Represión franquista en Valladolid

Agustín Castañeda, de Becilla a Brooklyn

2019-07-31T18:39:19Z

Agustín Castañeda, activista anarquista implicado en el movimiento sindical en Brooklyn, nació en Becilla de Valderaduey.
Christopher Castañeda, bisnieto de Agustín y profesor de historia en California State University, Sacramento, ha investigado junto con Mayte Díez Martín (historiadora, creadora de Frentes Avanzados de la Historia) la historia fascinante de este emigrado español en América, organizador del Comité de la Revolución Española, creado para protestar por la ejecución del pedagogo Ferrer i Guardia, que contó con el apoyo de la conocida anarquista rusa en Estados Unidos Emma Goldman.

Es un artículo de Christopher Castañeda y Mayte Díez para:
Frentes Avanzados de la Historia.

http://frentesavanzadosdelahistoria.com/raices-espanolas-en-brooklyn/

La andadura de la investigación
Una historia de vida siempre ilustra otras muchas vivencias. Experiencias todas, particulares y colectivas, inscritas en el contexto histórico que las determinan y el que a la vez escriben. Al fin, la microhistoria es una de las formas de hacer Historia.

Con este guion la investigación resuelta sobre Agustín Castañeda Alonso, mi bisabuelo, se narra en el escenario del fenómeno migratorio de españoles a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. El encuadre es importante porque es una llamada de atención más hacía esa historia de la inmigración invisible de los españoles en Estados Unidos que no ha tenido películas ni días de conmemoración especiales, pero que está siendo estudiada con renovado interés[1]. Al respecto y en particular en este artículo se recogen notas sobre la aportación de una cultura política anarquista española al panorama estadounidense, aún pendiente de estudiar en toda su dimensión. También, se cruza la guerra civil española (1936-1939) y las terribles consecuencias que la represión franquista tuvo sobre la familia Castañeda en España.

La investigación había comenzado años antes, tan solo hilada por los relatos familiares y mantenida en una larga pausa ante la falta de documentación. Hasta agosto de 2018, cuando finalizó con éxito el trabajo histórico y genealógico, ninguno de los descendientes de mi bisabuelo tenía conocimiento de su lugar de nacimiento concreto, ni de los acontecimientos de su niñez y juventud en España. Así como, también, permanecía en la sombra de la memoria familiar la mayor parte de su devenir americano. Por tanto, la investigación para la reconstrucción de la genealogía familiar debía iniciarse dando luz a la vida de Agustín Castañeda: el sujeto principal del estudio. Desde luego principal para mí, emocionalmente, por la cercanía en el recuerdo de la familia que trasmitía la admiración por el arriesgado antepasado que cruzó el Atlántico y por su personalidad de singular interés.

La búsqueda de información fue lenta y complicada, utilicé todos los recursos posibles a mi alcance: consultas bibliográficas, en la Red, en archivos, a genealogistas, pruebas de ADN, etcétera. A pesar de todo este trabajo el rastro de mi bisabuelo en España no aparecía. El único dato fiable de partida que tenía es un recordatorio del día y mes de su cumpleaños, el 18 de febrero, sin indicación del año, que en memoria de Agustín Castañeda publicó su viuda en el periódico Brooklyn Daily Eagle, (18 febrero 1932) y un perfil fascinante emergido de la prensa histórica que retrataba a Agustín como un activista anarquista e implicado en el movimiento sindical. Una información que coincidía con la ética personal recordada por sus inmediatos descendientes. No fue hasta el dicho verano del 2018 cuando comenzó a rodar la investigación, en la medida que cuadraron ciertas pistas del estudio de ADN con el lugar concreto de Becilla de Valderaduey en la provincia de Valladolid y comarca de Tierras de Campos, ya en este momento con la colaboración de la historiadora María Teresa Díez Martín.

Aunque una investigación genealógica tan compleja como esta no termina de cerrarse en mucho tiempo, se puede, ahora, dar por averiguadas las etapas fundamentales del transcurrir vital de Agustín y la de una genealogía Castañeda entre dos mundos: de la Tierra de Campos de Castilla a América, del norte y sur. Dentro está, entonces, con plena justificación, esta microhistoria en la temática de la emigración española a América, cuyo motor ha sido, desde la conquista hasta el presente, el ideario social de hacer fortuna en tierras americanas, el «hacer las Indias» o después «hacer las Américas».

Así, pues, con mucho empeño y un poco de suerte, he podido reconstruir con éxito esta historia familiar. Es un rescate, está claro, ya que esta historia podría haberse perdido para siempre de no mediar el interés particular por la sacarla a la luz.

El origen castellano. Becilla de Valderaduey

Sin duda el documento clave fue la partida de bautismo de Agustín, que informa del nacimiento de Agustín Castañeda en el citado pueblo el 18 de febrero de 1868. Sus padres eran Pedro Castañeda Castañeda y Jacinta Alonso Estébanez. Se le puso el nombre por su padrino, siguiendo una asentada costumbre, que fue Agustín Alonso Estébanez, su tío, hermano de su madre y párroco de una de las iglesias del pueblo. Mi bisabuelo fue el segundo de cuatro hermanos nacidos del segundo matrimonio de un prolífico Pedro Castañeda que tuvo un total de 14 hijos con sus dos esposas, y confirma en ello el mismo abundamiento reproductivo de la línea Castañeda en Becilla desde el siglo XVII. Agustín tenía dos hermanas y un hermano, Daniela, Amadea y Fabián, además de diez hermanastros y hermanastras del primer matrimonio de su padre.

Algunos rumores previos de la familia sobre estos parientes más directos se confirmaron en el estudio, así la existencia de un hermano militar que resultó ser su hermanastro Aniceto Castañeda Díez, militar de carrera que sirvió en la guerra de Cuba (1868-1898), probablemente en varias campañas, y que incluso fue noticia en la prensa de la época en 1895[2]. Es factible especular que Agustín pudo acompañar al comandante Aniceto a Cuba o que este facilitara de alguna forma la migración, pues, aunque no se ha conseguido el registro de emigración de Agustín el recuerdo familiar informa de que su primer destino americano fue en estas islas.

También, la investigación ha dado sorpresas, como la que relata la emigración de su hermana mayor Daniela a Argentina en 1908, en compañía de su esposo, Manuel Peña González, y sus cuatro hijos de corta edad. Es la constancia de una dispersión familiar propiciada por emigraciones de tanto calado como las intercontinentales. No sabemos hasta qué punto se conservó el contacto entre los hermanos, pero es una realidad que los lazos familiares se deshicieron, pues hasta esta investigación ambas ramas familiares se desconocían. En la actualidad, ha sido una gran satisfacción contactar con los Castañeda argentinos por medio de Paola, una bisnieta de Daniela que vive en Buenos Aires.

No faltan los acontecimientos trágicos en los hallazgos. La brutal represión franquista, durante y después de la Guerra Civil, tocó de lleno a la línea Castañeda en la familia de la otra hermana de mi bisabuelo, Amadea, en la que todos sus miembros fueron torturados y encarcelados, incluida Amadea, y uno de los hijos del matrimonio que formó con Vicente Pérez del Agua fue asesinado. El joven fue Secundino Pérez Castañeda. Ocurrió en Ceinos de Campos, pueblo cercano a Becilla, donde residió la familia de Amadea. Demasiado sufrimiento del que aún faltan muchos detalles. La familia de Amadea ya forman parte del registro de la Memoria Histórica que en Valladolid ha trabajado la activista y estudiosa, Orosia Castán Lanaspa [3]. El extracto de los datos es el que sigue:

Ceinos de Campos (Valladolid). Familia Pérez- Castañeda “Besugos"

Amadea Castañeda Alonso, encarcelada, con una edad cerca de la sesentena.

Su marido, Vicente Pérez del Agua, encarcelado.

Hijos e hija del matrimonio, naturales de Ceinos de Campos.
– Secundino, asesinado, 34 años. Casado con Laureana García de la Loma, dejó tres hijos.
– Pedro, detenido, torturado. Soltero
– Engracio, detenido, torturado. Casado con Ausencia García Hernández.
– Bernarda, rapada, torturada. Casada[4]

Se pone de manifiesto una ideología familiar de izquierdas, al menos en la parte de los sujetos desvelados en la investigación, que informa y da coherencia a la militancia anarquista de Agustín Castañeda que más adelante se trata.

Encontrar el documento del bautismo de Agustín también permitió emprender un viaje genealógico fascinante a un pasado remoto. Hasta un Juan Castañeda nacido sobre 1600 y fallecido en 1662. Una sucesión de generaciones hasta mi bisabuelo Agustín que vivieron en Becilla durante cientos de años. La dinámica vivencial de esta línea genealógica retrata la sociedad rural castellana, y aunque falta más investigación histórico-social sobre esta genealogía Castañeda, en general, parece, que, hasta la contemporaneidad de los emigrados en el XIX y la ocupación militar de Aniceto Castañeda, todos fueron labradores más o menos acomodados, y algunos clérigos. Un perfil de interés que ha sido rescatado es el de mi séptimo abuelo, Luis Castañeda de la Peña (1668-1732), que fue alcalde ordinario de Becilla de Valderaduey hace trescientos años.

La continuidad Castañeda en Estados Unidos. Brooklyn, Nueva York
Agustín Castañeda Alonso falleció en Brooklyn el 1 enero 1932, donde había residido durante cuarenta años y formado una familia. Es muy probable que llegará en 1890 o 1891, pues, aunque, como se ha dicho, no ha aparecido ningún registro de inmigración se pueden cuadrar fechas en el conjunto de datos. Poco después, se casó con Margaret Elizabeth Broint, hija de un comerciante de cigarros cubano y una madre irlandesa[5], de cuyo matrimonio nacieron seis hijos-as. Según las noticias familiares, hubo alguna tensión entre los cónyuges por disparidad de creencias, ya que el ateísmo anarquista de Agustín chocó con el catolicismo irlandés de su esposa, al menos en ese sentido consta en el relato que mi bisabuelo se opuso al bautismo de sus hijos-as y Elizabeth los llevó por su cuenta a la pila bautismal, a espaldas de Agustín.

