tovar esperase otra cosa; él, por su pertenencia a las cúpulas golpistas, era conocedor de las purgas y depuraciones a que los estamentos intelectuales habían sido sometidos; él, mejor que nadie, conocía esta destrucción, ya que había pertenecido a la comunidad universitaria y era conocedor, como todo Valladolid lo era, de las purgas expeditivas que la enseñanza y el periodismo habían sufrido y del final trágico y brutal de decenas de los que por naturaleza eran sus compañeros. Pero Tovar era parte. No se le conoce ni una sola objeción ante los asesinatos de sus compañeros: el abogado Landrove, el padre de éste, profesor de la Normal; el paseo al anciano catedrático Arturo Martín, o el del profesor de Medicina Getino; o el fusilamiento inhumano del profesor Mardones, o, en fin, el rapto con final sangriento de la Inspectora de Enseñanza y pedagoga célebre, Aurelia Gutiérrez Blanchard, anciana ya.

Otros muchos profesores, periodistas, escritores o intelectuales fueron perseguidos con saña, golpeados, encarcelados y privados de sus trabajos; y todos esos puestos vacantes fueron cubiertos con toda celeridad por las figuras de segunda, tercera o cuarta fila, que tomaban posesión de aquellos cargos tranquilamente, como si los hubieran ganado con su esfuerzo y sus méritos.

Una de aquellas figuras mediocres encumbradas de repente gracias a la ausencia providencial de un desposeído cualquiera, era un personaje tipo de ese momento. Se trataba de un funcionario de prisiones, una persona desleal a su juramento ante la República, que había traicionado sus deberes poniéndose al servicio de aquellos presos a quienes debía custodiar; había llegado a ser enlace entre los falangistas detenidos en la Cárcel Nueva de Valladolid y sus camaradas en la calle; y esta colaboración había llegado al extremo, según él mismo relataba, de haber introducido armas en las celdas, además de llevar y traer consignas y órdenes del propio Onésimo Redondo, detenido en aquellos días de 1936 en orden a organizar el golpe del día 18.

Ahora, tras la sublevación y sometimiento a sangre y fuego de Valladolid, este antiguo funcionario, de nombre Conrado Sabugo, era una figura en el mundillo fascista vallisoletano, donde se le respetaba y festejaba a causa de los servicios prestados. Sabugo tenía pretensiones literarias que en circunstancias normales jamás hubieran salido de sus círculos más íntimos; pero ahora que Valladolid pertenecía a los suyos, tenía al alcance de la mano la posibilidad de satisfacer estas tendencias hacia las letras y se dispuso a ejercer como periodista.

El funcionario de prisiones se descolgó con una serie de artículos hagiográficos en los que ensalzaba a los poderosos del momento; y estos artículos, depositados en las redacciones por el flamante autor vestido con camisa azul y correajes y con su pistola al cinto, comenzaron a ser puntualmente publicados por los medios vallisoletanos, que espontáneamente mostraban su proclividad hacia el levantamiento de todas las formas posibles. A Tovar no podían complacerle los escritos de Sabugo; ni a él, ni a su jefe, Dionisio Ridruejo, a la sazón poeta. Para ellos, los artículos en cuestión eran una bofetada dada a su exquisitez; la escritura de Sabugo les ofendía, y su extrema falta de cultura no podía dejar de herir a aquellos espíritus puros.

Lo que no consiguieron las detenciones dramáticas realizadas en plena calle; los sonidos de los disparos que segaban la vida de sus conciudadanos allá, en las cascajeras de San Isidro, o la lectura diaria de El Norte de Castilla, en cuyas páginas aparecía indefectiblemente la sección “Hoy han sido pasados por las armas…”, y “Hoy han sido detenidos…”, o la visión de las cuerdas de presos en plena ciudad, o la conducción de otros hacia destinos más que previsibles, lo consiguió la lectura de los sueltos de aquel carcelero que pretendía acceder al olimpo intelectual. Esto sacó de su ensimismamiento a ambos literatos y consiguió que pasaran a la acción. Tovar escribió un oficio a todos los periódicos de la provincia. Les dejaba entrever que las colaboraciones de Sabugo no eran del agrado del Jefe de Falange, Dionisio Ridruejo, ni del Jefe de Prensa y Propaganda, el mismo Antonio Tovar; y que si querían continuar publicándolos, era cosa suya, pero que dichas autoridades “no tenían ningún interés en que fueran publicados”.

Todos podemos comprender el mensaje tácito que portaba este comunicado oficial emitido desde la propia Jefatura de Falange. Por desoír mensajes mucho menos explícitos se pagaba aquellos días con cárcel, palizas y hasta con la propia vida. Los periódicos, esgrimiendo aquel mandato, rechazaron los artículos de Sabugo, quien se sintió humillado y vejado de tal manera, que pasó a la acción. Un camarada como él, con semejante trayectoria y una hoja de servicios repleta de heroicidades no podía ser ninguneado por unos advenedizos, así ocuparan en el escalafón una posición superior. Sabugo, rodeado de un grupo de aguerridos falangistas, se dirigió a la calle Santiago. En la esquina con Claudio Moyano, el café Royalty acogía a los nuevos jerarcas en las terrazas extendidas por ambas calles. En uno de sus veladores tomaba café a diario Antonio Tovar, y dado que la calle Santiago era el escaparate de la ciudad, todos los que pasaban por ella conocían el detalle.

Sabugo se acercó a la mesa, sacó la pistola y le pegó un tiro a Tovar. Dirigió el arma no a la cabeza o al corazón, sino al bajo vientre, según palabras de Ridruejo. La bala, pues, quería herir, y su intención era humillar al humillador. La herida causó varios destrozos en el organismo del crítico, siendo el más visible la leve cojera que le acompañó toda la vida.

Conrado Sabugo resultó totalmente impune. Las reclamaciones de Ridruejo (recordemos, la más alta autoridad falangista de la ciudad en aquel momento), no sirvieron de nada. Girón se ocupó de facilitar la huida y de esconder a Sabugo, protegiéndole e impidiendo que ninguna clase de represalia (no vamos a hablar de justicia, concepto inexistente en esa etapa) alcanzase al agresor. Y le ofreció unas buenas razones a Ridruejo: no se podía sacrificar a un viejo camarada por el simple hecho de haber herido a uno nuevo, que ayer mismo era de la FUE, aunque ahora fuera un jefe.

Girón y Sabugo se salieron con la suya, y ninguna reclamación en contra de su proceder, ni del crítico herido, ni de los jerarcas falangistas, logró salir adelante. Y ya sabéis el resto: Girón, que también era de gatillo rápido, llegó a ministro y acabó siendo terrateniente en la prometedora Costa del Sol; Sabugo, aunque no logró cumplir sus sueños literarios (y para esto hacía falta ser muy, pero que muy mal escritor), obtuvo prebendas y vivió con desahogo económico entre el respeto y el temor; y Ridruejo y Tovar empezaron a desviarse de la estrecha senda que Franco les señalaba y que les acabaría distanciando del régimen, aunque eso sí, jamás llegaron a reconocer el daño que con sus acciones e inacciones inflingieron al país, y por tanto, a todos sus conciudadanos víctimas del aciago levantamiento militar de aquel julio de 1936.

http://www.ultimocero.com/blog/disc...

El Registro de la Propiedad Intelectual

Redacción — 2013-03-26T18:12:38Z

Amigos, a pesar de que todos los que investigamos, escoibimos y publicamos en páginas como ésta conocemos de sobra las buenas prácticas que debemos seguir, los autores aquí presentes estamos teniendo algunos disgustos relacionados con el copia-pega y la transtextualización de algunos de nuestros trabajos.

Dado que esto se ha repetido varias veces, hemos optado por inscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual los trabajos publicados, ya que se nos está demostrando que la protección de la licencia Creative Commons no es suficiente para disuadir a algunas personas de sus malas prácticas.

Así, por ejemplo, y entre otros casos, la ARMH de Valladolid utiliza nuestros textos, informaciones y otros materiales sin citar procedencia ni autoría; en la propia portada de su página aparecen varios artículos nuestros sin firma, de los que se han apropiado sin ningún pudor.(*)

Es lamentable que un trabajo que se hace desde el esfuerzo personal, sin ánimo de lucro e invirtiendo en él tiempo, trabajo y dinero propio, se utilice de mala manera para el medro de los que no pueden o no saben hacerlo, por lo que desde ahora colocaremos en nuestra portada unas advertencias que quizá logren disuadir a los copiones.

Recordamos que nuestra Asociación se dedica a divulgar y acepta que se utilice todo el material de la presente Página siempre que se cite procedencia, autoría y que no se use con ánimo de lucro.

La Redacción

(*) En la portada de la página de esa asociación pueden verse los artículos titulados Golpe de Estado, La sublevación, Tiempo de Terror y La vida depués, cuya autora es Orosia Castán, sin que aparezca referencia alguna a la autoría de dichos trabajos o al lugar donde están publicados.

