Represión franquista en Valladolid

Lucha por la privatización energética en 1931

Orosia Castán — 2014-01-17T12:57:33Z

Las maniobras para privatizar los servicios básicos no son una invención actual. Hace ya muchos años, políticos sin escrúpulos otorgaban contratos ventajosos a ciertas empresas, a sabiendas de que esas concesiones costaban auténticas fortunas a sus convecinos. Pero ¿qué importa eso, cuando a cambio pueden recibirse prebendas y las empresas beneficiadas quedan en deuda de gratitud con uno?

Vean lo que ocurrió en nuestra ciudad con la gestión energética, la pugna entre el nuevo ayuntamiento republicano y la Electra Popular, y el fin sufrido por el concejal delegado que logró acabar con los privilegios.

EUGENIO CURIEL CURIEL, concejal en el primer ayuntamiento republicano de Valladolid, era tío de Enrique Curiel, quien también fue elegido representante en nuestro ayuntamiento, además de ser diputado y senador.

Era licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y en el año 1936 era catedrático y director del Instituto de Astorga. Pero además, Curiel formaba parte del Ayuntamiento vallisoletano desde la llegada de la República, ya que fue elegido concejal en el primer consistorio republicano de Valladolid por el partido Izquierda Republicana.

En este primer consistorio fue nombrado Delegado de Alumbrado. Como parte crucial de sus funciones, tuvo que entrar de lleno en la concesión del servicio municipal de alumbrado a la Electra Popular Vallisoletana, empresa que estaba aprovechándose de una serie de prebendas concedidas por los ayuntamientos anteriores de la dictadura y la monarquía.

Estas prebendas se obtenían a través de contratos ventajosos para la empresa, que obtenía ganancias mediante cláusulas que no favorecían en absoluto a los contribuyentes ni en el servicio prestado ni en el precio que debían pagar por estos servicios.

En el año 1931, cuando se instaura la República, los nuevos ayuntamientos se vuelcan en el análisis y mejora de los problemas municipales, centrados sobre todo en los gastos indebidos, los presupuestos incorrectos y la necesidad de revisar los servicios municipales con el fin de optimizarlos.

En Valladolid se trabajaba para extender y mejorar los servicios eléctricos a toda la población. La Electra Popular Vallisoletana era la empresa encargada de proveer este servicio desde el imponente edificio situado a orillas del Pisuerga. La demanda de energía aumentaba de manera exponencial, y la empresa necesitaba aumentar en la misma o mayor proporción la energía por medio de compra, ya que no era productora sino distribuidora y gestora.

Con el fin de aumentar la disponibilidad de energía, comenzó a construirse una nueva central hidroeléctrica que contemplaba el aprovechamiento del salto del Esgueva. Esta central estaba muy adelantada cuando el consistorio vallisoletano cambió y los republicanos, con sus ideas regeneracionistas, se hicieron cargo de los asuntos municipales.

Curiel, delegado como se ha dicho, comenzó a analizar en profundidad tanto las necesidades energéticas del municipio como la manera de optimizar el servicio, mejorar y ampliar las redes y sobre todo completar y poner en marcha la central del salto de la Esgueva, de propiedad municipal, que estaba comenzando a construirse pero carecía de red, por lo que su funcionamiento era imposible.

Cuando el nuevo concejal comenzó a estudiar todo lo concerniente al contrato de la Electra, se encontró con la existencia de una serie de clausulas abusivas por parte de la empresa, que traducidas en forma de privilegio ocasionaban gastos ingentes al consistorio. Decidido a cambiar las cosas, se creó una Comisión Especial de Alumbrado que estudió al detalle todos los aspectos, desde la producción energética a las necesidades de consumo, precios, etc., redactando una propuesta más ajustada a las necesidades de la ciudad, con su correspondiente Pliego de Condiciones, con el fin de sacar el contrato a concurso público.

Desde el momento en que Curiel se percató de los beneficios que la Electra Vallisoletana venía obteniendo a costa de las arcas públicas, se planteó la posibilidad de municipalizar el servicio, lo que tuvo que hacer mucho daño a la compañía. Pero se presentaron las cuentas, y el resultado clarificaba la cuestión, según puede verse en el siguiente informe de la Comisión, en el que se compara el contrato anterior, A, con la propuesta de municipalización que planteaba la Comisión presidida por Eugenio Curiel, B:

*Anexo documento adjunto. Estudio comparativo de los gastos

Es decir, que el plan propuesto por Curiel suponía un ahorro de 98.988,05 pesetas anuales a las arcas municipales, una suma enorme para la época, y que salía de los beneficios que estaba obteniendo la Electra gracias a las prebendas que los anteriores ayuntamientos le habían concedido.