Agustín trabajó como empleado en la manufactura de cigarros puros, cuya actividad en Nueva York estaba concentrada en Brooklyn. Industria que organizada en pequeños talleres empleaba una mayoría de trabajadores hispanos, españoles y cubanos. En una segunda etapa mi bisabuelo regentó su propia expendeduría de tabaco en la calle 85 en Brooklyn[6].

Son pinceladas del cuadro de la emigración multitudinaria de españoles a América durante la segunda mitad del siglo XIX, principalmente del norte peninsular y que en número importante y significativo se afincaron en Cuba y Estados Unidos. Un movimiento migratorio a estos países que respondió primero al efecto llamada de un entramado industrial tabaquero español en Cuba y después de la crisis cubana de esta industria a su desarrollo en Tampa (Florida), aquí ya produciéndose una doble migración hispana, la de cubanos y la de españoles desde Cuba o España[7]. Es el contexto material que explica no solo la subsistencia de la familia de Agustín Castañeda, también las relaciones sociales que este estableció, su actividad política e incluso puede explicar su matrimonio con una mujer cercana en el colectivo social de los trabajadores del tabaco hispanos. En definitiva, fuertes lazos que unieron a la comunidad hispana en torno a los negocios del tabaco y que, de forma significada, crearon identidades sociales particularizadas.

Poco después de llegar a Brooklyn, Agustín comenzó su práctica militante en el sindicato «Obreros del ramo de tabaco Habana de Nueva York»[8], organización con predominio del obrerismo anarquista, en la que tuvo cargos administrativos y responsabilidades en los comités de huelga. Así como, también, mantuvo una activa correspondencia con los sindicalistas de Ybor City (Tampa) que era un centro neurálgico del movimiento obrero. Así mismo, consta que contribuyó económicamente a la causa de los presos políticos en España y Cuba, incluyendo la viuda de Paulino Pallás, otros periódicos laborales, y varios huelguistas[9]. De todo ello informa la prensa anarquista, una fuente inestimable de información en esta investigación. Es observable, para el registro familiar, que sus descendientes no guardaron recuerdo de esta actividad político-sindical. De hecho, ninguno de los más inmediatos, hijos e hijas de Agustín, parece que tuvieran interés alguno por la política.

En Brooklyn durante la última década del siglo XIX, un grupo de militantes libertarios españoles y cubanos publicó un periódico llamado El Despertar. Periódico anarquista (Nueva York 1891-1902), que fue distribuido en España, EE. UU. y América Latina. Una prensa de vanguardia anarquista que trató múltiples temas del movimiento obrero a la vez que con las noticias de España mantenía los vínculos emocionales del colectivo migrante. Fue en este periódico donde Agustín Castañeda ejerció como administrador. Además, hay otros rastros de su actividad militante en la prensa anarquista como cartas y telegramas en el El Esclavo (Tampa, 1894-1898).

El Despertar, 1895

Es evidente que en esta década de los noventa la comunidad hispana de Brooklyn vivió en un intenso clima político impulsado por la potencia del movimiento obrero, en el que se aunaban militantes de izquierda, sindicalistas e intelectuales. En este sentido es de gran interés que el circulo anarquista contara en este tiempo con residentes en Brooklyn de elevada talla intelectual y política, como, entre otros más, Pedro Esteve, escritor y editor catalana, Adrián del Valle, ideólogo libertario, o el cubano José Campos, corresponsal y ensayista. Parece que fue un momento y lugar vibrante para los hispanos de libre pensamiento. El declive no supero el fin de siglo, pues la comunidad ideológica quedó desarticulada con la guerra hispano–estadounidense, o en España la guerra de Cuba (1898), y la frustración del ideario anarquista por el fracaso de la revolución.

En 1902, el periódico El Despertar había desaparecido y con el mismo las huellas públicas de Agustín. Reapareció el diario anarquista por un breve período de tiempo, desde finales de 1909 hasta los primeros meses de 1910. Fue una más de las reacciones de movilización y protesta internacional en Europa y América por la ejecución el 13 de octubre de 1909 del catalán Francisco Ferrer i Guardia, pedagogo anarquista, librepensador y fundador de la Escuela Moderna[10]/[11]. En esta misma oleada, y según consta en el último registro público que he encontrado, Agustín Castañeda junto a Jaime Vidal, del exilio catalán, ayudó a organizar The Spanish Pro-Revolution Committee (Comité de la Revolución Española), que se inició con la organización de la protesta por la ejecución de Ferrer y extendió su acción a la propagación del objetivo de la revolución en España y la consiguiente campaña de recaudación de fondos para tal fin. La acción contó con múltiples apoyos, entre ellos el de la conocida anarquista rusa en Estados Unidos Emma Goldman.

Por supuesto, la investigación continúa abierta, pues quedan aún lagunas, incógnitas por resolver. En definitiva, mucho por conocer y comprender para la narración completa de esta línea Castañeda que transcurre entre Estados Unidos y España. Entre dos mundos culturales.

El autor
Christopher J. Castañeda es profesor de historia en California State University, Sacramento
Autor de: “`Yours for the revolution': Cigar Makers, Anarchists and Brooklyn's Spanish Colony, 1878-1925,» in Hidden Out in the Open: Spanish Migration to the United States (1875-1930) Co-edited by Phylis Martinelli and Ana Varela-Lago (University of Colorado Press, 2018) y co-editor con Montse Feu de Writing Revolution: Hispanic Anarchism in the United States (University of Illinois Press, 2019)

Notas
[1] Valga como referencia al hilo del parafraseo, y entre otras muchas, el trabajo de James D. Fernández & Luis Argeo, Invisible Immigrants: Spaniards in the US (1868-1945), New York: White Stone Ridge, 2014. https://www.kickstarter.com/projects/538868554/invisible-immigrants-spaniards-in-the-us-1868-1945

https://www.playgroundmag.net/now/Invisible-Immigrants-espanoles-Estados_22683084.html

[2] Biblioteca de prensa histórica, El Correo de España-Año II, nº 83, 1895-Diciembre-29

[3] A quien agradezco su colaboración en el esclarecimiento de este espeluznante episodio de la familia Castañeda.

[4] Orosia Castán Lanaspa, entrevista oral a Julián Peña Rivera, 88 años, Becilla de Valderaduey (Valladolid), 03/03/2004. Verdad y Justicia http://www.represionfranquistavalladolid.org/

[5] No se ha encontrado registro de este matrimonio.

[6] Un buen resumen divulgativo de la actividad tabaquera en EE.UU, Cuba y España durante el siglo XIX se puede recomendar en esta dirección http://www.jaberni-coleccionismo-vitolas.com/1C.5.06-Grandes_Tabaqueros_EEUU.htm

[7] Un estudio clarificador de este fenómeno migratorio en ESTEVE, A.; TORRENTS, A.; CORTINA, C. La emigración española a Estados Unidos: una aproximación desde los microdatos censales de 1910. Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de marzo de 2005, vol. IX, núm. 184. http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-184.htm

[8] El Despertar, New York (October 1, 1891).

[9] El anarquista Paulino Pallás fue ejecutado por su intento de asesinato del comandate general de Cataluña, Arsenio Martínez Campos. Fue ejecutado el 6 de octubre de 1893.

[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ferrer_Guardia

[11] http://www.ferrerguardia.org/es/la-escuela-moderna

Ver en línea : Raíces españolasen Brooklyn

Luis Rufilanchas, de los Tribunales al paredón

2018-08-27T06:15:41Z

El 18 de julio de 1936 le sorprendió de vacaciones con su familia en la provincia de Pontevedra. Lejos de esconderse o de tratar de huir, Rufilanchas tomó parte en la llamada Batalla de Vigo, desesperado esfuerzo por impedir que los militares rebeldes se hicieran con la ría viguesa y la zona hasta la frontera con Portugal.

LUIS RUFILANCHAS SALCEDO (1910-1937), DIPUTADO DEL PSOE, AYUDANTE DE JIMÉNEZ DE ASÚA Y DEFENSOR DE ACUSADOS POR DELITOS POLÍTICOS Y SOCIALES

