Represión franquista en Valladolid

Crímenes políticos en Valladolid 1936

2019-08-26T19:10:35Z

El plan de acción de los sublevados tenía su punto fuerte en la eliminación física de las autoridades republicanas y de los dirigentes de izquierdas.

Autora: Orosia Castán

La sublevación armada contra la República se inició en Valladolid a media tarde del sábado 18 de julio de 1936 y 24 horas más tarde la ciudad estaba prácticamente dominada por los golpistas.

Esta fulminante toma de Valladolid fue posible por varios factores: la imprevisión de las autoridades republicanas, que no habían dado a los rumores de que se iba a producir un golpe militar la importancia debida; el desconocimiento del terreno por parte del recién nombrado gobernador civil, Luis Lavín Gautier, y la suerte, la buena de los alzados en armas y la mala de los activistas de izquierdas, que se reunieron en la Casa del Pueblo de la ciudad obedeciendo directrices desafortunadas de los dirigentes políticos de Madrid.

Efectivamente, para las autoridades republicanas de Valladolid, los rumores que daban por hecho un levantamiento militar eran ya cosa corriente y no acertaron a darles la importancia que se merecían. Todos ellos eran conscientes de que parte del ejército conspiraba, pero desgraciadamente la atención estaba concentrada en los disturbios públicos que un día sí y otro también azotaban la ciudad y se replicaban en los pueblos de la provincia.

Estas alteraciones del orden público tenían su origen principalmente en el hostigamiento que los jóvenes falangistas dedicaban a las organizaciones de izquierdas, haciéndose un lugar en la ciudad a base de violencia. Los falangistas seguían las consignas de sus caudillos, y tanto Onésimo Redondo como José Antonio Primo de Rivera azuzaban de continuo a sus seguidores para que persiguieran y atacaran a los jóvenes izquierdistas. Este llamamiento continuo a practicar la violencia intentaba crear un clima bélico que los derechistas utilizarían como justificación para derribar la República.

A causa de este deterioro de la vida pública en Valladolid, el día 19 de junio el gobernador civil Campos Torregrosa fue sustituido por Luis Lavín Gautier, que ocupaba el mismo cargo en Zamora y tenía un perfil más duro que su antecesor. Lavín tomó posesión del cargo y se dispuso a poner orden en la situación. Ordenó registros y redadas; requisó armas y envió a la cárcel a los principales elementos falangistas a la cárcel, incluido el mismo Onésimo Redondo.

Su brevísimo mandato de 29 días le impidió conocer a los representantes de las fuerzas políticas que actuaban en la ciudad. Centrado en devolver el equilibrio a la ciudad, desoyó las advertencias y las peticiones que se le hacían sobre la inminencia de un golpe armado y la necesidad de hacerle frente. Las autoridades minimizaban el riesgo y el propio gobernador declaró varias veces a la prensa que la situación estaba controlada y que no existían motivos de alarma.

Este desconocimiento del gobernador fue clave para el triunfo de la sublevación. El sábado 18 despachó con varios alcaldes de la provincia, a los que indicó que requisaran las armas de los elementos problemáticos en sus localidades; y también habló con varios dirigentes del Partido Socialista, de la Casa del Pueblo y de la CNT, que le solicitaban permiso para retirar armas de los depósitos y organizar una resistencia en el caso de que la sublevación se materializara. Pero Lavín desconfiaba. Para él, la solución era desarmar y encarcelar a los grupos más violentos, los que provocaban los disturbios, y no entendió ni dio credibilidad a los que le hablaban de tramas civiles y militares en la ciudad dispuestos a provocar algo más que un incidente.

Todos estos factores favorecieron que la noche del 18 de julio los sublevados tomaran las calles de la ciudad sin apenas resistencia. Más de 500 personas se habían concentrado en la Casa del Pueblo de la calle Núñez de Arce con el fin de organizarse, y esperaban directrices. A media noche se encontraban sitiados por grupos de falangistas y otros civiles armados que les impidieron la salida. Las armas no llegaron jamás. Los sitiados, entre los que había una apreciable cantidad de mujeres y niños, no tenían armamento, y lo que es peor, no tenían ningún plan. Todos ellos fueron detenidos la mañana siguiente por las fuerzas militares que se habían ido uniendo al golpe a lo largo de la noche.

La resistencia en las calles fue prácticamente inapreciable, reduciéndose a algunos paqueos desde los tejados y alguna escaramuza en barrios como las Delicias y Pilarica, donde algunos vecinos intentaron hacer frente a lo que se les venía encima sin ningún resultado.

Con la ciudad tomada por asalto, los sublevados ocuparon Correos, la Telefónica, la emisora Radio Valladolid, la sede de la CNT, y ya entrada la noche, la sede de la VII División en la Plaza de San Pablo, el Gobierno Civil y la Casa Consistorial.

El plan de acción de los sublevados tenía su punto fuerte en la eliminación física de las autoridades republicanas y de los dirigentes de izquierdas.

La eliminación física, es decir, el asesinato, se utilizó ampliamente en la capital y en la práctica totalidad de las localidades de la provincia. Aquellos que no fueron asesinados de inmediato, fueron detenidos y encarcelados. Enseguida comenzaron a celebrarse unos juicios sumarísimos, ilegales a todas luces, en los que se les acusaba de rebelión y de auxilio a la rebelión. Las condenas a muerte se firmaban por decenas. Se incumplieron todas las garantías que hacen que un proceso sea válido. Las defensas eran comunes y estaban a cargo de militares nombrados entre los mismos golpistas. Las sesiones en las que se juzgaba a cientos de personas se despachaban en horas. Las sentencias eran inapelables y se cumplían de inmediato.

Era claramente un plan de exterminio. Los fusilamientos por sentencia se acercaron a 500. Se estima que los asesinatos triplican esa cantidad, aunque desgraciadamente, el número exacto no se conoce. A esto hay que añadir los fallecidos en las prisiones, en los campos de trabajo o a causa de las penalidades sufridas a manos de los asesinos.

El objetivo de los golpistas era hacerse con el poder de forma inmediata y absoluta. Sabemos que no fue así, porque el pueblo español se defendió y defendió la legalidad republicana durante tres largos y heroicos años, luchando con valor y dignidad en aquella guerra provocada por las derechas, los militares desleales, las fuerzas de seguridad traidoras y la iglesia católica.

Pero en Valladolid, como en todas las provincias tomadas desde principio, entró en acción el plan de Mola: destruir al rival político y sembrar el terror entre la población con el fin de neutralizarla.

Por tanto, el objetivo inmediato fue la eliminación de la mayor cantidad de oponentes políticos, de republicanos, de cargos públicos, de sindicalistas, de cuadros y dirigentes de partidos, organizaciones y asociaciones de izquierdas.

Los encargados de llevar a cabo los paseos, torturas y desapariciones fueron grupos de civiles armados, encuadrados en las Milicias Nacionales; militantes de Falange y de otras organizaciones derechistas como las JAP (Juventudes de Acción Popular), apoyados por guardias civiles, militares y policías. Estas acciones se conocían eufemísticamente como operaciones de limpieza, y se realizaron de forma organizada y sistemática, utilizando la violencia de las armas y la superioridad numérica de los agresores sobre las víctimas.

La causa fundamental de los asesinatos cometidos fue, por tanto, ideológica y política. Su objetivo, destruir la cultura política republicana, laica y democrática propugnada por el régimen legal.
La conclusión es que todas estas personas fueron eliminadas, con juicio o sin él, por estar del lado de la democracia. Por defender la democracia. Por ser demócratas.

Hoy se cumplen 83 años del golpe armado. La fecha viene acompañada por el intento, una vez más, de diluir el carácter político de los crímenes del franquismo. Cada vez alzan más la voz todos aquellos revisionistas que intentan despojar a las víctimas de su carácter político e ideológico, evitando que se les reconozca como tales. En ese empeño se ocultan los verdaderos hechos, se equipara a los fallecidos del bando golpista en el frente y arma en mano con las víctimas de los sublevados, sacados de su casa, paseados o pasados por las armas; y por fin, se pretende enterrar a estas personas evitando cuidadosamente todo símbolo que los identifique como víctimas de la sublevación franquista, asesinados por su ideología: víctimas de un crimen político.

Los asesinados lo fueron por sus ideas, por su activismo y por su pertenencia a partidos, sindicatos y organizaciones de izquierdas, y este carácter fundamental ha de estar patente en Memoriales, esculturas, monolitos o simples estelas funerarias. La Memoria Democrática pervive a través de sus símbolos, y estos símbolos han de estar presentes para que jamás se olvide el significado de la sublevación franquista y su carácter criminal.

La ciudad de hoy y de mañana ni lo puede ni lo debe olvidar.