El Prado de la Magdalena

Orosia Castán — 2013-03-13T17:17:17Z

El Prado de la Magdalena se convirtió rápidamente en el lugar preferido por los peores asesinos de nuestra ciudad para cometer los crímenes más espeluznantes. Los criminales, tras capturar a sus víctimas, las trasladaban a este lugar para acabar con ellas sin que nadie pudiera verlos. El camino a seguir pasaba ante ambas cárceles, lo que les daría, en el caso improbable de que alguien les pidiera cuentas, la explicación de que trasladaban al detenido a una de las prisiones.

La zona que conocemos como Prado de la Magdalena tiene una larga y desconocida historia. Inicialmente fue un gran parque, perfectamente diseñado y cuidado por donde paseaban los vallisoletanos nobles. El jardín tomaba su nombre de la cercana iglesia de la Magdalena, y uno de sus principales encantos era el Esgueva, que lo atravesaba de lado a lado.

Pasando el tiempo, estropeado por las sucesivas crecidas del río y abandonado por los paseantes, la zona quedó abandonada y convertida en un lugar poco recomendable.

En el año 1935 se inauguró en sus proximidades una prisión a la que llamaron poco imaginativamente Cárcel Nueva para diferenciarla de la antigua prisión de Chancillería, situada muy cerca, y que no reunía condiciones para cumplir con su papel. La Cárcel Nueva quedaría pequeña en el transcurso de un año, porque la sublevación militar, triunfante en Valladolid el día 19 de julio de 1936 causó el encarcelamiento de cientos y cientos de ciudadanos.

La nueva prisión resultó estar muy bien situada: quedaba en el propio camino al cementerio de la ciudad, y a su espalda estaba el Prado, paraje inculto y repleto de basuras y malezas; un escenario siniestro al que enseguida encontraron los golpistas una utilidad.

Las patrullas de falangistas que tomaron las calles de Valladolid violentamente no entendían de justicia, ni querían entender. Siendo ellos los que se alzaban en armas contra la legalidad y conscientes del delito que cometían, los civiles, armados y prontamente uniformados con la camisa azul de la Falange comenzaron a practicar detenciones y a ejecutar a sus víctimas. Las zonas del extrarradio fueron las elegidas para cometer los asesinatos, ya que necesitaban que no hubiera testigos que pudieran identificarles. Las tapias del cementerio se convirtieron de repente en paredones contra los que los detenidos eran fusilados, quedando después los cuerpos abandonados en el mismo lugar; pero no fueron los únicos lugares donde aparecieron personas asesinadas.

Pero la realidad es que durante los primeros meses tras el golpe aparecieron cadáveres con signos de muerte violenta en la zona sin que nadie lo intentara evitar.

El lugar, según relatan los testigos, fue el preferido para asesinar mujeres, aunque también asesinaron a los hombres a quienes los facciosos querían causar mayores violencias, por lo que no les bastaba con matarlos de un tiro.

Así pues, el Prado de la Magdalena se convirtió en el lugar de martirio sobre todo de las mujeres izquierdistas y republicanas de Valladolid. Dadas las características de la zona, los verdugos podían ensañarse con ellas sin temor a interrupciones. La vecindad, al amanecer, se topaba con los cuerpos de los asesinados. Más tarde, los carros municipales se encargaban de recoger los cadáveres abandonados y los trasladaban al Depósito Judicial, situado en los bajos del Hospital Provincial.

Los testigos vieron cadáveres de mujeres con aspecto de haber sido ahorcadas, apaleadas y con las manos atadas. Un espectáculo así no se olvida jamás.

Este fue el fin de algunas conocidas activistas de la ciudad, algunas de las cuales fueron martirizadas y violentadas ante sus maridos. Es el caso de Micaela Pasalodos, una joven recién casada que fue sacada de casa de sus suegros junto con su marido y su cuñado, los hermanos Montero; los tres pertenecían al radio comunista de la ciudad y fueron perseguidos con saña por las patrullas falangistas hasta su detención.

Los tres jóvenes fueron obligados a subir a un vehículo y trasladados al Prado de la Magdalena, donde los asesinos se enseñaron con ellos hasta matarlos. Sus cuerpos, según recuerda su hermano, tenían signos inequívocos de tortura. Micaela fue violada.

Lo mismo exactamente ocurrió con la militante comunista Constantina Cebada “Tina”, dirigente del radio comunista de Valladolid, quien logró ocultarse de sus perseguidores durante las primeras semanas; pero por fin fue detenida junto con su marido y arrastrada hasta el Prado, donde la torturaron, la violaron y la mataron ante los ojos de su marido, a quien mataron a continuación.

No fueron casos únicos: allí aparecieron los cuerpos de una mujer con sus dos hijos, todos ellos con signos semejantes a los descritos; el de la conocida socialista vallisoletana María Ayllón, perteneciente al sindicato de la Aguja de la Casa del Pueblo y participante en los cursos de la Universidad Popular, detenida por un grupo de falangistas. Su cuerpo se encontró atado a un árbol en el Prado de la Magdalena con indicios de tortura y violación. Su marido estaba ya en la cárcel, donde cumplió muchos años. Su hijo, menor de edad, acabó en el Patronato de Menores.

Estos horrendos actos, cometidos en nombre de la patria y del nuevo orden, conmocionaron a la ciudad y convirtieron al Prado de la Magdalena en una zona maldita a la que nadie se acercaba.

Hoy la zona se ha reconvertido y forma parte del nuevo campus universitario. Todo ha cambiado, incluso el curso de la Esgueva, desviado y canalizado de nuevo.

Ningún recordatorio permite recordar que estos plácidos jardines fueron el escenario de la desaparición de aquellas mujeres y hombres vallisoletanos asesinados sin juicio ni proceso. Pero la democracia tiene una deuda con todos ellos, y su memoria no se borrará, porque sus nombres y sus historias están siendo recuperados y serán conocidos cada vez por más personas.

Un botón de muestra

Orosia Castán — 2013-03-13T17:06:57Z

En estos días de marzo se suceden las celebraciones y manifestaciones reivindicativas de los derechos de la mujer. La fecha, 8 de marzo, se eligió por ser el día en que un grupo de mujeres trabajadoras fueron quemadas en el interior de la fábrica en que trabajaban y hacían huelga a manos de sus patrones.

Las mujeres han sido objetivo favorito de la represión, pues a su condición de víctimas se une la de ser madres, hermanas y esposas, lo que da a su castigo una condición ejemplarizante que se extiende por toda la comunidad sembrando el terror de una forma muy eficaz.

Hoy os presentamos una serie de casos recogidos directamente de los testimonios de familiares de las víctimas, que son un botón de muestra del tratamiento que los fascistas dieron a las mujeres republicanas en Valladolid.

En el pueblo de Aguilar de Campos

Odulfa, vecina mayor de 60 años, soltera, socialista, fue asesinada de un solo tiro en el sobrado de su casa en la tarde del 18 de julio de 1936 por guardias civiles del puesto de Villavicencio.

Romana Cuadrado, adolescente juzgada y condenada, cumplió 6 años de cárcel.

Cristina Gurrea, de 43 años, marido asesinado: detenida gubernativa en Valladolid, tenía cinco hijos, de los que cuatro fueron ingresados en el Hospicio.

Pura Martínez, hermana de desaparecido, juzgada, encarcelada durante años.

Dionisia Rodríguez, 6 hijos menores, presa gubernativa; su marido también estaba encarcelado. Dio a luz a un niño estando en la cárcel.

En Alaejos

Valentina Rueda Manjarrés, de 60 años, casada. Juzgada y condenada a 20 años y un día. Estuvo en la Cárcel Vieja de Valladolid.

Laureana Morales Rodríguez, casada, juzgada y condenada a dos años de cárcel, que cumple en la prisión de Medina del Campo.

María Losada Martín, hija de Bonifacio (condenado a 20 años) y hermana de Cándido (fusilado), Antonio (paseado) y Florentino (muerto en el frente), según testimonios de su entorno, fue agredida por unos falangistas. Según Leopoldo García Ortega, que fue compañero de los detenidos de Alaejos en prisión, los falangistas del propio pueblo habrían violado a varias vecinas cuyos padres, hermanos y maridos estaban presos en Alcazarén:

Justina Acebes tenía 15 años. Fue retenida por los falangistas del pueblo junto con un grupo de unas 20 mujeres. Fueron vejadas; a algunas les cortaron el pelo; a todas las obligaron a desfilar por las calles del pueblo, con el brazo en alto y cantando el Cara al Sol. María Sanz, esposa del Presidente de la Casa del Pueblo fue asesinada junto con su hijo de 14 años. Anteriormente los fascistas habían asesinado a su marido y a otros dos hijos varones.

En Castrobol

Todas las mujeres de los detenidos de este pueblo fueron apaleadas por los falangistas en los locales del ayuntamiento. Las palizas fueron de tal calibre, que algunas sufrieron fracturas de brazos y piernas. Es el caso de la esposa del alcalde, Teófila Alonso Fernández, quien quedó inválida como consecuencia de las múltiples fracturas en ambas piernas.

En Castroponce

Cecilia García, natural de Castroponce y residente en esta localidad. Su marido desapareció cuando se dirigía a una localidad vecina, donde tenía familiares; nunca se volvió a saber de él. Dejó un niño que no había cumplido los dos años y una niña casi recién nacida. Para poder sacarlos adelante, Cecilia hubo de servir en casa de los presuntos inductores.