Por Federico Bello Landrove

Al trabajar en un ensayo sobre el juicio por los sucesos de Castilblanco (publicado en el blog que administro: quienfueraborges.blogspot.com.es, etiqueta de “ensayos”), me tropecé con la joven y digna figura de Luis Rufilanchas Salcedo, profesor y abogado gijonés, que tiene el triste título de ser el único penalista conocido en morir ejecutado durante nuestra Guerra Civil. Así pues, para completar el ensayo, y comprobado que no existía una biografía del señor Rufilanchas por escueta que fuese, decidí emprender un breve apunte sobre su vida y su muerte, del que las líneas que siguen son un resumen.
Luis Rufilanchas nació en Gijón el 17 de mayo de 1910 pero debió de trasladarse muy joven a Madrid, en donde cursó la carrera de Derecho. Enseguida fue nombrado profesor ayudante del gran penalista, Luis Jiménez de Asúa, y se colegió en la capital de España para ejercer de abogado. Como profesor, pronto destacó por su competencia y amabilidad con los alumnos (algo en lo que precisamente no destacaba Asúa) y, como abogado, se especializó en la defensa penal y laboral de los revolucionarios de Octubre de 1934 y de otros “delincuentes” políticos, como los acusados por los sucesos de Castilblanco (Badajoz), producidos el 31 de diciembre de 1931. Contrajo pronto matrimonio, de suerte que su primer hijo nacería en 1933.
Hizo sus primeras armas en política como activista en las asociaciones de estudiantes. Fue uno de los fundadores de la FUE (Federación Universitaria Escolar), de la que llegaría a ser máximo dirigente en 1933. Alcanzada a los 23 años la mayoría de edad, se afilió a la Federación madrileña del PSOE, mostrando su mayor afinidad con la corriente más a la izquierda, que personificaba Largo Caballero. Con todo lo que hemos expuesto, no es extraño que el Partido Socialista lo presentara como candidato a Diputado por la demarcación de Madrid (Provincia) en las elecciones de febrero de 1936, dentro de la coalición del Frente Popular. Rufilanchas obtuvo escaño dentro de los correspondientes a las mayorías, con casi cien mil votos.
El 18 de julio de 1936 le sorprendió de vacaciones con su familia en la provincia de Pontevedra. La gran pintora gallega, Maruja Mallo, nos cuenta (aunque yo no lo haya podido corroborar por otras fuentes) que, lejos de esconderse o de tratar de huir, Rufilanchas tomó parte en la llamada Batalla de Vigo, desesperado esfuerzo por impedir que los militares rebeldes se hicieran con la ría viguesa y la zona hasta la frontera con Portugal. Perdida la batalla en una semana, nuestro diputado tomo la resolución de ocultarse y escapar hasta La Coruña, donde podía esperar ayuda de obreros y políticos de izquierdas. Escapar por Portugal era imposible, dado que el régimen de Oliveira Salazar era entusiasta partidario de los nacionales y devolvía a España a cuantos pretendían refugiarse en territorio luso.
Con la ayuda de buenas gentes, entre las que destacó el médico Manuel Fernández López (luego ejecutado por ayudarlo), Rufilanchas permaneció escondido en La Coruña y sus alrededores hasta el mes de febrero de 1937. Entre tanto, una de las redes de fugas que funcionaba en la ciudad gallega, adquirió un pequeño vapor y vales de gasolina, a fin de trasladar de tapadillo a Rufilanchas y otras veinte personas hasta la costa central de Asturias, todavía en poder de la República. No obstante, la Guardia Civil estaba alerta, habiendo creado incluso una unidad específica, la Brigada de Servicios Especiales, para poner fin a las redes de fugas. Y, bien fuese por una indiscreción del que iba a ser patrón del barco, bien porque fuesen detenidos algunos de los miembros de dicha red, entre los días 23 y 24 de febrero de 1937 fueron detenidos todos los involucrados en la frustrada escapatoria, entre ellos, Rufilanchas.
Tras ser duramente torturado para sacarle información, Rufilanchas y los demás compañeros en el intento de huida fueron “juzgados” en consejo de guerra sumarísimo, celebrado en La Coruña el 17 de mayo de 1937. Rufilanchas pidió y consiguió ser el defensor de sí mismo y de los demás compañeros juzgados con él. Como es natural, nada favorable obtuvo de ello pero, al menos, pudo mostrar valor y dignidad, como cuando se desabrochó la ropa para mostrar al tribunal las huellas de las torturas en cuello y pecho; o cuando rechazó la acusación de rebeldía, dejando claro que los únicos rebeldes que allí había eran los militares sublevados contra el Gobierno republicano. La sentencia impuso quince penas de muerte, siendo posteriormente conmutadas tres por reclusión de treinta años.
Conocida la condena de Rufilanchas, el Gobierno legítimo trató de evitar su ejecución, ya mediante la intervención de la Unión Interparlamentaria, ya por canje con algún capitoste franquista en poder de la República. Nada de ello tuvo eficacia y Luis Rufilanchas y otros once compañeros (socialistas, anarquistas, galleguistas de izquierdas) fueron fusilados en La Coruña, en la madrugada del 11 de julio de 1937.
Solo añadiré un detalle para perfilar el talante humano de Rufilanchas. En 1934 asumió la defensa de un socialista italiano, que había sido detenido en la Ciudad Universitaria de Madrid, en posesión de armas no legalizadas. Desde Italia, el Partido Socialista se interesó por el caso y preguntó al letrado Rufilanchas qué provisión de fondos le enviaría, como anticipo de sus honorarios. Rufilanchas contestó, un tanto enfadado, que no volvieran a hablarle de dinero, porque él ejercía la defensa por razones de amistad. La carta se conserva en el archivo del famoso político socialista italiano, Pietro Nenni.

Ver en línea : https://quienfueraborges.blogspot.c...

Sacas en la prisión de Salamanca

Federico Bello Landrove — 2015-02-23T19:53:01Z

La relación entre ejecuciones judiciales y asesinatos políticos de detenidos y presos sería, aproximadamente, de tres a dos.

Las sacas de la prisión provincial de Salamanca durante la guerra civil: una aproximación estadística

Como ha tenido ocasión de recordar recientemente Julio del Olmo Martín en su Introducción de la magna obra Valladolid 1936. Todos los nombres, las llamadas sacas carcelarias (es decir, la salida forzosa de las cárceles de los detenidos o presos preventivos en ellas, para ser ejecutados sin previa sentencia de muerte) fueron durante nuestra Guerra Civil (particularmente, en su primer medio año de desarrollo) una forma masiva de asesinato político. Ello evidencia, por una parte, que la idea del paseo como obra improvisada de un escuadrón del amanecer es reduccionista; por otra, que la explicación de la represión letal en términos de la así llamada violencia espontánea es sustancialmente falaz, tanto en uno como en otro bando (no se olvide que las mayores sacas, hasta unas cuatro mil personas, se produjeron en Madrid, entre agosto y noviembre de 1936).

Constatamos el carácter masivo de las sacas carcelarias para la Prisión provincial de Salamanca, gracias a haberse conservado hasta hoy sus registros de fallecimientos, correspondientes al periodo de guerra e inmediata posguerra (1936-1942). Dichos libros fueron examinados y resumidos en el tomo V (Siglo XX) de la conocida Historia de Salamanca, editada por el Centro de Estudios Salmantinos en el año 2001. Pese a ello, parecen haber pasado desapercibidos para algunos notables historiadores especializados, como debe de ser el caso de Paul Preston (en su voluminoso El holocausto español), cuya referencia al tema represivo en Salamanca es más bien un compendio de anécdotas que de datos, al modo de un memorioso, más que de un historiador.

Por mi parte, sin hacer otra cosa que sacar partido de la citada fuente documental (tal y como figura compendiada en la susodicha Historia de Salamanca, tomo V, páginas 288 a 298), puedo constatar que se recoge un total de trescientas treinta y siete defunciones. No siempre es fácil (por razones obvias de deliberada imprecisión del Registro) diferenciar los casos de saca para paseo. Reduciendo los mismos al mínimo posible, pueden desglosarse las citadas 337 defunciones, de la siguiente manera:

• Fallecidos por enfermedad: 54
• Ejecutados, previa sentencia de muerte: 168
• Fallecidos por saca, seguida de ejecución ilegal (asesinato): 115

Con base en estos datos, la relación entre ejecuciones judiciales y asesinatos políticos de detenidos y presos sería, aproximadamente, de tres a dos. Es decir, de cada cinco internos de la Prisión ejecutados, tres lo fueron por aplicación de la pena capital impuesta en sentencia (de Consejo de Guerra, por supuesto) y dos por saca ilegal consentida.

Centrándome en los ciento quince reclusos que, como mínimo, fueron sacados de la Prisión y ejecutados sin previo juicio, me ha parecido interesante, por unas u otras razones, establecer una estadística por meses. Estos serían los resultados:

• Julio de 1936: 2
• Agosto de 1936: 40
• Septiembre de 1936: 6
• Octubre de 1936: 8
• Noviembre de 1936: 1
• Diciembre de 1936: 58

Finalmente, quiero destacar que las cifras de ejecuciones de personas detenidas o presas en la Prisión provincial de Salamanca son muy notables, pero en modo alguno suponen la totalidad, ni la mayoría, de los ejecutados en toda la provincia. En una primera aproximación cuantitativa, a la altura de las investigaciones del año 2001, Santiago López García y Severiano Delgado Cruz (Historia de Salamanca, V, citada, página 240) especulaban con que al menos 610 personas identificadas habrían sufrido muerte en la provincia salmantina por efecto de represalias políticas. Seguramente, la cifra real sería bastante superior, si bien puede mantenerse por ahora la misma impresión que nos ofreció en 2006 Stanley G. Payne (40 preguntas fundamentales sobre la guerra civil, páginas 129 a 140), a saber, que Salamanca (a diferencia de Valladolid y Zamora, entre otras quince provincias) no parece haber rebasado la cifra promedio para el conjunto español, de 4 ejecuciones (judiciales y paseos) por cada mil habitantes.

Eduardo Martín González nos presta su colaboración

Redacción — 2014-11-25T14:36:56Z

Os presentamos la colaboración de Eduardo Martín, un estudio magnífico acerca de la detención y asesinato de Amparo Barayón, compañera del escritor Ramón J. Sender.

Bienvenido, Eduardo, y esperamos que a esta primera colaboración sigan muchas más.

Eduardo Martín González nació en Reus (Tarragona) en 1965. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, realizó en Cataluña sus primeras investigaciones, recogidas en L'Hospital de Valls. Assaig sobre l'estructura i les transformacions de les institucions d'assistència (1991, con Marina Arnau y otros), y Sants i mals esperits (2001, con Joan Santacana y Miquel Montoliu). Ha publicado trabajos en las revistas Dynamis, Gimbernat, Quaderns d'Història Contemporània y Studia Zamorensia. Vinculado familiarmente a Zamora, ha alternado los trabajos académicos sobre el franquismo con la colaboración con movimientos de recuperación de la memoria histórica. Entre los primeros, “Conflicto social y violencia política: el campo zamorano, de la república al franquismo. Un estudio de caso (Cañizo, 1931-1945)” (2005), Políticas de género en Zamora durante la II República y el franquismo (2003-2005, con Adoración Martín), “Un largo período de represión” (2010, con Cándido Ruiz y Pilar de la Granja), “Entre la represión y la conformidad: el Magisterio Nacional en la provincia de Zamora (1936-1939)” (2010, con Adoración Martín y Juan Andrés Blanco). Entre los segundos, colabora en los sitios web del Foro por la Memoria de Zamora y del Foro por la Memoria de Castilla y León.

Amparo Barayón Miguel (Zamora, 1904-1936)

1. Los hermanos Barayón

Amparo Barayón nació el 8 de mayo de 1904 en el seno de una familia de clase media baja, domiciliada en la calle Ramón Álvarez. Fue la segunda hija de Antonio Barayón Azcona e Isabel Miguel Vaquero. Para él era su segundo matrimonio, pues antes había enviudado de María Hernández, madre de sus hijos Saturnino, Magdalena y Casimira. Con Isabel (que fallecería en 1909) tuvo, además de Amparo, a Natividad (1902), Eugenia (1905) y Antonio (1907). La familia tenía una fábrica de hielo y gaseosas en la calle de la Reina, y el padre había fundado en torno a 1902 el Café Iberia, que se convertiría en un lugar de reunión de artistas e intelectuales.