Ayuntamiento Constitucional de Valladolid

Alcalde: Antonio García Quintana, fusilado
Concejales:
José Garrote Tebar, fusilado
Alfredo García Conde, asesinado
Eusebio González Suárez, asesinado
Apolinar Polanco criado, asesinado
Juan Moreno Mateo, asesinado

Mariano de los Cobos, encarcelado
Joaquín Álvarez Taladriz, encarcelado
Enrique Pons Irureta, encarcelado
José López Rumayor, encarcelado
Virgilio Mayo Rubio, encarcelado
José Caballero Catalina, encarcelado
Saturnino Lamarca Molina, encarcelado

Diputación

Serafín Alcover Gómez-Caro, presidente, condenado a muerte, conmutada
Tomás González Cuevas, vicepresidente, fusilado
Bruno Merino González, vocal, asesinado
Juan Moreno Mateo, diputado de Centros, asesinado

Otras autoridades

Gobernador Civil: Luis Lavín Gautier, fusilado

Nicéforo Velasco Martínez, Inspector Veterinario municipal, fusilado
Celestino Velasco Salinero, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, fusilado

Aurelia Gutiérrez Blanchard, Inspectora de 1ª Enseñanza, asesinada
Arturo Pérez Martín, Catedrático de Física, miembro de la Junta de Gobierno de la UVA, asesinado
Félix Leffler Benito, dirigente de la FUE (Federación Universitaria Española), fusilado

Federico Landrove López, Diputado a Cortes, fusilado
Federico Landrove Moiño, primer alcalde de la República, muere en la cárcel
Eugenio Curiel Curiel, ex concejal, autor de la municipalización del alumbrado público, asesinado

Detenidos en la Casa del Pueblo el 19 de julio:
Todos los cargos públicos o antecedentes políticos son condenados a muerte: 40 en total.

Esta relación es una muestra. A ella hay que sumar a los dirigentes de las fuerzas políticas: partidos socialista, republicanos, comunista; sindicalistas: UGT, CNT; Casa del Pueblo; maestros y profesores; funcionarios públicos… La lista comprende a miles de personas.

Ver en línea : http://ultimocero.com/destacada/201...

Fusilamiento de la Corporación Municipal de Tudela de Duero

Orosia Castán — 2015-03-03T21:15:33Z

Hoy, dos de marzo de 2015, se cumplen 78 años del fusilamiento de varios vecinos relevantes de Tudela de Duero que habían sido detenidos por los sublevados tras el golpe militar de julio de 1936. Estos vecinos, la mayoría de ellos cargos municipales elegidos en las urnas, fueron sometidos a juicio junto con un grupo muy grande de tudelanos el día 20 de enero de 1937. Todos ellos habían sido detenidos entre julio y agosto del 36 y permanecían presos en las Cocheras de Tranvías de la ciudad de Valladolid, situadas en la zona trasera de lo que hoy es la estación de autobuses.

Catorce personas fueron condenadas a muerte, y entre ellas estaba buena parte de la Corporación Municipal legítima, además de los directivos de la Casa del Pueblo, Presidentes de sindicatos, serenos, policías municipales y guardas de campo.

Se trataba de los siguientes vecinos:

Pablo Arranz Sanz, Alcalde. Condena: Muerte

Toribio Peñalva Nicolás, Concejal. Condena: Muerte

Serapio González Sanz, Concejal. Condena: Muerte

Guillermo González Ramos, Presidente de la Casa del Pueblo. Condena: Muerte

Fortunato Román Abad, Presidente de la Sociedad de Agricultores. Condena: Muerte

Modesto Velasco Acebes, Presidente de la Sociedad de Oficios Varios. Condena: Muerte

Domingo Alcázar Navia (guarda de campo). Condena: Muerte

Crescencio Suárez Ortega (Casa del Pueblo). Condena: Muerte

Segundo Rivera Plaza (Casa del Pueblo). Condena: Muerte

Saturnino Sánchez de la Cruz (Casa del Pueblo). Condena: Muerte

Elías Palomo González (policía municipal). Condena: Muerte

Teófilo García García (sereno). Condena: Muerte

Darío Gerardo de Castro Olmedo (médico). Condena: Muerte

Luciano Montalvillo Molpeceres. Condena: Muerte

Se trataba de eliminar a todos aquellos que tuviesen relevancia en la vida política, sindical y social de la época de la República; y es necesario subrayar que todos ellos habían sido elegidos de manera democrática para ocupar los cargos que desempeñaban. Por otra parte, el juicio a que fueron sometidos se desarrolló sin ningún tipo de garantía procesal, sin posible defensa por parte de los acusados y sin que en ningún momento pudiese demostrarse la acusación por la que les iban a arrebatar la vida.

La sentencia se cumplió con extrema rapidez. Hay que tener en cuenta que el golpe de estado franquista no triunfó, y en aquellos momentos, enero del 37, no estaba nada claro el final que iba a tener. A los golpistas les interesaba en gran manera quitar de enmedio a todos aquellos que pudieran defender la legalidad, ya que les iba la vida en ello. Si el golpe no hubiera salido adelante, hubieran tenido que responder ante la justicia por sus crímenes: conspiración contra el estado, alzamiento armado, juicios ilegales, asesinatos y actos violentos de todo tipo contra la población civil desarmada.
En Tudela de Duero, el golpe de estado transcurrió igual que en la mayoría de los pueblos de la zona: por sorpresa y sin que nadie pudiera reaccionar o defenderse.

El domingo 19, hacia las nueve de la mañana, se presentaron en el pueblo un par de camionetas de los Guardias de Asalto de Valladolid y se dirigieron al ayuntamiento. Vinieron una por cada carretera: por la de Las Maricas y por la de Valladolid. Su entrada en el pueblo, dando tiros y voces, despertó al vecindario. El alcalde y varios concejales, acompañados de un grupo de vecinos afines fueron al ayuntamiento, donde les informaron de la sublevación y fueron detenidos. Este es el grupo que fue conducido a Valladolid e internado en las Cocheras, de donde sólo saldrían para ir al paredón. La guardia civil del pueblo se unió de inmediato a los golpistas.

A las doce de la mañana, un teniente de la guardia civil de nombre Julio Maeso Hoyos destituyó a la Comisión Gestora legal, nombrando otra “en uso de las atribuciones del Excmo. Gobernador Civil de la provincia”.

Esta Corporación, a todas luces ilegal, estaba compuesta de la siguiente manera:

Alcalde-Presidente: Ángel López García.

Vicepresidente: Luis Martín Ibáñez.

Depositario: Gregorio Sanz Sanz.

Síndico: Benigno Díez Tapias.

Firmaba esta acta fraudulenta el secretario municipal, Priscilo Recio.

Como es natural, todos ellos estaban incondicionalmente del lado de los sublevados, por lo que aceptaron los cargos ofrecidos por la guardia civil arriesgando con ello incluso su vida en el caso de que el golpe no hubiera triunfado.
Por la tarde, hacia las siete, un camión de Guardias de Asalto procedente de Valladolid, orientados por la gente del pueblo, interceptó al Tesorero de la Casa del Pueblo, Pedro Palencia, consiguiendo que les entregase la caja de las finanzas.

Así, una de las primeras acciones de los golpistas consistió en el robo de la caja, cuyos fondos eran propiedad de todos los asociados a la Casa del Pueblo. Pedro sería llevado a Cocheras, sacado y asesinado posiblemente en las tapias del cementerio de Valladolid. Su nombre no aparece en ningún registro. Es un desaparecido.

Otro grupo de vecinos, entre los que se encontraba Fortunato Román Abad, Presidente de la Sociedad Agrícola y Crescencio Juárez Ortega, decidió salir del pueblo y aguardar en el campo hasta que la situación se aclarara. Se dirigieron hacia Campaspero y se mantuvieron ocultos entre las morenas unos días, hasta que fueron descubiertos por un chico que les denunció; entonces fueron detenidos sin llegar a enfrentarse con los agresores. Este grupo, como el del alcalde, también fue conducido a Valladolid, donde todos los vecinos serían juzgados y algunos, como el propio Fortunato y Crescencio, condenados a muerte y ejecutados.

Ninguno de estos vecinos había cometido actos ilegales. Como se ha explicado, la mayor parte de ellos fue detenida en el recinto del ayuntamiento, cuando acudieron para ver qué pasaba al escuchar tiros por las calles. La acusación por la que fueron fusilados parece hoy en día surrealista, ya que fueron detenidos ilegalmente por gente armada que se sublevaba contra el estado legal, es decir, que se trata de la famosa “justicia al revés” por la que se acusa y condena a unos por actos que los acusadores y sólo ellos han cometido.

