Represión franquista en Valladolid

18 de julio de 1936: Cae Laguna de Duero

2020-07-17T18:28:53Z

Las noticias de que se estaba produciendo una sublevación militar comenzaron a llegar a Laguna en la misma tarde del sábado 18 de julio. El vecindario estaba inquieto por los rumores e intentaba informarse a través de los escasos medios de la época.

(Del libro: Laguna de Duero, la verdad oculta, de Orosia Castán 2018)

Desde el mismo día 14 de abril de 1931, fecha de su advenimiento, la República tuvo enemigos implacables que no dejaron de conspirar para derribarla. Estos elementos fueron, principalmente, los partidos de derecha, los monárquicos, liderados por Gil Robles, Renovación Española; la iglesia católica, dispuesta a dar la batallas por sus intereses hasta el final, costara lo que costara, y un gran grupo de mandos militares, en su mayor parte africanistas monárquicos y ultraderechistas, que se enfrentaron a Azaña y con el pretexto de la reforma impulsada por éste en el seno del Ejército, violaron su juramento de lealtad a la República (que habían hecho por su honor). Tres enemigos temibles que, coaligados y unidos por la defensa de sus intereses, se levantaron contra el poder legal aquel 18 de julio de 1936, coronando así una espiral de violencia que habían comenzado el propio 14 de abril de 1931 contra la República, decididos a terminar con ella a cualquier precio.

A fecha de hoy todavía se desconoce el verdadero calado que aquel baño de sangre tuvo. Miles de asesinados, miles de familias deshechas, el país entero arruinado material y moralmente; destrucción de todo el tejido social, sindical y político; desaparición total del esfuerzo educativo efectuado por la República; decadencia de los pueblos, desmoralización de la población; miles de exiliados, regreso a formas de producción arcaicas, desaparición de las libertades conseguidas, vuelta al pensamiento único mediante el adoctrinamiento religioso y político de la población entera, y, en fin, un atraso en el desarrollo del país.

El gobernador civil Luis Lavín Gautier, en respuesta a la multitud de consultas formuladas por teléfono desde los pueblos de la provincia, mandó mensajes de tranquilidad, advirtiendo a los alcaldes que hicieran lo posible para evitar disturbios, para lo que recomendaba desarmar a los elementos conflictivos y mantenerse a la espera de acontecimientos.
Luis Lavín Gautier fue nombrado Gobernador Civil de Valladolid el 20 de Junio de 1936 para restablecer el orden en la ciudad. Lavín, que había conseguido imponer cierto orden en Zamora, se encontró con una enorme cantidad de problemas: manifestaciones, huelgas, agresiones y sobre todo la conspiración golpista, visible para muchas personas en la ciudad. A pesar de que fue avisado e impelido a actuar, él siempre mantuvo la idea de que la situación estaba controlada. La sublevación en la capital sorprendió a Lavín sin recursos, ya que la mayoría de los guardias de asalto a sus órdenes, la guardia civil y las fuerzas militares lo traicionaron a él y a los vallisoletanos poniéndose al lado de los sublevados. El gobernador, que apenas llevaba un mes en el cargo, fue detenido en la madrugada del 19 de julio, cuando se dirigía a la Capitanía General sin saber que había sido tomada por los alzados, y el general de la División, Molero, estaba detenido en el hospital de la ciudad tras ser herido de bala por los asaltantes.
Lavín permaneció en la prisión y fue fusilado el 18 de agosto tras sufrir uno de los primeros juicios sumarísimos celebrados en Valladolid.

Los ayuntamientos intentaban defender a sus pueblos de un posible ataque armado, pero al desconocer la verdadera magnitud del levantamiento, la idea de reunir a todos los vecinos leales en la Casa del Pueblo fue funesta. Las escasas defensas con que contaban no sirvieron de nada ante el ataque de los sublevados, superiores en número y armamento, lo que supuso la caída de las Casas del Pueblo en todas las localidades en las que se siguió la convocatoria. Además, el hecho de haberse reunido en los centros fue utilizado como base de las acusaciones de los juicios posteriores, en los que los detenidos fueron acusados de rebelión armada, dictándose cientos de penas de muerte y condenas a perpetuidad.
Esta desafortunada directriz que se transmitió el mismo sábado a todo el país, reunió a más de un centenar de vecinos de Laguna de Duero en la Casa del Pueblo, donde se mantuvieron durante toda la noche del 18 al 19 de julio. Entre ellos estaban los concejales, los dirigentes de la Casa del Pueblo, los sindicalistas y en general, todos aquellos que se sentían comprometidos con la República, que intentaron organizar la resistencia en caso de que el pueblo sufriera un asalto.

Su armamento, según expuso la acusación durante el juicio, estaba compuesto por “armas cortas y largas, hoces y podaderas y otros instrumentos”. En realidad, el tal armamento se reducía a algunas escopetas de caza y sobre todo a sus herramientas de trabajo, con las que poco podían hacer contra el número, los fusiles y la experiencia de los contingentes que asaltaron el pueblo.

Hacia las tres de la tarde del domingo 19 aparecieron en el pueblo una decena de camiones con patrullas armadas que venían desde Valladolid para controlar la localidad. Estos atacantes eran, según dice la propia sentencia del juicio, fuerzas nacionales mandadas por un capitán del ejército rebelde. Venían acompañados por falangistas vallisoletanos, dispuestos a ayudar a sus camaradas de Laguna. Los sublevados, fuertemente armados, cortaron la carretera de Madrid y entraron en el pueblo avanzando calle a calle, parapetándose tras los camiones y disparando sus armas contra la población. A continuación se dirigieron a la Casa del Pueblo y la cercaron disparando sin cesar.

En el recinto de la Casa del Pueblo se encontraban alrededor de 200 vecinos de la localidad, entre los que estaban el Jefe de la Estación, Ramón Romera y el telegrafista, Leonardo Martín, el Presidente de la Casa del Pueblo, Mariano Enjuto, y casi todos los dirigentes socialistas de la localidad, a los que acusarían de organizar la resistencia y condenarían a muerte. Sin embargo hay que resaltar el hecho de que durante el asalto de los sublevados y los días anteriores y posteriores, no se produjo ni una sola víctima entre los fascistas tal y como se recoge en la Causa General, aunque esto no sirvió de atenuante en el juicio.

La llegada de camiones llenos de hombres armados hizo que los laguneros se rindieran y salieran de la Casa del Pueblo. Esto no detuvo a los asaltantes, que en compañía de los feroces fascistas del pueblo se lanzaron contra los vecinos, entraron en sus casas y detuvieron a todos los que pudieron. Ese mismo día 19 de julio, algunos vecinos tomaron conciencia de lo que podía llegar a ocurrir e intentaron salir del pueblo para escapar de la represión. Pocos lo consiguieron. Hubo cerca de un centenar de detenciones, acompañadas casi siempre de malos tratos; registros domiciliarios sin autorización; amenazas, golpes y amedrentamientos sobre hombres, mujeres y niños. Alrededor de medio centenar de vecinos fueron asesinados. Los que lograron salvarse no volverían a tener una vida normal.

El miércoles 23 de julio de 1936, un comandante de la guardia civil procedente de Valladolid destituyó a la Corporación legal de Laguna de Duero, nombrando una nueva en su lugar:

“En la villa de Laguna de Duero a veintitrés de Julio de mil novecientos treinta y seis siendo la hora de las ocho de la tarde se reunieron en esta Casa Consistorial el Alférez de la Guardia Civil de la Comandancia de Valladolid D. Daniel Fadón Cerezal y el secretario que suscribe al objeto de proceder a dar cumplimiento a lo ordenado por el Excelentísimo Sr. General de la Séptima División Don Andrés Saliquet Zumeta.
Dicha orden consiste en proceder a la designación de una Comisión que asuma las funciones de esta corporación o Ayuntamiento de esta localidad por haber cesado la que venía ejerciéndolas en virtud de disposiciones superiores.
En este acto y hallándose presentes Don Secundino González Navarro, D. Sebastián Gutiérrez Gómez, D. Miguel Hernando Muñoz, D. Eugenio Tasis Molina y Don Félix Gutiérrez Molina, fueron designados para ocupar y formar dicha Comisión y una vez aceptada quedaron constituidos en la siguiente forma:

Presidente D. Secundino González Navarro
1º Teniente D. Sebastián Gutiérrez Gómez
2º Teniente D. Félix Gutiérrez Molina
Vocales Miguel Hernando y Eugenio Tasis

Y no siendo otro objeto de esta reunión se levanta la presente que firman y certifico.
Firmado:
Secundino González, Sebastián Gutiérrez, Félix Gutiérrez, Eugenio Tasis y Miguel Hernando. Secretario: Enrique Veganzones.

La Corporación legal quedaba anulada. Todos sus componentes serían asesinados en el transcurso de los meses siguientes; unos, como Vicente Santos y Lorenzo Vallelado (alcalde en funciones), tiroteados en las inmediaciones de la laguna; los demás, fusilados en Valladolid tras sufrir un juicio indigno y repleto de falsedades de las que no pudieron defenderse.

Los nuevos concejales reunidos ese día ocupaban sus cargos por la fuerza de las armas. No ignoraban eso, como tampoco podían ignorar la suerte que estaban corriendo los auténticos representantes municipales en aquellos momentos, lo que los convertía en cómplices del crimen.

Y es que los actos violentos perpetrados contra las vecinas y vecinos en plena calle y a la luz del día no podían dejar de verse. A diario aparecían cadáveres con signos de tortura; menudeaban palizas, violaciones, lapidaciones y secuestros. El mismo día 25 de julio, tras conocerse la noticia de la muerte de Onésimo Redondo, el caudillo de Castilla, durante un incidente en el pueblo de Labajos (Segovia), se desató una operación de castigo que acabó con la vida de una decena de vecinos de Laguna, entre los que estaban el primer y segundo tenientes de alcalde, sindicalistas, socialistas y afiliados de la Casa del Pueblo. Onésimo Redondo, que estaba preso en Ávila, había sido excarcelado por los golpistas el domingo 19 de julio.

Sublevación en Tudela de Duero: así fue

2020-07-17T17:48:57Z

Los vecinos formaron dos grupos de unas cincuenta personas cada uno cuya finalidad era la de montar guardia en las dos zonas más peligrosas: la entrada y la salida de la carretera que atravesaba Tudela de parte a parte.

(Fragmento del libro de Orosia Castán: “Tudela de Duero, los años desconocidos”, de inminente aparición)

Dos días decisivos

El sábado 18 de julio de 1936 amaneció con inquietud en Tudela de Duero. Terminaba una semana repleta de problemas laborales, con una huelga convocada en el momento de la cosecha, entre rumores de un posible alzamiento militar contra la República.
A primera hora de la mañana el alcalde Pablo Arranz Sanz habló por teléfono con el gobernador civil, Luis Lavín Gautier, para recabar información acerca de la situación y pedir orientaciones en caso de que el golpe se hiciera efectivo (….) quien se limitó a recomendar a todos los alcaldes que se concentraran en los ayuntamientos y Casas del Pueblo con la gente de su confianza y que vigilaran y desarmaran a los elementos de derechas sospechosos de originar problemas.

Disparos ante la Casa del Pueblo

Hacia las siete de la tarde, Gregorio Martín de 17 años, estudiante, falangista, hijo de uno de los mayores propietarios del pueblo, Fausto Martín Méndez, pasó ante la puerta de la Casa del Pueblo, donde se hallaban reunidos varios jóvenes a la espera de noticias.

Pablo Zapatero, uno de los jóvenes que estaban en la puerta, creyó ver que Gregorio llevaba un arma bajo su camisa ligera de verano y le exigió que se acercara. Gregorio se negó; otros chicos se acercaron y entonces sacó la pistola que efectivamente llevaba y disparó varias veces alcanzando a Mariano Muñoz Vela “Margallo” y a Julio Ortega Muñoz “Pajarito”, quienes cayeron heridos al suelo. Se produjeron momentos de terror y confusión. Los que estaban reunidos bajaron las escaleras a toda carrera y salieron a la calle, dirigiéndose unos a sus casas y otros a la captura del agresor, que salió corriendo hacia la plaza y se refugió en casa de un tío suyo que era farmacéutico.

Los heridos fueron atendidos en los primeros momentos por el médico del pueblo Ceferino Olmedo, que además era tío del agresor, y el día siguiente ingresaron en el Hospital de la Resurrección, en la capital vallisoletana.
La gente se arremolinó en las calles. Había confusión acerca de los heridos y los autores del hecho, y cuando se supo que había dos heridos de bala, la indignación aumentó.

Hacia las nueve de la noche se produjo otro incidente: los vecinos escucharon gritos y ruidos, y vieron cómo un grupo de gente perseguía a Adalberto Olmos conocido como “Cogezano”, que iba huyendo junto con otro hombre. Al llegar a la altura del corral de Pedro Juste, ambos saltaron la tapia y se refugiaron dentro. La gente se arremolinó en la puerta y en ese momento los que estaban dentro hicieron dos disparos que afortunadamente no hirieron a nadie. Los que estaban en la puerta avisaron a los guardias, que se presentaron de inmediato. Los dos hombres salieron y los guardias los condujo al calabozo sin que nadie les pusiera una mano encima, según ellos mismos reconocerían después.

Recogida de armas y detención de derechistas

El tiroteo de la tarde del sábado en plena Calle Mayor aumentó el nerviosismo y la crispación de todos los vecinos, por lo que el alcalde Pablo Arranz puso en marcha las medidas propuestas por el gobernador civil y se reunió con un grupo de hombres de su confianza, entre los que estaban Modesto Velasco Acebes, presidente de la Sociedad de Oficios Varios, Fortunato Román Abad, presidente de la Sociedad Agraria, Crescencio Juárez y otros, todos ellos socialistas y pertenecientes a la Casa del Pueblo, a los que comunicó las instrucciones del gobernador. En la reunión se determinó la confiscación inmediata de las armas que estaban en posesión de los derechistas más problemáticos, aquellos que por sus antecedentes pudieran representar una amenaza en aquella situación.
Además enviaron al cercano ayuntamiento de Aldeamayor a dos muchachos, Julio Peñalva Herguedas, de 16 años y Decoroso Sánchez Mambrilla, que se desplazaron hasta allí en bicicleta para trasladar al alcalde de esa localidad las instrucciones del gobernador civil (……..)