Leandra Grajal Alonso, asesinada junto con su esposo, se encontraba en avanzado estado de gestación, de tal manera que los testigos que la vieron en el camión en que la llevaban detenida se dieron cuenta de esta circunstancia. Esta mujer, según los informantes, estaba en la puerta de la iglesia cuando las vecinas fueron a avisarla de la detención de su marido. Fue hasta la plaza, y como le dijeran que era para hacer una declaración sin más, insistió en ir con su marido. Los falangistas no tuvieron ningún problema en llevarla también y asesinarla junto con los demás, aunque después fueron incapaces de darle el tiro de gracia y la dejaron agonizando junto al grupo, como manifiestan testigos de los hechos.

En Castronuño

Constanza Santamaría Muñoz, casada con el teniente de alcalde fue asesinada en las cercanías del pueblo. Un grupo de falangistas del pueblo la requirió para que fuera con ellos al cuartel de la guardia civil, para “hacerle unas preguntas”. Ella se fue con los falangistas. Pidió a Ángeles, su hija de 16 años, que cuidara de sus hermanos menores. Nunca la volvieron a ver. Tenía 43 años en ese momento, cinco hijos y el marido encarcelado (fusilado poco tiempo después).

En Ceinos

Los golpistas se cebaron con las mujeres del pueblo. Vinieron tres guardias civiles que les daban palizas tremendas. Raparon a varias mujeres por bordar la bandera de la República, la que se sacaba en el Ayuntamiento, entre ellas a Gregoria Cuadrado Lobo, Felisa Pastor Vielba, Andrea Riol, Gregoria Alonso Gutiérrez

En Laguna de Duero:

Mónica Muñoz San Pedro fue atacada en su propia casa. Cuando los falangistas descubrieron que tenía en el salón una fotografía de Mariana Pineda, comenzaron a golpearla. Después fue conducida al Ayuntamiento para ser interrogada, y en el transcurso del interrogatorio, fue golpeada con saña por uno de los falangistas más sanguinarios de Laguna con la culata del fusil, llegando a reventarle el oído y a desencajarle la mandíbula, con la pérdida de varios dientes. Mónica fue detenida y estuvo presa durante 52 meses por proteger a sus hermanos y a su marido. De los 7 hermanos, los falangistas mataron a cuatro. En la cárcel estuvo 18 meses muy enferma y apenas podía alimentarse. Debido a una pleuritis perdió un pulmón.

A María Marqués la mataron el día 5 de septiembre de 1936. La denunciaron porque no bautizaba a sus hijos. Una tarde, hacia las ocho y media o las nueve, llamaron a la puerta. Salió a abrir su hija, una niña de 8 años; eran 3 hombres de Laguna que preguntaban por María. Llevaban fusiles y le dijeron que fuera al Ayuntamiento a declarar. No la vieron nunca más. Pasó la noche en el calabozo del ayuntamiento junto con otras tres mujeres del pueblo. Al amanecer, soltaron a una de ellas “porque estaba criando a un niño”. Llevaron a las otras tres al puente que limita con Boecillo y las tirotearon allí, cayendo los cuerpos al río.

Otros casos

María Danclas, maestra del barrio de las Delicias, en Valladolid. Sacada de su casa, tras ser detenido su marido, también maestro, quien sería juzgado y ejecutado. Su hijo menor, de 14 años, también fue detenido e ingresado en el Patronato de Menores. Los vecinos de Las Delicias fueron testigos de su detención, que se hizo a plena luz del día. Fue enterrada como “desconocida”, aunque meses más tarde su hijo mayor pudo inscribir su fallecimiento.

Josefa Torrecilla Sánchez, 63 años, de Tudela de Duero. Detenida por falangistas del pueblo junto con Felisa Sobas, una adolescente que había sido violentada varias veces en las dependencias municipales; fueron conducidas a los pinares de Boecillo, donde fueron asesinadas y enterradas.

Bonifacia Álvarez Yllera, de Medina del Campo de unos 60 años, madre de 8 hijos. Socialista y colaboradora activa de La Casa del Pueblo, al igual que sus hijos. El 18 de julio pasean a su hijo Andrés, de unos 20 años, quien desaparece. Ese mismo día es detenida su hija Benedicta, de 18 años, y conducida a la Cárcel de Medina. El 9 de agosto de 1936, tras una visita a su hija, durante la que se produjo un enfrentamiento con los falangistas que la custodiaban, debido al estado en el que se encontraba su hija, estos mismos falangistas se presentan en su casa y, ante su marido, navajean y tirotean a Bonifacia, quien falleció en plena calle. Su hija Benedicta fue sacada de la cárcel y asesinada en diciembre de ese mismo año.

Eugenia Hernández, panadera de unos sesenta años, natural y vecina de Santervás, casada con el señor Bolado (condenado a 15 años de cárcel), fue sacada de su casa, asesinada y enterrada en los Montes Torozos.

María Marina Coteruelo, asesinada en agosto de 1936 en Valladolid, a los 64 años de edad.

Dominica Miñambres, vecina de Villamuriel de Campos, de unos 70 años, fue sacada de su casa, junto con su hijo Teodoro Rodríguez de 58 años y cuatro vecinos más, en una madrugada de agosto de 1936. Unos falangistas los llevaron hasta los Montes Torozos, donde fueron asesinados y enterrados.

Celsa Castán. Un grupo de falangistas se presentaron en su casa para detener a su hijo menor, Fortunato, de 19 años. Anteriormente se habían llevado a sus dos hijos mayores. Esta mujer se opuso e intentó impedir la detención, pero fue arrastrada y detenida con su hijo. Los hicieron subir a un camión y los llevaron al Prado de La Magdalena. Mataron al chico y después violaron a Celsa en grupo, golpeándola hasta darla por muerta. Sin embargo, consiguió regresar a su casa con vida. Contrajo una sífilis en esta agresión, de la que moriría unos años más tarde. Siempre contó lo ocurrido, sin ocultarlo ni a la familia ni a los amigos. Celsa tenía 45 años cuando ocurrieron los hechos.

Como se dice, esta información es una pequeña muestra que ilustra acerca de los procedimientos utilizados por los sublevados fascistas en la provincia de Valladolid, quienes no tuvieron reparo ni escrúpulo alguno a la hora de actuar con saña inaudita contra mujeres de todas las edades y condiciones, simplemente atendiendo a sus ideas o a su proximidad con republicanos e izquierdistas.

Esta relación sirve de homenaje a todas las víctimas y a sus familias, que tuvieron que continuar viviendo con el peso de estas canalladas durante el resto de sus vidas sin que el estado español llegase siquiera a reconocer los crímenes.

Conferencia Ian Gibson Ateneo Republicano Valladolid

Redacción — 2013-01-28T12:02:12Z

Conferencia Ian Gibson Ateneo Republicano en la universidad de Valladolid

Conferencia Ian Gibson Ateneo Republicano Valladolid from Grupo Verdad y Justicia on Vimeo.

Presentación audio-visual Listado de víctimas del golpe de estado franquista en la provincia de Valladolid

Redacción — 2013-01-22T18:59:01Z

Presentanción en el Ateneo Republicano de Valladolid del Listado de víctimas del golpe de estado franquista en la provincia de Valladolid

+info:http://www.represionfranquistavalla...

Presentación audio-visual Listado de víctimas del golpe de estado franquista en la provincia de Valladolid from Grupo Verdad y Justicia on Vimeo.

Anastasio Morencia Fernández

Orosia Castán — 2013-01-06T13:12:06Z

Anastasio Morencia Fernández, fusilado a los 18 años, nació en Valladolid el día 2 de mayo de 1918.

Era albañil de profesión y trabajaba en la empresa familiar que dirigía su padre, quien además era Capataz de obras del ayuntamiento de Valladolid.

La familia vivía en el barrio de la Victoria y estaba compuesta por el padre, Bonifacio, maestro albañil; la madre, Luisa Fernández, y los hijos:

Andrés, el mayor; 25 años en 1936, estudiante de Químicas (no pudo acabar los estudios); soltero, dirigente del Partido Comunista. Trabajaba con su padre en la construcción de edificios.

Bonifacio

Anastasio, fusilado el 25 de febrero de 1937 a los 18 años

Antonio, de 16 años, que se fue a las Olimpiadas Populares de Barcelona y allí lo sorprendió el golpe de estado, sin que su familia supiera nada de él durante toda la guerra; sufrió cárcel, Batallones de Trabajadores, fue herido. Total, 10 años de penurias. Tras la caída de Barcelona lo trajeron a Valladolid y estuvo cierto tiempo en las Cocheras, donde su familia pudo visitarlo. Después, tras los juicios fue condenado a muerte, aunque le conmutaron la pena y fue enviado a diversas prisiones y campos de concentración: Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Jaca, Reus… Había estado en el frente, con el ejército republicano, y le tocó luchar en el Frente de Teruel. Por fin cogió el tifus y casi murió, pero salió adelante. Como se dice, tenía 16 años cuando fue a Barcelona a participar en las Olimpiadas Populares. Cuando todo terminó, lo pasó muy mal, ya que nadie lo contrataba. En la cárcel fue humillado y agredido de muchas maneras; entre otras cosas, hubo de aprenderse el catecismo entero. Por si fuera poco, en los años 80 le denegaron las indemnizaciones, porque no tenía documentos probatorios. Se dedicó a la construcción. Tenía la vida destrozada.