Tras el fusilamiento, que se efectuó a las siete de la mañana, la mayoría de los cadáveres fueron conducidos al cementerio del Carmen, en Valladolid, y enterrados en una fosa común, que pude verse todavía a fecha de hoy. Solamente dos de los fusilados, Crescencio Juárez y Darío de Castro pudieron ser enterrados en fosas individuales, con lo que sus restos, por lo menos, estaban localizados; y es que, para evitar el enterramiento en una fosa común era requisito indispensable que los familiares aportaran la caja mortuoria y abonasen tasas. En aquellos momentos de caos y desesperación, prácticamente ninguna familia pudo realizar los trámites, por lo que los descendientes no pueden saber exactamente dónde fueron enterrados sus familiares.

Un tema muy llamativo es la falta de reconocimiento que estas víctimas han tenido por parte de las autoridades. Las Corporaciones posteriores han optado por el ninguneo y el desprecio hacia el hecho histórico, posición que resulta muy sorprendente.
Sin embargo, existe en el pueblo un parque conmemorativo con una escultura en la que nunca faltan flores, y el Homenaje realizado a instancias privadas en el año 2012 sirvió para recuperar la información que estaba en peligro de perderse, y además sirvió de consuelo a los familiares de los asesinados, obligados a guardar silencio sobre el drama durante toda su vida.

Represión en los barrios de Valladolid

Orosia Castán — 2011-05-08T13:48:06Z

La Pilarica y Los Pajarillos eran, en los años 30, núcleos de población situados en el extrarradio de la ciudad. Estaban compuestos por casas molineras sencillas, construidas casi siempre por los propios moradores, ganándole espacio al campo, de modo que bastantes formas de la vida rural se conservaban todavía.

Los habitantes de estos barrios, cuya procedencia solía ser rural, simultaneaban trabajos en la ciudad (sobre todo en la albañilería) con tareas agrícolas, y redondeaban sus ingresos mediante la pesca de peces o cangrejos en verano y la recogida de basura en invierno. Mujeres y niños trabajaban igualmente, colaborando en el mantenimiento familiar.

Muchos de estos vecinos se afiliaron a la Casa del Pueblo tempranamente. En barrio de Pilarica abundaban los afiliados al Partido Comunista, Radio de Valladolid, como puede verse en las fichas policiales de los detenidos con motivo de la huelga de 1934.

Los Pajarillos estaban habitados por unas 100 personas. Algunos vecinos eran matuteros, dedicándose a pasar mercancías sin pagar impuestos, ya que el ayuntamiento cobraba tasas a las mercancías que entraban en la ciudad, las cuales debían declararse en los puntos de Consumo que se hallaban en las principales entradas de Valladolid. Las puertas de todas las casas del barrio se dejaban abiertas día y noche para esconder, en caso de apuro, las mercancías pasadas de matute. Las familias se conocían perfectamente entre sí y solían ayudarse en los malos momentos.

Las mujeres y los niños trabajaban principalmente como jornaleros en las huertas próximas, aunque este trabajo era estacional y consistía sobre todo en arrancar y espigar. En 1936 se pagaban 4 ó 5 pesetas por jornada, aunque lo que se tasaba era el rendimiento y no las horas. Por eso muchas mujeres se hacían acompañar de sus hijos, pequeños todavía, para que las ayudasen en la tarea, aumentando así su rendimiento.

Otro trabajo desarrollado por los vecinos de este barrio fue la recogida y clasificación de las basuras, que se hacía mediante carros de mulas. Después se volcaban los desperdicios en los patios de las casas molineras, y las mujeres y los niños se dedicaban a escoger y clasificar los desechos, que después se vendían a los traperos, chatarreros, etc. Así se sacaba un sobresueldo para poder subsistir.

Varios vecinos estaban empleados en el Matadero Municipal, que se encontraba en el solar en donde hoy está el Polideportivo Miriam Blasco. Es el caso de Alejandro Torre “Pica”, y de su asesino, Alejandro “Burreño”. Este último utilizó su habilidad con la puntilla sobre sus víctimas y alardeaba de ello.

Se trataba de un modo de vida todavía a caballo entre lo rural y lo urbano; la familia que podía, criaba un par de gallinas, y los más pudientes, un cerdo. También había varios pastores; uno de ellos se dedicaba a hacer quesos y a vender el suero a sus vecinos, con el que de esta manera podían desayunar.

La precariedad con la que se desarrollaban sus vidas originó unos sentimientos de solidaridad muy fuertes y una temprana toma de conciencia.

Muchos de estos vecinos se habían afiliado a la Casa del Pueblo, y lucharon por la jornada de 8 horas y por el preaviso en los despidos. Casi todos participaron en las huelgas que se convocaron para protestar por las subidas de los alimentos y otros productos básicos.

Se trataba de un barrio obrero con una conciencia de clase muy desarrollada. En 1934, con motivo de la Huelga General convocada, se cortó la vía del tren; la guardia de asalto apareció a caballo, y hubo bastantes detenciones.

El día 18 de julio de 1936, ante la inminencia del golpe militar, las autoridades llamaron a los ciudadanos a concentrarse en las Casas del Pueblo de cada localidad. En Valladolid los republicanos intentaron hacerlo así, pero hubo muchas personas, sobre todo vecinos de los barrios, que no pudieron llegar a la calle Núñez de Arce, número 14, donde estaba la Casa del Pueblo vallisoletana. Guardias de Asalto y civiles armados se desplegaban por la ciudad, intentando ocupar los puntos clave: la Telefónica, la emisora de Radio Valladolid o el Gobierno Civil; y en las calles intentaron cortar los túneles de acceso a los barrios, así como los Portillos de la Merced y del Prado. Se trataba de neutralizar a los vecinos de los barrios más combativos y concienciados de la ciudad, ganando tiempo hasta la incorporación plena de la guardia civil y del ejército a la sublevación.

Los vecinos de Las Delicias, Pajarillos, Pilarica o Santa Clara, viendo obstaculizado su acceso al centro de la ciudad, se dispusieron a resistir, organizando la resistencia con los escasos medios de que tenían.

Reunidos en las cantinas del barrio, los de Pilarica intentaron reunir todas las armas a su alcance, pidiendo por las casas del vecindario las escopetas y cualquier otro arma que pudiera haber. La más numerosa de las reuniones tuvo lugar en la cantina de Florentino Fraile, donde los vecinos establecieron un plan para la defensa del barrio. Tenían una ventaja de cara al enemigo: su conocimiento exacto de la zona, que delimitada por las vías del tren, se abría a los campos, donde se podrían ocultar en caso de hostigamiento.

Entrada ya la noche y escuchándose los tiroteos que tenían lugar en la ciudad, los vecinos se repartieron las escopetas de caza, un par o tres de armas cortas y varios palos, hachas de talar y útiles de labranza, y se dispusieron a impedir la entrada de los facciosos en su territorio.

A la cabeza de este movimiento defensivo se encontraban algunos vecinos que ya tenían experiencia en este tipo de asuntos: Florentino Fraile y los hermanos Montero, conocidos como “Los Portillanos”, quienes habían sido detenidos en 1934 a causa de la huelga de octubre y habían estado en prisión varios meses; Vicente Cuadrado, uno de los primeros comunistas del Radio de Valladolid, era conocido en la ciudad por su participación en las huelgas y manifestaciones obreras, y por su físico especial: le faltaba la pierna derecha y en su lugar llevaba una prótesis de madera. La gente lo conocía como “Patapalo”.

Recogidas las armas, los vecinos se reunieron de nuevo en el bar de Florentino, conocido como Bar Flores; allí se organizaron en patrullas y se dirigieron a las vías y a las entradas del barrio, donde se dispusieron a interceptar a los posibles atacantes.

Al salir del bar Flores, las patrullas fueron rompiendo todas las farolas de las calles, con el fin de dificultar la visibilidad de los golpistas. Esta es la escena que los testigos recuerdan con mayor precisión: los vecinos, armados con palos y piedras principalmente, rompiendo las farolas en mitad de la noche.

Pero aquella noche nada ocurrió. Los sublevados se aplicaban en la ciudad y salían en autobuses hacia algunos pueblos considerados clave, como Tiedra o Medina de Rioseco. Sabían que los vecinos de los barrios del extrarradio de Valladolid, aislados y sin armamento de consideración no suponían un problema real para ellos. Ya irían a detenerlos cuando lograsen asegurarse los puntos importantes de Valladolid, y sobre todo, cuando lograsen entrar en la Casa del Pueblo, donde estaban atrapadas más de 500 personas pertenecientes a la flor y nata de los partidos y sindicatos de izquierda vallisoletanos.

El día 20, lunes, una vez detenidos y encarcelados los reunidos en la Casa del Pueblo, los falangistas de Valladolid, en unión de policías, guardias civiles y algunos soldados, se dirigieron a estos barrios con la intención de someterlos. El despliegue fue extraordinario; colocaron coches y camionetas en las entradas y salidas de las calles y tomaron los barrios, recorriendo las casas una a una.