Patrullas nocturnas

El plan de defensa organizado por el alcalde Pablo Arranz y sus colaboradores tenía dos partes: el desarme de los elementos derechistas que podían suponer un peligro y las patrullas de vecinos, dispuestas en los accesos del pueblo, cuya función obligatoriamente se habría de circunscribir a la vigilancia, ya que no disponían de armas ni de capacidad defensiva.
Los vecinos formaron dos grupos de unas cincuenta personas cada uno cuya finalidad era la de montar guardia en las dos zonas más peligrosas: la entrada y la salida de la carretera que atravesaba Tudela de parte a parte. Estos dos grupos estaban formados por hombres, mujeres y ancianos, dispuestos a impedir que los golpistas tomaran el ayuntamiento (….)

Uno de los grupos se apostó en la carretera a Valladolid, al abrigo del Pinar Pequeño, que rodeaba las ruinas de la antigua ermita de San Roque (conocida popularmente como la ermita de la roña), aproximadamente donde hoy se encuentra el supermercado. El otro grupo se apostó a la salida del puente, controlando de esa forma los dos puntos de entrada al pueblo.
Las armas que llevaban se reducían a las herramientas agrícolas que tenían en sus casas, aunque en el juicio fueron acusados de portar armas de fuego, lo que no pudo ser demostrado.

Aniversario: Fusilados de Laguna de Duero

Orosia Castán — 2018-01-28T06:07:21Z

Hoy, 28 de enero de 2018 se cumplen 81 años del fusilamiento de varios vecinos de Laguna de Duero. Entre ellos estaba Gerardo Cabañas, el alcalde republicano, y además, varios representantes de la voluntad popular, trabajadores, jornaleros…todos ellos cometieron el delito de mantenerse leales a la Constitución y al cargo que habían jurado.
Después de ocho décadas, los juicios franquistas, faltos de cualquier garantía, nulos de pleno derecho, siguen sin ser anulados gracias a la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos de la democracia.

El juicio se había celebrado el día treinta de noviembre de 1936 en la Cárcel Nueva de Valladolid. Los acusados, 75 personas a las que acusaban de rebelión armada por haberse reunido en la noche del sábado 18 de julio en la Casa del Pueblo de Laguna con la finalidad de organizar la resistencia contra las fuerzas sublevadas.
Permanecieron toda la noche en el recinto, pero a la mañana siguiente, 19 de julio, el pueblo fue asaltado por contingentes armados a los que se unieron los fascistas de Laguna. Tras un tiroteo por las calles del pueblo, los reunidos se rindieron, fueron detenidos y los trasladaron a las prisiones de Valladolid. Algunos de ellos no volverían jamás. En la sentencia se dictaron 13 penas de muerte, 39 condenas de treinta años de prisión, 11 de quince años, y 8 de ocho años. Fueron absueltas cuatro personas.

“FALLAMOS, que debemos condenar y condenamos a pena de muerte a ASTERIO MUÑOZ RIVERA, ARGIMIRO VICENTE MUÑOZ, ELÍAS FRAILE ARQUEROS, EZEQUIEL MERCHAN BURON, GERARDO CABAÑAS FERNÁNDEZ, GONZALO SANTOS VALLELADO, HIPÓLITO RODRÍGUEZ FENÁNDEZ, LEONARDO MARTÍN RECIO, LAUREANO FRAILE CORTEZÓN, MARIANO ENJUTO RUIZ, MARCELINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, RAMON ROMERA ORTEGA Y SATURIO FRANCISCO DE DIEGO, como autores con la calidad de dirigentes de un delito de rebelión militar en el que concurre la circunstancia agravante de su gran trascendencia y peligrosidad acreditada a los responsables”.

Las trece condenas de muerte se cumplieron apenas 20 días más tarde. Los condenados no tuvieron tiempo de resolver sus asuntos; anonadados, algunos se despidieron de sus familias mediante cartas manuscritas en las que apenas podían expresar más que estupor, sorpresa y desde luego, protestas de inocencia.

FUSILAMIENTOS

Los laguneros condenados a muerte fueron fusilados en las Cascajeras de San Isidro en dos grupos, el primero de ellos el día 27 de enero de 1937, y el segundo, el 28.
Previamente, el día 5 de diciembre, habían fusilado a Herminio Agudo, juzgado en otra causa.
Los condenados fueron trasladados a la Cárcel Nueva, donde estaba instalada la capilla.
El gobernador fue el encargado de firmar el último de los documentos referentes a la ejecución: la Orden de Enterramiento Todos los fusilados de Laguna fueron enterrados en el cementerio del Carmen de la ciudad de Valladolid.

Los fusilados

Herminio Agudo Prieto, de 30 años, ferroviario, estaba casado, tenía dos niños pequeños.

Madrugada del día 27 de enero:

Gerardo Cabañas Fernández, alcalde. Condenado a muerte y fusilado por oponerse al Movimiento y organizar la resistencia durante la noche del 18 de julio en Laguna, pero en realidad estaba detenido en la cárcel de Valladolid desde el día 12 de ese mismo mes, por lo que ERA INOCENTE.

Elias Fraile Arqueros, de 30 años, casado, con un hijo menor, jornalero, Tesorero de la Casa del Pueblo.

Saturio Francisco de Diego, de 48 años, jornalero, concejal. Casado y con siete hijos.

Leonardo Martín Recio, de 40 años, era el telegrafista de la estación de trenes de Laguna, estaba casado y tenía tres hijos.

Ezequiel Merchán Burón, de 33 años, casado, tres hijos menores, jornalero y Vicepresidente de las Juventudes Socialistas de Laguna.

Asterio Muñoz Rivera, de 24 años, jornalero, Vicesecretario de la Casa del Pueblo.

Gonzalo Santos Vallelado, de 24 años, soltero, jornalero. Había sido detenido el día 20 en las proximidades de Puente Duero, pero aún así fue fusilado.

Argimiro Vicente Muñoz, 32 años, casado, dos hijos menores, jornalero, Tesorero de la Casa del Pueblo.

El día siguiente, 28 de enero, fue fusilado el otro grupo de laguneros condenados a muerte:
Mariano Enjuto Ruiz, de 40 años, industrial, casado y con cuatro hijos. Era el Presidente de la Casa del Pueblo de Laguna de Duero.

Laureano Fraile Cortezón, de 32 años, soltero, jornalero, concejal.

Marcelino Hernández Hernández, de 26 años, jornalero, casado y con una hija pequeña. Era vocal de la Casa del Pueblo.

Hipólito Rodríguez Fernández, de 35 años, albañil, Secretario de la Casa del Pueblo.

Ramón Romera Ortega, de 54 años, casado y con cuatro hijos, era el Jefe de Estación de Laguna de Duero.

El día 22 de julio de 2017, el pueblo y la Corporación Municipal de Laguna de Duero rindieron reconocimiento y homenaje a estos laguneros, vecinos, trabajadores, y representantes de la voluntad popular, elegidos en las urnas democráticamente.

En su honor se erigió una escultura que simboliza la voluntad de conseguir Verdad, Justicia y Reparación para ellos y para todas las víctimas de la represión, y el fin de la impunidad de los crímenes franquistas.

Represión franquista en Corcos del Valle

Orosia Castán — 2017-03-13T11:25:36Z

No fue suficiente para estos golpistas la desaparición de todos sus oponentes políticos, unos, muertos; otros, encerrados durante años a en lejanas prisiones. No, no tenían bastante. Por eso se apropiaron de los bienes de sus familias, dejándolas en la miseria. Atacaron a sus madres, esposas e hijas, persiguieron a sus hijos, niños menores e inocentes, impidiendo su asistencia a la escuela y adoctrinándolos mediante la fuerza.
Corcos del Valle, aquel pueblo próspero, no volvió a levantar la cabeza. Muchas familias se fueron para no volver y sus 800 habitantes dieron paso a los 200 de hoy.

Corcos del Valle es un municipio situado a 20 km de Valladolid, en dirección a Palencia. Es un territorio pequeño, con algo más de 42 km2, en los que se cultiva sobre todo la viña y los frutales.
En los años 30, la localidad tenía unos 800 habitantes (hoy tiene algo más de 200), cuya economía se basaba en la agricultura y mantenía fuertes vínculos con Dueñas, un pueblo perteneciente a Palencia, fuerte y con una gran influencia política y sindical en toda la zona.
El sábado18 de julio de 1936 llegaron noticias a Corcos acerca de la sublevación militar que estaba comenzando a producirse en Marruecos. Las autoridades se movilizaron y trataron de informarse, para lo que enviaron gente a Dueñas, localidad con la que se mantenían contactos de confianza a través de las Casas del Pueblo, y llamaron al Gobierno Civil de Valladolid, donde les aconsejaron que todas las fuerzas leales a la República se concentraran en las Casas del Pueblo o los ayuntamientos de las localidades a la espera de más información.
Enseguida se corrió la voz, y los elementos derechistas salieron del pueblo con sus armas, reuniéndose en un pequeño teso de las afueras a la espera de acontecimientos.

Hacia las diez de la mañana del domingo 19 llegó a Corcos un grupo numeroso de vecinos de Dueñas, contando que el pueblo había sido asaltado por grupos de falangistas y guardias civiles armados. Se mantuvo una reunión en la Casa del Pueblo de Corcos y decidieron organizar la resistencia.
A primeras horas de la tarde, los elementos de derechas concentrados en las afueras, enterados de los avances de la sublevación, intentaron entrar en el pueblo dando tiros con sus escopetas de caza, lo que fue contestado por los vecinos leales. Tras este tiroteo cruzado, el pueblo de Corcos se mantuvo en vigilia toda la noche, sin que se produjesen más incidentes.

Al amanecer del lunes 21 llegaron al pueblo varios camiones llenos de gente armada y fuerzas militares. Los paisanos llevaban correajes y en el cuello medallones, y todos iban armados con escopetas y fusiles, según recuerdan los testigos de los hechos. Entraron en la localidad en medio de un intenso tiroteo. Las fuerzas no estaban equilibradas y los reunidos en la Casa del Pueblo decidieron salir. Fue en ese momento cuando fueron tiroteados, produciéndose varios heridos de bala. A continuación comenzaron las detenciones, que se realizaron en gran número durante todo el día y el siguiente, martes 21. Todos los detenidos fueron trasladados a Valladolid e ingresados en las Cocheras de Tranvías, en los aledaños de lo que hoy es la Estación de Autobuses.

Los heridos por arma de fuego fueron:

Ciriaco Manuel Maté, que falleció en el hospital de Valladolid
Teófila Arenas Redondo
Ana “Pameta”
Felisa Gila Redondo
Marcelino Iglesias Ruiz
Teodomira Ruiz Pinar

Los que pudieron salir del pueblo lo hicieron campo a través en dirección a Trigueros del Valle; hasta allí llegó un grupo compuesto por vecinos de Dueñas y de Corcos, que pudieron mantenerse varios días ocultos entre viñas y morenas, acercándose a los pueblos de las cercanías en busca de alimentos. Los demás fueron regresando y los sublevados les maltrataron, les dieron palizas, les purgaron y raparon a las mujeres.
Ciriaco Manuel Maté, de 22 años, resultó herido de bala en una pierna. Logró alcanzar un chozo de pastores en una finca llamada La Barranca y se refugió en él. El calor propio del mes de julio y la falta de cuidados hizo que la herida se infectase. El encargado de la finca donde se hallaba el chozo lo encontró inconsciente y el chico fue trasladado al Hospital de la Resurrección, en Valladolid, donde falleció seis días más tarde. Era hermano de uno de los concejales del pueblo, Gregorio Manuel, que estaba detenido y sería fusilado junto con otros miembros de la Corporación en la madrugada del 23 de diciembre.
Mientras, los demás detenidos continuaron en Las Cocheras de Valladolid, hasta que en noviembre de 1936 fueron sometidos a juicio en la Causa 92/36. En el juicio, celebrado en la Cárcel Nueva de Valladolid, fueron acusados de rebelión armada y se dictaron ocho penas de muerte, que se cumplieron el día 23 de diciembre, la víspera de nochebuena. Otros 32 vecinos recibieron condena de 30 años, es decir, cadena perpetua, mientras que 4 menores de edad fueron condenados a penas de 20 años de prisión.
En total, 44 vecinos de Corcos del Valle fueron condenados a penas extraordinariamente duras en un juicio sin garantías, en el que no pudieron defenderse, ni los acusadores pudieron aportar pruebas de los supuestos delitos.
Los condenados a muerte pasaron a la Cárcel Nueva, donde aguardaron la hora de su ejecución, que se cumplió al amanecer del día 23 de diciembre en el Campo de San Isidro, en Valladolid, y a continuación fueron enterrados en el cementerio del Carmen de la ciudad en una fosa común. Tres de ellos eran hermanos (los Torinos Pérez); y entre ellos había dos menores: Heraclio San José Polo, que acababa de cumplir 18 años, y Enedino Torinos Pérez, que en mayo había cumplido los 20.
También fueron fusilados el teniente de alcalde, Tomás Pinar Álvarez, y los concejales Gregorio Manuel Maté y Eustasio Vázquez Falcón.

Los demás condenados fueron enviados a las prisiones de Burgos, Pamplona y el Puerto de Santa María, principalmente. La lejanía de las prisiones hizo imposible la ayuda de las familias, lo que fue nefasto para los presos. Alguno fallecería en la cárcel, como ocurrió con Ángel Bravo Pérez, de 23 años, que murió en la enfermería de la cárcel de Burgos el día 24 de octubre de 1940 a los 26 años. En la cárcel de Figueirido moriría Senén Martínez Núñez, de 61 años, cuyo hijo Isidro estaba también condenado a 30 años. Senén no resistió las condiciones extremas de la cárcel y falleció a finales de 1939, tras sufrir casi tres años de prisión.

Eliminado cualquier tipo de oposición, el pueblo quedó en las manos de los sublevados, que sin perder tiempo comenzaron a requisar los bienes y las cosechas de los detenidos. Las familias de estos vieron cómo les arrebataban viñas y tierras, carros, aperos de labranza y mulas. Algunos de estos bienes fueron devueltos; otros no volvieron jamás a manos de sus dueños, incapaces de reclamarlos a causa del estado de terror en el que vivían.
Y es que las acciones violentas no cesaron tras las detenciones masivas que se habían producido.
Sintiéndose dueños del pueblo y de la vida y hacienda de sus vecinos, los franquistas citaban en el ayuntamiento a las mujeres de los detenidos, les rapaban el pelo y las humillaban cuanto podían. Las procesiones de mujeres con la cabeza afeitada, en la que les habían dejado un mechón sujeto por una cinta roja, no se han olvidado en el pueblo, ya que casi todas las familias de los detenidos sufrieron estas vejaciones en la persona de sus mujeres: las madres, las esposas y las hijas fueron obligadas a desfilar por las calles de Corcos entre insultos, empujones y escupitajos de sus propios vecinos. El espectáculo se repitió varias veces, hasta que el boticario de Cigales, de nombre Vicente, intervino ante la guardia civil para que lo frenara.