Segundo, que tenía en aquel momento 10 años

Dionisia, la menor y única niña, que tenía seis años.

En el año 1934, Andrés apareció en casa con un “camarada asturiano”, huido de la represión desatada en Asturias con motivo de la huelga. La familia acogió a este hombre, lo ayudó y lo escondió. En 1936, este asturiano fue quien delató a Andrés. El trauma total se produjo cuando entre los falangistas que venían a detenerlo la familia lo reconoció sin ninguna duda. Era tuerto. Al producirse el levantamiento, la familia fue visitada muchas noches por grupos de falangistas, que buscaban a Andrés; pero éste se escondía en los patios traseros, saltando las tapias, y así se pudo salvar. Las patrullas revolvían la casa y cada vez se llevaban lo que les apetecía, incluyendo los libros que les pareció oportuno.

Por fin Andrés pudo esconderse en casa de un amigo de la familia, aunque finalmente fue detenido y cumplió prisión en Palencia.

Anastasio, de 18 años, tenía supuestamente menos compromiso, pero simpatizaba con las ideas políticas de su hermano mayor. Una noche fue detenido durante el registro efectuado en su casa por una patrulla que lo llevó al Gobierno Civil. Allí estuvo tres días, durante los que fue visitado por su padre, temeroso de que pudiera sufrir un paseo, cosa frecuente en esos días. Sin embargo, lo llevaron a la cárcel y fue sometido a juicio, condenado a muerte y fusilado. Sus hermanos menores recuerdan que “ su padre le visitaba antes de entrar a trabajar, y que un día les dijo que ya no estaba, y trajo a casa el abrigo de cuero largo que llevaba Anastasio”.

Su fallecimiento está inscrito en el Registro Civil de Valladolid, el día 25 de febrero de 1937.

Anastasio Morencia es uno de los muchos menores de edad asesinados en Valladolid. Tenía 18 años al ser fusilado.

La impostura e inmoralidad de una Proposición no de Ley del Grupo Socialista

Redacción — 2012-12-28T12:16:42Z

El 6 de marzo de 2012 el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los diputados la Proposición no de Ley Núm. 162/000239, bajo el título "Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura", la cual está firmada por Ramón Jáuregui Atondo, Diputado, y, Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El documento parlamentario en cuestión, al igual que la práctica totalidad de las proposiciones "no de ley", ha pasado desapercibido. Este tipo de propuestas no es más que un "brindis al sol" por parte de los Grupos parlamentarios en el Congreso dado que, caso de ser aprobadas, no tienen valor de ejecución imperativa, como sucede con las leyes, de ahí su vacuo nombre.

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encomendó en su día al Diputado Ramón Jáuregui la tarea de instrumentar todo el procedimiento puesto en marcha desde Moncloa para hacer frente a la cuestión de las víctimas del franquismo y la legalidad republicana puesta en evidencia por nuestro informe "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", hecho público en 2004.

Esta instrumentación supone la maniobra más perversa llevada a cabo desde la aprobación de la Constitución de 1978, y, por tanto, de los acuerdos de impunidad que conllevó la denominada "transición democrática", esto es, la "transición post-franquista" que permitió la legalización del franquismo, como quedó reflejado en la aberrante ley denominada "Ley de la Memoria".

Ramón Jáuregui enfrentó las asociaciones que se adhirieron a nuestro documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas". Esto no es un eufemismo. Nuestra organización representó a otras organizaciones en calidad de portavoz en varias reuniones celebradas en sede parlamentaria, donde nos dejó muy claro que no haría nada para promover el reconocimiento legal de las víctimas del franquismo, defendiendo posiciones que están más cerca de Falange que de cualquier propuesta de libertades civiles o concordante con el derecho internacional |1|.

Supimos durante muchos años que desde Moncloa se dirigía esta campaña perversa que extendía incluso su actuación a terceros países, como explicamos en nuestro documento "La Sentencia absolutoria de las actuaciones del Juez Garzón condena a las víctimas republicanas a la desigualdad jurídica".

No obstante, era imposible denunciarla como tal, porque desde Moncloa se actuó con los parámetros de una operación de contrainteligencia, y, por ende, se utilizaron todos los mecanismos propios de una operación de esa naturaleza, cuya finalidad última no era otra que la de consolidar el por nosotros denominado "Modelo español de impunidad" y desarticular el conglomerado de asociaciones que surgieron en aquellos años.

Ésta es la razón, y no otra, de la total falta de transparencia |2| de todos y cada uno de los pasos que se dieron desde la Vicepresidencia del Gobierno a través de María Teresa Fernández de la Vega y que, después de la renuncia de ésta, fueron asumidos directamente por José Luis Rodríguez Zapatero a través de un gabinete clandestino en el que se utilizaron diplomáticos de carrera y otros especialistas en operaciones "especiales" e ingeniería jurídica, incluido el entonces juez Baltasar Garzón.

Ésta es la importancia de la Proposición no de Ley de 6 de marzo de 2012, que pasará a la historia de la libertades civiles como parte de la humillación permanente en que viven y sobreviven las víctimas del franquismo fuera y dentro de España.

Se trata de un texto único porque el Grupo Parlamentario que lo presenta reconoce y asume toda una serie de maniobras en un documento público y en sede parlamentaria. Tiene por tanto el valor de prueba indubitable ante la historia y ante las víctimas, similar al de una declaración de culpabilidad, dado que nunca antes el Grupo Parlamentario había reconocido las actuaciones que recoge la Proposición no de Ley.

Ahora sabemos fehaciente y legalmente que el Gobierno de Rodríguez Zapatero implementó de forma deliberada y sistemática una serie de medidas ilegales, alegales y de ingeniería social, y que, mediante este documento, el Grupo Parlamentario Socialista las asume.

El documento comienza con una frase "célebre" que es "per se" un manifiesto de hipocresía y de ilegalidad y que dice así «En 1978 quizá no era razonable (o simplemente era imposible), desenterrar a los muertos; en 2012 es un espanto que sigan enterrados.»

I) La primera cuestión que se nos oculta es lo que ocurrió en 1978: la denominada "transición democrática" no sólo ignoró la cuestión de las víctimas republicanas, sino que legalizó el franquismo, legalización que arrancó con la aceptación de un monarca designado por Francisco Franco Bahamonde. Juan Carlos de Borbón y Borbón "juró", valga la expresión, lealtad al Caudillo y a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino el 23 de julio de 1969, al aceptar su nombramiento como sucesor de Francisco Franco a título de Rey. En su discurso de 22 de noviembre de 1975, al ser proclamado rey por las Cortes franquistas, D. Juan Carlos de Borbón recuerda que su título de rey deriva de las Leyes Fundamentales del Reino. Este hecho nos exime por sí solo de mayores comentarios. |3|

El mantenimiento de la legalidad franquista era incompatible con el reconocimiento a las víctimas republicanas de su carácter de víctimas y al régimen franquista de su carácter criminal de conformidad con la definición que de tal régimen hacen las Naciones Unidas en fecha tan lejana como el 12 de diciembre de 1946, en que la Asamblea General de esta Organización aprueba su resolución 39(I), en la que declara que "(a) En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es um régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini;"

Con ser estos hechos terribles, el segundo enunciado de la cita elegida por el Grupo Socialista expresa claramente la perversión del lenguaje de una proposición que es jurídicamente ilegal, moralmente despreciable y, desde el punto de vista de la lógica formal, manifiestamente irracional. Tras afirmar que si bien en 1978 era imposible "desenterrar", la segunda proposición expresa que en cambio, en 2012, "es un espanto que sigan enterrados".

Es decir, el Grupo Parlamentario Socialista y sus asesores jurídicos, en la proposición presentada, sancionan y proponen en sede parlamentaria -como lo hicieron con la llamada "Ley de la Memoria"- que se lleven a cabo desenterramientos sin cumplir con las normas rituarias penales de toda sociedad civilizada. Esta afirmación no sólo esconde en sí misma una profunda ilegalidad, sino que es indigna de un profesional del derecho que tiene la obligación de decir la verdad en cuanto a cuestiones procesales y legales se refiere.

Es claro que no existe el derecho al desenterramiento fuera del procedimiento ritual penal y este documento en sede parlamentaria nos permite afirmar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dirigido la mayor operación de destrucción de pruebas de crímenes contra la humanidad de un régimen fascista en Europa Occidental después de la IIGM.

El documento afirma "se han realizado casi 6000 exhumaciones, en casi 300 fosas; en un trabajo que sigue abierto;". Lo que no dice es que se hicieron en forma ilegal en la práctica totalidad de los casos y, por lo tanto, la destrucción de pruebas se ha consolidado. Este hecho es conocido y hasta este documento sabíamos que había asociaciones que de buena fe realizaron estos actos ilegales y otras que lo han hecho de manifiesta mala fe, pero lo que cambia cualitativamente la cuestión es el reconocimiento de que fue parte de una acción gubernamental.