Muchos vecinos lograron escapar por las ventanas y patios traseros que daban a las vías del tren, refugiándose después en las afueras de la ciudad, por los sembrados y huertas. Pero otros muchos fueron detenidos y asesinados allí mismo, en su propia casa, ante su familia y vecinos, como ocurrió con Alfonso Muñoz, de la familia “Los Cucarachos”; o sacados entre golpes y asesinados en alguno de los descampados cercanos a la ciudad, como los Montero; o en la propia calle, ante los vecinos.

Algunos se las arreglaron para resistir algunas semanas, para después ser detenidos y paseados o ejecutados, como ocurrió con los hermanos “Portillanos”, a los que sacaron de su casa entre golpes, llevándoselos en un camión junto con la esposa del más joven, Micaela Pasalodos, de apenas 23 años.

Así que, aunque los participantes intentaron escapar, los fueron deteniendo uno tras otro. La patrulla que operó en esta zona estaba compuesta por guardias civiles y falangistas en gran número. Solían aparecer con varios coches y cortaban las calles de la zona, desplegando sus efectivos por las aceras y obligando a los vecinos a salir a la calle, donde eran identificados, golpeados y detenidos. Algunos lograron escapar, pero su fuga trajo como consecuencia la detención, apaleamiento e incluso la muerte de sus familiares como represalia y aviso a los demás.

Tras las detenciones de los hombres, la represión continuó ejerciéndose sobre los demás vecinos del barrio, sobre todo contra las familias de quienes habían logrado huir.

El día 7 u 8 de septiembre, un grupo de civiles uniformados de falangistas asesinó en plena calle a una mujer embarazada de seis meses, embarazo que era notorio. Los asesinos fueron a su casa para detener a su marido, quien pudo escapar por las ventanas y huir por las vías. Ante esta huida, hicieron salir a la calle a su mujer y la mataron allí mismo, ante los vecinos. Se llamaba Gregoria Íscar Esteban, de 25 años, conocida como “Goya”. Su cadáver quedó tendido en el mismo lugar del asesinato y lo pudo ver mucha gente.

Este suceso, ocurrido en la calle Nueva del Carmen, ocasionó las protestas en voz alta de las vecinas de los barrios aledaños, entre las que se encontraban las mujeres de la Calle Alta, quienes ya habían sufrido cruelmente la represión ante sus propias familias.

Muchas de estas mujeres habían perdido ya a sus maridos, como la señora Lucía; otras tenían a los suyos escapados o detenidos. Estas vecinas habían visto ya muchos cadáveres de conocidos y amigos tirados en las calles; habían sido testigos de palizas, de detenciones, de sacas; y lo ocurrido con Gregoria Íscar debió de hacerlas perder los nervios.

Esa misma noche apareció un camión lleno de falangistas en la calle Alta. Comenzó a detener a las mujeres casa por casa, obligándolas a subir al camión. Todas ellas eran mujeres mayores:

Señora Victoria, la Churrera, casada con Vicente, cuyo hijo se había pasado a la zona roja. Otro de sus hijos, Emilio, estaba ya detenido.
Señora Lucía, esposa de Alejandro Torres “El Pica”, asesinado. Su cuerpo apareció en la carretera de Villabáñez junto con el de un amigo suyo.
Señora Lucía Calderón “La Calderona”, socialista, con varios hijos, y viuda de un matarife; vivía frente a la anterior, y esa noche estaban las dos juntas.
Señora Micaela, del Partido Comunista, que tenía dos hijos, también comunistas.
Señora Rosa, cuyo marido trabajaba en Miguel de Prado, igual que su hijo Ezequiel.
Señora Agapita, con varios hijos comunistas. Su marido también trabajaba en Miguel de Prado.
Señora Cruz Madrigal, y su hijo.
Fructuoso García “El Francés”, que había estado unos años en Francia y fue quien expandió el comunismo en esa zona de la ciudad. Fue condenado a 30 años de cárcel.

Había algunas señoras más, en total unas diez o doce. Estas mujeres protestaban abiertamente, y eran amenazadas de continuo por los falangistas del barrio. El falangista más peligroso era un tal Ovejo, que las conocía bien, pues antes de la sublevación había pertenecido a la Casa del Pueblo y vendía el periódico socialista en el barrio; por ese motivo conocía a la perfección las ideas que había en cada casa.

Una vez subidas todas al camión, éste se paró ante la casa de Fructuoso García, también conocido como “El Pequeño”, para detenerlo. Entonces él se hizo fuerte en la casa, gritando que estaba armado y que se llevaría a todos por delante. Se formó un gran jaleo y en ese momento aparecieron los “Moros”, quienes, pistola en mano, obligaron a los falangistas a llevar el camión al Gobierno Civil, salvando así a las mujeres del paseo. Estas mujeres acabaron todas en la cárcel Vieja.

Los “Moros” eran unos hermanos que pertenecían a una antigua familia de requetés. Vivían en la zona, y su padre había sido guerrillero durante las guerras carlistas. “El Pretendiente”, en una de sus visitas a Valladolid, se había alojado en casa de esta familia. Los requetés vallisoletanos se mostraron contrarios en muchas ocasiones a la violencia indiscriminada que practicaban los falangistas. En esta ocasión, como en alguna otra, se opusieron pistola en mano a los asesinatos, enfrentándose con los falangistas, de los que se consideraban enemigos.

El saldo de vecinos represaliados fue enorme. El barrio cambió hasta quedar irreconocible. He aquí alguna de las víctimas:

El tío Fermín, encargado del crematorio municipal, situado en el Páramo de San Isidro, asesinado.
El señor Basilio Arranz, dueño del bar “La Pepa”, casado y con dos hijos pequeños; fue juzgado y condenado a 30 años de cárcel. Murió preso en el Fuerte de San Cristóbal (Pamplona).
Vicente Cuadrado Bravo, zapatero, comunista, con una pierna de palo. Pudo esconderse en unos cañaverales cercanos al Esgueva. Los falangistas siguieron a su mujer cuando le llevaba la comida. Ambos fueron torturados y asesinados a tiros.
Julia, esposa del anterior. Los cadáveres aparecieron cerca de San Isidro.
Alfonso Muñoz “Cucaracho”, asesinado a la puerta de su casa, ante su familia.
Su hermano Fermín, de la Casa del Pueblo, que estuvo varios días escondido; salió y fue reconocido por un guardia. Fue fusilado.
Julio Antolín, casado con una hermana de los anteriores; detenido en Cocheras.
Florentino Fraile Sánchez, propietario de la cantina “Flores” en la calle Puente la Reina, casado. Fue fusilado junto con Fermín Muñoz “Cucaracho”
De la calle La O sacaron a Julián Baza Hernando, de la CNT, menor de edad; lo hizo una patrulla que llegó con varios coches, cortando las calles. Julián apareció muerto pocos días más tarde en una cuneta de Santovenia.
Ángel Baza, hermano mayor del anterior, fue detenido y condenado a 30 años de cárcel.
Ángel Cantalapiedra, amigo de los Baza. Acompañó al padre de Julián Baza a identificar el cadáver del chico; poco después le mataron a él.
Ángel Maestro, instructor de Pioneros de la zona; unos falangistas lo tirotearon en plena calle, aunque logró salvar su vida.
Adolfo Rojo de la Cuesta, encargado de obras; estaba acabando la carrera de arquitectura. Vivía en la calle Renedo. Estaba casado y tenía cuatro hijas. Detenido en Cocheras, fue asesinado. Su hermano Tomás también fue detenido.
Villacorta, maestro de obras, compañero del anterior, fue detenido y estuvo muchos años encarcelado.
Los hermanos Montero Sanz, Alejandro y Teodoro, conocidos como “Portillanos”, albañiles, comunistas que ya habían sido detenidos en 1934. Fueron sacados de su casa junto a la mujer de Teodoro, Micaela Pasalodos y asesinados. Aparecieron en el Prado de la Magdalena con signos de haber sido torturados, y ella forzada. Teodoro y Micaela se habían casado civilmente en la mañana del sábado 18 de julio de 1936.
Emiliano González, albañil, casado; logró esconderse en su propia casa y cada vez que había redada se marchaba por las vías y se refugiaba en Fuente Amarga. Por fin fue detenido, juzgado y condenado a 30 años.
Cristina, de unos 70 años, vivía en la plaza Pilarica. Su hija Isabel Pardo y su yerno Máximo Mozo estaban detenidos. A ella la sacaron de su casa y la mataron.
Familia Conde Conde: fusilaron al padre, Heraclio, trabajador de la cervecera. También fusilaron a sus dos hijos, Isaac y Tomás, y condenaron a otro hijo, Eloy, a 30 años de cárcel.