Los Barayón tenían una arraigada tradición progresista, en contra de la imagen “de derechas de toda la vida” con la que algunas fuentes han pretendido despolitizar la represión desencadenada contra ellos. El padre, Antonio, era miembro de la agrupación republicana de Zamora, por la que fue candidato a concejal en las elecciones de 1903, 1905 y 1917. Fue juez municipal adjunto (1907) y perteneció a la junta directiva del Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola, con la que participó en la campaña de 1911 contra el impuesto de consumos.

El hijo mayor, Saturnino Barayón Hernández (1892-1936), que regentó el café tras la muerte del padre en 1918, asumió también las ideas republicanas, y en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fue elegido concejal en representación del Partido Republicano Radical. Poco después se integró en el Partido Republicano Radical-Socialista (del que fue tesorero) y, tras la disolución de este partido, formó parte del núcleo fundador de Izquierda Republicana, cuya agrupación local presidió hasta mayo de 1936 y representó en el comité del Frente Popular, junto a Higinio Merino de la Monja (que sería asesinado junto a él). Tras las elecciones generales de febrero de 1936, fue nombrado diputado provincial. En abril de ese año aspiró a la designación para la candidatura a compromisarios en la elección del presidente de la República, si bien finalmente el puesto correspondiente a su partido dentro de la coalición del Frente Popular fue asignado a Gonzalo Alonso Salvador (que sería asesinado en agosto de 1936).

El hijo menor, Antonio Barayón Miguel (1907-1936), técnico industrial, se asoció en 1935 con Antonio Abad San Román (miembro del comité provincial del PSOE, que sería asesinado en noviembre de 1936) y José Alonso para fundar la empresa de suministros e instalaciones eléctricas Dina, con sede en la calle de la Reina, y perteneció al partido socialista aunque no desempeñó ningún cargo público.

El progresismo del padre y del hijo mayor debe matizarse, en el marco de las coordenadas moderadas y posibilistas del republicanismo pequeñoburgués de la Restauración, con atención a las obligaciones cívicas derivadas de su posición como industriales en una sociedad urbana tradicional, por lo que colaboraban en iniciativas filantrópicas (suscripciones para la Cocina Económica, para las Casas Baratas o para los heridos de la guerra de Marruecos) y en comisiones de festejos, pero también en otras supuestamente dinamizadoras de la economía local, como la adquisición de terrenos para el Cuartel Viriato.

En algunos comportamientos de Saturnino, aparecen disociados sus intereses particulares y su concepción del interés público. Aunque en su condición de comerciante -desde 1933, era vocal patronal en el Jurado Mixto de hostelería- manifestara su desacuerdo con la imposición de recargos a la contribución industrial, en el pleno municipal del 7 de julio de 1936 secundó el establecimiento de la décima del paro. En 1932 votó contra la financiación pública de corridas de toros, a pesar de que su padre había patrocinado festejos taurinos, y aunque el propio Saturnino contribuyó en 1923 a la instalación de un monumento a fray Diego de Deza, en 1936 apoyó la sustitución del nombre del gran inquisidor por el de Aída Lafuente en una plaza de la ciudad. Sostuvo una actitud inequívocamente laica, aunque dentro de unos límites discretos, y en alguna ocasión logró que la prensa católica desmintiera los exabruptos anticlericales que le había atribuido.

En octubre de 1934 formó parte de la comisión de concejales que felicitó al gobernador civil por la represión de la huelga general revolucionaria, y a diferencia de otros cargos públicos (y de algunos compañeros de partido), no fue destituido ni sufrió ninguna represalia, todo lo cual resulta aparentemente contradictorio con el aval que había prestado a los candidatos del PCE para las elecciones generales de 1933. Sin embargo, tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, respaldó (el 16 de julio) la anulación de los acuerdos y nombramientos de la comisión que había gestionado el Ayuntamiento desde la destitución de los concejales de izquierdas y propuso la apertura de expediente a todos los funcionarios no republicanos.

Por su parte, las hermanas Barayón recibieron una educación esmerada, lo que incluía, como era habitual en las hijas de familias de la burguesía, una formación religiosa que llevó a Amparo a actuar como catequista en la parroquia de San Juan y a colaborar en la adquisición de la corona para la imagen de la Soledad, a Casimira a participar en la refundación de la Cofradía de las Angustias, y a Natividad a profesar en la orden de San Juan de Jerusalén. Tanto Casimira, que estudió en Francia -donde vivía su tía, Manuela Barayón Azcona, fallecida en 1914- y cursó estudios de magisterio, como Amparo, que alcanzó un nivel avanzado en su formación musical, impartieron clases particulares, la primera de francés y la segunda de piano, lo que las puso en contacto con familias de la clase dirigente de la ciudad: Casimira tuvo entre sus alumnos a los hijos del teniente coronel Hernández Comes, que como protagonista del golpe militar y de la represión entre julio de 1936 y febrero de 1937 tendría un papel decisivo en la suerte de sus hermanos.

2. Amparo Barayón entre Zamora y Madrid

Amparo tuvo desde muy joven una presencia destacada en el ambiente cultural de la ciudad, a través de sus recitales de piano (en 1922 actuó en el Nuevo Teatro de Zamora, y en 1927 en Unión Radio de Salamanca) y de su participación en asociaciones culturales. El 7 de diciembre de 1922 intervino, como miembro de la comisión organizadora, junto a José Arregui y Dámaso Eguarás, en la constitución de la Asociación Musical de Zamora, y fue miembro fundador de la Sociedad Filarmónica, creada en 1930 y que inició sus actividades en enero de 1931. Colaboró en la revista Juventud, de vida efímera -dejó de publicarse en 1923 y no se conserva ninguna colección en instituciones públicas- y, al parecer, publicó críticas teatrales bajo seudónimo en el Heraldo de Zamora. Junto a César Fernández Díaz formó la comisión que, que en abril de 1923 promovió (sin éxito) la constitución del Ateneo de Zamora, según el modelo del Ateneo de Madrid. Si desde el final de su adolescencia había sido objeto de requiebros galantes de los gacetilleros del Correo y del Heraldo de Zamora por su belleza singular y personalidad extrovertida, con el tiempo fue siendo valorada por otras cualidades: “bella y simpatiquísima señorita zamorana (…) Eva moderna y valiente por su ideología y cultura, no sólo musical sino literaria” (Heraldo de Zamora, 01/12/1927). Lamentablemente, estas cabeceras tardarían pocos años en abominar del modelo femenino encarnado por Amparo y en amparar llamamientos a un exterminio que se llevaría por delante vidas como la suya.

Obtuvo empleo en Telefónica, si bien, según su hijo, “la idea de una mujer trabajando en ventas era algo poco común en la provinciana Zamora y escandalizaba a la gente mayor”. Meses antes del cambio de régimen, obtuvo el traslado a Madrid, donde siguió trabajando en la empresa y se vinculó a la CNT. En 1931 perdió su empleo, según su hijo por su participación en una huelga. Posteriormente trabajó en el Ministerio de Agricultura, si bien al mismo tiempo impartió clases de piano y dio recitales con otro joven músico zamorano, el violinista Antonio Arias Gago. En Madrid conoció a Ramón J. Sénder, con el que se casó en ceremonia civil y tuvo dos hijos, Ramón, nacido en 1934, y Andrea, en 1936. Durante su convivencia, Sénder, que ya se había convertido en un periodista y novelista de prestigio, alcanzó su consagración con el Premio Nacional de Literatura de 1935 por Mr. Witt en el Cantón.

3. Detención y muerte

En el momento de producirse el alzamiento militar, el matrimonio Sénder-Barayón, con sus dos hijos y una niñera, veraneaba en San Rafael (Segovia), que tardaría pocos días en ser ocupada por los sublevados. Antes de la ocupación del pueblo, Sénder pasó hacia Madrid por la sierra, no sin antes pedir a su esposa que se fuera con los niños a Zamora, donde “nunca pasa nada”. Al llegar a su ciudad natal, Amparo se encontró con que sus hermanos Saturnino y Antonio habían sido detenidos para ser trasladados a la cárcel de Toro (el primero el 26 de julio y el segundo el 14 de agosto). Amparo trató de conseguir un pasaporte para trasladarse a Portugal y, desde allí, reunirse con su marido, que entretanto se había incorporado a las fuerzas defensoras de la República (donde llegaría a ocupar un puesto en el estado mayor de Líster). Estas gestiones, unidas a los intentos de entablar contacto telefónico con él, generaron sospechas en las autoridades golpistas, que la detuvieron el 3 de agosto, aunque al día siguiente fue puesta en libertad.

El 28 de agosto, Antonio Barayón e Isidoro Ramos Páez (maestro de Ufones) fueron entregados al falangista Juan Luis Rodríguez, oficialmente para ser “conducidos a Zamora”, pero ambos fueron asesinados esa misma noche en el término de Toro. Según las versiones recogidas por su hijo, Amparo conoció la noticia pocas horas después y, con motivo de unas gestiones en el Gobierno Civil, increpó al gobernador Raimundo Hernández Comes, responsable de las órdenes de traslado que en realidad constituían órdenes de ejecución extrajudicial. Fuera éste el motivo real o sólo el desencadenante, Amparo fue detenida y trasladada a la prisión provincial el día 29.

Tres semanas después, el 18 de septiembre, su hermano Saturnino fue “entregado a la fuerza pública”, junto a otros 27 detenidos, oficialmente para ser “conducidos a Zamora”, y en realidad en una auténtica caravana de la muerte conducida por fuerzas de Falange, de la Guardia Civil e incluso de la Guardia de Asalto, que tenía como destino el despoblado de Tejadillo, en el kilómetro 37 de la carretera de Tordesillas a Zamora, donde todos ellos fueron asesinados a las 11 de la noche, al parecer como represalia por el fusilamiento en San Sebastián del militar zamorano Félix Fernández Prieto, que había protagonizado la fallida intentona golpista en la capital guipuzcoana. Las autoridades certificaron, igual que en el caso de Antonio, que “murió a consecuencia de disparo por la fuerza pública cuando huía yendo conducido”.