La novedad que se desprende de este documento parlamentario es el reconocimiento de la actuación gubernamental en lo que a evidencia material de crímenes se refiere, y, por ende, que las exhumaciones obedecieron a un plan deliberado y sistemático dirigido por el Gobierno legal, en dejación de sus deberes de cumplimiento de la ley y de garantía de derechos, y, violando, no sólo el derecho interno, sino el derecho internacional y especialmente el surgido de la doctrina de Nuremberg.

Para entender la perversidad de la Proposición no de Ley es necesario leer el "Auto confirmando que los jueces naturales del lugar de los hechos son competentes para desenterrar e identificar a las víctimas del franquismo", de fecha 28 de marzo de 2012, en el que el Tribunal Supremo deja muy claro cómo debe ser el procedimiento de desenterramiento y que la jurisdicción es exclusivamente de los jueces naturales. Este Auto no innova, sino que simplemente viene a ratificar que las normas rituarias forenses son de aplicación a los restos de las víctimas del franquismo.

Lo que ocurrió, vistos los documentos judiciales, es que el Fiscal General, por órdenes del entonces presidente Rodríguez Zapatero, decidió no utilizar los juzgados territoriales e inducir a las asociaciones a realizar los desenterramiento ilegales, con el agravante de que ambos, Fiscal y Presidente del Gobierno, son funcionarios públicos obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes.

La Proposición no de Ley también utiliza en forma torticera las referencias a la Sentencia Nº 101/2012, absolutoria de D. Baltasar Garzón Real |4| por delito de prevaricación, sentencia, por otra parte, indigna de profesionales del derecho que se suponen obligados a la ética en el ejercicio profesional. La Sentencia en cuestión se refiere a si Baltasar Garzón prevaricó o no y, por lo tanto, no puede ser usada con otra finalidad, como pretenden los autores de la Proposición no de Ley. (Para un análisis más pormenorizado de esta sentencia ver el documento "La Sentencia absolutoria de las actuaciones del Juez Garzón condena a las víctimas republicanas a la desigualdad jurídica").

Sirva lo siguiente como ejemplo claro de lo que queremos decir: la Proposición no de Ley utiliza en su exposición de motivos el Párrafo 5º de la sentencia referida, que dice textualmente: «Los testimonios oídos en el juicio oral narraron los sentimientos de los familiares de los desaparecidos, el silencio que imperaba en los familiares al no poder hablar sobre los hechos acaecidos, incluso de la vergüenza padecida y lo horrible de la comparación entre la suerte de unos fallecidos y la de otros.»

Esta afirmación es falsa. Los testigos no lo eran en su calidad de víctimas del franquismo en un procedimiento que estuviera juzgando los crímenes del franquismo, lo eran en calidad de testigos de parte de la defensa del Juez Baltazar Garzón. La utilización procesal de personas mayores que no podían distinguir esta diferencia y que fueron llamados por los abogados de la defensa de Baltasar Garzón es desde el punto de vista de la ética profesional totalmente reprochable y no deberían haber sido aceptados por un tribunal en tal calidad.

II) El documento afirma "Casi 200.000 personas han adquirido la nacionalidad española como descendientes de españoles exilados;". Esto es manifiestamente falso. Se ha otorgado la nacionalidad a personas que son nietos de emigrantes y en algunos casos de exiliados.

Esta "graciosa concesión" no tiene nada que ver con lo solicitado por las asociaciones y que se refería a la legalización de los nacidos en el extranjero y registrados en los consulados bajo jurisdicción de la República española. O sea, lo que se solicitaba era el reconocimiento legal de los consulados republicanos a efectos de otorgar la nacionalidad española. |5|

La solicitud en concreto, recogida en el punto décimo del Plan de Acción estaba formulada en los siguientes términos: "Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas de la II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos".

El rechazo a la misma fue manifiesto y en su lugar, el entonces Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante la confección del programa para la campaña electoral previa al segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo la "brillante idea", para obviar las demandas de los descendientes de exiliados registrados en los Consulados de la II República, de asumir las demandas de los nietos de españoles en América Latina que exigían que se les otorgara la nacionalidad española |6|.

Entonces, por arte de birlibirloque y campaña de imagen por medio, se usó la campaña electoral del Partido Socialista en Argentina y Uruguay para ocultar las auténticas demandas de las víctimas republicanas y sus familiares en materia de nacionalidad.

Esto provocó el desconcierto en las asociaciones ya que, por un lado, era totalmente legítimo el derecho de los nietos, pero esto no tenía nada que ver con el origen del problema y, por el otro, el procedimiento legal para otorgar la nacionalidad a los nietos se podía hacer, como así ocurrió, usando las facultades del Registro Civil Central en un procedimiento administrativo denominado de recuperación de la nacionalidad.

De esta manera se burló lo solicitado por las asociaciones de víctimas y eso es lo que nos permite afirmar que las cifras recogidas son falsas. Esas cifras no tienen que ver con la cuestión de nacionalidad analizada más arriba que ha quedado pendiente para escarnio de las víctimas concretas de estos casos.

III) El documento afirma también que "más de 2.400 Niños de la Guerra han visto reconocida una prestación económica. En algunos casos, son pensiones que les han devuelto a la dignidad y a la supervivencia".

Esta proposición es manifiestamente inmoral y no recoge en forma alguna la cuestión de los niños de la guerra. Asumirla de la forma propuesta es de una hipocresía y alegalidad que no se puede aceptar en congresistas y, menos aún, si se auto-denominan socialistas. Afirmar que a esta categoría de víctimas se les ha reconocido una prestación económica a la que tendrían derecho si fueran ciudadanos españoles roza el esperpento.

La cuestión de los niños de la guerra está recogida en el punto décimo del Plan de Acción de nuestro informe y dice expresamente lo siguiente: "Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados 'niños de la guerra', y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano".

Lo que se solicitaba, y que es básicamente de sentido común, es que se elaborara un censo de niños de la guerra. Estos menores fueron a parar al menos a unos quince países y en la inmensa mayoría fueron acogidos de forma aceptable y humanitaria. Pero estos niños, que no pueden ser incluidos como beligerantes, perdieron la nacionalidad española y no volvieron nunca a España. De ahí la necesidad de recoger la excepción de "doble nacionalidad" (derecho sólo existente con países latinoamericanos) y de permitir que ellos y sus herederos pudieran obtener la nacionalidad española.

El problema de los denominados niños de la guerra |7| fue una cuestión que afectó a numerosos países al tratarse de menores, en muchos casos, indocumentados y sin nacionalidad, de la cual carecían al no haber sido reconocidos nunca por el régimen franquista. Precisamente esta problemática está en la base de las cuestiones de apatridia y refugio a las que la comunidad internacional hubo de hacer frente al término de la Segunda Guerra Mundial.

El caso de los niños de la guerra es especialmente grave en términos de política de Estado. No se entiende cómo un país que se auto-define como democrático puede desconocer esta realidad, negarles los derechos propios de un ciudadano español y considerar en cambio que con otorgar algunas pensiones especiales - que tienen que ver especialmente con los niños de la guerra en Rusia y cuya concesión ha sido utilizada desde un punto de vista despreciablemente anticomunista- el problema quedaba zanjado; sin embargo, niños de la guerra hay en Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Francia, Chile, Perú, Cuba y otros países.

En conclusión, lo que hizo el Gobierno Zapatero es continuar con la política de no reconocimiento practicada por el régimen de Franco, en un acto que es un escarnio para los derechos civiles y para todas las víctimas del fascismo, y, no sólo para los españoles.

IV) Podríamos desmenuzar de la misma forma las demás afirmaciones del documento relacionadas con los presos políticos, con los Brigadistas y las 1.300 "Declaraciones de reparación y reconocimiento personal expedidas por el Ministerio de Justicia", que no son más que fraudes legales para no dar solución a la cuestión de las víctimas del franquismo.

Como decimos en la introducción al documento que elaboramos en 2004: "Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es necesario que no se equipare, en un discurso perverso, el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere al olvido como una de las bases del estado social de derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea".

V) Es evidente que el modelo surgido de la transición post-franquista está en crisis profunda y que no tiene solución debido a un profundo problema de ilegitimidad e ilegalidad que no permite su modificación constitucional.

Creemos por ello que la única solución es la convocatoria a unas cortes constituyentes cuyos miembros han de ser elegidos en elecciones libres en que los electores voten a candidatos individuales (y no mediante el actual sistema de listas cerradas elaboradas por las distintas formaciones políticas) que permitan superar el problema legal de la sucesión de la Corona y el problema que se derivaría de la auto-convocatoria de las Cortes actuales como asamblea constituyente prevista en la actual constitución post-franquista |8|.

La falta de adopción de leyes que hubieran puesto término a esta situación de impunidad y de no reconocimiento de las víctimas republicanas y del franquismo en general, lleva indefectiblemente a esta conclusión.