Cae la Casa del Pueblo de Valladolid

Orosia Castán — 2010-07-14T21:07:44Z

El día 18 de julio hubo un llamamiento general de los dirigentes del Partido Socialista, los de UGT y los sindicatos afectos: ante los insistentes rumores de sublevación militar, llamaban a los afiliados y simpatizantes a reunirse en las Casas del Pueblo de las localidades. Este llamamiento fue seguido por muchas personas, y en Valladolid resultó fatal para los reunidos, pero sobre todo, fue determinante para que la ciudad fuera tomada por los sublevados a las pocas horas de producirse el levantamiento.

Desde las primeras horas de la tarde del sábado 18, la gente fue llegando al edificio, que tenía su entrada principal por la calle Núñez de Arce, nº 14. Iban y venían los dirigentes más conocidos, afiliados con sus hijos, hombres procedentes de los pueblos próximos, que llegaban en bicicleta para recabar información…

En el interior del edificio se reunieron más de 500 personas, entre las que se encontraban varias familias que se hallaban allí acogidas desde las inundaciones causadas por el desbordamiento de la Esgueva en enero, y que al quedarse sin casa, se encontraban provisionalmente viviendo allí, como la familia de Daniel del Barrio, fontanero vallisoletano que se hallaba viviendo en el piso superior junto con su mujer y sus cuatro hijos.

Hacia las ocho de la tarde, los reunidos se dieron cuenta de la verdadera gravedad de los hechos, y se planteó la necesidad de armarse. En aquellos momentos, la Guardia de Asalto, acompañada de grupos de civiles armados, patrullaba las calles al grito de ¡Arriba España! y disparaban sus armas.

El alcalde, señor García de Quintana, estaba reunido en el ayuntamiento con sus compañeros más leales; lo mismo sucedía en el Gobierno Civil, donde el gobernador, Luis Lavín, intentaba comunicarse con sus superiores de Madrid para comprobar el alcance de la sublevación.

Eusebio González, José Garrote y Federico Landrove López, que estaban en la Casa del Pueblo junto a sus compañeros, se dirigieron al Gobierno Civil para solicitar armas. Había más de dos mil fusiles de asalto en la Academia de Caballería, pero estaban sin cerrojo. De todas maneras, ni el alcalde ni el Gobernador veían claro lo de armar al pueblo.

No fueron capaces de calibrar el verdadero peligro que se cernía sobre Valladolid, ni pensaron en la indefensión en que estaban los ciudadanos ante un golpe militar. La desconfianza en sus conciudadanos fue fatal para todos, y también para ellos, pues ambos fueron ejecutados por los franquistas.

Cuando los tres dirigentes socialistas acabaron de realizar las gestiones, las calles de Valladolid estaban ya prácticamente tomadas por los rebeldes, y no pudieron volver a entrar en la Casa del Pueblo, convertida a esas horas en una trampa mortal. Eusebio González fue detenido en la tarde del 19 y asesinado en un pinar; José Garrote fue el primer político fusilado con juicio previo, y Federico Landrove también fue detenido poco después junto a su padre, Federico Landrove Moiño, primer alcalde republicano de la ciudad, y condenados ambos a pena de muerte, aunque solo se cumplió la del hijo.

En el interior de la Casa del Pueblo, el nerviosismo aumentaba por momentos. Entre los reunidos no faltaban personas con carácter y capacidad organizativa que se plantearon resistir y organizar a toda aquella gente. Pero no tenían lo fundamental: armas con las que defender su vida.

Mariano Pérez Medina, jardinero municipal y socialista decidido, se hizo cargo de la defensa. Dentro de la Casa había unas pocas armas cortas, un par de escopetas y una escopeta con los cañones recortados. Con este arsenal tuvieron que defenderse los sitiados. Mariano fue el autor de algunos de los escasos disparos que se hicieron, disparos que hizo con la escopeta de cañones recortados.

Mariano fue detenido en la mañana del 19 y condenado a muerte y ejecutado junto a su hermano Donato. Su hermana Victoria fue condenada a 20 años de prisión.

Con la llegada del amanecer, los sublevados colocaron una ametralladora en la torre de la catedral, punto desde el que se controlaban los tejados y fachada de la Casa del Pueblo. Otra ametralladora fue colocada en el tejado del Pasaje Gutiérrez, cubriendo la parte posterior del edificio, que daba a la calle Fray Luis de León. De inmediato se produjeron los primeros disparos.

Los de la Casa del Pueblo se dieron cuenta de que iban a ser detenidos y empezaron a destruir los documentos. Todos los papeles importantes se tiraron por los desagües; cuando éstos quedaron atrancados, comenzaron a romperlos en trozos pequeños, arrojándolos a la calle.

El ejército, que se había unido al golpe a primera hora de la noche anterior, emplazó un cañón en la calle Galera, dirigido a la fachada de la calle Fray Luis.

Dos disparos de cañón fueron el fin de la Casa del Pueblo. A los pocos minutos, un hombre subió a la azotea llevando una sábana blanca, y fue ametrallado en el acto. Lo mismo ocurrió con dos o tres personas que salieron a la calle con trapos blancos. Por fin se aceptó la rendición, y los republicanos, los afiliados a la Casa del Pueblo, los socialistas, en fin, todos los reunidos allí fueron saliendo a la calle con los brazos en alto.

Unas 580 personas fueron detenidas. Algunas lograron escabullirse entre el caos originado.

Eran las diez de la mañana de aquel fatídico domingo 19 de julio de 1936.

Para muchas de aquellas personas, aquello fue el final de su vida y de sus esperanzas.

TESTIMONIO

J.R. tenía 11 años en julio de 1936. Vivía con su familia en el número 14 de la calle Núñez de Arce, es decir, en el mismo edificio en el que se ubicaba la Casa del Pueblo vallisoletana.

Ni ella, ni niguno de sus hermanos, todos niños, olvidaron jamás las horas transcurridas en el interior del edificio, ni las trágicas consecuencias que su toma acarreó a cientos de familias como la suya.

El 18 de julio de 1936 era sábado. Hacía calor, y había ambiente revuelto. Ya desde por la mañana se notó mucho ir y venir de gente a la Casa del Pueblo. Ya se había escuchado por la radio algo acerca de un levantamiento de los militares, pero en África; no era la primera vez.

A primera hora de la tarde comenzó a precipitarse todo. Llegaba mucha gente a la Casa del Pueblo, en coches, en bicis, a pie.

El padre de J. dijo a los suyos que no salieran a la calle, y desde su casa, a través del patio, vieron cómo se reunía una gran cantidad de gente a lo largo de la tarde; oían discusiones, y a la gente hablando sin parar. Dentro del edificio había familias enteras, gente de los pueblos, personas conocidas, como Garrote, el concejal, y otros a los que ellos conocían.

Fue pasando la tarde y empezaron a escucharse disparos por las calles. No había muchas noticias, y no sabían exactamente qué estaba pasando en la ciudad, pero al cabo de las horas tomaron conciencia de que el levantamiento podía triunfar, porque los guardias de asalto y los falangistas estaban tomando las calles a base de disparos, y no había respuesta organizada.

El padre les ordenó que se acostaran y que no se preocuparan, pues “la guardia civil está con nosotros”. El, como muchos otros, creyeron que era cuestión de horas, y que después todo volvería a su cauce.

Los niños se acostaron, pero no era posible dormir. Los tiros iban a más, y el jaleo dentro de la Casa del Pueblo también. Se notaba que la gente de dentro se iba poniendo nerviosa, y se oían discusiones y gritos, aunque ella asegura que desde allí no salieron tiros. En eso es tajante.

En medio de la noche, sin que pueda decir ni aproximadamente la hora, sus padres los sacaron de la cama porque habían comenzado a disparar contra la Casa del Pueblo desde algún tejado, pero eran ráfagas de metralleta, y el peligro era evidente. (Después sabrían que los golpistas habían emplazado una ametralladora en la torre de la catedral, en el hueco del reloj, y otra en el tejado del Pasaje Gutiérrez).

Primero pensaron colocar los colchones en las ventanas, pero ante el cariz que los hechos tomaban, la familia optó por pedir refugio en los pisos bajos de la casa, donde estarían más protegidos.
En zapatillas y camisón bajaron por la escalera y fueron acogidos por unos vecinos; ella recuerda pocos detalles, ya que estaban todos atemorizados. Se oían muchos disparos y también gritos y mucho ruido en la Casa del Pueblo.

Se oía correr agua por las cañerías sin descanso. En la Casa del Pueblo mojaban los documentos para hacerlos ilegibles.