La base de todo el plan era mantener municipalizada la central, y no privatizar el Salto del Esgueva con el fin de que el aprovechamiento fuese íntegramente para la ciudad. Una cuestión que, como vemos, continúa vigente a día de hoy con la privatización de los centros sanitarios y otras infraestructuras y servicios públicos.

La Electra no estaba dispuesta a perder de golpe la concesión del servicio y por lo tanto, unos ingentes ingresos. Con el fin de presionar, intentó que la convocatoria municipal quedase desierta, y para lograrlo no se presentó a la licitación.

Se abrieron las negociaciones y la Electra se encontró de frente con la voluntad férrea de Curiel, que además se había encargado de mostrar públicamente la comparativa entre los contratos anteriores y lo que él proponía. La empresa se plegó y comenzó a negociar.

A pesar de todas las presiones que la empresa ejerció con el fin de no perder esa enorme cantidad de dinero, el nuevo contrato salió adelante, la Electra Popular tuvo que aceptar las nuevas condiciones y Eugenio Curiel se ganó enemigos poderosos que más adelante pudieron influir de manera decisiva sobre su destino.

En septiembre de 1936 Eugenio Curiel se encontraba en Valladolid, indemne y libre cuando su familia le avisó de la detención en Vigo de su hermano Luis, catedrático de Lengua y Literatura francesa en el instituto de Santander y de filiación comunista, que contaba con antecedentes por haber sido detenido en el año 1929 a causa de su actividad contra la dictadura de Primo de Rivera. Estos antecedentes ponían en grave peligro la vida de Luis Curiel Curiel que estaba ya casado y era padre. Uno de sus hijos, como se dice más arriba, fue Enrique Curiel, vicesecretario del Partido Comunista y concejal en el ayuntamiento democrático de Valladolid tras la muerte de Franco. Enrique Curiel intentó recuperar la historia de su tío y predecesor en el ayuntamiento, aunque no logró dar con la pista de la fosa donde fue enterrado.

Al conocer la detención, Eugenio, que era el mayor de los hermanos, se puso en camino hacia Vigo acompañado por un compañero del instituto de Astorga, llamado Bernardo Blanco Gaztambide, que era sacerdote.

Eugenio Curiel y el sacerdote hicieron todas las gestiones que pudieron para conseguir la libertad de Luis Curiel, lo que lograron. Tras ver asegurada la vida de su hermano, Eugenio decidió regresar a Astorga, donde fue detenido el 18 de septiembre de 1936 junto con el sacerdote. Al día siguiente se determinó el traslado de los dos a León, donde se concentraba una gran cantidad de prisioneros en el recinto de San Marcos.

El día 27 de octubre, varios detenidos fueron sacados de San Marcos a bordo de un vehículo que se dirigió a la carretera León-Astorga y se detuvo en el término municipal de Villadangos del Páramo. Varios prisioneros fueron obligados a apearse y fueron fusilados. Los cadáveres fueron abandonados en el lugar del asesinato. Eugenio Curiel se hallaba en este grupo junto al sacerdote Bernardo Blanco, a quien los asesinos no tuvieron reparo en matar a pesar de su condición de religioso.

Además de la desaparición física, los golpistas hicieron desaparecer la memoria de sus víctimas, intentando que nadie supiera jamás, en este caso, quien fue Eugenio Curiel Curiel, ni se conociese nada acerca de sus esfuerzos por mejorar la ciudad, ni de sus desvelos por optimizar los servicios ciudadanos.

Una actitud mezquina y a la vez inútil. Como suele decirse tantas veces, la historia es tozuda y la verdad acaba siempre por revelarse. Nosotros guardaremos siempre esta nueva memoria y haremos lo posible para que sea conocida por la mayor cantidad posible de ciudadanos.

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Los antecedentes: Octubre de 1934

Orosia Castán — 2010-01-28T00:56:10Z

En octubre de 1934 se convocó una huelga revolucionaria que fue desigualmente seguida en la provincia de Valladolid. Así, en la capital se produjeron disturbios, principalmente en barrios como La Pilarica, donde los huelguistas llegaron a sabotear la vía del tren; se efectuaron muchas detenciones que afectaron a personas de todo tipo, desde cargos políticos y sindicales a obreros del extrarradio. Así lo confirma la prensa de la época, que se hace eco tanto de los movimientos de los huelguistas como de la represión posterior.

En el año 1.934 España era una República Parlamentaria, con un gobierno de centro-derecha. La fuerza fundamental de este gobierno era la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), cuyo dirigente, Gil Robles, admiraba a Mussolini. Nunca quiso declarar lealtad a la República.

El día 1 de octubre del 34, Gil Robles amenazó al Gobierno de Samper con derribarlo si no le entregaba tres carteras. Los trabajadores y toda la izquierda vieron en esta amenaza el peligro de la entrada del fascismo en España por la vía legal, como ya había ocurrido en Alemania, Austria e Italia.