Para cerrar este documento recurrimos a una frase, que resume la cuestión de las víctimas republicanas, que creemos podría ser la definición de las causas de la crisis social y económica que afecta actualmente a España y que tiene que ver con aquella cuestión de que el problema son las causas y no las consecuencias:

"Del poder de perdonar sin límites, surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas; de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad; de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos; de la descomposición de los gobiernos, la descomposición política de la sociedad" Jeremy Bentham (1748-1832)

Notas: 1. Ver: "Declaración rechazando las opiniones públicas del diputado Ramón Jáuregui", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...; "Jáuregui, en defensa de la impunidad de los crímenes franquistas", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...; "Entre la cobardía moral y la ilegalidad", disponible en http://www.derechos.org/nizkor/espa...; "Jáuregui ataca de nuevo: declara que el Gobierno aprobará informes sobre Memoria Histórica el día 28 y defiende 'la seguridad jurídica del pasado'", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa... [Volver]

2. Ver "Respuesta a la Presidenta de la Comisión Interministerial para el Estudio de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...; "Carta Abierta a la Vicepresidenta del Gobierno y Presidenta de la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, María Teresa Fernández de la Vega", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa... [Volver]

3. Ver: • Discurso pronunciado por Francisco Franco Bahamonde en las Cortes anunciando su sucesión en el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Palabras de Don Juan Carlos de Borbón al aceptar el acuerdo de las Cortes franquistas por el que es nombrado sucesor del Caudillo, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Juramento de lealtad al Jefe del Estado y a los Principios del Movimiento Nacional del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón ante las Cortes franquistas el 23jul69, disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Discurso del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón ante las Cortes franquistas el 23jul69 con motivo de su juramento de lealtad al caudillo y los Principios del Movimiento Nacional: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Discurso del Príncipe Juan Carlos de Borbón al ser proclamado rey por las Cortes franquistas, disponible en http://www.derechos.org/nizkor/espa...

[Volver] 4. El seguimiento documental del caso Baltasar Garzón se encuentra en: • Caso Gürtel (escuchas ilegales): http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Caso de los cobros ilegales en Nueva York: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

• Denuncias por "desapariciones" durante la guerra civil y el franquismo: http://www.derechos.org/nizkor/espa...

[Volver] 5. Esta cuestión está recogida en el punto décimo del Plan de Acción y explicitado en el documento titulado "Informe sobre la Nacionalidad" [Volver]

6. Ver: "España: avanza la ley para que descendientes de emigrantes puedan obtener la nacionalidad", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa... [Volver]

7. Ver: "La cuestión de los Niños de la Guerra en cuanto víctimas y su estatus jurídico", disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espa... [Volver]

8. Si bien el artículo 168.2 de la Constitución Española de 1978 no hace mención expresa a cómo han de ser elegidas las Cámaras, es perfectamente posible que las Cortes, al auto-disolverse convoquen a elecciones generales en las que los electores elijan los candidatos que han de integrar las Cortes constituyentes conforme al sistema de listas abiertas.

El actual artículo 168 dispone:

"1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación."

http://www.derechos.org/nizkor/espa...

Nos ha dejado Adelina Kondratieva

Orosia Castán — 2012-12-17T12:33:51Z

Nos ha dejado Adelina Kondratieva, la legendaria brigadista, nuestra particular heroína, la persona admirada y mujer entera, decidida y valiente que tuvimos el honor de conocer en el Ateneo Republicano de Valladolid, en el transcurso de la V Semana Republicana de noviembre del 2008.

La Semana estuvo dedicada a la Memoria Histórica, y Adelina tuvo un papel central en ella con su intervención en la Casa Revilla, donde fue homenajeada por cientos de personas que abarrotaban la sala principal.

Después tuvimos la gran oportunidad de tenerla junto a nosotros en la sede del Ateneo Republicano, donde en el transcurso de un acto impuso varias medallas: a Pedro García Bilbao, vicepresidente de la Plataforma de Ciudadanos por la República y a Orosia Castán, presidenta del Ateneo Republicano, entre otras personas, en reconocimiento a su trabajo en pro de la III República.

Adelina nos impresionó de tal manera que no es un lugar común el decir que siempre, siempre, la recordaremos.

Nuestras condolencias y un gran abrazo fraternal para Dolores Cabra, su amiga, compañera y valedora, sin cuyo apoyo, trabajo y desvelos no hubiéramos tenido el privilegio de conocer a la gran

ADELINA KONDRATIEVA

Valladolid, 16 de diciembre de 2012

Luis Lavin Gautier

Orosia Castán — 2012-12-02T11:42:30Z

La figura del que fuera último gobernador civil de Valladolid nombrado por la República ha sido difuminada intencionadamente por las autoridades franquistas hasta el extremo de negar su existencia y su cargo institucional. Recurriendo a ardides tan bajos como evitar inscribir su defunción en el Registro correspondiente o utilizar el silencio administrativo ante las demandas de su familia, se intentó hacer desaparecer su nombre y borrar su figura. Uno más de los muchos intentos infructuosos para eliminar la evidencia de los crímenes cometidos contra la legalidad republicana y sus representantes, intento fallido de nuevo, pues la memoria permanece, y con ella el conocimiento de la verdad acerca del golpe de estado de 1936.

Lavín nació en Santander en el año 1899. Sus padres se llamaban de Ignacio y Martina. Casado con Emilia de Lama, en 1936 tenía seis hijos. Era profesor mercantil en Santander y propietario de una fábrica de muebles y construcciones. Afiliado a Izquierda Republicana, desempeñó el cargo de Gobernador Civil durante la República; estuvo destinado en Cuenca, Toledo y Zamora, desde donde fue destinado a Valladolid, ciudad en la que se estaban produciendo múltiples problemas de orden público que el Gobernador civil, señor Campos Torregrosa, era incapaz de resolver.

La sustitución se produjo el día 20 de junio de 1936, tras una huelga general de 24 horas convocada en protesta por las reiteradas agresiones derechistas a elementos obreros, que tuvo su punto álgido el día 19 de junio, cuando grupos falangistas atacaron a tiros varios centros de reunión de obreros provocando tres muertos y varios heridos. Uno de los tiroteos tuvo lugar en la cantina de la calle Zapico, lugar de reunión de los afiliados a la CNT, cuya sede se encontraba en la calle contigua. Varias personas entraron en el bar y dispararon a mansalva, escapando por la plaza delos Arces. Nunca fueron detenidos. Entre los atacantes había una mujer. Estos mismos grupos derechistas atacaron aquella noche dos cantinas más, una en la calle Renedo y otra en la de Nicasio Pérez; las tres cantinas eran lugares conocidos de reunión de obreros izquierdistas.

El gobierno, alarmado por los reiterados sucesos en Valladolid, decidió cesar de manera fulminante a Torregrosa y enviar a Valladolid a Lavín con el encargo de terminar con aquel estado de cosas; el relevo de cargos tuvo lugar en plena madrugada del domingo 21 de junio, y los periódicos locales recogieron la noticia el día siguiente: “el gobierno ha autorizado al gobernador para tomar cuantas medidas crea oportunas para mantener el orden público” ( El Diario Regional, 23/07/36)

Campos Torregrosa, a su vez, había sido nombrado el 27 de febrero del 36, es decir, que llevaba en el cargo cuatro meses escasos. Muy poco tiempo, pero bastante más que el que su sucesor lo desempeñaría, pues no llegó a ejercer un mes completo. Lavín iba a pagar los 28 días ejercidos con su vida.

Lavín actúa

El nuevo Gobernador civil había ganado fama de buen negociador, duro pero dialogante. En Zamora, de donde venía, había resuelto varias situaciones conflictivas con mucho éxito.Lavín entró en acción de inmediato para detener la escalada de violencia en las calles de la ciudad.

El día 23 ya había publicado un bando, tal y como recogía la prensa; mantuvo reuniones, recibió a varias comisiones y tomó diversas medidas, como las dictadas a la policía para que realizara registros domiciliarios, requisa de armas y detenciones. Además dispuso la revisión de los permisos de armas, la prohibición expresa de que los ciudadanos realizasen cacheos por las calles y, una medida que era de otro rango, el aviso de que se aplicarían sanciones por el incumplimiento de la bolsa de trabajo.

Ese mismo día 23, Lavín habló a los vallisoletanos “exponiendo su propósito de terminar con el estado de subversiòn e indisciplina social”. Esta declaración de principios, realizada a través de la radio, se materializó de inmediato: se produjeron las medidas anunciadas, además de detenciones; el nuevo Gobernador se reunió con los huelguistas del transporte y los jornaleros del campo y las cosas parecieron tomar una nueva vía más pacífica. Lavín cumplía así con las expectativas que en él se habían puesto, pero se enfrentaba con un enemigo que iba a colocarle en su particular lista negra.