Por fin amaneció el domingo 19 de julio. El jaleo iba en aumento en el exterior y en el edificio. Por las rendijas de las ventanas cerradas, los mayores intentaban enterarse de lo que ocurría en la calle, que estaba tomada por guardias civiles, soldados y falangistas. Después se oyeron dos estampidos tremendos y llegó el final.

J. recuerda que fueron dos cañonazos y que destruyeron parte de la fachada de la calle Fray Luis de León. Entre los ruidos, los gritos de los asaltantes y los de los que estaban dentro, el clamor era tremendo. “Qué miedo pasamos. No sabíamos qué pasaba, pero se estaban rindiendo, y empezaron a aparecer guardias y gente con pistolas y fusiles por la escalera de la casa. Se oían golpes: ¡Abran, alto! ¡Salgan con las manos arriba!”

Llorando y vestidos con ropas de casa, todos los vecinos de la casa fueron saliendo al portal, donde los atacantes los sacaron a la calle. Allí los obligaron a ponerse contra las rejas de un jardín que había enfrente (y que todavía existen), con los brazos en alto. Había un gran caos, un griterío inmenso. Estaban sacando a todos los refugiados en la Casa del Pueblo; un gentío extraordinario, quinientas personas. Desde las ventanas superiores caían trozos de papel, como si nevase. Miles de papeles entre los que ella vio carnets sin fotografías y con el nombre tachado.

Los guardias y los falangistas ponían a la gente en filas, de cara a la pared y con los brazos en alto. Después ordenaron a los prisioneros colocarse en filas de a dos, y con las manos en alto los dirigieron hacia abajo, hacia Angustias. Uno de los guardias les dijo a sus compañeros: “¿no veis que son unos niños? Que se vayan; no los vamos a detener…”

Y se llevaron detenidos a su padre y a su madre, quedando J. y sus otras hermanas, niñas pequeñas, abandonadas en medio de la calle.

A su padre no lo volverían a ver libre. Poco después fue juzgado, y a pesar de que demostró que era vecino del inmueble y por eso estaba allí, la justicia de los sublevados lo condenó a muerte y lo ejecutó.

Levantamiento en Valladolid

Orosia Castán — 2010-07-14T20:52:30Z

Desde el mismo dia 14 de abril de 1931, fecha de su advenimiento, la República tuvo enemigos implacables que no dejaron de conspirar para derribarla. Estos elementos fueron, principalmente, los partidos de derecha, tal como la CEDA, o Renovación Española; la iglesia católica, dispuesta a dar la batalla por sus intereses hasta el final, costara lo que costara, y un gran grupo de mandos militares, en su mayor parte africanistas, enemistados con Azaña a causa de la reforma impulsada por éste en el seno del Ejército.

Tres enemigos temibles que, coaligados y unidos por la defensa de sus intereses, violaron su juramento de lealtad a la República (que habían hecho por su honor), y en el caso de la Iglesia, pasaron sobre su propio deber de conciencia, dando la vuelta a su mandato mientras incitaban a la violencia en sus círculos de influencia.

Militares traidores y eclesiásticos sacrílegos, unidos a los propietarios y las derechas sociológicas, se levantaron contra el poder legal aquel 18 de julio de 1936, coronando así una espiral de violencia que había comenzado el propio 14 de abril de 1931 contra la República, decididos a terminar con ella a cualquier precio.

El precio fue de tal calibre que a fecha de hoy todavía se desconoce el verdadero calado que aquel baño de sangre tuvo. Las consecuencias: miles de asesinados, miles de familias deshechas, el país entero arruinado material y moralmente; destrucción de todo el tejido social, sindical y político; desaparición total del esfuerzo educativo efectuado por la República; decadencia de los pueblos, desmoralización de la población; miles de exiliados, regreso a formas de producción arcaicas, desaparición de las libertades conseguidas, vuelta al pensamiento único mediante el adoctrinamiento religioso y político de la población entera, y, en fin, un atraso irreversible en el desarrollo del país.

17 de julio en Valladolid
(Investigación en la Hemeroteca: Ricardo Furones)

El día 17 de julio de 1936 cayó en viernes. La ciudad estaba tranquila. Las familias que se lo podían permitir habían salido hacia las costas norteñas, como era costumbre en la ciudad; había muchos niños en las colonias infantiles, como la de Las Salinas, en Medina del Campo, y los jóvenes deportistas de la ciudad estaban pendientes de las Olimpiadas Populares de Barcelona, en las que Valladolid iba a estar ampliamente representada.

El día amaneció despejado.

Temperaturas previstas en la ciudad:

Máxima: 29,6º C
Mínima: 11,9º C

Estado del cielo:

Mañana: Despejado
Tarde: Nuboso

Nacimientos:

Rafael Manuel Aranda, en la calle Embajadores nº 2.
Carmen Molpeceres, en la calle Cadenas nº 28.
Valentín Páramo, en la calle General Almirante nº 10.

Matrimonios:

Eutiquio Pérez Revilla con Florentina Fernández Esteban.
Ángel Llorente González con Isabel Cuesta Fernández.

Cines y Teatros:

Sala Zorrilla: sesiones a las 19.15 y a las 22.45
Actuación de Carmen Amaya y Luisita Esteso

Salón Pradera: sesiones a las 19.30 y a las 22.45
“A las doce en punto”, Richard Barthermest y Ann Dvorak

Cinema Coca:
“La estropeada vida de Oliverio VIII”, Stan Laurel y Oliver Hardy

Cinema Capitol:
“Nuestra Hijita”, Shirley Temple

Cinema Roxy:
“Aquí viene la Armada”, James Cagney

Los paseos y la Acera de San Francisco estaban muy concurridos, así como las terrazas veraniegas, destacando la del Bar Cantábrico y la del Café Royalti, en la calle Santiago, que ofrecía sus habituales conciertos veraniegos.

A pesar de esta apariencia de normalidad, la maquinaria de la sublevación ya estaba en marcha.

La trama militar estaba lista para actuar. En la ciudad se había constituido una Junta Militar que trabajaba en Regimientos y Cuarteles, difundiendo propaganda y ganando adeptos.

Por la mañana, el Capitán General, Nicolás Molero Lobo, se había posesionado nuevamente del mando de la 7ª División Orgánica, tras recuperarse de una intervención quirúrgica que le había sido practicada unos días antes.
Por la tarde, discretamente, un grupo de militares se dirigía a Valladolid para encabezar la sublevación. El encargado de llevar adelante la operación era el General Andrés Saliquet Zamora, acompañado, entre otros, por un Teniente Coronel de Estado Mayor, Enrique Uzquiano; un Comandante de Estado Mayor, Anselmo López Maristany y un Capitán, José Artieda López.

El grupo se dirigió al Monte de Mucientes, un paraje muy cercano a la ciudad, y se instalaron en una finca que era propiedad de la familia Cuesta, colaboradores entusiastas del proyecto.

Allí, en esa residencia campestre conocida como el Caserío de los Cuesta, los militares mantuvieron reuniones con los demás implicados vallisoletanos hasta acordar los detalles: la sublevación se produciría en Valladolid en la madrugada de 18 al 19, a las cuatro y media de la madrugada; a esa hora, el General Saliquet y las tropas sublevadas asaltarían la 7ª División Orgánica, tomando posesión de la misma.

Cerrado ya el plan, los cabecillas se dedicaron a pasear y escuchar misas en la capilla de la finca hasta que el día 18, cayendo la noche, llegaron emisarios desde Valladolid para anunciar que el golpe se había adelantado de manera espontánea. Los conspiradores interrumpieron la cena, y previo paso por la capilla del Caserío para rogar por el éxito de su traición, se pusieron en marcha hacia Valladolid.

Pero también la trama civil del golpe se había puesto en marcha ya.

El viernes 17 estaban teniendo lugar movimientos sospechosos por toda la provincia. Las milicias ciudadanas constituidas fundamentalmente por jóvenes falangistas, se estaban concentrando en diversas zonas de los alrededores de la ciudad con la intención de cercarla.

Reunidos por partidos judiciales, las concentraciones se produjeron en:

Geria: procedentes de Tordesillas, Medina del Campo y y pueblos de su influencia.

Montes Torozos: Medina de Rioseco, Villalón y pueblos de su influencia.

Traspinedo: Peñafiel y pueblos de su influencia.

Viana: Portillo y otros pueblos pinariegos.

Mojados: Olmedo, Iscar

Según el derechista Vicente Gay, que formó y entrenó a diversos grupos falangistas desde su base en Tordehumos, los golpistas concentrados eran miles; en realidad, eran cientos, aunque les sobraba agresividad y determinación homicida, como enseguida se comprobó.