El pueblo se encontró sin la mayor parte de los trabajadores; las familias, sin padres; las cosechas robadas o arruinadas; muchos niños tuvieron que abandonar la escuela y dedicarse a buscar algo para comer, ayudando a sus madres. Los años siguientes fueron muy duros. Todos los informantes hablan del hambre, del frío y de las necesidades sufrieron, además del trauma ocasionado por las muertes y encarcelamientos de sus familiares.

Hacia 1940 comenzaron a formarse los expedientes de Responsabilidades Políticas, siguiendo una nueva ley de 1939, por la que se imponían enormes multas a los ya condenados. A esas alturas, las familias estaban arruinadas, lo que no detuvo a los golpistas, que se dedicaron a rastrear e incautar cualquier cosa que todavía conservaran. Así, a Licerio Vázquez, que estaba en la prisión de Burgos cumpliendo 30 años de reclusión, le embargaron un burro, único medio de vida de su mujer y sus cuatro hijas; su hijo mayor, Miguel, de 18 años, estaba preso con él, y sus hijas habían sufrido malos tratos (una de ellas, de 14 años, fue rapada varias veces y agredida por las calles).

No había sido suficiente para estos golpistas la desaparición de todos sus oponentes políticos, unos, muertos; otros, encerrados durante años a en lejanas prisiones. No, no tenían bastante. Por eso se apropiaron de los bienes de sus familias, dejándolas en la miseria. Atacaron a sus madres, esposas e hijas, rapándolas, humillándolas, condenándolas al hambre; y como colofón, persiguieron a sus hijos, niños menores e inocentes, sitiándolos por hambre; obligándoles a trabajar desde la infancia para poder comer algo; impidiendo su asistencia a la escuela y adoctrinándolos mediante la fuerza.
Corcos del Valle, aquel pueblo próspero, no volvió a levantar la cabeza. Muchas familias se fueron para no volver y sus 800 habitantes dieron paso a los 200 de hoy.

Represión franquista en Simancas

Orosia Castán — 2016-06-09T17:23:04Z

“…Venían los camiones por la carretera general, con gente de los pueblos, como que iban a Valladolid; se desviaban un poco, entraban en los caminos, los bajaban y allí los mataban. Hubo hombres y mujeres muertos así; los enterraban en las tierras, sin un solo nombre que poner... Los alrededores de Simancas estaban llenos de cruces..."

Simancas es un municipio situado a 14 kilómetros de la ciudad de Valladolid, muy conocido a causa de su Archivo, el primer archivo oficial de la Corona de Castilla, que fue fundado en el año 1540.

En Simancas había una Casa del Pueblo fuerte y muy nutrida, que estaba bajo la influencia de la de Valladolid, con la que mantenía abundantes contactos. En el pueblo se siguieron varias huelgas; en la Casa del Pueblo se constituyó una Caja de Resistencia, y los afiliados colaboraban mediante bonos de 5 pesetas. Esta colaboración, recogida en los libros de la tesorería, sería después utilizada en contra de los afiliados.

Había también bastantes militantes de derechas: afiliados al partido Acción Popular; algunos requetés y sobre todo falangistas, que formaban un grupo de más de 30 personas que tenían armas y mantenían comportamientos provocadores que causaron más de un incidente. Los más significados del grupo pertenecían a un par de familias: los “Libritas” y los “Confiteros”, que en la época de la sublevación no actuaron solo en Simancas, sino que se desplazaron a otros pueblos de la zona, donde todavía hablan de ellos.

Con anterioridad a la sublevación franquista del 18 de julio ya había habido querellas en el pueblo: un vecino llamado Pablo Alonso Pérez fue detenido en Valladolid, acusado de manifestarse ante el cuartel de San Quintín, aunque la causa fue sobreseída por entender el juez que se trató de una juerga tras el sorteo de quintas. Pablo Alonso sería asesinado tras el golpe por falangistas de Simancas.

El 7 de enero de 1936 se produjo una gran pelea en el pueblo que ocasionó denuncias y acusaciones cruzadas. Uno de los acusados fue Luis San José González, de la familia de los “Malones”. Sin embargo, el alcalde del momento, Pablo Sanz Luengo, informó a las autoridades judiciales que el acusado era “de intachable conducta”. Luis fue asesinado tras la sublevación.

El 28 de abril de 1936 se produjo un altercado importante en las calles del pueblo, entre afiliados a Acción Popular y vecinos socialistas y de la Casa del Pueblo; fue una pelea multitudinaria en la que también intervinieron algunos falangistas “camisas viejas” de Simancas. El detonante fue la letra de una canción cantada por unos niños. Resultaron varios heridos por ambas partes, y entre ellos Francisco Gómez Rayón, zapatero de 23 años, que sería asesinado por los fascistas en los primeros días tras el golpe junto con su suegro Benito Gómez del Pino. También fue acusado Felipe San José, hijo de Luis; Felipe fue juzgado y condenado por su participación en esta pelea.

Como consecuencia de todos estos altercados, el gobernador civil de Valladolid, señor Campos Torreglosa, destituyó a la Gestora Municipal, sustituyéndola por completo. El día 12 de mayo se llevó a cabo el relevo municipal, quedando constituida la nueva Gestora por:

Teófilo Álvarez Pérez
Mariano Carnicero Mendiluce
Mariano Díez Torres
Felipe Aparicio García
Heliodoro Álvarez Álvarez

El juicio trajo consecuencias, sobre todo para aquellos que testificaron a favor de los de izquierdas. Alguno pagaría con su vida, como ocurrió con Epifania Cuadrado Vaquero, que fue asesinada.

El día 18 de julio de 1936 fue sábado. Durante la semana anterior corría un rumor por la zona; se hablaba de una reunión muy numerosa de falangistas en las cercanías de Geria, una concentración a la que concurrían derechistas procedentes de las localidades vecinas. Se decía que iba a haber un levantamiento, pero nadie se lo tomó muy en serio. Los vecinos pudieron ver por la carretera movimientos de coches particulares, pero los rumores eran ya habituales y no se tomaron medidas excepcionales, aunque parece ser que algunos concejales se acercaron a Valladolid a consultar con el recién nombrado Gobernador Civil, Luis Lavín Gautier, quien les tranquilizó.

Por la tarde, los vecinos oyeron por la radio que se había producido un levantamiento en Marruecos y advirtieron una circulación inusual de coches, autobuses y camionetas por la carretera de Valladolid. Un amplio grupo de vecinos se reunió en la Casa del Pueblo y a continuación se dirigieron a la puerta del ayuntamiento, donde se manifestaron a favor de la República, pero a diferencia de lo ocurrido en otras localidades, no se encerraron en la Casa del Pueblo, ni tampoco tomaron medidas defensivas.
El domingo 19 aparecieron en las calles piquetes de falangistas uniformados y de requetés, todos ellos jóvenes de Simancas, que se apostaron en las entradas del pueblo. Iban armados. Hacia el mediodía dieron el alto a un vecino que venía de cazar, vestido con un mono azul y con su escopeta. Se trataba de Honorato Manzano Rodríguez “Galano”. Había ido al colegio con algunos de los falangistas del piquete.
Le dijeron que entregara el arma y gritara “Arriba España”; Honorato les preguntó si estaban de broma y en el mismo momento le dispararon y le mataron. Su familia, alertada, salió corriendo y se encontró con el cadáver. Tras unos forcejeos, las patrullas les permitieron retirar el cuerpo, que fue enterrado en el cementerio de la localidad.

Fue el primer asesinado en Simancas.

El lunes día 20, a las cuatro y media de la tarde, se produjo en el ayuntamiento una reunión convocada por el comandante de la Guardia Civil, Antolín Hernández López. Estaban presentes el alcalde Teófilo Álvarez Pérez y el depositario de las cuentas municipales, Heliodoro Álvarez Álvarez. El comandante del puesto de la Guardia Civil de Simancas destituyó a la Corporación legal y procedió a nombrar un nuevo consistorio “por órdenes de la superioridad”.

Esta nueva alcaldía quedaba compuesta así:

Manuel Hernández Garrido
Francisco Alonso Rodríguez
Antonio de Juan Martínez
Nemesio Pastor Amado , Depositario
José de los Ojos San José, Regidor Síndico

El Secretario que recogió y avaló con su firma el documento era Mariano Gañán López, que continuaba en su puesto avalado por el comandante.

En las calles comenzaron las carreras y los golpes. Los grupos armados cacheaban a los vecinos y maltrataban a algunos de ellos. Ante esta situación, algunos intentaron escapar y se refugiaron en el pinar de la Pimpollada: Teófilo Hernández, un joven perteneciente a la Casa del Pueblo de Simancas, organizador de actividades culturales, como representaciones teatrales y musicales, por lo que era conocido como “Rambal”; Saturnino Zurro, activista e ideólogo, mecánico de profesión, y Juan San José, de la familia conocida como “Malones”.
Cuando los fascistas acudieron a los domicilios de estos tres huidos y no los encontraron, se lanzaron contra sus familias: mataron a Regina Sanz, madre de Teófilo; apalearon y detuvieron a Leonor, la esposa de Saturnino, que estaba embarazada, y mataron al padre de Juan, Luis San José.

El día 26 fue citado en el ayuntamiento un grupo de vecinos, que se fueron presentando casi todos de manera voluntaria. Ya en el ayuntamiento, fueron golpeados de manera brutal mientras les interrogaban acerca de supuestas armas, que no existían. A lo largo de la tarde, los falangistas fueron deteniendo a más vecinos. Las noticias de las palizas se iban conociendo en todo el pueblo. Entonces los sublevados tomaron las calles, obligando a los vecinos a recluirse en sus casas, llegando a disparar a las ventanas en las que se veía luz.
Se trataba de una gran operación de limpieza. Esa tarde, el grupo de vecinos detenidos, compuesto por los miembros más relevantes de la Casa del Pueblo y la Corporación municipal fueron conducidos a Valladolid en un camión descubierto. Algunos vecinos lograron verlos por última vez. Todos se enteraron entonces de que les habían maltratado brutalmente.

Los detenidos de Simancas fueron a parar a las Cocheras de Tranvías de Valladolid, habilitada como prisión por los sublevados. Allí llegaron a concentrarse miles de personas, todas ilegalmente retenidas. Los fascistas de los pueblos se acercaban al recinto y reclamaban a los presos de sus localidades, a los que asesinaban sin más miramientos antes de que fuesen sometidos a juicio. Los presos simanquinos fueron asesinados en los días finales de julio o primeros de agosto. La mayor parte de las detenciones se habían producido entre el 25 y el 28 de julio. Puede decirse que los mataron de inmediato, sin que mediara acusación o juicio, y desde luego, sin que tuvieran posibilidad alguna de defenderse.

En una de esas noches se produjo una saca de más de 20 personas que estaban detenidas en las Cocheras. Teófilo Hernández Sanz “Rambal” formaba parte de esta saca, en la que estaban otros detenidos de Simancas: Benito Gómez del Pino, Francisco Gómez Rayón, Luis San José, Felipe Aparicio y Vidal Marinero Torres, los dos últimos, concejales; posiblemente habría alguno más. Los asesinos obligaron a los detenidos a subir a un camión, que se dirigió hacia la carretera de Palencia. A la altura del puente del Cabildo los hicieron bajar hasta la orilla del río Pisuerga, donde fueron tiroteados, cayendo muchos de los cuerpos al agua. Fue una verdadera masacre, una operación que tenía como objetivo eliminar físicamente a todos aquellos con capacidad para oponerse a la sublevación. Por eso entre los asesinados de esta forma estaban la mayor parte de los representantes políticos y sindicales de los pueblos y de la ciudad de Valladolid.

Revisando las inscripciones del Libro de Enterramiento del cementerio de Valladolid y el Registro Civil, puede constatarse que durante esos días fueron registrados y enterrados muchos cadáveres de personas “sin identificar”. En los registros consta una aproximación a su edad y a su estatura y una descripción somera de su vestimenta. Entre los cadáveres enterrados esos días, aparece el de Vidal Marinero, quien en un primer momento fue inscrito como “desconocido”, aunque después fue identificado gracias a un recibo hallado en uno de sus bolsillos. Su cuerpo apareció en las cercanías del Salto del Esgueva, en el río Pisuerga el día tres de agosto. Estaba en avanzado estado de descomposición, según consta en el Registro, de lo que se deduce que había permanecido en el agua unos días. Los cuerpos hallados fueron conducidos al Depósito Judicial, desde donde el Gobernador Civil emitió la orden de que fueran enterrados en la fosa común 46 del cementerio de Valladolid, tal como consta en los documentos.

Alguno de los tiroteados cayó a las aguas del río Pisuerga con vida. Fue el caso de Teófilo Hernández Sanz “Rambal, y de Luis San José, que de esta forma se convirtieron en testigos del crimen. En medio de la confusión, ambos lograron ocultarse orillas abajo y salir del río. Traumatizados y aterrorizados, emprendieron el camino hacia su pueblo. Los dos fueron nuevamente detenidos; el primero logró salvar la vida, y el segundo se ocultó en Ciguñuela, una localidad cercana donde tenía conocidos, pero fue nuevamente capturado y esta vez lo asesinaron sin que se conozcan más detalles del crimen.

En Simancas, los sublevados continuaban con sus fechorías.

Regina Sanz Sebastián, nacida en Mojados, tenía 52 años y estaba casada con Juan Hernández Vega, con quien tenía tres hijos: Teófilo (conocido como Rambal), Victoriano y Eloy Hernández Sanz.

Teófilo refirió que un día que no podía concretar, pero en la primera semana tras la sublevación, un grupo de falangistas se dirigió a la casa familiar, en la calle Arrabal 4, con la intención de detenerlo, pero logró ocultarse. Como se temía lo peor, decidió escapar del pueblo y refugiarse en algún lugar hasta que se pasara aquel momento. Por fin logró salir de la casa y se escondió en un pinar de las afueras del pueblo, donde aguantó subido a un pino.