Entretanto, Amparo permanecía encarcelada junto a su hija Andrea, de pocos meses, a la que aún amamantaba. Las condiciones en la sección de mujeres de la prisión de Zamora eran especialmente atroces, tal y como puso de manifiesto, en 1937, el testimonio escrito de Pilar Fidalgo, compañera de cautiverio de Amparo, recientemente publicado en este blog: el hacinamiento, la falta de atención médica a mujeres embarazadas o con hijos lactantes, los malos tratos y abusos sexuales y el terror psicológico generado por las sacas y las ejecuciones configuran un cuadro difícil de paliar, por mucho que sus límites hayan sido objeto de una polémica más que lamentable. Según los testimonios recogidos por su hijo, durante los dos meses y medio de su encarcelamiento, Amparo no recibió visitas ni atenciones de su familia, a diferencia de otros muchos detenidos. De este abandono culpó al esposo de Casimira, Miguel Sevilla Cabrero, sastre de eclesiásticos y militante tradicionalista que había sido candidato de la derecha católica en las elecciones municipales de 1931 (en las que no resultó elegido, a diferencia de Saturnino) y que se convirtió en el cabeza de la familia Barayón tras el encarcelamiento de Saturnino y Antonio.

El 10 de octubre de 1936 Andrea Sénder Barayón fue separada a su madre y trasladada al hospicio. Al día siguiente Amparo fue entregada a un grupo de falangistas dirigidos por Martín Mariscal, con el supuesto destino de Bermillo de Sayago, y en realidad para ser asesinada en el cementerio de Zamora junto con otras dos mujeres, Juliana Luis García y Antonia Blanco Luis, vecinas de Zamora. Al parecer, se le habían ofrecido auxilios espirituales antes de su asesinato pero el sacerdote le negó la absolución. Pocos años más tarde, sus restos fueron recuperados de la fosa común y trasladados al panteón de la familia de su hermana Magdalena, mientras que los restos de Antonio y Saturnino permanecen aún en paradero desconocido.

Los tres hermanos Barayón fueron sometidos, tras su asesinato, a expedientes incoados por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, que después pasaron a la jurisdicción de Responsabilidades Políticas. Como prueba de la importancia que los golpistas le atribuían, Amparo fue incluida en el expediente número 1 de la provincia, junto a otras 22 personas, casi todas las cuales habían sido asesinadas, y entre las que había personalidades tan destacadas como el presidente de la Diputación, Gonzalo Alonso Salvador, el diputado en Cortes Antonio Moreno Jover o Antonio Pertejo y Felipe Anciones, cuyas biografías se ha publicado ya en este blog. Durante la tramitación del procedimiento de Responsabilidades Políticas, Amparo Barayón fue objeto de informes por parte de las autoridades de Zamora: el teniente coronel Raimundo Hernández Comes, que durante su mandato como gobernador civil había firmado las órdenes de traslado y ejecución de los tres hermanos, justificó su muerte informando en 1937 que Amparo estaba “conceptuada como espía”; el comisario jefe de Investigación y Vigilancia, Manuel Flórez, informó que “dicha individua estaba considerada como comunista peligrosa” y que “según manifestaciones de una de las sirvientas, el matrimonio siempre estaba hablando del comunismo”. Finalmente, su expediente fue sobreseído en 1943.

Por su parte, Antonio y Saturnino fueron incluidos en el expediente número 3. Antonio fue acusado de ser presidente local del Socorro Rojo Internacional, “institución cuya expansión procuraba, por los medios a su alcance, lo mismo que la propaganda comunista, mediante folletos impresos y cartas”, acusación que probablemente no tuviera otro fundamento que sus contribuciones (acreditadas en listas publicadas por la prensa) en colectas a favor de los presos políticos. En 1941, Antonio fue condenado a una multa de 50.000 pesetas y Saturnino a una de 30.000, si bien su hermana Natividad (Sor María de la Natividad del Niño Jesús) interpuso recurso de revisión, en nombre propio y de sus hermanos supervivientes, alegando que “sus hermanos arrastrados por falsos profetas ya pagaron su culpa con la máxima pena” y “que se han embargado bienes que no eran sólo de los expedientados sino también de los recurrentes y de otros hermanos”, ya que los bienes de Saturnino y Antonio, que fallecieron solteros, correspondían al caudal hereditario común. El recurso fue estimado por la Sala de Revisiones del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas en sentencia absolutoria de 5 de julio de 1943.

Las represalias contra la familia Barayón no terminaron aquí. Su sobrina Magdalena Maes Barayón, nacida en 1925, afirma no haber podido cursar estudios universitarios por su parentesco con tres víctimas de la represión, y lo cierto es que, pese a haber sido colaboradora del diario falangista Imperio (que en 1944 llegó a presentarla como “la periodista más joven del mundo”), en 1947 fue detenida bajo la acusación de pertenecer a un comité femenino del PCE.

4. El “caso Barayón” hasta 1989

En 1937 se publicó en el diario El Socialista y en sendos folletos publicados en Francia y Gran Bretaña el testimonio de una compañera de cautiverio, Pilar Fidalgo, en el que se hacía referencia a la muerte de Amparo y a las condiciones de vida durante aquellos meses en la cárcel provincial de Zamora.

Tras muchos años de silencio y olvido, a los que no fue ajena la actitud del propio Ramón J. Sénder, muy parco en explicaciones sobre las circunstancias de la muerte de su esposa -a la que sólo dedicó unas crípticas referencias en Los cinco libros de Ariadna- y de su propio hermano (Manuel Sénder, asesinado en Huesca el 13 de agosto de 1936), fue su hijo, el músico Ramón Sénder Barayón (Ray Sender Morningstar), criado en los Estados Unidos, quien decidió, poco antes de la muerte de su padre en 1982, reconstruir la historia de Amparo.

Sénder Barayón inició su investigación por medio de contactos con su familia y de llamamientos públicos a través de cartas abiertas en el diario El País. Estas gestiones dieron lugar a la primera polémica, cuando el veterano socialista zamorano Román de la Higuera –prefigurando los elogios que a nuestra extraordinaria Transición harían algunos informantes locales de Muerte en Zamora- se dirigió públicamente a Ray (El País, 03/03/1982) para prevenirle ante las “incalculables y desastrosas consecuencias” que podrían tener sus hallazgos: “cuando su padre (…) prefiere el tupido velo del silencio, demuestra una vez más su portentoso talento, y lo mejor que usted debiera hacer en estos momentos sería acarar tal deseo, dejándolo transcurrir por el apasionante y lento trayecto histórico, quien en última instancia resolverá con el tiempo la compleja, complicada y comprometida maraña de una época que por reciente no resulta aconsejable clarificar” [sic; juro por lo más sagrado que este párrafo es literal y no pertenece a una novela de Isaac Rosa].

A pesar de estas perspectivas poco halagüeñas, de su escaso dominio del español, de la imposibilidad de acceder a fuentes de archivo y de la falta de contactos en Zamora, Sénder llevó a cabo su investigación basándose casi exclusivamente en testimonios orales –de una parte de la familia y de un puñado de intelectuales locales bienintencionados pero con poca información útil que aportar-, lo que dio lugar a un relato coherente aunque con informaciones imprecisas y, en algún caso, gravemente erróneas. Dos de sus fuentes principales fueron los testimonios de dos compañeras de reclusión de Amparo: uno, escrito, de Pilar Fidalgo –que ya hemos publicado en este blog- y el otro, sus entrevistas con otra reclusa (casi adolescente en 1936), Palmira Sanjuán, cuya biografía publicaremos próximamente. El resultado fue A Death in Zamora, un libro editado en 1989 por la Universidad de Nuevo México, cuya traducción española –realizada por Mercedes Esteban-Maes Kemp (sobrina nieta de Amparo Barayón)- fue publicada el año siguiente por Plaza y Janés bajo el título de Muerte en Zamora, y la alemana por Kirchheim en el año 2000.

La edición original fue reseñada en el New York Times, por William Herrick, quien señalaba que “no es un libro bien organizado, llegando a veces a ser confuso. Cuáles de sus conclusiones están probadas y cuáles son conjeturas, no está siempre claro. Pero es el documento conmovedor de un hijo que finalmente descubre cómo era su madre: una mujer adorable, independiente, que vivió con pasión y fue a morir por estar casada con un escritor revolucionario”. Menos crítica se mostró la hispanista británica Helen Graham, que valoró el libro como un “una interpretación en microcosmos de casi todo lo que podemos aspirar a saber de la Guerra civil española, como Guerra civil, de sus complejas causas sociales y culturales y de sus tremendos costes y prolongadas consecuencias de paz incivil”, y asumió la figura de Amparo Barayón como paradigma de la condición femenina bajo la República, interpretando que no fue asesinada en el lugar de su marido sino por derecho propio, por ser una mujer moderna cuya liberación “inspiraba horror entre los pilares de la sociedad provinciana y entre los miembros conservadores de su propia familia”. En definitiva, y pese a sus limitaciones metodológicas, Muerte en Zamora convirtió este caso y a sus protagonistas, reales o supuestos, en paradigmas del terror franquista y de la opresión del franquismo contra las mujeres sobre la base de la presentación de Amparo Barayón como “la primera joven emancipada de Zamora”, trasladada a Madrid “como medio de escape de los confines de su aislada ciudad natal, (…) la provinciana Zamora”.

5. El “caso Barayón” en Zamora

La lectura que se hizo de Muerte en Zamora en la ciudad natal de Amparo Barayón fue muy distinta. Hasta el momento de publicarse su edición española, había transcurrido más de medio siglo sin que ningún investigador hubiera publicado un estudio sobre la represión franquista en esta provincia. El Manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana (publicado en París en 1970) había dedicado un vivo recuerdo a las víctimas del franquismo, que cayó en el vacío, y con la salvedad de un par de comunicaciones en congresos y de algunas someras referencias en una historia divulgativa (publicada en fascículos por El Correo de Zamora) y en una tesis doctoral –la de Miguel Ángel Mateos, dedicada a los procesos electorales de 1931-1936-, el tema permanecía prácticamente virgen a los ojos del público local. En consecuencia, en Zamora no se produjo el ajuste de cuentas masivo que temía Román de la Higuera, sino la reacción habitual en una sociedad levítica, es decir, silenciar la noticia molesta mientras fue posible. Sin embargo, fue imposible ignorar por mucho tiempo la existencia de Muerte en Zamora, y aunque muy tardíamente, se terminó produciendo una polémica que lo llevó a las páginas de la prensa local.