Pero además, el gobernador realizó visitas a varios pueblos, donde conoció a los alcaldes y se dio a conocer; se interesó por los conflictos del campo, por las obras pendientes, por las aspiraciones de los vecinos… una actitud inusual que esperanzó a los ciudadanos, hartos ya de los hostigamientos, de los conflictos y de la situación violenta que sufrían en el día a día. Lavín se convirtió en una figura providencial: el día 30 de junio, apenas transcurridos diez días de su toma de posesión, la prensa anunciaba sus triunfos: la huelga del transporte, resuelta por el acuerdo entre patronos y trabajadores; tres conflictos del campo solucionados; las obras del nuevo colector se iban a reanudar…

Para rematar estos diez días milagrosos, el ministro de Agricultura anunció su visita a Valladolid para el domingo 5 de julio. Valladolid, provincia eminentemente agrícola, iba a recibir con expectación las palabras del ministro, señor Ruiz de Funes, quien habló en un acto realizado en el Teatro Calderón junto con las autoridades provinciales. Le acompañaron especialmente el gobernador civil, Luis Lavín, y su correligionario y Presidente de la Diputación de Valladolid, Serafín Alcover Gómez-Caro. Ambos aparecen juntos durante los actos celebrados aquel día: el discurso del ministro y el almuerzo que le fue ofrecido después. Se trata, posiblemente, de las últimas fotografías oficiales de todos aquellos republicanos, que sin sospecharlo siquiera, estaban a punto de ver sus vidas truncadas, y alguno de ellos, como el propio Lavín, iba incluso a perderla.

Una circular y un bando

Las primeras comunicaciones del nuevo gobernador civil tomaron la forma de una circular dirigida a los alcaldes de todos los pueblos de la provincia y de un bando en el que daba a conocer a los ciudadanos las medidas de orden público que había resuelto tomar. El bando, que lleva fecha de 22 de junio, es el que sigue:

“Don Luis Lavín Gautier, gobernador civil de esta provincia, hago saber: Siendo deber primordial e ineludible del cargo que desempeño el mantenimiento del orden público, y estando firmemente decidido a cumplirlo, con el fin de evitar que en cualquier momento pueda alterarse la normalidad; en uso de las atribuciones que me están conferidas, debidamente autorizado por la superioridad, he decidido proceder a la revisión de todas las licencias de uso de armas de fuego cortas, ajustándose a las siguientes normas: Primera. En el plazo de cinco días desde la publicación de este bando, todos los poseedores de las armas referidas las entregarán en unión de la licencia; los de la capital en la Intervención de armas de la Guardia civil, y los de los pueblos de la provincia, en las Comandancias de los puestos del expresado Instituto. Seggunda. Igual deber cumplirán los tenedores de licencias gratuitas de arma de fuego corta. Tercera. Transcurrido dicho plazo, se procederá por mi autoridad a la revisión de las que haya lugar, entendiéndose que las que no sean revalidadas no podrán sus titulares hacer uso de ellas, ni alegar los derechos que de su expedición se deriven. Cuarta. A contar del día 29 se por los agentes de mi autoridad a la recogida de todas las armas cortas que no hayan sido entregadas, verificándose para realizarla los cacheos necesarios y registros domiciliarios que por este Gobierno se ordenen, y sus poseedores serán denunciados a los Tribunales por tenencia ilícita de armas, ya que, aunque la tuvieran , el hecho de no haberla entregado ni estar revisada, implica su invalidez. Lo que se hace público para general conocimiento, esperando de los ciudadanos de esta provincia que, comprendiendo la finalidad de esta medidas, las cumplirán exactamente sin dar lugar a la imposición de las sanciones que la ley me autoriza, a lo que estoy dispuesto en caso necesario.. Valladolid, 22 de junio de 1936.- El Gobernador Civil Luis Lavín Gautier.

Otra circular

Por el Gobierno Civil se ha hecho pública una circular, encareciendo que, con la máxima urgencia, se envíe relación de los guardas jurados existentes en las respectivas demarcaciones, indicando la fecha de su nombramiento, quiénes poseen licencia de uso de armas y los que la utilicen sin este requisito. Asimismo se ordena que dichas autoridades municipales se abstengan de nombrar guardas jurados, sin previo conocimiento de la primera autoridad civil de la provincia.”

Estas dos comunicaciones se publicaron en los diarios vallisoletanos a la vez que el nombramiento de Rodolfo Casanova como secretario particular del señor Lavín.

Ya sabía el nuevo gobernador que tanto en la ciudad como en los pueblos de la provincia proliferaban las armas de fuego. Casi a diario se producían altercados y disputas en las que solían aparecer, creando una situación por momentos insostenible. La primera medida intentaba conseguir, si no un desarme efectivo de la población, si un control lo más exhaustivo posible de las armas en circulación y la identificación de sus propietarios. Esta medida no pudo llevarse a cabo, ya que la sublevación acabó con la legalidad abruptamente aquel sábado 18 de julio. Y como pudo verficarse, las armas de todo tipo proliferaban en todos los rincones de la provincia.

Los enemigos de Lavín

Los grupúsculos derechistas de Valladolid no eran muy numerosos, pero a cambio mantenían una gran actividad y eran extremadamente peligrosos. La llegada de Lavín y sus medidas les hicieron pensar que su impunidad iba a terminarse. No era muy difícil, dado que en la ciudad todos conocían al grupo de violentos por sus nombres y apellidos, y muchos apoyaban sus acciones, como se demostraría solamente unos días después, durante la sublevación contra la República.

Para comprender la dinámica violenta y sin freno de estos grupos, asociados en su práctica totalidad a las JONS de Onésimo Redondo, hay que pensar que Valladolid era una ciudad pequeña, donde todos se conocían; que Onésimo Redondo era, en puridad, peón a manos de la iglesia, que le había formado y becado en Alemania, de donde regresó con un montón de ideas no originales, pero sí nazis, y dispuesto a ponerlas en práctica por los medios que fuera, y que en las fechas de la llegada de Lavín se encontraba en la cárcel, detenido por posesión de armas y atentado; pero en la cárcel de Valladolid, como en otras instituciones, estos agresores tenían personas que estaban de su parte; en el caso de la cárcel, el funcionario Conrado Sabugo oficiaba de enlace con el exterior, y los detenidos llegaron a tener armas en sus celdas.

Estos hechos escandalosos no eran, sin embargo, un secreto, por lo que llegaron a conocimiento del nuevo gobernador, quien dispuso el traslado de una veintena de presos falangistas a la cárcel de Ávila. Entre ellos estaba su dirigente, el mismo Onésimo Redondo.

Pero las falanges vallisoletanas no eran los únicos enemigos de Lavín. Tras sus viajes por algunas localidades de la provincia, el nuevo gobernador decidió efectuar inspecciones sobre algunos consistorios sobre los que pesaban denuncias por irregularidades contables. Se designaron delegados gubernativos cuya función era, sobre todo, la de revisar las cuentas municipales. Uno de estos delegados fue el también profesor de contabilidad Florentín Quemada, quien pagaría con su vida el haber intentado regularizar las enredadas contabilidades de algunos consistorios.

Quemada fue asesinado el día 10 de abril de 1937 por un grupo de “voluntarios de España”, que es como eran llamados los insurrectos civiles, junto a un grupo bastante numeroso de republicanos vallisoletanos notables. Entre ellos estaba el pariente y secretario personal de Luis Lavín, Rodolfo Casanova, un chico de 24 años que era de la total confianza de Lavín y le acompañaba en sus sucesivos destinos. Era natural de Unquera, también contable y esperaba su primer hijo, una niña a la que no llegaría a conocer, ya que permaneció detenido en las Cocheras de Tranvías de Valladolid desde la noche del 18 de julio, cuando se dirigía a la sede del Gobierno Civil en compañía del gobernador, hasta su muerte.

Detención de Lavín

El sábado 18 de julio, la ciudad de Valladolid hablaba en todos los tonos posibles del levantamiento en contra de la República. Ya desde por la mañana se desarrolló una actividad extraordinaria en el Gobierno Civil, donde comparecieron los responsables de la Guardia Civil y de la Policía con el fin de recibir órdenes y orientaciones del Gobernador. Se sucedían las llamadas telefónicas desde las alcaldías de los pueblos, así como las visitas de emisarios de las localidades cercanas, que deseaban que la máxima autoridad gubernativa les garantizase que podían estar tranquilos. Lavín tranquilizó a todos; ordenó a los alcaldes de las localidades donde existían grupos derechistas problemáticos que se recogieran las armas y que incluso se detuviese a los elementos alborotadores, tal y como se hizo en la propia ciudad, donde fueron detenidos algunos líderes derechistas, los más significados, como Criado del Rey, que sería nombrado alcalde por los sublevados, o Manuel Semprún, conocido activista antirrepublicano.

Esa misma tarde había de reunirse el Consistorio vallisoletano. Tras esa reunión, que sería la última realizada por los representantes de la legalidad municipal, algunos de los concejales se dirigieron al edificio del Gobierno Civil para hablar con el gobernador y exponerle el temor de que la sublevación se hiciese efectiva.

Socialistas lúcidos, con un gran sentido de la realidad, pidieron a Lavín la apertura de los depósitos de armas, con el fin de que el posible levantamiento pudiera ser repelido por el pueblo. Lavín no veía la existencia de un peligro tan inminente como para armar al pueblo. Naturalmente que conocía los rumores, mucho más que otras autoridades, porque sus informantes se los ponían sobre la mesa continuamente; pero él pensaba como la mayoría del gobierno, que la conspiración, de materializarse, podría ser aplastada de inmediato tal y como había ocurrido con la “sanjurjada”, y que era mejor dejar que los hechos se desarrollasen para poder detener a los conspiradores y aplicarles la ley con todo su rigor.