En los días siguientes, los falangistas volvieron a su casa e interrogaron brutalmente a su madre, Regina, quien les dijo a los falangistas que su hijo había huido y que desconocía su paradero. Entonces la detuvieron a ella y se la llevaron “a Valladolid para que declarase”. Nunca llegó a la ciudad. La mataron en los alrededores del Camino de Arroyo, lugar cercano al cementerio y frecuentado por los falangistas en sus actividades asesinas.

La familia trató de buscarla; les insinuaron que podía estar en unos hangares de la carretera de Salamanca, en el lugar donde hoy están las Cortes, y fueron allá a buscarla sin ningún resultado. Finalmente se supo que había sido asesinada en el camino de Arroyo. Su fallecimiento fue inscrito en el Registro Civil de Simancas. Teófilo, tras su fusilamiento fallido en Valladolid y su segunda detención, pasó años y años en presidios y Batallones de Trabajadores. Sus dos hermanos fueron obligados a alistarse de inmediato en el ejército nacional. La familia quedó completamente destrozada.

El día 4 de agosto, un guardia civil, acompañado de un falangista muy conocido en Simancas, llamado Mario, sacó de su casa a Francisco Gómez García, de 35 años, casado con Baudilia Bermejo con quien tenía un hijo llamado Francisco. La familia vivía en la calle Miravete de Simancas. Francisco era obrero y había denunciado anteriormente a Mario por un robo cometido en La Harinera.
A continuación, los tres se dirigieron a casa de Juliana Agúndez Mato, de 18 años de edad y prima de Francisco. La chica se negaba a ir con ellos, pero su madre la instó a acompañarles, segura de que estando su primo nada malo le iba a ocurrir.
Ambos primos fueron llevados hasta un paraje conocido como Pesqueruela, en la confluencia de los ríos Pisuerga y Duero. Los asesinos ataron a Francisco a un árbol tras hacerle objeto de severos malos tratos, mientras le instaban a “reírse”, pues era una persona guasona y risueña. Después maltrataron, vejaron y torturaron a Juliana. Tras matar a ambos, los dejaron tirados en las márgenes del río.
Las familias los encontraron allí, y hubo abundantes testigos de las salvajadas que les habían hecho. Entre el miedo y la angustia, no se atrevieron a llevar los cuerpos al cementerio y ellos mismos los enterraron en una finca cercana.

Por esas mismas fechas, los mismos elementos falangistas de Simancas detuvieron y asesinaron a Epifania Cuadrado Vaquero, de 33 años, en avanzado estado de gestación. La condujeron por el camino de Arroyo y le propinaron una paliza fatal que acabó con su vida. El marido de Epifania estaba encarcelado. Tenían un niño de unos cuatro años. El cadáver fue visto por bastante gente, entre ellos varias vecinas de Arroyo, pueblo vecino, quienes detallaron que el niño, en trance de nacer, estaba ahogado y ella desfigurada por la agresión.

Además de esto, hubo un grupo de detenidos que fueron juzgados; entre ellos, hubo dos condenas a muerte, conmutadas por cadenas perpetuas; un fusilamiento (Félix García Mato), y más adelante, varios procesados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas con el fin de despojarles de sus bienes; entre estos últimos estaba el alcalde legal, Teófilo Álvarez “El Rosca”.

Los vecinos de Simancas fueron testigos de otros crímenes que se produjeron en las inmediaciones del pueblo, como relata el testimonio de L.G.:

“…Venían los camiones por la general, con gente de los pueblos, como que iban a Valladolid; se desviaban un poco, entraban en los caminos, los bajaban y allí los mataban. Hubo hombres y mujeres muertos así; los enterraban cuando se lo mandaban, a la mayoría en las tierras, sin señalar y sin un solo nombre que poner.
A otros los enterraron en el cementerio civil; allí había bastantes, unos identificados y otros no. Estaba al lado de la ermita, a unos 200 metros del cementerio del pueblo, aparte. En los años 70 lo levantaron. Sacaron los huesos, lo hormigonaron todo y pusieron encima la báscula. Pero también en los alrededores había enterramientos; aquí, en Simancas, por todos los lados los hay. Raro era el día en que el río no traía algún cadáver. A algunos los identificaban pero otros son anónimos… Todos estaban muertos por disparos…”

En otras ocasiones, las víctimas eran fugitivos que transitaban por alguno de los muchos caminos que atraviesan el término municipal, como ocurrió con el asesinato de una pareja joven y su hija, que fueron interceptados cuando escapaban monte a través:

“…un matrimonio que venía escapando; no se supo si de Puente Duero o de Arroyo. Los matan a los dos y para remate a la niña, a la que pegaron para que se callara…. queda atontada… cae al agua. Todos los detalles los contó uno de los asesinos conocido como el Santero…atribuyó la muerte de la niña a uno de sus compañeros, al que todos conocen en Simancas como Mataniñas, del que nadie quería saber nada. Vivía en El Rincón; trabajaba en el campo... Pasados unos años se presentó en el pueblo el padre de la mujer asesinada, a localizarlo. Y alguien se lo dijo, lo señaló. Como digo, nadie lo podía ni ver. Una vez lo atropelló una caballería y la gente aplaudía al atropellador. Bueno, pues el padre aquel lo fue a buscar. Luego resulta que era un cobarde, y cuando aquel hombre lo encaró y lo amenazó, se apocó, se apocó, y no paró hasta marcharse del pueblo…”

En otra ocasión fueron tres mujeres jóvenes, cuyos cadáveres aparecieron en la carretera de Salamanca, en las cercanías de la gasolinera; los vecinos se enteraban de la llegada de camionetas y coches, que paraban en los caminos y dejaban cadáveres. Los caminos de Simancas estaban “llenos de cruces” que han ido desapareciendo con el tiempo.

Ya en 1937 continuaron apareciendo cadáveres, tanto en el río Pisuerga como en las cunetas de la carretera; hombres asesinados a balazos y golpes, procedentes de Valladolid, como fue el caso de Isidoro Valseca, un conocido bombero del ayuntamiento de la ciudad al que asesinaron cuando salió de la cárcel, o el de Alberto Luis Mota, un hombre procedente de Toro (Zamora), al que abandonaron en una cuneta tras haber sido apaleado hasta la muerte.

La última víctima simanquina de la violencia extrajudicial fue el Archivero del famoso Archivo de Simancas, Desiderio Gutiérrez Zamora. En diciembre de 1937 se encontraba en su casa cuando un grupo de desconocidos se presentó y se lo llevó, sin que se volviera a saber nada de él. Era masón. En el momento de su desaparición tenía 59 años.

DESPUÉS

La Casa del Pueblo era un caserón antiguo, de piedra, que hubo que restaurar. Estaba en la calle Barrera. Tras la sublevación los falangistas la ocuparon, quedándose con los enseres que habían logrado reunir los afiliados con su esfuerzo. Después se instaló en ella la sede oficial de Falange. Años después la vendieron, y hoy pertenece a un particular.

Durante la posguerra, los derechistas eran los amos del pueblo y también de los vecinos. No se podía ir por la calle con tranquilidad; la gente, particularmente los clasificados como de izquierdas, no podían ni mirarlos, porque a la más mínima podían recibir palizas, apercibimientos y cosas peores. Es lo que le ocurrió a un hombre conocido como “Apocado”, al que ataron los pies y sumergieron en el río hasta casi ahogarlo porque “los había mirado mal”. Otro vecino fue golpeado de mala manera por coger leña, algo que le habían prohibido expresamente simplemente porque sí. Impedían que los “señalados” llevasen una vida normal: impedían a las mujeres lavar en el río; intentaban que se quedasen sin suministros: sin leña, sin agua, sin leche. Las mujeres fueron acosadas y amenazadas de muerte; y los hijos que no estaban bautizados, fueron enviados a la fuerza a Valladolid, a Cristo Rey, el reformatorio del padre Cid, donde fueron cristianizados; otros fueron conducidos a internados religiosos de Madrid. Los hijos de las víctimas no podían acudir a la escuela, porque eran insultados y golpeados, y tuvieron que comenzar a trabajar precozmente, como le ocurrió a Ramiro Aparicio, quien hubo de trabajar en el campo desde los 13 años, haciendo la jornada de un adulto, pero cobrando la mitad.

LISTA ASESINADOS

SACADOS DE LAS COCHERAS DE VALLADOLID A FINALES DE JULIO

Vecinos detenidos el 26 de julio en Simancas. Fueron llevados al ayuntamiento, y desde allí a la prisión habilitada en las Cocheras de Tranvías, en Valladolid. Esta saca fue muy grande, de unas veinte personas. Hay muchas dificultades para identificar a las víctimas.
Los detenidos fueron sacados y asesinados en El Cabildo, paraje del extrarradio de Valladolid situado a orillas del río Pisuerga. Los cadáveres fueron apareciendo en el agua a lo largo de los días siguientes.

Entre ellos estaban:

Vidal Marinero Torres, de 50 años, viudo, con dos hijas llamadas Pilar y Petra. Concejal republicano.

Felipe Aparicio García, 39 años, concejal republicano, casado, cinco hijos.

Francisco Gómez Rayón, 24 años, casado y con una hija. Involucrado en los sucesos del 28 de abril, resultando herido. Junto a él iba su suegro:

Benito Gómez Del Pino, 50 años, casado, 5 hijos, responsable de la Casa del Pueblo de Simancas. Benito era pastor y escribía en sus ratos libres.
El asesinato tuvo lugar a finales de julio, primeros de agosto, en Valladolid, en las riberas del Pisuerga, cercanas al puente del Cabildo.
De los cuatro, solamente pudo identificarse el cadáver de uno de ellos, Vidal Marinero.
En el Registro Civil de Valladolid aparece la inscripción de tres varones desconocidos el día 28 de julio del 36, que por la edad podrían corresponder a Felipe, Benito y Francisco.

ASESINADOS EN SIMANCAS

Honorato Manzano Rodríguez “Galano”, de 34 años, casado. Asesinado el 19 de julio en la carretera a Zaratán, a la entrada del pueblo cuando regresaba de cazar; vestía mono azul y llevaba su escopeta.

Regina Sanz Sebastián, casada con Juan Hernández Vega, tenía tres hijos: Teófilo (RAMBAL), Victoriano y Eloy Hernández Sanz. Regina tenía 52 años cuando fue sacada de su casa a finales de julio de 1936 por falangistas del pueblo.

Francisco Gómez García, “Paco el de Varín”, tenía 35 años cuando fue asesinado, casado, tenía un hijo llamado Francisco Gómez Bermejo. Lo mataron junto con su prima Juliana, de 18 años. Tiraron los cadáveres al río en la zona conocida como Pesqueruela.

Juliana Agúndez Mato, de 18 años. El día 4 de agosto de 1936, unos falangistas conocidos la sacaron de su casa. La matan junto con su primo Francisco Gómez García “Paco el de Varín”.

Pablo Alonso Pérez, de 23 años, asesinado en Simancas por falangistas del propio pueblo cuando regresó del servicio militar.

Epifania Cuadrado Vaquero,de 33 años. Estaba en avanzado estado de gestación. Sacada de su casa por falangistas de Simancas y asesinada en el camino de Arroyo.

Luis San José González, “Malón”. El 25 de julio fue a buscarle un grupo de falangistas. Se produjo un forcejeo cuando su hijo Juan San José González, que estaba presente, intentó impedir la detención. De todas formas, Luis fue detenido y llevado con los demás a las Cocheras. Salió vivo de la saca multitudinaria de Cocheras junto a Rambal; se refugió en Ciguñuela. Allí fue detenido de nuevo y esta vez asesinado.

Desiderio Gutiérrez Zamora, de 59 años, casado, 5 hijos. Archivero del Archivo de Simancas. En diciembre de 1937 se encontraba en su casa cuando un grupo de desconocidos se presentó y se lo llevó, sin que se volviera a saber nada de él. Era masón.

EJECUTADO EN VALLADOLID

Félix García Matos, de 26 años. Militar profesional, cabo en el Cuartel de San Quintín, juzgado y fusilado en Valladolid el 24 de agosto de 1936. Era republicano y no se sumó al golpe. Fue juzgado en el Consejo de Guerra 349/36, uno de los primeros celebrados en Valladolid, acusado de rebelión. Fue enterrado en la fosa común 46 del cementerio de Valladolid.

OTROS ASESINADOS

Luis Pérez, hijo de Críspulo y Flora; su padre fue condenado a 20 años de cárcel. Sus primos Pablo Alonso Pérez y Silverio Pérez fueron también paseados.

Silverio Pérez, primo del anterior, casado con Braulia “La Fana”

Isidro y Petra, ambos hijos de “La Retusa” (de apellido Zurro; hermana de Saturnino)

Una pareja que venía escapando por el camino de Puente Duero. Ambos fueron asesinados. También su hija, una niña de 2-3 años, resultó muerta.

ENCARCELADOS

Teófilo Hernández Sanz “Rambal”, directivo de la Casa del Pueblo de Simancas, donde se encargaba de las actividades culturales; de ahí el sobrenombre, ya que Rambal era un famoso actor de la época. Cuando los fascistas del pueblo fueron a detenerlo a su casa y vieron que no estaba, detuvieron a su madre, Regina Sanz, y la maltrataron para que les dijera el paradero de su hijo. Ella no lo sabía y acabaron por matarla en el camino a Arroyo. Teófilo se entregó entonces. Conducido a las Cocheras tras recibir enormes palizas, fue sacado junto con una veintena de presos para ser asesinados en los primeros días de agosto. El camión con los detenidos llegó hasta la zona del Cabildo, donde los obligaron a bajar y fueron tiroteados. Teófilo cayó o se arrojó al agua junto con su vecino Luis San José, salvando ambos su vida. Lograron salir y se dirigieron a Simancas campo a través. Ambos fueron nuevamente detenidos.

Serapio Torres González, de 27 años, casado con Mª Luisa Manzano. Juzgado en Valladolid por “Adhesión a la Rebelión” y condenado a muerte; pena conmutada por treinta años. Estuvo en el penal de El Dueso. Pasó muchos años en prisión, y murió nada más salir.