Miguel Ángel Mateos, catedrático de historia contemporánea, con gran peso en la gestión cultural y la vida política de la provincia, reaccionó de manera muy tardía y con su habitual afán pedagógico, primero en un amplio capítulo monográfico de la Historia de Zamora (2001), más tarde en una serie de artículos publicados en La Opinión-El Correo de Zamora (en 2005), y por último, en un encuentro universitario (2006). Al igual que Román de la Higuera, Mateos sobrevaloró los daños colaterales que Muerte en Zamora podría ocasionar en la sociedad local, y se impuso la tarea de corregir a su autor en el relato de las circunstancias y en la atribución de responsabilidades y móviles por la muerte de su madre, empleando en la crítica unos medios excesivos y un tono a todas luces inapropiado.

Mateos intenta hacer una historia científica de la guerra civil, desde una postura inequívocamente crítica con la dictadura y con los autores revisionistas, pero también con una aprensión manifiesta hacia los movimientos memorialistas. Se separa del paradigma historiográfico antifranquista al disentir de la teoría del plan de exterminio, pues ha vinculado la represión con la resistencia al golpe (reproduciendo a veces como hechos probados las acusaciones con las que se justificaron las matanzas), y considera que la cuantía global de la represión republicana supera a la franquista. Por otra parte, el peso de sus convicciones ideológicas lastra sus aspiraciones científicas, al realizar generalizaciones abusivas (por ejemplo, exagera el peso de los izquierdistas conversos en el pistolerismo falangista, y minimiza la responsabilidad de la Iglesia magnificando los casos en los que algún párroco empleó su influencia para salvar a alguien), lo que aparece como un intento de legitimar lugares comunes de la memoria colectiva, que tuvo su lamentable colofón en la revelación del supuesto final de Martín Mariscal. Por todo ello, y muy a su pesar, su crítica a Muerte en Zamora fue interpretada como el intento de generar una versión oficiosa de los hechos a la medida de los intereses de la derecha zamorana, lo que lo llevó a ser acusado de revisionismo neofranquista y a recibir réplicas no sólo de miembros de la familia Barayón sino también de pesos pesados de la historiografía como Francisco Espinosa, Paul Preston o Helen Graham.

Las objeciones que Mateos podía formular a la obra de Sénder eran básicamente cuestiones de detalle, del tipo de discernir si las personas aludidas eran en verdad responsables de estos hechos concretos o solamente de otros similares, lo que le hizo aparecer, sin ser esa su intención, como el paladín de la reputación de unos personajes a los que sus propios descendientes no eran capaces de justificar de forma creíble, o empeoraban su imagen al reivindicarlos, o incluso –como en el caso de Segundo Viloria- preferían que no se hablase de ellos aunque fuese para defenderlos. En último término, Mateos vino a matizar las responsabilidades de las personas aludidas con argumentos no siempre empíricos sino muchas veces basados en prejuicios sociales e ideológicos, del tipo de pensar que un liberal o un católico no podían cometer o alentar crímenes de odio, o que si los cometían era para hacerse perdonar su pasado.

Enfrentado a una obra que, pese a sus inexactitudes, era necesaria y oportuna, el historiador zamorano no se conformó con formular unas puntualizaciones asépticas y respetuosas sino que construyó un relato alternativo, en el que su esfuerzo de contextualización terminaba eximiendo de responsabilidad moral a todos los personajes, excepto a un outsider, Martín Mariscal, carente de vínculos locales que obligaran al historiador a cualquier esfuerzo de justificación o contextualización. Por una endiablada casualidad, y salvando las inmensas distancias morales e intelectuales que separan a ambos autores (y a sus respectivos chivos expiatorios), Mateos coincidía con el cronista franquista Julián Cachón en hacer depositario de la principal responsabilidad a un empleado de Correos forastero –en Benavente, el socialista Almoina y en Zamora, el falangista Mariscal-, y en ambos relatos el final permitía poner a la historia un epílogo novelesco que demostrara que la realidad supera la mejor ficción, aunque en el caso de Mariscal ello implicara dar por buena una leyenda urbana (o más bien rural) típica del imaginario colectivo sobre la represión franquista y que se acabó demostrando falsa, lo que lleva a concluir que para ese viaje no hacían falta tantas alforjas.

Los puntos más controvertidos en la polémica suscitada por Mateos son la fiabilidad de los datos aportados por el opúsculo de Pilar Fidalgo –que ya comentamos en nuestro blog- y la atribución de responsabilidades en la muerte de Amparo, que Sénder resuelve con una alegoría bíblica, representando como Judas, Pilatos y verdugo, respectivamente, a su tío Miguel Sevilla, al teniente coronel Raimundo Hernández Comes –cuyo apellido confunde con el de su suegro, el general Claumarchirant- y al abogado Segundo Viloria Gómez-Villaboa. A estos tres nombres se suman los del capellán de la cárcel, Anastasio Antón, del cura falangista Miguel Franco Olivares (participante habitual en las ejecuciones extrajudiciales), del obispo Manuel Arce Ochotorena y del médico Pedro Almendral Vega. Obviaremos aquí el papel de los eclesiásticos, que ya se trató en nuestros comentarios a Una joven madre en las prisiones de Franco, y nos centraremos en los restantes personajes.

5.1 El “caso Sevilla”

Los hijos de Miguel Sevilla fueron los primeros aludidos que replicaron a las afirmaciones de su primo Ramón cuando el libro sólo se había publicado en inglés, edición de la que ellos tendrían noticias por la reseña que José María Carrascal publicó en ABC. Fue en ese mismo periódico donde los hermanos Sevilla Barayón respondieron con una carta remitida desde Sevilla (donde el cuñado de Amparo se instaló con su familia después de la guerra), en la que contradecían la versión de Muerte en Zamora (que es la de otros primos suyos), dando a entender que la perdición de Amparo se debió a su empeño en reunirse con su marido en lugar de permanecer escondida en casa como le habría propuesto su familia. En este punto, afirmaban que Miguel Sevilla fue engañado por el gobernador Hernández Comes, quien habría ordenado detener a Amparo tras prometer a su cuñado que le concedería el salvoconducto, y tras incumplir su promesa habría llegado a amenazarlo, lo que resulta coherente con la idea de que, si bien era respetado por su historial tradicionalista, su influencia entre sus correligionarios no era suficiente para conseguirle un salvoconducto a su cuñada, ni para librarla de la prisión ni de la muerte.

Frente a la versión de Muerte en Zamora sobre el abandono de Amparo y sus hijos tras su detención, los hermanos Sevilla Barayón manifiestan que su madre hizo llegar diariamente comida a Amparo mientras estuvo en la cárcel, y que sus padres trasladaron a Ramón y Andrea a la frontera francesa y los entregaron a su padre. En la mayoría de los puntos se trata de contraponer la palabra de unos miembros de la familia a la de otros, sin posibilidad de verificación empírica, pero hay una evidencia documental que matiza desfavorablemente la versión de los Sevilla: Andrea Sénder Barayón permaneció en el hospicio desde el 10 de octubre de 1936 hasta que Miguel Sevilla se hizo cargo de ella, el 5 de enero de 1937, para trasladarlos (a ella y a Ramón) a la frontera francesa.

No hay ningún indicio de que Amparo fuera denunciada por su cuñado, al margen de los reproches morales que merezcan su conducta hacia ella durante su encarcelamiento y hacia sus hijos tras su asesinato, y del contraste sangrante con la movilización de la familia para recuperar los bienes incautados a Saturnino y Antonio, y tampoco parece que las autoridades militares necesitaran denuncias surgidas del ámbito familiar para decidir su muerte.

5.2. El “caso Hernández Comes”

Ramón J. Sénder era bien conocido en la sociedad zamorana –ya en 1932, La Mañana, órgano de los republicanos y socialistas locales, había publicado colaboraciones suyas-, y era un personaje odiado por las derechas y, muy especialmente, por las fuerzas de orden público -denunciadas en O.P., en Siete domingos rojos o en sus reportajes sobre Casas Viejas-, y por los militares africanistas aludidos en su novela Imán: no olvidemos que Millán Astray dirigía en aquellos momentos el aparato propagandístico del Cuartel General del Generalísimo en Salamanca y que aprovechando esta circunstancia campaba a sus anchas por Zamora, dedicado a la amenaza, a la extorsión y a promover la represión. Podría objetarse como demostración a contrario sensu que el odio de los golpistas hacia José Almoina no impidió la liberación de su esposa Pilar Fidalgo, pero a él se le menospreciaba como a un cartero con pretensiones intelectuales y se infravaloró el potencial propagandístico de las revelaciones que pudiera divulgar, mientras la capacidad de Sénder de conmover a la opinión pública estaba sobradamente demostrada. Todo ello parece configurar un cuadro que, unido al pretexto de las sospechas de espionaje, esgrimido en el informe de Hernández Comes, sería suficiente –en la retorcida pero implacable lógica de los golpistas- para que las autoridades militares, en un punto u otro de la cadena de mando, decidieran su muerte sin demasiados escrúpulos.

Hay un factor que Sénder Barayón destaca y que Mateos tiene en cuenta como posible desencadenante de la decisión de encarcelar a Amparo: los reproches formulados al gobernador Hernández Comes por la muerte de su hermano Antonio. Esta circunstancia se inscribe en las coordenadas habituales de la violencia franquista contra las mujeres y motiva con frecuencia la extensión hacia ellas de una violencia que en principio iría dirigida contra los varones de sus familias. En la provincia de Zamora hemos podido documentar varios casos en los que al asesinato de un hombre siguieron los reproches públicos contra los asesinos o denunciantes por parte de mujeres de su familia y, a continuación, represalias contra éstas, incluso en fechas bastante tardías. Este sería el caso de Braulia Raposo y Adoración Méndez, madre y hermana de Sabino Méndez, vicesecretario de la Sociedad Obrera de Cañizo, que tras el asesinato de éste en noviembre de 1936, interpelaron públicamente a sus denunciantes, y sufrieron represalias: la primera fue detenida y apaleada, y la segunda secuestrada y asesinada en diciembre. En clave similar podemos interpretar la desaparición, en febrero de 1937, de Esperanza Durantes Madeira, vecina de Aspariegos, cuyo hijo, Gilberto Fuentesaúco, había sido asesinado en septiembre del año anterior.