Desde principios de año hubo muchas tensiones en el campo. En junio se derogó la Ley de Términos Municipales, que había sido la esperanza de miles de jornaleros para mejorar algo sus vidas; esta Ley quitaba al propietario la libertad de acción para contratar a quien quisiera, libertad que los caciques utilizaban para contratar mano de obra de fuera de los pueblos, dejando en la miseria a los trabajadores del campo.

A partir de ahí se produjeron huelgas, que fueron duramente reprimidas, y hubo abundantes detenciones tanto de trabajadores huelguistas como de dirigentes políticos, alcaldes de izquierdas y hasta diputados.

En este clima se fue gestando una gran Huelga Revolucionaria, que cristalizó en octubre, y que fue rápidamente dominada por el Gobierno, que utilizó todos los medios represivos a su alcance. El movimiento revolucionario se sofocó de inmediato en Madrid y Barcelona, así como en las demás regiones; sólo en Asturias pudo mantenerse unos días, debido a la unidad ejemplar de todas las fuerzas izquierdistas (UHP), y quizá a una mejor preparación: tenían armas y también dinamita. El día 5 de octubre se proclama la República Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo.

El Presidente Lerroux llamó a Franco y a Goded para que organizasen la represión. Se envió a la Legión y a los Regulares de Marruecos. El día 10 se acabó todo con la caída de Gijón.

La represión fue durísima en todo el territorio nacional: se calculan unos 30.000 detenidos: socialistas, cenetistas, catalanistas (Companys fue condenado a muerte), Largo Caballero, el propio Azaña... A continuación se descabezó el movimiento obrero.

En el campo se produjo el caos: los propietarios tomaban represalias por su cuenta; hubo miles de despidos; se volvió a la semana de 48 horas y se redujeron los salarios.
Hubo 20 sentencias de muerte. Lerroux no quería que se ejecutasen, pero Gil Robles se negaba a las conmutaciones, y por ese motivo dimitió.

La sociedad quedó profundamente dividida: eran los antecedentes de la Guerra Civil.

En la provincia de Valladolid, provincia agraria por excelencia, y cuya mayor fuerza laboral eran los jornaleros del campo, la huelga fue secundada en muchos pueblos, aunque sin éxito. Se proclamó de inmediato el estado de guerra y comenzaron las detenciones. La ciudad volvió a la normalidad el día 7, pero en los pueblos hubo más resistencia.

En Medina de Rioseco se asaltó una armería; murió un sargento, fueron heridos un teniente y cuatro guardias civiles y se practicaron más de setenta detenciones.

En Tudela de Duero hubo enfrentamientos y más de cincuenta detenidos.
En Aguilar de Campos, tal como recoge la prensa del momento, “se proclamó el Comunismo Libertario”. Los huelguistas desarmaron a uno de los guardias y se hicieron con el Ayuntamiento. Este hecho se saldó con abundantes detenidos.
Lo mismo ocurrió en Peñafiel, en Fombellida, en Cabezón de Pisuerga, en Corcos del Valle, en Cigales, y en varios pueblos más.

A continuación, el Gobierno organizó una represión durísima: se detuvo a cientos de personas; se clausuraron decenas de Casas del Pueblo, y se destituyó a los republicanos de todos los puestos de poder: alcaldías, concejalías, actas de diputados...

Así, la mayoría de los Ayuntamientos, incluido el de Valladolid capital, fueron suspendidos.

La represión continuó durante los siguientes meses, practicándose detenciones en muchos pueblos, estuvieran o no los detenidos complicados en la intentona; hubo además registros domiciliarios, acoso y persecución.

El año 1.935 comienza en España con 35.000 presos políticos; los partidos políticos y sindicatos de izquierdas, prácticamente desarticulados, los obreros en manos de los patronos y caciques, y un problema de paro gravísimo.

Con este panorama comenzaron a celebrarse en todo el país los consejos de guerra a los detenidos.

Estos encausados por la huelga de octubre cumplirán penas más o menos largas en prisión; algunos, hasta que sean amnistiados en febrero del 36 por la victoria electoral del Frente Popular.

Y son precisamente las personas con estos antecedentes, así como en muchos casos, sus familiares directos, las primeras víctimas del golpe de estado de julio del 36: nuestras investigaciones confirman los asesinatos y ejecuciones de la inmensa mayoría de estos detenidos del 34 durante los primeros días del golpe a manos, principalmente, de los grupos falangistas de sus propios pueblos, que actuando de forma incontrolada, sacaron a estas personas de sus casas, las asesinaron e hicieron desaparecer por montes y cunetas en fosas anónimas e ilegales, se incautaron y destruyeron sus bienes e intentaron, por fin, hacer desaparecer para siempre su memoria.