Saturnino Zurro Gómez, de 32 años, casado con Leonor, tres hijos (el menor, nacido en la prisión), chófer y mecánico. Era una persona relevante políticamente. Al producirse la sublevación logró salir del pueblo junto con Teófilo Hernández “Rambal” y Juanito “Malón”, ocultándose en el pinar de la Pimpollada, donde resistieron varios días subidos a los pinos. Aguantó hasta el 4 de octubre, cuando fue detenido. Juzgado y condenado a veinte años y un día en la Causa 77/36. Su mujer, Leonor, había sido detenida y encarcelada en Valladolid. Dejaban dos niños muy pequeños, Tomás y Teodora, que quedaron abandonados. No logró recuperarse de las heridas sufridas durante su detención. Su estado se agravó y fue trasladado al penal de San Simón.

Romualdo Mayor Revuelta, de 21 años, condenado a muerte; pena conmutada por treinta años. Sirvió en el Ejército Republicano, donde estuvo a las órdenes del Capitán Prieto. Cumplió condena en la prisión de Chinchilla (Albacete).

Eloy Gómez García, condenado a 15 años de reclusión, acusado de auxilio a la rebelión.

Quintín Gutiérrez Gutiérrez, 51 años. Brigada de la Comandancia de la Guardia Civil de Simancas. Detenido el 13 de septiembre del 36, acusado de no colaborar ni simpatizar con el Alzamiento. Juzgado en la causa 639/36 y condenado a 6 años de prisión y separación del servicio.

DETENIDOS GUBERNATIVOS (no fueron acusados ni juzgados)

Teófilo Álvarez Pérez “El Rosca”, Alcalde.

Agúndez, marido de Epifania Cuadrado Vaquero, asesinada cuando estaba embarazada; tenían ya un niño, Jacinto, que vive en Simancas.

Críspulo Pérez, casado con Flora, padre del asesinado Luis Pérez.

Iluminado Arranz Morchón. En diciembre de 1937 pasa a disposición del Coronel Jefe de Campos de Concentración.

Teófilo Pérez San José, en diciembre de 1937 pasa a disposición del Coronel Jefe de los Campos de Concentración.

Cesáreo Rodríguez Cristóbal, en diciembre de 1937 pasa a disposición del Coronel Jefe de los Campos de Concentración.

Leonor, esposa de Saturnino Zurro, fue detenida y llevada a Valladolid cuando los sublevados fueron a su domicilio a detener a su marido y no lo encontraron. Tenía dos niños muy pequeños que quedaron desasistidos. Ya en la prisión daría a luz al tercero de sus hijos.

Felipe San José González “Malón”, 27 años, hijo de Luis (asesinado) y Crescencia, soltero, jornalero. Estuvo implicado en los sucesos del 28 de abril del 36, acusado en el juicio y defendido por Federico Landrove, abogado que sería fusilado.

ENCAUSADOS POR EL TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Eloy Gómez García
Romualdo Mayor Revuelta
Serapio Torres González
Saturnino Zurro Gómez
Félix García Matos

HUÍDOS

Juan San José González “Juanito Malón”: escapó al campo, donde se escondió salvando así su vida. Fue testigo de varios asesinatos. Conocía la situación de las fosas en descampado. Era hijo de Luis San José, al que defendió cuando iba a ser detenido en su casa. Su hermano Felipe estuvo implicado en los sucesos del 28 de abril del 36, y salvó la vida porque estaba encarcelado en el momento de la sublevación.

ALISTADOS FORZOSOS

Victoriano y Eloy Hernández Sanz, hijos de la asesinada Regina Sanz y hermanos del detenido Teófilo “Rambal”, directivo de la Casa del Pueblo de Simancas.

COMISIÓN GESTORA 18 DE JULIO DE 1936

Estaba compuesta por:

Teófilo Álvarez Pérez “El Rosca”, Alcalde.
Mariano Carnicero Mendiluce
Mariano Díez Torres
Felipe Aparicio García
Eliodoro Álvarez Álvarez

Según consta en las Actas Municipales, el día 20 de julio, lunes, a las 18.30, esta Gestora fue destituida por el comandante del puesto de la Guardia Civil, Antolín Hernández López, quien impuso una nueva Gestora.

CADÁVERES APARECIDOS EN EL TÉRMINO DE SIMANCAS

4 de mayo de 1937, doce de la mañana: aparece en el río Pisuerga un varón, lleva en el agua por lo menos un mes. Es inscrito en el Registro Civil de Simancas. Causa de la muerte: “fractura de la base del cráneo”. Después fue identificado como Vicente Gutiérrez Soriano, de 36 años, de Valladolid.

21 de abril de 1937, siete horas: aparece en las aguas del Pisuerga el cuerpo de un hombre, que llevaría en el agua “aproximadamente treinta días, ignorando dónde ocurrió el fallecimiento que fue producido por fractura de los huesos esfenoides y base del cráneo”. El 6 de mayo fue identificado como Isidoro Valseca Rodríguez, de 47 años de edad, natural de Valladolid, mecánico bombero.

18 de enero de 1937: a las 18.30 aparece un cadáver en la carretera Valladolid-Salamanca, término municipal de Simancas. Se trata de Alberto Luis Mota, 46 años, natural de Toro (Zamora), domiciliado en Toro. Falleció a causa de traumatismos abdominales.

Los testimonios de las personas de la época hablan de la aparición de varios cadáveres más, que habrían sido enterrados en fosas ocultas. Es el caso de tres mujeres jóvenes, cuyos cuerpos aparecieron en un descampado próximo a la carretera de Salamanca, cercano a donde hoy está la gasolinera; estaban semiocultos entre unos matojos y fueron enterrados en el lugar; el de una familia de tres personas, una pareja con una niña pequeña, asesinados en los alrededores del camino a Puente Duero, y el de varios hombres que habrían sido tiroteados en la Cuesta del Nueve tras llevarlos hasta allí en una camioneta. Son testimonios orales, imposibles de verificar.

Represión franquista en Olmos de Peñafiel

Orosia Castán — 2016-05-13T12:28:37Z

El día 4 de septiembre fueron detenidos varios vecinos. Los autores eran fascistas del pueblo que iban acompañados por gente de Peñafiel que vestía el uniforme de Falange, todos armados y ataviados con correajes. No se produjo entre los detenidos resistencia alguna. Los obligaron a subir a una camioneta y los condujeron al castillo de Peñafiel, convertido en centro de detención. Después los condujeron al Monte Alto, donde fueron asesinados y enterrados sin que se conozca el lugar exacto.

Olmos de Peñafiel es un municipio de la provincia de Valladolid, de la que lo separan 64 kilómetros; su localidad de referencia siempre fue Peñafiel, y está situada en los límites de la provincia con Burgos.
En la actualidad tiene una población de 64 habitantes, pero en la época de la sublevación, había unos 400 vecinos.

En la época de la República, existía una Sociedad de Obreros Agricultores, afecta a la UGT, que se reunía en la Casa del Pueblo; y también había un grupo de falangistas, encabezados por Santos Rodríguez, un estudiante “camisa vieja” hijo del secretario municipal. Las relaciones entre ambos grupos siempre fueron tensas, y ya se habían producido enfrentamientos entre ellos.

El domingo 19 de julio se empezaron a conocer en el pueblo las noticias del Alzamiento. Había un clima de rumores, dudas e incertidumbre. Estaban en plena recogida de la cosecha y los trabajadores fueron al campo como cualquier otro día. Las informaciones llegaban sobre todo de Peñafiel, localidad de referencia de Olmos y donde se encontraba el Juzgado y la cárcel.
El miércoles 22, la Guardia Civil destituyó a la Corporación Municipal legal, nombrando otra formada por los elementos derechistas del pueblo. No hubo oposición alguna; los vecinos continuaban su rutina con normalidad, volcados en la siega y ausentes durante todo el día del pueblo.
Al caer la tarde, tras pasar la jornada trabajando en el campo, Félix Asenjo, alcalde de Olmos, Hilario Carrascal Arranz, amigo suyo y Jesús Vaquerizo Hernández, que estaba trabajando como agostero para Hilario, fueron a merendar a la bodega de éste, como era costumbre; pero cuando regresaban al pueblo se dieron cuenta de que algo estaba pasando; se escuchaban gritos y había un alboroto en el lugar donde se celebraba el baile dominical, por lo que los tres se dirigieron allá.

Los elementos derechistas del pueblo se habían reunido en el bailadero y estaban celebrando el nombramiento de la nueva corporación. Félix Asenjo quiso entrar a pedir explicaciones. Estando los tres en la puerta, les salió al paso Santos Rodríguez Requejo rodeado por otras personas, y pistola en mano les conminó a levantar las manos intentando detenerlos; pero Jesús Vaquerizo sacó un cuchillo y le asestó un golpe que le mató. Se produjo un gran revuelo; en el exterior del local había otros vecinos, esperando acontecimientos. Se produjo una pelea en la que hubo más heridos. Jesús Vaquerizo, el autor de la cuchillada, se dio a la fuga. Félix e Hilario se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil para dar cuenta de lo sucedido, pero ante su sorpresa ellos mismos fueron retenidos. Tras pasar la noche en el cuartelillo, a la mañana siguiente fueron trasladados a Peñafiel, donde fueron acusados por el asesinato del falangista. Había muchos testigos que habían visto la escena y podían decir que ellos eran inocentes; pero en aquellos primeros momentos de la sublevación, el caos, la confusión y el miedo hicieron que los vecinos se mantuviesen alejados de cualquier posible conflicto.

Hilario Carrascal y Félix Asenjo permanecieron detenidos en el castillo de Peñafiel hasta su traslado a Valladolid, donde fueron juzgados por rebelión militar y asesinato el día 5 de Septiembre de 1936. La sentencia los consideró culpables y fueron condenados a muerte y al pago de treinta mil pesetas a los herederos de Santos Rodríguez.

Ambos serían fusilados en el Campo de San Isidro, en Valladolid, el día 13 de septiembre de 1936, ocho días después de la condena. La sentencia tuvo como prueba la declaración del padre del asesinado, que ya había sido nombrado Jefe Local de Falange. Los acusados no tuvieron derecho a apelación.

Jesús Vaquerizo, el autor del hecho, no había cumplido todavía los 19 años, pero ya era conocido por la guardia civil por haber sido uno de los acusados en el asesinato de Leocadio Vázquez, alguacil del Juzgado de Peñafiel, ocurrido el 18 de mayo de 1936, y del que resultó absuelto. Poco después fue detenido y lo fusilaron en Valladolid el día 23 de octubre de ese mismo año1936. No llegó a cumplir los 19 años, por lo que era menor de edad. Quizá por eso mismo, los documentos de la época recalcan con insistencia que tenía 20 años.

Los asesinados en Olmos de Peñafiel fueron en total once.

Fusilados en Valladolid, tras ser juzgados:
Félix Asenjo Cano, de 31 años de edad, alcalde legal de la República; estaba casado con Urbana Esteban y tenían tres hijas de cuatro, dos años, y la menor, recién nacida. Era herrero.

Hilario Carrascal Arranz, de 32 años, casado con Gabina Cabrero, con la que tenía cuatro hijos menores de 10 años, era labrador.

Paseados
El día 4 de septiembre de 1936 se produjo en Olmos una operación en la que fueron detenidos varios vecinos del pueblo. Los autores eran fascistas del pueblo que iban acompañados por gente de Peñafiel que vestían el uniforme de Falange, y que fueron reconocidos por los familiares de los detenidos; todos iban armados y ataviados con correajes. No se produjo entre los detenidos resistencia alguna. Los obligaron a subir a una camioneta y los condujeron al castillo de Peñafiel, centro de detención donde se hallaban recluidas personas de toda la zona aledaña. Estos detenidos tuvieron diferentes destinos. Mientras unos fueron juzgados, otros continuaron como presos gubernativos; y por fin, otros menos afortunados fueron asesinados en diversas sacas. Este fue el caso de algunos de los detenidos en Olmos de Peñafiel. Sacados del castillo, los condujeron a una zona del Monte Alto, donde según declaraciones de los que los detuvieron, fueron asesinados y enterrados sin que se conozca el lugar exacto.

Teófilo Cura Moreno, 26 años, casado con María Andrés, dos hijos menores, labrador,
Doroteo García Tapias, 27 años, casado con Juliana Carrascal Jorge. Tres hijos: Simón, Petra y Juan; era albañil.
Bernardino Tapias Martínez, 21 años, era soltero y agricultor.
Vicente Regidor Jorge, 21 años, soltero.
Ovidio Carrascal Aguado, de 28 años, soltero, labrador.
Fidel Carrascal, casado con Teófila Carrascal; padre de Antolín (asesinado) y de Esteban, condenado a muerte.
Antolín Carrascal Carrascal, hijo del anterior. Los asesinaron juntos.
Aquilino Velasco Navarro, de 32 años,
Agapito Carrascal Carrascal, 23 años, soltero, labrador.

Los testimonios dicen que todas estas personas estaban condenadas de antemano, pero que no se procedió a su detención y asesinato hasta que se terminaron las labores del verano; afirman que las detenciones se produjeron el mismo día en que finalizaron los trabajos de la recolección, un viernes; que no les dieron tiempo ni a cambiarse la ropa, y aseguran que las familias no llegaron a percibir los sueldos que se les adeudaban.

Otras detenciones

Felipe Gómez: detenido y encarcelado en el castillo de Peñafiel. Salvó su vida.

Florencio Asenjo Navas, padre del alcalde Félix y de Justino, labrador y Juez de Paz de Olmos de Peñafiel durante muchos años. Sus dos hijos murieron como consecuencia del golpe, y él fue detenido y acusado de tenencia de armas sin licencia ni guía, por lo que lo condenaron a 20 años y 1 día. Estuvo en el presidio de El Dueso (Santoña) y San Simón (Pontevedra). Además fue encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y sancionado con una multa de 1.500 pesetas. Salió de la cárcel gravemente enfermo y falleció de inmediato.

Aquilino Rodríguez Tapias fue un detenido gubernativo, es decir, no fue acusado de nada, ni fue juzgado, pero estuvo preso en las Cocheras de Tranvías de Valladolid y encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

María Quintana Núñez, la única mujer de la que tenemos noticias, fue también detenida gubernativa y encausada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

“Pasados” a zona republicana

Esteban Carrascal Carrascal de 35 años, era soltero y agricultor. Al ser movilizado y obligado a ir al frente, se pasó a las filas republicanas. Al acabar la guerra lo condenaron a pena de muerte, aunque se la conmutaron por reclusión perpetua. Mataron a su padre, Fidel, y a su hermano menor, Antolín.