La responsabilidad del gobernador golpista Hernández Comes en centenares de ejecuciones extrajudiciales fue planteada por el hijo de Amparo en su investigación, y dio lugar a uno de los momentos más tensos de Muerte en Zamora, cuando el hijo del militar –Venancio Hernández Claumarchirant, antiguo alumno de Casimira Barayón, abogado en ejercicio desde 1929, gestor de la Diputación Provincial tras el alzamiento, alcalde de Zamora, procurador en las Cortes franquistas y decano del Colegio de Abogados en 1973-1992- despachó con cínicas evasivas a un Sénder Barayón que apenas había sido informado de quién era su interlocutor. Un cuarto de siglo después, la polémica se reprodujo –con distintos protagonistas- a raíz de las revelaciones de Manuel González Hernández sobre Martín Mariscal, de las que ofreció un adelanto en 2013. Este investigador realizó un seguimiento sobre el presunto autor material de la muerte de Amparo Barayón y descubrió que, en contra de la leyenda a la que Miguel Ángel Mateos dio crédito (y que habría inspirado incluso un cómic de Carlos Giménez), Mariscal no murió a causa de la venganza de la familia de una de sus víctimas sino de muerte natural, en su cama, quince años después de estos hechos. La mención de González Hernández a las órdenes de ejecución encubiertas como traslado firmadas por el gobernador dio lugar a la respuesta de Antonio Hernández Pérez, descendiente de Hernández Comes, cuyos argumentos para desmarcar al teniente coronel de la violencia en la retaguardia zamorana no aportaban nada nuevo, y se limitaban a dar una nueva vuelta de tuerca a los tópicos habituales.

El principal argumento de Hernández Pérez es que el teniente coronel Hernández Comes protegió a algunas personas de izquierdas, lo que no representa ninguna novedad, pues ya fue acusado de ello en los informes que propiciaron su destitución en 1937, como también lo fue de haber ordenado la muerte de otras personas “de izquierdismo más tibio”, todo lo cual no tiene otro significado que el de los recursos habituales en las disputas entre las distintas facciones partidarias del golpe de estado, y su pretendida significación humanitaria apenas disimula el más descarnado tráfico de influencias y la arbitrariedad de la represión franquista. Por otra parte, las pruebas documentales demuestran la connivencia, que su descendiente niega, con los pistoleros falangistas: las órdenes de “traslado” firmadas por Hernández Comes mencionan expresamente en qué manos debía dejarse a los detenidos, y si Mariscal cayó en desgracia no fue por ser excesivamente sanguinario –otros ejecutores de peor historial conservaron cargos y prebendas en Zamora después de la guerra- sino por dirigir ocasionalmente su violencia contra partidarios del golpe o personas situadas bajo la protección de las nuevas autoridades, o por realizar requisas y rapiñas no sólo en beneficio de la causa –lo que se consideraba admisible- sino también en provecho propio. Precisamente el hecho de que algunos ejecutores de la violencia en la retaguardia zamorana fueran procesados, en algún caso encarcelados y, un par de ellos, condenados a muerte, indica exactamente, por excepción, cuáles eran los límites de lo que las nuevas autoridades estaban dispuestas a tolerar, y desde luego, esos límites ampararon la práctica totalidad de los asesinatos cometidos en la provincia.

5.3. El “caso Viloria”

Otra cuestión que ha hecho correr ríos de tinta es la autoría material del asesinato. El recibo de entrega de las detenidas que fueron asesinadas esa noche fue firmado por Martín Mariscal, y el propio Sénder, basándose en testimonios orales, habla de un “pelotón de fusilamiento” del que formarían parte “Sebastián el droguero y el cartero Mariscal”, además del abogado Segundo Viloria Gómez Villaboa (Muerte en Zamora, p. 147). A lo largo de su obra, el hijo de Amparo centra la responsabilidad de la autoría material del asesinato en Viloria, que sin duda era la personalidad más destacada de las tres citadas, como hijo del arquitecto zamorano de mayor prestigio, nieto de un secretario del Gobierno Civil, pariente político de varios alcaldes monárquicos de Valladolid, cronista judicial del Heraldo de Zamora, abogado con gran actividad en los tribunales (injustamente infravalorada por los informantes de Sénder), compromisario maurista en la elección de presidente de la República en mayo de 1936 y responsable de la guardia nocturna de la Diputación, integrado más tarde en la segunda línea de Falange.

No cabe duda de que la figura de Viloria ha sido la más perdurable en Zamora como paradigma de la represión de retaguardia, aunque otros dos o tres ejecutores –incluido el propio Mariscal- superen su cifra de víctimas en la provincia. Esta fama –acrecentada por el hecho de ser conocido por su apellido y no, como la mayoría de pistoleros zamoranos, por apodos pueblerinos, menestrales o marginales- ha llevado su nombre a las páginas de obras de ámbito general (Víctimas de la guerra civil) e incluso de la narrativa de ficción (Andrés Sorel). En el caso de Amparo, la presencia de Viloria en el relato de Sénder resulta verosímil –o al menos, coherente- por la cercanía de los entornos sociales de ambos en la década anterior, que lleva a sus informantes a aventurar un amor despechado de Viloria por Amparo como móvil para asesinarla. Aunque ambos se conocieran, Mateos afirma que la estratificación social de la burguesía zamorana habría impedido una relación igualitaria entre un Viloria (vinculado a la elite local) y una Barayón (de clase media baja), así que de existir alguna aproximación por parte de él debemos suponer que sus propósitos habrían sido más donjuanescos que matrimoniales, y el rechazo por parte de ella difícilmente generaría un resentimiento tan duradero como para servir de móvil criminal a un Viloria que en 1936 era un hombre casado y con hijos. Mateos, que ni siquiera reconoce que Sénder ya había incluido a Mariscal entre los asesinos de su madre, descarta la presencia de Viloria entre ellos por entender que en tal caso, la firma de Mariscal como responsable del traslado habría sometido a Viloria a una dependencia jerárquica respecto de un subordinado, lo que supone, cuando menos, una fe exagerada del historiador zamorano en la rigidez ordenancista de las operaciones represivas de retaguardia: si Viloria no hubiera podido intervenir en una acción bajo la responsabilidad nominal del sargento de milicias Mariscal, ¿cómo se entendería su presencia –documentada- en una incursión en Villalpando dirigida por el también sargento Luis Valera Nieves, y en la que, por cierto, participaron también destacados miembros del Requeté (antes de la unificación)?

5.4. El “caso Almendral”

Mención aparte merece, entre las reacciones de los aludidos, la suscitada por las acusaciones contra Pedro Almendral Vega, médico de la cárcel de Zamora durante la República y el primer franquismo, fallecido en 1944. Almendral se convirtió en una bestia negra de las izquierdas zamoranas, por su falta de atención a los detenidos en octubre de 1934 que habían sido torturados antes de su ingreso en prisión, de manera que tras la victoria del Frente Popular fue denunciado y detenido por estos hechos, sufrió un intento de linchamiento y en marzo de 1936 fue invitado por el gobernador Lavín a abandonar la provincia hasta que se calmaran los ánimos, por lo que no regresó hasta agosto de ese año. En el ya mencionado testimonio de Pilar Fidalgo, Almendral es acusado de no haber prestado ninguna atención sanitaria a las reclusas de la cárcel ni a sus hijos, lo que habría agravado sus padecimientos y habría costado la vida a algunos de éstos. Según Fidalgo, Almendral habría llegado a decir que el mejor remedio para ella era la muerte, y estas palabras son recogidas por Sénder Barayón en el Muerte en Zamora. En su libro de 2001, Mateos cuestionó la veracidad de este testimonio y se erigió en avalista de Almendral Vega, considerando que su filiación albista garantizaba un talante liberal incompatible con el odio que refleja la anécdota.

Hasta aquí, el “caso Almendral” habría sido un apéndice menor del “caso Sénder”, pero se vino a complicar con la irrupción de su nieta Anabel Almendral Opperman, profesora de literatura alemana en la Universidad de Castilla-La Mancha. En los últimos años de su carrera docente, la doctora Almendral incrementó sus contactos con la provincia natal de su padre, también médico (que amplió sus estudios en Alemania, donde habría conocido a su madre), y así, dejó de lado sus estudios sobre Rilke para reivindicar a Pedro Álvarez Gómez (periodista del Movimiento y novelista de sabor popular zamorano), para donar al Museo Provincial su colección de obras de Gallego Marquina y para obsequiar a la Virgen de las Angustias con una medalla de la familia (contra lo que cabría esperar, parece que no se trata de la Cruz de Hierro). Pero el retorno a sus raíces paternas no se ha quedado en estos gestos más o menos inofensivos y en algún caso encomiables, sino que ha incluido una inmersión de hoz y coz en la peor bilis de la derecha zamorana, y el 13 de julio de 2004 quiso “poner los puntos sobre las íes” en relación a su abuelo, durante una entrevista en La Opinión-El Correo de Zamora, y replicó a un libro, Muerte en Zamora, que demostraba no haber leído, respondiendo que Amparo Barayón ingresó en la cárcel “tremendamente enferma, de sífilis” y que el doctor Almendral “dijo que para lo que le quedaba de vida era mejor que la subieran a la enfermería”. Esta afirmación, contradictoria con el atestado de ingreso en prisión y con las evidencias de la historia clínica de sus descendientes, fue replicada por Miguel Ángel Mateos –recogiendo a duras penas los pedazos del mito del “viejo liberal albista”- y por la familia de la víctima. Uno y otros pidieron a la doctora Almendral –el primero, por “caridad cristiana”; los segundos, incluso dictándole un formulario que le facilitara el trámite, dada la pereza lectora que había demostrado con Muerte en Zamora- una rectificación que nunca ha llegado.