Los socialistas Eusebio González Suárez y José Garrote Tebar, acompañados por el diputado Federico Landrove López y algunos más, intentaron hacer ver al gobernador el peligro real que la ciudad corría, pero salieron del edificio con las manos vacías. A esas horas, ya estaba la suerte echada para todos: Lavín, su secretario y todos sus interlocutores serían asesinados; más de quinientas personas, reunidas en la Casa del Pueblo serían detenidas, muchas de ellas asesinadas o encarceladas; y en la provincia, decenas y decenas de autoridades municipales correrían la misma suerte tras obedecer escrupulosamente las órdenes del gobernador acerca del mantenimiento de la tranquilidad y el orden público.

Esta fue la responsablilidad de Luis Lavín: no confió en el pueblo y se equivocó en la valoración de la crisis. El error lo pagó caro él mismo, desde luego; pero como autoridad, le atañe una responsabilidad mucho mayor. Simplemente hay que pensar en que, si los republicanos hubieran tenido ocasión y medios para defender la República y a la vez su propia vida, lo más probable es que nuestra historia fuese hoy día muy diferente de lo que es.

Tras las reuniones mantenidas hasta altas horas de la madrugada con cuadros políticos, militares y policiales, Lavín y su secretario Rodolfo Casanova permanecieron en el palacio del Gobierno Civil, muy cercano al de la Capitanía General. La toma de la Capitanía, con su lucha, los tiroteos, el gentío y los gritos les hicieron comprender rápidamente que el anunciado golpe de estado se estaba produciendo casi ante sus ojos.

Los militares sublevados, jaleados por paisanos armados, se dirigieron al edificio del Gobierno Civil tras tomar la Capitanía y detener a la máxima autoridad militar, Nicolás Molero Lobo, a quien habían herido de un tiro. Lavín y Casanova salieron del edificio por la puerta lateral del edificio a la calle Fray Luis de Granada y dirigieron sus pasos hacia el río Pisuerga. Posiblemente intentaban ver con sus propios ojos el estado de cosas en las calles.

La salida del gobernador se produjo cerca de la una de la madrugada del ya domingo 19 de julio. La Casa del Pueblo estaba cercada por gentes armadas, quienes también estaban emplazando varias metralletas en la torre de la catedral, en la zona superior del Pasaje Gutiérrez y en el terrado de los almacenes Calabaza, entre otros; patrullas de derechistas detenían a los escasos transeúntes y se escuchaban disparos por toda la ciudad.

Lavín y su secretario deambularon unas horas por la zona de Poniente y las riberas del río. Por fin tomaron la decisión de regresar a su puesto. A las cinco de la madrugada, ambos se presentaron en el cuartel de la División. Fue, quizá, el último e infructuoso intento de la autoridad gubernativa para intentar reconducir una situación que ya no tenía vuelta atrás. Rodeados de oficiales rebeldes, fueron conducidos al Gobierno Civil, y tras un tiempo, los hicieron salir por la misma puerta lateral por la que habían abandonado el edificio y los llevaron en un coche hasta la cárcel Nueva. Los sublevados habían nombrado ya al que había de sustituir a Lavín, el militar Miguel Ponte.

Juicio y ejecución

Los documentos de la época explican sucintamente lo ocurrido al Gobernador. La prensa local publicaba el 21 de julio una nota dando cuenta de la detención:

Ingresa en prisión el 19 de julio de 1936 por mandamiento del Juzgado Militar, a disposición del Gobernador, acusado de rebelión.

Los sublevados habían nombrado Gobernador Civil al general Miguel Ponte, conocido en los círculos políticos y militares por su actitud conspirativa a favor del rey. Lavín permaneció en la prisión provincial 31 días. Fue juzgado en la Causa 153, acusado de rebelión y condenado a muerte.

El sábado 15 de agosto, el Norte de Castilla publicaba la noticia de la condena a muerte de cinco personas. En realidad, los condenados eran once y fueron ejecutados por fusilamiento en las cascajeras de San Isidro el día 18 de agosto. En el grupo había dirigentes estudiantiles como Félix Lefler; líderes sindicales, como Eliseo San José; concejales como Tomás González Cuevas, y diputados como José Maestro San José y Juan Lozano Ruiz. Y con ellos fue al paredón el último Gobernador civil de la República, el señor Luis Lavín Gautier, quien conservó hasta el momento de su muerte una gran serenidad y una dignidad ejemplar.

Rodolfo Casanova Tebar, secretario del gobernador

El nombramiento de Rodolfo Casanova como secretario del gobernador se publicó en la prensa vallisoletana con fecha de 23 de junio. La nota decía de él que era periodista, aunque en realidad había estudiado la carrera de Contabilidad. La característica más acusada de este joven desconocido fue, sin duda, la lealtad que demostró hasta el final hacia su jefe, el gobernador Lavín, junto con quien fue detenido. Lavín fue ingresado en la prisión provincial, la conocida como Cárcel Nueva. Su secretario permeneció detenido en las Cocheras como preso gubernativo, y nunca sería juzgado; posiblemente porque los sublevados habían decidido ya su muerte y no había absolutamente nada de qué acusarle.

El día 10 de abril de 1937, un grupo de civiles armados sacó delLas Cocheras a Rodolfo Casanova junto a un grupo bastante numeroso de republicanos vallisoletanos notables. Entre ellos estaba el delegado gubernativo Florentín Quemada, nombrado por Luis Lavín para investigar las irregularidades en las cuentas de varios consistorios de la provincia. En total, diez personas, todos ellos hombres, todos conocidos por su actividad al lado del gobierno legal republicano, fueron conducidos desde ambas prisiones (la Nueva y las Cocheras) hasta un paraje cercano al lago de Laguna de Duero. Allí los asesinaron a tiros. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Laguna (excepto el del señor Quemada, que pudo ser recogido por su hermano tras obligarle a firmar un falso documento).

Se cumplía así la fatal corazonada del joven secretario, quien deprimido y angustiado por sufrir una prisión sin condena y una sentencia sin juicio, temía no conocer a su futuro hijo y no volver a ver a su mujer, quien se libró de mayores males al encontrarse junto a su madre en Cantabria.

Epílogo: suma y sigue

La ruindad humana a veces es arrolladora. Se ejerce mejor y con más satisfacción y saña contra una víctima ya vencida. Este fue el caso de Lavín, a quien mucha gente, eso sí, tras su asesinato, se permitió vilipendiar e insultar gratuitamente. Ni aun en el caso de ser el gobernador culpable de algún hecho reprobable, que desde luego no lo fue, se puede justificar el ruin comportamiento que se tuvo para con su memoria y lo que es más doloroso todavía, para con su familia.

La mujer de Lavín, Emilia de Lama, estaba junto a él en aquella noche de los generales. Tras la detención de su marido, fue también detenida y además, maltratada. Tras intensas negociaciones, las autoridades republicanas lograron canjearla por otra señora; Santander, localidad de origen de la familia Lavín, había permanecido leal, y eran muchos los vallisoletanos que se encontraban veraneando en aquella zona cuando el golpe los sorprendió.

La familia de Lavín volvió a Santander. El gobierno de la República concedió de inmediato a la viuda y a sus seis niños una pensión; pero en el momento en que Santander cayó en manos de los facciosos, la vida de los republicanos y de sus familias quedó destrozada.

La viuda de Lavín y sus hijos quedaron abandonados a su suerte. Los vencedores les acosaban y les hacían la vida imposible hasta tal punto que decidieron exiliarse. Vivieron en Francia, pero a finales de los años 60 comenzaron a realizar gestiones para rehabilitar la memoria de Luis Lavín, recuperar su cadáver (que estaba en una fosa común del Cementerio del Carmen de Valladolid) y solicitar la pensión de viudedad correspondiente. Después de más de treinta años, la memoria histórica de los vencedores estaba en plena forma, y su sed de mal no había sido satisfecha.

Primeramente negaron la muerte de Lavín, ya que no estaba inscrito en el Registro Civil de Valladolid. Esto es cierto, y revisando cuidadosamente los libros de defunciones no se ven trazas de que el folio correspondiente haya sido manipulado o arrancado (como ocurre, por ejemplo, con el de Medina de Rioseco, donde faltan varios folios, obviamente arrancados); sencillamente, NO FUE REGISTRADO.

Por si esto fuera poco, la pensión fue denegada, pues según los funcionarios del Ministerio de Hacienda, en ninguna parte constaba la existencia de un gobernador civil llamado Lavín Gautier. La familia envió entonces copias de la hemeroteca, noticias y fotografías de la época que recogían el nombramiento, pero sencillamente el ministerio no les contestó.

Los reiterados intentos de sepultar la memoria de aquellos a quienes destruyeron, como puede comprobarse, no han tenido efecto alguno. Cada afloramiento de la memoria, cada reivindicación de una persona, cada recuperación de un suceso, es contestada con gran indignación por quienes tienen algo que reprocharse. Mejor el olvido, nos dicen, apelando a no se sabe qué mejoras en la convivencia. Se comprende perfectamente que el que la hace, en su intento por no pagarla, luche con todas sus armas para que las víctimas olviden la fechoría.

Vano intento. La memoria de las víctimas será recuperada hasta donde sea posible. Y con ella, la exigencia de justicia y de reparación.

Orosia Castán. Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas.

Valladolid, octubre de 2012