Fallecido en el Campo de Concentración de Mauthausen

Justino Asenjo Cano, de 34 años, estaba casado con Teodora de Frutos y tenía cinco hijos menores. Era constructor de carros, hermano del alcalde Félix Asenjo e hijo del Juez de Paz Florencio. En julio de 1936 residía en Langayo, un pueblo cercano. Fue detenido el día 24 de julio por tenencia ilícita de armas. Ingresó en la cárcel, en Valladolid, fue procesado y condenado a un año, un mes y once días de prisión, Cumplió íntegramente la pena impuesta y salió en libertad el 2 de septiembre de 1937.
Tras regresar a su domicilio, una patrulla armada fue a buscarlo a su casa de Langayo. Sabiendo bien lo que le esperaba, salió por una ventana y escapó. Tras servir al Ejército de la República durante toda la guerra, logró pasar a Francia, fue capturado por los nazis y trasladado al campo alemán de Mauthausen, donde murió el 30 de abril de 1943.

La violencia se desató contra las familias de las víctimas, que sufrieron todo tipo de abusos y malos tratos, hasta el punto de tener que huir del pueblo por sentir su vida en peligro.
Con el argumento de que Félix Asenjo e Hilario Carrascal habían sido condenados a indemnizar a la familia de Santos Rodríguez, sus casas fueron asaltadas, sus bienes robados o destruidos; les quitaron las cosechas, los aperos de labranza y las herramientas de la herrería; les insultaban, agredían y amenazaban, tanto a las esposas, como a los padres y también a los niños. Todos ellos fueron víctimas de malos tratos, empujones, apedreamientos y golpes por parte de los propios vecinos de Olmos. El hecho más grave fue un simulacro de fusilamiento que sufrieron un grupo de niños, todos ellos hijos de víctimas. El hecho, realizado por adultos en las afueras del pueblo, fue originado por la sustracción de cuatro naranjas por parte de uno de los niños. Este suceso, que fue acompañado por golpes, amenazas e insultos, fue determinante para que algunas familias abandonaran el pueblo de forma definitiva. Esta circunstancia fue aprovechada por los fascistas para llevar a cabo la “incautación” total de los bienes por el sencillo procedimiento de entrar en las casas, sacar todo lo que encontraron a la plaza, y de allí, coger todo aquello que quisieron, llevándolo a sus propias casas y posteriormente vendiendo estos bienes robados a terceras personas.

Así lo explicaba Urbana Esteban, viuda de Félix Asenjo, en una declaración jurada de 14 de julio 1941, cinco años después del fusilamiento de su marido:

“Todos los bienes…. fueron embargados en los últimos días de Julio o primeros de Agosto de 1.936 por el Juzgado Municipal de Olmos de Peñafiel, ignorando a virtud de qué mandato u orden judicial o gubernativa…. Ha de hacer constar a los efectos procedentes que el año 1.940 y sobre el mes de junio, por no estar presente la que suscribe, fue descerrajada la puerta de la casa por el Juzgado Municipal de Olmos de Peñafiel, poniendo a la que suscribe los muebles y efectos en la calle…. Siendo arrendada al vecino Alejo Liras y actualmente parece ser la tiene Bonifacio Martínez. ….de dichos bienes embargados, especialmente de los muebles propiedad de la que suscribe, tiene noticias que han sido vendidos o por lo menos están en poder de diferentes vecinos de Olmos de Peñafiel, entre los que se pueden citar Alejo Liras, Bernardino Mate – este era el Juez Municipal que actuó- Tomás Carrascal y otros y con respecto a las aves y herramientas y efectos existentes en la fragua, nada sabe lo que haya sido de ello…Hace constar que ni ella ni sus hijas (de 9, 7 y 5 años en 1941) poseen actualmente otros bienes, ni les corresponde usufructo ni renta alguna, y viven únicamente de lo que puede ganar la firmante en el pueblo de Renedo de Esgueva, donde vive y en donde tuvo que refugiarse como la casa de sus padres, cociendo pan para los vecinos del mismo….”

Represión franquista en Villagómez la Nueva

Orosia Castán — 2015-09-29T18:17:18Z

Hoy el pueblo de Villagómez tiene apenas 60 habitantes. La persecución, el acoso y la ambición de aquellos golpistas han causado este efecto demoledor sobre la localidad, que a fecha de hoy sigue cayendo en todas las estadísticas.

Villagómez la Nueva es una población situada en plena Tierra de Campos y pertenece a la provincia de Valladolid, de cuya capital la distancian 79 kilómetros.
Su referencia política y económica fue siempre Villalón de Campos, situada a sólo 11 kilómetros, por su relación de cercanía. Su economía es agraria, cerealista, y los cultivos se producen en terrenos de grandes proporciones que necesitaban muchos brazos. Los jornaleros de Villagómez, como sucedía con sus compañeros de toda la zona, pasaban temporadas de grandes carencias coincidentes con las temporadas de escaso trabajo en el campo. A causa de esta circunstancia, muy a menudo se veían en la necesidad de pedir prestado, comprar al fiado y confiar en ser contratados en época alta para poder saldar sus deudas. Al finalizar el verano cobraban y podían satisfacer las deudas contraídas.

Los jornaleros del campo vivían bajo la autoridad del propietario, tanto como los siervos de la edad media. Si su comportamiento no se ajustaba a las exigencias del patrón, éste no les contrataba, propiciando así su desarraigo al tener que emigrar a otras localidades donde poder emplearse. Tanto en la monarquía como en la dictadura de Primo de Rivera, los jornaleros fueron siempre blanco del abuso de los propietarios.

En Villagómez la Nueva había Centro Obrero, pero no Cooperativa, por lo que los jornaleros acudían a los préstamos usurarios para subsistir durante el invierno.

El médico del pueblo era Emilio Melchor González, y vivía en un edificio conocido como “el castillo” o “el palacio”, hoy en ruinas.
Este hombre, relacionado por matrimonio con prestamistas de Villalón, atendía a toda la gente que lo necesitaba, les proporcionaba todo tipo de tratamiento y les prestaba dinero a crédito. Cuando la gente le decía que tardarían en pagarle, que no tenían dinero, él les contestaba que estuvieran tranquilos, que ya pagarían. Cuando tenía una deuda acumulada, se hacía con las tierras u otras propiedades de los deudores. Por este procedimiento logró reunir una gran cantidad de patrimonio en las localidades de Villagómez, Cabezón, Villalba, Bustillo, Gordaliza y Villanueva, llevando a la ruina a muchas personas según testimonios recogidos.

El alcalde del Frente Popular, Fortunato Pisonero Ibáñez, decidió tomar medidas para frenar estos procedimientos y de hecho cuando se produjo el levantamiento estaba en conversaciones con abogados para intentar denunciar las prácticas de Melchor González y acabar con ellas, lo que sin duda influyó decisivamente para acabar con su vida.

En el pueblo había cinco o seis cantinas y dos bailes y cada uno iba al que le correspondía según su posición. A estos locales acudían vecinos de todos los pueblos de alrededor.
En octubre de 1934, el seguimiento de la huelga no dio lugar a represalias relevantes. Puede decirse que era una localidad tranquila y con un buen nivel de convivencia.

El nueve de mayo de 1936 se constituyó una Comisión Gestora propuesta por el delegado gubernativo Félix Pérez García, compuesta por:

Licerio Cano
José Fonseca García
Eladio Vega Gutiérrez
Secundino Domínguez Villagrá
Leoncio Juanes Martínez
Fortunato Pisonero Ibáñez
Hermenegildo Gallego

Fortunato Pisonero fue nombrado Presidente de la Gestora (alcalde).

Excepto José Fonseca y Licerio Cano, las demás autoridades municipales fueron asesinadas por los sublevados.

El día ocho de agosto de 1936 se habían terminado las tareas del campo propias del verano. Hacia las diez de la noche, los vecinos de Villagómez la Nueva, que estaban prácticamente todos en sus casas, escucharon la llegada de un vehículo pesado y a continuación ruidos y gritos. Algunos de ellos salieron a la calle, y al llegar a la plaza vieron que había aparcado un camión desconocido, rodeado por un grupo de personas que entraban y salían del ayuntamiento. Reconocieron a unos falangistas conocidos como “los Mosquitos”, pertenecientes a una familia de Vega, que eran los dueños del camión, y además al cura de Villalba de la Loma, vestido con un mono azul y llevando en la mano un arma larga. Este cura ya había ido a sacar gente a otros pueblos. Los demás integrantes del grupo iban embozados en capotes, por lo que no pudieron identificarles.
A continuación, los forasteros se dirigieron a las casas de algunos vecinos y los detuvieron, conduciéndolos hasta el camión bajo la amenaza de sus armas, aunque ninguno de los detenidos opuso resistencia.

El alcalde Fortunato Pisonero se encontraba en su casa cenando con su familia. Un grupo de tres o cuatro hombres fueron a buscarle “para hacer una declaración”. Fue su mujer quien les abrió la puerta. Ya se habían empezado a conocer los asesinatos que estaban produciéndose en los pueblos de los alrededores.

Fortunato cogió una manta y toda la familia se dispuso a acompañarle. Cogió a uno de sus hijos de la mano; su mujer llevaba al menor en brazos. Así fueron hasta la plaza. La declaración consistió en subir al camión junto con otros vecinos:

Secundino Domínguez Villagrá, concejal
Eladio Vega Gutiérrez, Teniente de alcalde
Estanislao Vega Gutiérrez su hermano
Ángel Félix Giraldo Crespo
Marcelo Viejo Motila
Manuel Rubio Fernández, jornalero de Becilla que estaba haciendo el verano en Villagómez.

El alcalde, el teniente de alcalde y uno de los concejales fueron detenidos aquella noche. Pocas horas más tarde serían asesinados.

La detención se llevó a cabo sin resistencia de ninguna clase. Las víctimas, según recuerdan los testigos, se despidieron de sus familias desde el camión. Nunca los volvieron a ver.

Pero los asesinatos no se detuvieron aquí. Además de estas personas, fueron víctimas:

Hermenegildo Gallego, concejal que no fue depuesto al principio. El día 5 de agosto de 1936 se personó en el ayuntamiento el cabo de la guardia civil Santiago Díaz Velázquez para destituir de sus cargos a los concejales Hermenegildo Gallego y Licesio Cano por ser de izquierdas, tal como figura en el acta del ayuntamiento de ese día, quedando la Corporación compuesta por los restantes concejales.
El que llevó adelante la denuncia fue un antiguo correligionario de éstos y directivo de la Casa del Pueblo, reconvertido al falangismo.
Ambos concejales fueron detenidos y conducidos a una zona de monte donde los apalearon hasta dejarlos por muertos, aunque los dos pudieron sobrevivir. Después, alguien les encontró y fueron llevados al Hospital Provincial de Valladolid, donde Hermengildo falleció a causa de las lesiones.
Su hijo Hermenegildo Froilán Gallego Domínguez, fue detenido a finales de septiembre junto a otro hombre y asesinado. Tenía 20 años, por lo que era menor de edad.

Leoncio Juanes, que tenía una carnicería, huyó al campo y se escondió en unas morenas. Enseguida fue detenido y asesinado.

Marcelo Rubio Hernandez, de 71 años, viudo, que residía en Villagómez, fue condenado a 9 años de prisión por decir en la carnicería del pueblo que “la aviación roja tenía que lanzar más bombas”. Lo denunciaron los presentes. No resistió las condiciones de la cárcel y falleció en la prisión de Figueirido (La Coruña) el 12 de enero de 1940.
Además, el Tribunal de Responsabilidades Políticas le impuso una multa de 150 pesetas, que se cobraron embargándole “bienes muebles misérrimos y útiles de su oficio” a pesar de que ya estaba muerto.

Domiciano Domínguez González, falleció en el frente de Madrid, en las filas republicanas, por lo que su pueblo no consideró necesario que figurase en recordatorio alguno. Se le tuvo por prófugo hasta el año 1940.

Aurelio Domínguez del Pozo fue detenido el 21 de agosto de 1936 y encarcelado en Mayorga. Juzgado en la Causa 446/36 y acusado de rebelión, recibió una condena de 30 años de cárcel.

El médico Emilio Melchor González, hizo gestiones para que las víctimas se entregasen, dándoles todo tipo de seguridades. La mañana siguiente a la detención, familiares de los detenidos fueron a ver al médico a primera hora, y éste les dijo tranquilamente que no había nada que hacer.

En cambio, el párroco llamado Pedro Calderón, paró las matanzas hasta donde pudo o le dejaron.

El pueblo quedó destrozado. Los familiares de las víctimas recibieron amenazas, acoso y persecución, por lo que se marcharon en cuanto pudieron. Los que tenían bienes fueron encausados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que les impuso multas a pesar de que llevaban años muertos. Esto supuso la incautación de los bienes que quedaban en las familias, que se vieron así en la ruina.

Los hijos de las víctimas marcharon a la emigración en cuanto se hicieron mayores. Hacia los años 60 muchos de ellos se fueron a Bilbao, a trabajar en las fundiciones. Algunos no han regresado jamás al pueblo.
Las tierras quedaron en manos de unos pocos vecinos; pero la falta de trabajadores ha hecho que poco a poco todo se haya ido arruinando.

Comparativa del censo de población de Villagómez la Nueva:

1930: 526 habitantes
1940: 491 habitantes
2014: 68 habitantes

SACAS

Noche del 8 de agosto: un camión llega al pueblo con un grupo armado, compuesto por civiles entre los que destacaba el cura de Villalba de la Loma, vestido con mono azul y armado. Varios ciudadanos son citados en la plaza. Van todos sin resistencia. Los obligan a subir al camión y los conducen a lugar desconocido donde los matan.

Finales de septiembre de 1936: Paisanos armados detienen a dos vecinos y matan a uno de ellos, Hermenegildo Gallego.

VÍCTIMAS: LISTA TOTAL

Secundino Domínguez Villagrá, casado, cuatro hijos entre los 8 y 1 año, trabajaba en Gordaliza de la Loma, concejal. Paseado en la saca del 8 de agosto.

Hermenegildo Froilán Gallego Domínguez, Detenido a finales de septiembre junto a otro hombre y asesinado. Tenía 20 años. Paseando por la carretera con su novia, se cruzó con un camión de falangistas y les saludó con el puño cerrado, lo que originó su detención.

Hermenegildo Gallego, padre del anterior, concejal. Destituido y detenido junto a Licesio Cano, en su misma situación. Apaleados hasta dejarlos por muertos. Fallece en el Hospital Provincial de Valladolid a causa de las lesiones. Tenía unos 40 años y era machacador de profesión.