En la ciudad de Valladolid, los civiles se concentraron en varios pisos céntricos cuyos propietarios colaboraban de esa manera con el levantamiento. Allí, los jóvenes falangistas esperaban la señal de salida para hacer su revolución. No eran muchos, ni tenían muchas armas; pero su papel fue relevante en la sublevación, pues fueron la cabeza visible en un principio, y el primer baño de sangre que sufrió la provincia fue debido casi enteramente a los camisas azules, que supervisados y dirigidos desde los puestos de la guardia civil pusieron en práctica las órdenes del Director, Emilio Mola, en todo lo que se refería a la contundencia del golpe:

“Hay que sembrar el terror… hay que dejar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”

Para esta tarea titánica se preparaban los falangistas vallisoletanos en la tarde y la noche del viernes 17 de julio de 1936.

Las noticias se abrían paso poco a poco: se hablaba de una sublevación militar en las guarniciones de Ceuta y Melilla. Estas noticias estaban ya circulando entre los elementos militares (incluida la Guardia Civil), e incluso sabían que el levantamiento contra el Gobierno de la República en la península comenzaría en la Sexta División.

Los poderes legales no eran ajenos a estos rumores. El Gobernador Civil, señor Lavín, convocó una reunión para analizar la situación y tomar precauciones. A esta reunión asistieron el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Rubio Saracíbar; el Diputado socialista Federico Landrove López; el alcalde de la ciudad, Antonio García de Quintana; los concejales Eusebio González Suárez y José Garrote Tebar; el dirigente ferroviario Torres Bartual y alguna personalidad más.

Ante la verosimilitud de las noticias, determinaron a lo largo de la reunión, que se prolongó hasta la madrugada del sábado 18, emplazar seis ametralladoras en la sede del Gobierno Civil, establecer rondas de vigilancia por toda la ciudad e intensificar la vigilancia sobre los acuartelamientos de la capital para detectar movimientos sopechosos.

Esa noche ya hubo gente reunida en la Casa del Pueblo; algunos grupos de derechistas rondaban por las calles, y la policía efectuó varios cacheos, incautando algunas armas.

Así transcurrió la noche del viernes 17 y amaneció el sábado 18 de julio de 1936.

La policía, en cumplimiento de las órdenes del Gobernador Civil Luis Lavín, detuvo en sus domicilios a los dirigentes derechistas Sebastián Criado del Rey, que había patrullado las calles con sus compañeros durante la noche anterior, a Manuel Semprún y a Jiménez Vega, que se habían distinguido por sus ataques y tenían ya amplios antecedentes. Se practicaron registros en sedes y domicilios particulares y se intentó detener a los falangistas más conocidos; pero estaban recluidos en su particular acuartelamiento y las fuerzas de orden público no dieron con ellos.

A lo largo de la mañana hubo mucho movimiento en los alrededores del Gobierno Civil; entre las visitas, destacaron las dos que protagonizó el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Ruiz Guerra, quien estuvo despachando con el Gobernador Lavín.

Mientras, las fuerzas de izquierdas se concentraban en la Casa del Pueblo de Valladolid, situada en la calle Núñez de Arce 14, en busca de directrices.

En los pueblos, los alcaldes contactaron con el Gobierno Civil telefónicamente, y algunos, los de los ayuntamientos más cercanos a la capital, mandaron a personas de confianza para que se informaran de primera mano acerca de lo que estaba sucediendo. Muchos de estos emisarios serían interceptados por patrullas golpistas y asesinados en pleno camino. Sus cuerpos aparecerían tirados en las cunetas y serían enterrados en Valladolid. Así pasó con vecinos de Renedo, de Simancas, de Cigales y de otras localidades.

Mientras tanto, el Gobernador Civil tranquilizaba los ánimos de los alcaldes vía telefónica. A todos aconsejó lo mismo: desarmar a los posibles golpistas del pueblo y concentrar a la mayor cantidad de vecinos afines a la República en los locales municipales o en las Casas del Pueblo. Estas directrices fueron cumplidas por la inmensa mayoría de las corporaciones, y como se comprobó después no les sirvió de gran cosa a la hora de defenderse: la gran mayoría de los alcaldes, concejales y dirigentes obreros de los pueblos fueron detenidos, y muchos de ellos asesinados sin más o fusilados tras juicios sumarísimos.

Los guardias de asalto del cuartel de Tenerías estaban siendo avisados desde por la mañana para que se presentasen en su cuartel. A partir de las tres de la tarde, los guardias comenzaron a llegar y fueron formados en el gimnasio. Los guardias estaban descontentos y mantenían conversaciones en las que manifestaban su protesta, al punto que hubo de intervenir el Comandante para imponer orden. Ya formados, les comunicó la orden de traslado a Madrid y los guardias salieron en formación a la Plaza de Tenerías, donde estaban ya preparadas las camionetas para salir.

De entre el público que contemplaba la escena salió un capitán llamado Pereletegui y empezó a arengar a los guardias, incitándoles a la desobediencia, diciéndoles que los mandaban a Madrid para disparar contra sus compañeros, y gritando vivas a España y al Ejército; los concentrados, descontentos con la orden, comenzaron a secundar al capitán, produciéndos gritos que hicieron bajar al Comandante, que estaba en su despacho.

Pereletegui, rodeado por algunos guardias y secundado por el Teniente González Sanz, se enfrentó al Comandante, acusándole en alta voz de enviar a sus hombres a combatir contra sus propios compañeros.

Ante la situación de insubordinación creada por los guardias, que portaban sus armas, se produjeron una serie de conferencias telefónicas con el Gobernador Civil y hasta con el Ministerio de Gobernación, y de todas ellas se concluyó en que las Compañías de Guardia de Asalto se quedarían en la ciudad y protegerían el orden en las calles.

Como se puede comprobar, la debilidad de los responsables fue el más grave de los problemas que tuvo en ese momento la República, y el que al final acabaría con ella y con cuantos intentaron defenderla.

El incidente de la plaza de Tenerías sirvió de espoleta para la sublevación. Enterado el Comandante de Estado Mayor Anselmo López Maristany, que formaba parte de la Junta sediciosa, se puso en marcha de inmediato hacia la finca de Mucientes para avisar a Saliquet de que los acontecimientos se estaban precipitando y traerlo a la ciudad para que encabezase la sublevación, tal y como estaba convenido.

Cuando los militares llegaron a Valladolid, se encontraron con que el golpe se había producido hacía dos horas, es decir, hacia las 18.00 de la tarde. La Guardia de Asalto habían salido en sus camionetas por la calle San Ildefonso hasta el Paseo de Zorrilla; y al llegar a la plaza Zorrilla, grupos de falangistas comenzaron a unírseles al grito de “¡Viva España!”. Las patrullas formadas por los guardias de asalto junto con los paisanos armados empezaron a recorrer la calle Santiago, mientras comercios, bares y cafés cerraban sus puertas y los grupos de izquierdistas que se habían formado en los alrededores se disolvían.

Mientras tanto, el aviso del inicio de la rebelión llegaba al caserío de los Cuesta, en Mucientes. Saliquet hubo de apresurarse para poder hacer su papel, y de inmediato se dirigió, junto con todo su grupo, hacia la ciudad, donde los grupos derechistas, cada vez más envalentonados, se planteaban entrar en el Gobierno Civil y liberar a los detenidos de la Cárcel Nueva.

El capitán Pereletegui logró disuadir a estos grupos, diciéndoles que había que esperar a que el ejército se les uniera. Quería que el protagonismo de la sublevación se mantuviera desde el primer momento en las manos de los militares. Pero hacia las siete de la tarde las calles de Valladolid ya estaban tomadas por los facciosos: guardias de asalto, falangistas, gente de Acción Popular, de Renovación Española, de las JAP y tradicionalistas habían establecido controles armados y comenzaban a escucharse tiros por diversas zonas de la ciudad, mientras el Ejército y la Guardia Civil, encerrados en sus cuarteles, esperaban acontecimientos sin intervenir.

Hacia las ocho de la tarde, un piquete armado detuvo en la carretera de Madrid, ya en la entrada de la ciudad, a un coche en el que viajaban dos diputados madrileños que venían a ayudar a las autoridades republicanas. Los diputados socialistas José Maestro San José y Juan Lozano Ruiz, que viajaban en un taxi acompañados de una persona de su confianza, José María Sánchez Izquierdo, fueron conducidos al cuartel de Farnesio, próximo al lugar de los hechos, y solo saldrían para ser juzgados, condenados a muerte y fusilados en San Isidro antes de cumplirse un mes de su detención.

La situación en la ciudad era alarmante. Pasadas las ocho de la tarde, el Gobernador Civil Luis Lavin se volvió a reunir con los dirigentes de la ciudad. Eusebio González Suarez, José Garrote Tebar y Federico Landrove López venían de la Casa del Pueblo, donde ya estaban reunidos cientos de personas, esperando un plan de defensa, una orientación, directrices, armas; algo, en definitiva, con lo que defender a la República, y aunque quizá no eran conscientes en ese momento, su propia vida y la de sus familias.