Ángel Félix Giraldo Crespo, casado, cuatro hijos. La mayor, Natalia de 19 años, fue testigo de los hechos.
Leoncio Juanes Martínez, casado, cinco hijos, carnicero, concejal. Cuando se produjo el golpe huyó al campo y se escondió en unas morenas.

Manuel Rubio Fernández, se encontraba trabajando en Villagómez con motivo de las tareas del verano.

Fortunato Pisonero Ibáñez, casado, tres hijos de 7, 5 y 3 años. Alcalde. Paseado en la saca del 8 de agosto.

Estanislao Vega Gutiérrez, casado, cinco hijos, jornalero. Paseado en la saca del 8 de agosto.

Eladio Vega Gutiérrez, hermano del anterior, casado, 4 hijos. Jornalero, Teniente de alcalde. Paseado en la saca del 8 de agosto.

Marcelo Viejo Motila, soltero, jornalero. Paseado en la saca del 8 de agosto.

ENCARCELADO

Aurelio Domínguez del Pozo, casado, jornalero. Detenido el 21 de agosto de 1936 y encarcelado en Mayorga. Juzgado en la Causa 446/36, acusado de rebelión. Condenado a 30 años.

FALLECIDO EN PRISIÓN

Marcelo Rubio Hernández, 71 años, viudo sin hijos. Fallece en la cárcel de Figueirido, Pontevedra, el 12 de enero de 1940. Le habían embargado sus muebles y sus útiles de trabajo

El día 5 de agosto de 1936 se personó en el ayuntamiento el cabo de la guardia civil Santiago Díaz Velázquez para destituir de sus cargos a los concejales Hermenegildo Gallego y Licesio Cano por ser de izquierdas, tal como figura en el acta del ayuntamiento de ese día, quedando la Corporación compuesta por los restantes concejales.
Ambos concejales fueron detenidos y conducidos a una zona de monte donde los apalearon hasta dejarlos por muertos, aunque los dos pudieron sobrevivir.

MUERTO EN EL FRENTE, EJÉRCITO REPUBLICANO

Domiciano Domínguez González, fallecido en el frente de Madrid, no figura en recordatorio alguno. Se le tuvo por prófugo hasta el año 1940.

Represión franquista en Becilla de Valderaduey

Orosia Castán — 2015-08-19T12:09:56Z

En la zona había mucho caciquismo, gente que tenía tierras y contrataba a los jornaleros sin acatar las nuevas leyes. Las protestas de la Sociedad les parecían inaceptables, y cuando se convocaban huelgas y paros, contraatacaban pagando esquiroles y provocadores.

Becilla de Valderaduey es un pueblo en el que hubo siempre mucha conciencia por parte de los jornaleros, que se asociaban y se defendían ante los problemas laborales.

En 1931 fue elegido como alcalde republicano Guillermo Calderón Azcona, que tenía 30 años y estaba afiliado a Izquierda Republicana. A pesar de que pronto comenzó a enfrentarse con los sectores más izquierdistas del pueblo, continuó en el cargo hasta julio de 1936, con el intervalo del bienio de derechas; con el triunfo del Frente Popular regresó a la Alcaldía.

En abril del año 1932 se convocó una huelga de jornaleros porque los propietarios no cumplían las leyes ni los convenios; también se produjeron protestas por las contribuciones, y como consecuencia hubo un pleito en el que los huelguistas fueron defendidos por Álvarez Taladriz, el famoso abogado republicano de Valladolid.

En el año 1931, tras el triunfo de la República, se constituyó la Casa del Pueblo de Becilla, con un sindicato de Oficios Varios y la Sociedad Obrera. Estas dos organizaciones eran potentes, pero tenían al enemigo dentro, como después se comprobó.

Por otra parte, en Becilla había pocas personas declaradamente de derechas y ningún falangista. Todos los falangistas aparecieron en julio del 36, tras la sublevación. Hasta entonces lo que había era un requeté, que era hijo del secretario del Ayuntamiento y que ayudó mucho a que se formara la Falange en el pueblo. Se llamaba César, y era un joven estudiante.

Las derechas del pueblo estaban camufladas. Se componían fundamentalmente de los antiguos componentes del Somatén, que habían protestado mucho cuando fue disuelto, diciendo por el pueblo que a ver quienes lo defenderían cuando llegase la revolución. Al estallar el Movimiento, estos hombres recuperaron el poder y las armas que la República les había quitado. En la zona había mucho caciquismo, gente que tenía tierras y contrataba a los jornaleros sin acatar las nuevas leyes. Las protestas de la Sociedad les parecían inaceptables, y cuando se convocaban huelgas y paros, contraatacaban pagando esquiroles y provocadores.

Las disensiones del alcalde Calderón con los vecinos de izquierdas fueron continuas, hasta que a finales de mayo de 1936, la directiva de la Casa del Pueblo de Becilla se disolvió como protesta ante la actuación del alcalde, quien tras el golpe se declaró “derechista”, afirmando “haber puesto todo tipo de trabas a los de la Sociedad”.

Prueba de la veracidad de sus declaraciones es que nada más declararse el golpe de estado, se presentó ante la guardia civil con su coche y se dedicó noche y día a hacer “labores de limpieza” por toda la zona “con el mayor fervor y entusiasmo”, tal y como recogen varios informes de la Guardia Civil y otras autoridades .
La traición de Guillermo Calderón posibilitó la detención y muerte de los que hasta entonces habían sido sus compañeros.

El domingo 19 de julio se presentó en Becilla un grupo de falangistas procedentes de Mayorga acompañados por varios guardias civiles del puesto de Vega de Ruiponce. En la plaza, ante el ayuntamiento, declararon que disolvían la Corporación legal, de la que se iban a hacer cargo. Un vecino llamado Antonio Castañeda se resistió, arengando a otros vecinos presentes. Le dijeron que lo iban a detener y él les contestó que eran ellos los que se estaban sublevando contra la legalidad. Antonio Castañeda tenía más de treinta años y pertenecía a una familia conservadora, pero respetaba la ley y se negó en redondo a ceder el consistorio. Los falangistas lo detuvieron y lo llevaron a Mayorga. Su familia se movilizó y consiguieron sacarlo de la cárcel; pero se encontraron con que le habían torturado de tal manera que murió tres días después de ser detenido.

Antonio Castañeda fue el primer muerto de Becilla. Al comprobar que el crimen quedaba impune, la gente se empezó a asustar. No había pasado una semana cuando volvieron los mismos falangistas y sacaron de su casa a Miguel González. Lo llevaron al monte Bilbis, que se encuentra cerca de Roales, y lo mataron allí.
Durante los días posteriores llegaron noticias que hablaban de barbaridades que se estaban cometiendo por las localidades cercanas.

El día 6 de agosto los falangistas detuvieron a un grupo de seis personas. Los llevaron a Villalón, a la cárcel de partido, donde fueron interrogados y torturados hasta que intervino Cipriano Calderón Alonso “El Calderero”, uno de los que se habían hecho falangistas, porque en el grupo estaba su hermano Onofre, y los detenidos fueron trasladados a Valladolid, librándose de la muerte.

Este grupo estaba compuesto por Agustín Peña, Saturnino González, Rufino Álvarez, Valentín Pérez, Sabino Rodríguez y Onofre Calderón, cuyo hermano intercedió y los salvó a todos.

El día 7 de agosto los falangistas fueron a casa de Alejo Valbuena Villagrá, el cartero de Becilla. Lo sacaron de la cama y muchos vecinos contemplaron cómo se lo llevaban en mangas de camisa. Una de sus hijas intentó seguir al grupo y fue amenazada delante de todo el pueblo. Lo mataron junto con otros vecinos de Berrueces. Parece que los enterraron a todos juntos junto a un regato, en el arcén de la carretera de León.

Pasados unos días detuvieron a otro grupo y los llevaron también a Cocheras. Este grupo estaba compuesto por Valeriano Peña, Alfonso Villagrá, Bonifacio Peña, Melchor Carro, Ángel Peña, Felipe González y Felipe del Agua.

Juzgaron a todos los detenidos juntos en el Consejo de Guerra 539/36. Hubo dos condenas a muerte y seis cadenas perpetuas. Los demás fueron condenados a treinta años, y a la mayor parte de ellos les conmutaron la pena por la de seis años y un día.

José Marcos Marcos, presidente de la Casa del Pueblo, fue detenido el 29 de septiembre por dos guardias civiles y el falangista Cipriano Calderón, que lo trasladaron en el coche de éste a Valladolid, donde fue juzgado con sus vecinos, condenado a muerte y fusilado.

También fue detenido otro vecino de Becilla llamado Justiniano Ramos, preso gubernativo, sin juicio, que pasó 11 meses en Cocheras y después fue movilizado.

Además de todos estos detenidos, hubo una lista de mujeres, aunque al final no fueron asesinadas.
El cura, Don Julián, no estaba de acuerdo con las matanzas e intervino para que no se asesinase a los detenidos. Más adelante comenzaron las incautaciones de bienes y el párroco volvió a intervenir a favor de los detenidos e incautados, aunque no pudo evitar que les confiscasen los bienes. A las familias les requisaron todo lo que pudieron: animales, aperos, cosechas, muebles… Después se nombraban depositarios que a menudo se beneficiaron de los bienes incautados hasta que se levantaron los embargos, que fue años más tarde.

Las viudas y las mujeres de los detenidos lo pasaron muy mal; los sublevados, erigidos en vencedores, les hicieron la vida muy dura. Tuvieron que lavar ropa, machacar piedra, barrer las carreteras y mendigar. Hacia el año 1946 comenzaron a devolverse las propiedades incautadas, pero muchas de las tierras estaban ya arruinadas, los animales habían desaparecido y las herramientas ya no servían para nada.

El destrozo fue extraordinario y el pueblo no se recuperó jamás. Los detenidos, cuando salieron de las prisiones en libertad condicional, estaban extenuados y desmoralizados. Los nuevos amos, en su afán por destruirlos, les negaban el trabajo, con lo que consiguieron arruinarse también ellos.

En cuanto se levantaron las prohibiciones, las familias de las víctimas se lanzaron a la emigración, única salida para sobrevivir. Muchos de sus descendientes ni siquiera conocen el pueblo de sus abuelos y padres.

Se cumple así el designio de los golpistas, cuyo objetivo era eliminar a sus oponentes políticos y apropiarse por completo del pueblo, aunque con sus acciones, que quedaron impunes, lo hayan conducido a la ruina.

Golpe de estado en Tudela de Duero

Orosia Castán — 2015-07-15T18:29:20Z

Al caer el sol, la Casa del Pueblo de Tudela, situada en plena calle Mayor, era un hervidero de gente que se acercaba con el fin de saber qué estaba pasando. De repente, un hombre armado con una pistola disparó sobre un grupo que estaba en la puerta comentando las noticias.

El día 18 de julio de 1936 cayó en sábado. Era día de cobranza, de arreglar asuntos personales, de acudir a la barbería y de comprar. Las calles de Tudela estuvieron muy concurridas durante toda la mañana, como solía ocurrir todos los sábados, y más los veraniegos.

Pero la gente no estaba tranquila. Se escuchaban rumores insistentes acerca de un posible levantamiento militar contra la República. Claro que este tipo de rumor era frecuente desde febrero, cuando en las elecciones resultó ganador el Frente Popular. La derecha, la iglesia y parte del Ejército no aceptaban los resultados de las urnas y se dedicaban a propalar rumores catastróficos: que con el Frente Popular venía el caos y la revolución; que los de izquierdas hundirían el país; que los “rojos” expropiarían las fincas, y las casas, y todos los bienes a la gente…. Los rumores crecían y se extendían, a pesar de que en las calles de pueblos y ciudades todo era normal, y lo más normal de todo era la gente del Frente Popular, cuyo programa se basaba en la mejora de la vida de los despojados, que eran la mayoría de la población.

El alcalde de Tudela, Pablo Arranz Sanz, habló por teléfono con el gobernador civil, señor Lavín, a primeras horas de la tarde. Había demasiada inquietud, y él, como primera autoridad y responsable del orden y la seguridad de su pueblo, necesitaba información de primera mano.
El gobernador civil de Valladolid no había comprendido el alcance de la sublevación y se limitó a recomendar a todas las alcaldías que se centraran en sus pueblos; que se rodearan de la gente de su confianza en los ayuntamientos y que vigilaran y desarmaran a todos aquellos que pudieran suponer un peligro para la convivencia.

Por la radio se enteraron de que efectivamente, en Marruecos se habían levantado algunas unidades militares. Pero Marruecos estaba muy lejos…. Y la normalidad era patente en toda la zona. Aún así, Pablo Arranz siguió las recomendaciones del gobernador. Se reunió primero con Modesto Velasco Acebes, presidente de la Sociedad de Oficios Varios, y con Fortunato Román Abad, presidente de la Sociedad Agraria para informarles de todo. A continuación hablaron con sus compañeros de la Casa del Pueblo, y fueron a pedir las armas a los vecinos de los que desconfiaban. Además, enviaron a algunos vecinos a Valladolid con el fin de seguir los acontecimientos y también al cercano ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín con el fin de que informaran de todo esto en la alcaldía de esa localidad. A Valladolid se desplazó Agapito Peñalva Nicolás, y a Aldeamayor dos chicos, Julio Peñalva Herguedas y Decoroso Sánchez Mambrilla, ambos de 16 años. Se desplazaron en bicicleta.

Al caer el sol, la Casa del Pueblo de Tudela, situada en plena calle Mayor, era un hervidero de gente que se acercaba con el fin de saber qué estaba pasando. De repente, un militar llamado Gregorio Martín y conocido como “El aviador”, hijo de uno de los mayores industriales del pueblo, apareció armado con una pistola; y sin que mediara palabra, disparó sobre un grupo que estaba en la puerta comentando las noticias. Los tiros hirieron a Mariano Villazán “Margallo” y a Julio López “Pajarito”, que cayeron heridos al suelo. De inmediato se produjeron momentos de terror y confusión, saliendo los afiliados a la calle y dirigiéndose unos a sus casas y otros a la captura del agresor.
Este salió corriendo, pero cuando se escapaba por la calle Júpiter se tropezó con Estanislao Espinilla Pascual, “Cabezota” de 21 años, que salía en ese momento de su casa situada en el número 4 de esa calle. El encontronazo hizo caer al agresor, que iba perseguido de cerca por un enfurecido grupo de tudelanos, a cuya cabeza iba Sotero Rivera Tejero “Mocolín”, de 27 años. Entre él y Espinilla lo detuvieron y lo inmovilizaron, impidiendo que nadie le hiciera daño. A esto ayudó Mercedes San José “Pacolas”, que salió al oir el ruido y se enfrentó con sus vecinos, protegiendo a Goyo, quien después no agradecería el gesto. El militar logró refugiarse en casa de su tío Ceferino, pero este hecho costaría la cárcel a varios vecinos, que fueron acusados de todo tipo de delitos.

Tiros en la calle, heridos de bala, gritos, carreras… El pueblo ya no estaba tranquilo. Al caer la noche, la corporación municipal, que había estado reunida, organizó dos puestos de vigilancia en las carreteras de acceso al pueblo: un grupo se colocó en el Pinar Pequeño, en las proximidades de la conocida como “Ermita de la Roña”, vigilando la carretera de Valladolid, y el otro en las proximidades del puente controlando la carretera de Soria y la de las Maricas; eran unos cuantos vecinos, hombres y mujeres, que provistos de palos, hocinos y poca cosa más pasaron la noche en vela por si atacaban al pueblo, aunque nadie apareció.

Sin embargo, la normalidad terminó muy pronto.

El domingo 19, hacia las nueve de la mañana, los tudelanos se despertaron al escuchar gritos y voces por las calles. Eran dos camionetas de la Guardia de Asalto llenas de gente armada que se dirigían al ayuntamiento. Entraron una por cada carretera: por la de Las Maricas y por la de Valladolid. Los atacantes llegaron a la puerta del ayuntamiento y la gente comenzó a arremolinarse. El alcalde, con el bastón de mando en la mano, varios de sus concejales y muchas personas relacionadas con el municipio, se acercaron de inmediato al ayuntamiento, donde les informaron de que se había producido una sublevación militar, y fueron detenidos. Este primer grupo fue conducido ese mismo día a las Cocheras de Valladolid, donde poco tiempo después serían juzgados en la Causa número 582/36, resultando 14 penas de muerte. Entre los fusilados estaba el propio alcalde y la mayoría de sus concejales, así como los dirigentes de la Casa del Pueblo. Todos ellos eran inocentes y ni siquiera tuvieron la oportunidad de resistirse al atropello.

La guardia civil del puesto de Tudela se unió de inmediato a los sublevados.

A las doce de la mañana, el teniente de la guardia civil Julio Maeso Hoyos destituyó a la Comisión Gestora legal, nombrando otra “en uso de las atribuciones del Exmo. Gobernador Civil de la provincia”.

Esta Corporación, a todas luces ilegal, puesto que era fruto de un golpe armado, estaba compuesta de la siguiente manera:

Alcalde-Presidente: Ángel López García.
Vicepresidente: Luis Martín Ibáñez.
Depositario: Gregorio Sanz Sanz.
Síndico: Benigno Díez Tapias.

Firmaba esta acta fraudulenta el secretario municipal, Priscilo Recio.

Como es natural, todos ellos estaban incondicionalmente del lado de los sublevados, y con su actitud se manifestaron de acuerdo con la destitución y detención de la autoridad legal, y más adelante, con los crímenes que ocurrieron por decenas en Tudela.

Por la tarde, hacia las siete, los Guardias de Asalto orientados por gente del pueblo, interceptaron al Tesorero de la Casa del Pueblo, Pedro Palencia, que regresaba de pasar el día junto con su familia en Los Lagares; la familia, compuesta por Pedro, su esposa Nemesia Sanz y sus dos hijos, niños muy pequeños, se dirigían de regreso a Tudela siguiendo el Canal; cerca de la casa del guarda se encontraron con el grupo de guardias, que propinaron a Pedro una brutal paliza. A continuación, depositaron a los niños en la casa del guarda y obligaron a la mujer de Pedro a subir a un vehículo, conduciéndola al pueblo con el fin de que les entregase la Caja, cosa que ella hizo.

Así que una de las primeras acciones de los golpistas consistió en el robo de la Caja, cuyo dinero era propiedad de los asociados a la Casa del Pueblo. Pedro sería llevado a Cocheras, sacado y asesinado posiblemente en las tapias del cementerio de Valladolid. Su nombre no aparece en ningún registro, y es el primer desaparecido de Tudela.

Otro grupo de vecinos, entre los que se encontraban Fortunato Román Abad, Presidente de la Sociedad Agrícola y Crescencio Juárez Ortega, decidió salir del pueblo y aguardar en el campo hasta que la situación se aclarara. Se trataba de personas que ya habían sido detenidas dos años antes, con ocasión de la huelga de 1934, y no querían ser detenidos de nuevo.
Se dirigieron hacia Campaspero y se mantuvieron ocultos entre las morenas unos días, hasta que fueron descubiertos por un chico que les denunció; entonces fueron detenidos sin llegar a enfrentarse con los agresores. Este grupo, como el del alcalde, también fue conducido a Valladolid, donde todos ellos serían juzgados y algunos, como el propio Fortunato, condenados a muerte y ejecutados.

Un grupo más escapó del pueblo y se ocultó en el cercano pueblo de La Cistérniga, donde un conocido, hermano del guarda del Canal, les ocultó. Falangistas de Tudela, junto con la guardia civil les seguían de cerca, interrogando a los vecinos por si les habían visto. Este grupo, compuesto por cinco o seis vecinos, salió del campo y regresó al pueblo a causa de una trampa: los derechistas tiraron cohetes y ellos pensaron que la sublevación se había acabado. Al llegar a Tudela se encontraron con todo lo contrario, y se ocultaron cada uno en su casa. En este grupo estaban Heliodoro Palacín, cuyo hermano, el concejal Teófilo Palacín ya había sido asesinado; Víctor Carracedo “Moquitín”, de 19 años; Julio Martín “Portillano”, Salvador Arpa y Eutiquio Sánchez, uno de los hijos del cabo de serenos Jerónimo Sánchez Hinojal.

Casi todos ellos fueron asesinados días después.

Mientras tanto, el pueblo de Tudela experimentaba una transformación horrenda. Las detenciones se convirtieron en una auténtica cacería en la que participaban vecinos armados por la guardia civil y algunos de los propietarios del pueblo, apoyados por el párroco, Baltasar Sarabia, a quien todo castigo parecía poco.

Las “gentes de orden” se reunieron aquella misma noche en la casa de uno de ellos, en plena calle Mayor. Era la primera de las reuniones donde se hicieron las listas de los debían ser liquidados, escarmentados, detenidos… Entre esas paredes se decidió la vida o la muerte de los vecinos, con el criterio de hacer desaparecer a los dirigentes políticos, a los sindicales, a cualquiera que tuviese dotes de dirigente… a todo aquel considerado opuesto a la sublevación.
Claro está que estas “gentes de orden” tudelanas, entre las que se encontraban propietarios, antiguos cargos públicos, empleados municipales, profesionales y gentes de iglesia, no estaban dispuestos a manchar sus manos con la sangre de sus vecinos; tuvieron que buscar ejecutores y verdugos que obedecieran sus órdenes asesinas.

Así fueron reclutados los verdugos, los autores materiales: jóvenes ignorantes, vagos profesionales, gentes que trabajaban a las órdenes de los propietarios y tenían algo que ganar… La sublevación necesitaba de todos ellos para efectuar la “limpieza” en el menor tiempo posible, impidiendo así que los atacados se organizaran para resistir.

Este fue el motivo de las sacas precipitadas, seguidas de asesinatos en los pinares, en las cunetas de las carreteras o en las mismas calles del pueblo. Vecinos armados asesinaban a otros vecinos, con los que a menudo no habían tenido ningún problema. Una locura sangrienta se apoderó de aquel vecindario; armados con pistolas y fusiles, con palos y vergajos, aquellas jaurías se reunían en la bodega de la casa (de Cultura), donde recibían órdenes y… merendaban y bebían. Después salían y cometían todo tipo de tropelías y canalladas, mientras los inductores callaban y prometían empleos, casas y prebendas a los asesinos.
Nunca hubo listas escritas, ni órdenes, ni ningún tipo de documento comprometedor. Todo fue verbal, ocultos en patios y bodegas, con el silencio como compromiso, pues todos estaban en el mismo barco, unidos por los crímenes cometidos.

En el pueblo se desató una locura homicida que duraría muchos meses, destrozando familias, arruinando haciendas y campos, diezmando a la juventud, y machacando la vida de muchos convecinos.

La derecha, incapaz de aceptar su fracaso en las urnas, tomaba las armas y eliminaba a los que no eran sus enemigos, sino sus rivales políticos, con el único fin de hacerse con el poder.

En Tudela, como en toda la provincia de Valladolid, no hubo guerra. No hubo frente, ni dos fuerzas armadas enfrentadas. Hubo un golpe armado seguido de una feroz represión sobre los vecinos, paisanos desarmados e indefensos. Los únicos tiros que se produjeron fueron los dos que dio Gregorio Martín en la calle Mayor y a los que nadie respondió.

El pueblo de Tudela, como la mayor parte de las localidades españolas, tiene sus razones para desear el olvido de todos estos hechos ignominiosos que mancharon el pueblo. El trauma, visible a fecha de hoy, tiene un único camino para su sanación: la Verdad, la Justicia y la Reparación a las víctimas. Así podrá cerrarse definitivamente esta pavorosa herida infligida a nuestra sociedad.

Asesinato de Esteban Palencia Gil, tesorero de la Casa del Pueblo de Tudela de Duero

Orosia Castán — 2015-05-27T19:00:41Z

Esteban, desde el momento en que fue objeto del robo de la Caja de la Casa del Pueblo, estaba condenado a muerte.

Esteban Palencia Gil es el padre de Leandro, muy conocido en Tudela de Duero por haber regentado un quiosco durante muchos años. Esteban nació en Aldeamayor de San Martín el 3 de agosto 1904, hijo de Faustino y Margarita. Vivía en Tudela y trabajaba como jornalero, manejando un par de mulas para un labrador llamado Irineo.

Tenía bastante instrucción y era capaz de llevar cuentas.

Como a tantos otros hijos del pueblo, le tocó hacer el servicio militar en Melilla, y después, de regreso a Tudela, se casó con Nemesia Sanz Gómez. La familia de su esposa vivía y trabajaba en Los Lagares.

En julio de 1936, Esteban y Nemesia tenían dos hijos: Julia, de tres años, y Leandro, de cuatro meses. Esteban ejercía de Tesorero en la Casa del Pueblo, llevando las cuentas de los afiliados y la cooperativa y custodiando la Caja, cuyas llaves portaba siempre con él.
A diario, cuando regresaba del trabajo, solía recoger un bocadillo que su mujer le preparaba y marchaba a la Casa del Pueblo, a leer el periódico a los afiliados que no sabían leer y que le esperaban. Después se montaban tertulias en las que se comentaban las noticias.

El domingo 19 de julio de 1936, la familia fue a visitar a los padres de Nemesia. Iban en un burro de su propiedad. Al regreso, en el puente sobre el canal, se encontraron con una patrulla de guardias a los que no conocían. Iban buscando a Esteban. En cuanto lo identificaron le dieron una gran paliza, tirándolo al suelo y pateándolo con saña. Nemesia, su mujer, lo relató a sus hijos cuando se hicieron mayores: “Llevaban (los guardias) unas botas enormes… lo tiraron al suelo y lo pisaron con todas sus fuerzas. Sangraba por la boca, por la nariz, por los oídos… Yo gritaba y lloraba; me apartaron de un empujón diciéndome: “calle, señora, que no es para tanto…”

Los guardias querían saber dónde estaba el dinero de la Casa del Pueblo. Esteban se lo dijo: la Caja estaba en su casa. Los guardias llevaron a Esteban y a los niños a la casa del guarda del canal; cogieron las llaves y obligaron a Nemesia a subir a la camioneta y fueron hasta Tudela. Ella les condujo a su casa y les entregó la caja de la Casa del Pueblo.

Después la llevaron de regreso a la casa del guarda y se fueron a Valladolid llevándose con ellos a Esteban, ingresándolo en la prisión de Las Cocheras.
Según testimonio de otros vecinos de Tudela que coincidieron con él, Esteban estaba destrozado. Uno de los detenidos contó que “estaba irreconocible; como un monstruo. Tenía la cabeza completamente hinchada. Era horroroso verlo”.

Nemesia, en cuanto pudo, se trasladó a Valladolid y fue hasta las Cocheras. Allí le dijeron que Esteban ya no estaba allí. Uno de los guardias le indicó que fuera al Depósito del Hospital. Fue allí y efectivamente, se encontró el cadáver. Le habían robado todos sus efectos personales. Como Nemesia no tenía dinero para comprar un féretro, Esteban fue enterrado en la fosa común del cementerio del Carmen de Valladolid. La familia acudió a poner flores en esa fosa anónima durante muchos años.

Esteban, desde el momento en que fue objeto del robo de la Caja de la Casa del Pueblo, estaba condenado a muerte. Como se ha visto en otros casos parecidos, los asesinos, que no tenían claro el fin de aquella aventura, no podían permitir que quedara vivo un testigo del robo que acababan de cometer, y en este caso con más razón, al ser el robo sobre caudales públicos, que es lo que era la Caja de la Casa del Pueblo.

La familia quedó destrozada. Nemesia estaba criando a su hijo Leandro, que se puso muy enfermo. Casi se murió, hasta que el médico don Felipe señaló la causa: era la leche materna. Nemesia no dejaba de llorar, y eso era lo que estaba matando al niño. Una de las tías, que tenía una niña pequeña, lo amamantó y así le salvó la vida. Julia, la otra hija, de tres años, fue a vivir con otros tíos, pues Nemesia no podía sacar adelante a los dos niños.

Esta mujer, como las demás mujeres de las víctimas tudelanas, vivió una vida de semi esclavitud: tuvo que trabajar en todo lo que le salía: remolacha, arrancar, limpiezas… Se colocó en la casa de los Sacristanes, donde la trataron bien, y así ha transcurrido su vida.

Su marido no consta en los registros civiles, por lo que ella jamás pudo considerarse legalmente viuda, ni sus hijos fueron huérfanos.

Esteban Palencia es un desaparecido más sobre el que la Justicia no se pronuncia.
Una injusticia más sobre la que la sociedad debe pronunciarse.