Los tres dirigentes pidieron la entrega de armas. Lavín, y García de Quintana, Gobernador y Alcalde respectivamente, no lo veían claro. Pensaban que el levantamiento podía quedarse en una asonada más, y que si entregaban armas a los ciudadanos se produciría un baño de sangre.

Se decidía así la suerte de la ciudad y de miles de vecinos. Un error de cálculo y una decisión basada en la desconfianza hicieron caer la ciudad, y horas más tarde toda la provincia en manos de los sublevados, que no tendrían piedad. Todos los reunidos en aquella sala del Gobierno Civil morirían en breve plazo: Garrote Tebar, concejal, médico de más de cincuenta años, tuvo el dudoso privilegio de ser el primer fusilado con juicio previo. Le seguirían todos los demás, engrosando así la ya amplia lista de vecinos asesinados por las calles, los campos y las cunetas de toda la provincia.

Cuando los tres socialistas, Garrote, González y Landrove regresaron a la Casa del Pueblo, se encontraron con que ya estaba cercada por las fuerzas sublevadas, por lo que no pudieron entrar. Federico Landrove y José Garrote fueron detenidos días después, juzgados, condenados a muerte y ejecutados; Eusebio González fue interceptado en pleno Pinar de Antequera cuando se disponía a salir de la ciudad, y al ser identificado, lo asesinaron sin más dilación.

En las calles, y a la espera de la llegada de “la autoridad militar competente”, el Teniente de la Guardia de Asalto, Cuadra, al frente de una patrulla de civiles armados y vestidos muchos de ellos con la camisa azul, tomaron el edificio de Correos, el de Telégrafos y finalmente el de Radio Valladolid, desde donde se emitió la primera noticia del levantamiento a las 21.30.

En esos momentos, Saliquet cruzaba el río Pisuerga y se refugiaba en un convento de la calle de San Quirce, donde las monjitas le ayudaron a vestir su uniforme. Llegaba la autoridad militar a encabezar lo que de entonces en adelante se conocería como el “Glorioso Movimiento Nacional”.

La sublevación en Valladolid

Orosia Castán — 2010-04-18T19:51:00Z

El triunfo del Frente Popular desencadenó un proceso de violencia y agresiones por parte, sobre todo, de los falangistas vallisoletanos, que de ninguna manera aceptaban el dictamen de las urnas. Las consignas difundidas por Jose Antonio en el Teatro Calderón acerca de “los puños y las pistolas” fueron fiel y entusiásticamente seguidas en nuestra provincia por sus seguidores inmediatos; algunos de ellos fueron detenidos en el transcurso de sus razzias, por tenencia ilícita de armas o por incitación a la violencia, como fue el caso de Onésimo Redondo. Otros, como José Antonio Girón de Velasco, se las ingeniaban para mantenerse en libertad sin dejar de organizar ataques a las fuerzas y personas de izquierdas y elevando progresivamente la tensión y el caos en las calles de la capital y los pueblos…

En el año 1936, desde las elecciones de febrero hasta el golpe de estado del 18 de julio el clima político y social se deterioró de forma dramática en Valladolid.

Ciudad de provincias y guarnición militar, nudo de comunicaciones y centro agrario, Valladolid reunía las condiciones ideales para que el drama que estaba a punto de desatarse lo hiciera con toda la intensidad e irracionalidad posible.

Socialmente la capital se definía por los contrastes: un núcleo obrero importante en forma de los trabajadores ferroviarios, concienciados y politizados, de mayoría socialista; una cantidad significativa de profesionales liberales cultos y progresistas que habían dotado al régimen republicano en Valladolid de funcionarios y dirigentes; un sector significativo de la pequeña y mediana burguesía que simpatizaba abiertamente con el sistema democrático republicano, cuyos máximos representantes (el Gobernador Civil, el Alcalde, el Capitán General de la División Orgánica) estaban entre sus más decididos servidores.

Enfrente las clases altas, de tradición monárquica y conservadora; la mayoría de la burguesía urbana, fuertemente católica; los pequeños propietarios rurales; una minoría violenta y activa de falangistas y jonsistas, cuya actividad fue decisiva antes y después de la rebelión; los mandos medios del ejército, la guardia civil y la guardia de asalto, firmemente comprometidos por acción u omisión con la rebelión militar, y, por supuesto, la Iglesia católica, oponente tenaz de la república desde la constitución de ésta.

Los incidentes violentos, desde Febrero, fueron prácticamente diarios y algunos de carácter muy grave. Llevando a la práctica la teoría joseantoniana de la “dialéctica de los puños y de las pistolas”, los miembros de Falange y de las JONS se lanzaron con entusiasmo a una espiral de agresiones contestadas por extremistas de la CNT o el partido comunista. Para atajar esta situación, el nuevo gobernador civil, Lavín, dictó órdenes de prisión para gran cantidad de miembros de ambos grupos: en julio de 1936 no había menos de ciento cincuenta falangistas en la cárcel, donde protagonizaron numerosos incidentes.

Ya desde el mes de marzo se pondrá en marcha la maquinaria de la sublevación: en diversos acuartelamientos de la ciudad se forman “juntas” o grupos de conspiradores, se entrenan militarmente grupos falangistas en el campo, se compran armas y se hace un proselitismo constante a favor del golpe de estado. A comienzos de Julio, tras el asesinato del capitán Castillo y de Calvo Sotelo, el golpe de estado es un secreto a voces.

En los días previos, el gobernador civil tomará una serie de medidas destinadas por un lado a contener la violencia callejera y por otro a prevenir una rebelión contra el gobierno: se protegen los centros de poder principales, se informa a Madrid de lo que ocurre y se procura, en la medida de lo posible, “asegurar” los mandos de la Policía y de la decisiva Guardia de Asalto.

Todas estas medidas se revelarán insuficientes. El día 18 de Julio se ordena el traslado de la Guardia de Asalto a Madrid, para reforzar la seguridad en la capital y, de paso, alejar un cuerpo conflictivo en Valladolid. Pero los oficiales no obedecen las órdenes y, espoleados por elementos extremistas, deciden de motu propio, sin coordinación con la trama militar, apoyar el golpe de estado. En compañía de algunas decenas de falangistas recorren las calles de la ciudad y toman la Radio, Correos y Telégrafos y la Telefónica.

Mientras, la situación se precipita: la conspiración militar ha sido organizada por algunos mandos medios bajo la supervisión del general Saliquet, al acecho en una finca de los Montes Torozos. Su principal problema es el Capitán General de la División, Molero, un militar profesional leal a la República que durante el mes anterior ha mostrado una actitud enérgica sancionando y apartando del mando al coronel Serrador, designado por Mola como presidente de la Junta encargada de la rebelión.

A las once y media de la noche del 18 de Julio, un grupo de oficiales y falangistas encabezados por los generales Saliquet y Ponte entran en el edificio de la División con la intención de convencer a Molero de que renuncie al mando. Este se niega y sus dos ayudantes de campo, comandantes Liberal y Rioboo intentan arrestar a los golpistas. Se produce un tiroteo en el despacho del capitán general, muriendo un falangista y resultando heridos de extrema gravedad ambos comandantes. Molero es arrestado y desposeído del mando, haciéndose los sublevados con el poder.

Inmediatamente se ejecuta el plan preestablecido: se toma Gobernación Civil, arrestando a Lavín, se ocupa la Estación del Norte, la Fábrica de Gas y demás centros neurálgicos.

El Ayuntamiento, defendido por un retén de bomberos, resistirá hasta la mañana del 19. En cambio, la Casa del Pueblo, dio muchos más problemas a los sublevados.

En efecto, estos temían desde el principio la fuerza del PSOE y UGT en Valladolid, con más de 12.000 afiliados. Estos, ante las primeras noticias del golpe, habían ido a pedir armas al gobernador civil, quien en un primer momento no quiso y posteriormente no pudo dárselas.

Sin instrucción militar ni planes de actuación, se concentraron en la Casa del Pueblo, acabando así con sus ya de por sí escasas posibilidades de resistencia. En efecto, el 19 por la mañana comenzó un asedio en toda regla que culminó a cañonazos, provocando algunas víctimas y la rendición incondicional de los más de ochocientos ocupantes del inmueble, la mayoría de los cuales serían fusilados más adelante.

El mismo 19 por la tarde la situación está ya absolutamente controlada por los golpistas: tan solo se producen algunos episodios de resistencia esporádica por parte de francotiradores en las barriadas obreras, que se prolongarán casi durante un mes. Con las autoridades republicanas detenidas y la ciudad tomada se abrían las puertas a una represión salvaje.