6. Epílogo: Ni verdad, ni justicia, ni reparación

Una última y tardía reparación simbólica tuvo lugar en el año 2008, cuando el Ayuntamiento de Zamora, en el marco de una campaña que incluyó homenajes similares a Felipe Anciones, Manuel Antón y Antonio Pertejo, y que contó con los votos favorables de ADEIZA (con Miguel Ángel Mateos como portavoz), PSOE e Izquierda Unida y la abstención del PP (ya liderado por la actual alcaldesa, Rosa Valdeón), puso el nombre de “Hermanos Barayón” a una calle de nueva apertura en el barrio de Pinilla. Seis años más tarde, en agosto de 2014, seguramente ignorando esta abstención y su significado, o confundiendo el mantra postfranquista de la “concordia” con una voluntad sincera de “reconciliación”, la bloguera Hortensia Hernández, impresionada por el reciente -para ella- descubrimiento de la historia de Amparo Barayón, propuso públicamente a Rosa Valdeón, alcaldesa de Zamora, a la directora de La Opinión y a los hijos de Amparo Barayón reunirse con ella para “lanzar al viento una paloma con el compromiso de un futuro de paz y reconciliación”.

Eduardo Martín González

Fuentes:

Archivo Histórico Provincial de Zamora: Asociaciones, Comisión de Incautación de Bienes y Responsabilidades Políticas.

Prensa de 1903-1936: Correo de Zamora, Heraldo de Zamora, La Mañana, La Tarde.

Armiño, Mauro, “Sénder: una víctima del mal”, en El Siglo, 01/10/2007.

Blanco Rodríguez, Juan Andrés y Ruiz González, Cándido, “La represión en la provincia de Zamora durante la guerra civil y el franquismo”, en Berzal de la Rosa, Enrique (coordinador), Testimonio de voces olvidadas, Valderas, Fundación 27 de marzo, 2007, volumen 2, pp. 237-314.

Espinosa Maestre, Francisco, “Amparo Barayón: historia de una calumnia”, en Ruiz González, Cándido (coord.), Guerra civil y represión: historia y memoria. Zamora. Ciclo de conferencias 19-38 de enero de 2010, Zamora, Círculo Republicano Zamorano, 2010, pp. 79-104.

Esteban Maes, Mercedes y otros, “La verdad sobre Amparo Barayón”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 14/02/2005.

Gómez, Irene, “Ni un tiro ni una venganza. El acta de defunción demuestra que Martín Mariscal, asesino de Amparo Barayón, no falleció de muerte violenta, como se creía, sino de un cáncer en 1951 y en su casa”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 22/05/2013.

Graham, Helen, “The Return of Republican Memory in Spain”, The Volunteer, verano de 2003, y “Killing Change: The Death of Amparo Barayón and the Return of Republican Memory in Spain”, seminario en la Facultad de Historia Moderna de la Universidad de Oxford, febrero de 2004.

Hernández, Hortensia, “Cerrando el círculo de la reconciliación. En memoria de Amparo Barayón Miguel”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 08/08/2014.

Hernández Pérez, Antonio, “En defensa de la memoria del coronel don Raimundo Hernández Comes”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 08/07/2013.

Herrick, William, “His mother and her murderer” (reseña de A Death in Zamora), en The New York Times, 18/06/1989.

Higuera, Román de la, “Contestación al hijo de Sénder” y “Réplica a la sobrina de Ramón J. Sénder”, en El País, 03/03/1982 y 24/04/1982.

Maes Barayón, Magdalena, “Sobre Ramón J. Sénder”, en El País, 14/04/1982.

Mateos Rodríguez, Miguel Ángel, “La guerra civil”, en AA.VV., Historia de Zamora. Tomo III. La edad contemporánea, Zamora, IEZ Florián de Ocampo, 2001, pp. 648-651.

Mateos Rodríguez, Miguel Ángel, “Muerte en Zamora: la tragedia de Amparo Barayón”, en La Opinión-El Correo de Zamora 17/02/2005, 03/04/2005, 04/04/2005, 05/05/2005, 06/04/2005, 07/04/2005.

Preston, Paul, “Verdades grandes y pequeñas”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 10/04/2005.

Ruiz González, Cándido, “Republicanos zamoranos: Los hermanos Barayón” (Boletín del Círculo Republicano Zamorano, nº 6, correspondiente al 14 de abril de 2007).

Ruiz González, Cándido, La espiga cortada y el trigo limpio. La comarca de Toro en la II República y el Primer Franquismo (1931-1945), Oñati, ed. del autor, 2011.

Sénder Barayón, Ramón, “Llamada del hijo de Sénder” y “Recuerdo de los veranos madrileños de Ramón J. Sénder y su esposa, Amparo Barayón”, en El País, 13/12/1981 y 29/08/1982.

Sénder Barayón, Ramón, A death in Zamora, Alburquerque, University of New Mexico Press, 1989; Muerte en Zamora, Esplugues de Llobregat, Plaza & Janés, 1990; Ein Tod in Zamora, Munich, Kirchheim, 2000.

Sénder Barayón, Ramón, “Muertes fuera de la ley”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 10/04/2005.

Sevilla Barayón, Teresa, Carmen, Tránsito, Miguel y Margarita, “Ramón Sénder”, en ABC, 08/07/1989.

Torres, María, “Amparo Barayón Miguel”, en Búscame en el ciclo de la vida, 28 de agosto de 2014 (buscameenelciclodelavida.blogspot.com.es)

Viloria, Antonio, “Al historiador Mateos”, en La Opinión-El Correo de Zamora, 16/04/2005.

Vived Mairal, Jesús, Ramón J. Sénder. Biografía, Madrid, Páginas de Espuma, 2002.

Entrevistas a Ramón Sénder Barayón: El País, 13/12/1981; El Mundo, 28/05/2006; La Opinión-El Correo de Zamora, 29/06/2013,

Entrevista a Ana Isabel Almendral Oppermann en La Opinión-El Correo de Zamora, 13/07/2004.

Como fuente de inspiración literaria, en Sénder, Ramón J., Los cinco libros de Ariadna, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004 (ed. de Patricia McDermott); Mora, Constancia de la, Doble esplendor, México, Atlante, 1944; Saura, Carlos, ¡Esa luz!, Barcelona, Círculo de Lectores, 2000; Sorel, Andrés, La noche en que fui traicionada, Barcelona, Planeta, 2002; Giménez, Carlos, 36-39. Malos tiempos, Barcelona, Glénat, 2007.

Adolfo Suárez, el alien de la Marca España

Orosia Castán — 2014-06-10T12:15:45Z

Tenemos el placer de contar con un nuevo colaborador. Rafa Cid. Analista político, polifacético, periodista de investigación (Premio Ortega y Gasset en 1987) y libertario desde muy joven; que nos ayudará a entender los entresijos que se produjeron desde el franquismo, su continuidad (Transición), hasta la actual socialdemocracia. Nace en Madrid en 1946. Estudió periodismo, Derecho, Economía y Filosofía y Letras.

Forma parte, en la clandestinidad, de Acción Directa que se transformará, en 1975, en Acción Anarcosindicalista.

Participa activamente en la reconstrucción de CNT. Redactor del órgano confederal CNT (1976-1978). Responsable del portavoz de la Regional Centro, Castilla Libre (1976- 1978), promotor y coordinador de Historia Libertaria (1978-1979), director revista Crisis (1995).

Publica en la Prensa Alternativa. Redactor y colaborador de Apoyo Mutuo, Libre Pensamiento (1997), Red Libertaria (2002), Rojo y Negro (1991-1992), Vitamina de Ermua (2002).

En la actualidad sigue participando en la Prensa Alternativa, colaborador del Ateneo La Idea, (http://www.cgt.info/stap/index.php), prólogo de “la Ficción Democrática” (http://www.memorialibertaria.org/va...), editado por la Linterna Sorda, programa de radio ”El Vaivén” (http://www.radioklara.org/radioklar...), emitido desde Radio Clara y asiduo conferenciante.

La transición española se basó en la mentira, la impostura y el culto a la personalidad, y a todo eso como guinda lo llamaron consenso. La mentira consistió en negar la criminalidad innata del franquismo; la impostura fue proclamar como democracia lo que solo era la autoamnistía de la dictadura y el culto a la personalidad se perpetró con un liderazgo político coronado por un Jefe de Estado designado por el tirano que murió en la cama y un presidente de gobierno que había sido el último capo del Movimiento, el partido único del más longevo régimen fascista que ha sufrido Europa.

Para comprender lo sucedido en España durante estos 37 años de Monarquía del 18 de Julio es preciso aparcar algunos clichés sobre los guardagujas del fascismo realmente existente en esos años. Pero el principal de todos es esa rancia foto fija que describe a los machacas de aquel estercolero como unos tipos tétricos, de ridículo bigotillo y calavera en ristre. Esos personajes existieron, pero algunos de los que protagonizaron el “atado y bien atado” con que nos han trasteado hasta este siglo XXI eran de otra ganadería. Gentes disipadas, como Juan Carlos y Adolfo Suarez, encantadores de serpientes ambos, dos cachondos mentales de aquella manera, capaces de surfear desde la brutalidad de los fusilamientos del 75 al pódium de salvadores de la patria sin descomponer la estampa. El motor del cambio y su seguro muñidor. Dos advenedizos de tomo y lomo, yunque o martillo según proceda.

Esa insondable desfachatez dual, sórdidos maquiavelos de vía estrecha, es lo que refleja la figura estelar de Adolfo Suarez. El “chusquero de la política”, “el tahúr del Misisipi”, al que ahora se embalsama con honores de Estado mientras buena parte del coro parlamentario, a diestra y siniestra, desde el PP al PSOE pasando por IU-PCE, le dedica ditirambos, y el pueblo menguante de “que hay de lo mío” oficia de lamentable plañidera. Suarez, el alien franquista que junto al Rey hizo de la traición una obra de arte, convertido en símbolo de una forma de entender la política que se pretende representativa de altos ideales democráticos. Sobre esa patética simulación se acuñó la Marca España. ¡Vivan las caenas!

Los datos biográficos, que solo expresan la trayectoria de un intrépido burócrata del régimen, son estos. Nace en Cebreros (Ávila) el 25 de septiembre de 1932. Estudia Derecho, carrera que termina a trancas y barrancas. Fracasa en su intento de ingresar como jurídico militar titular y opta por la plaza más cómoda de letrado auxiliar en el Instituto Social de la Marina. Comienza su peripecia política al fichar como secretario particular del entonces gobernador civil de Ávila, el opusdeista anfibio Fernando Herrero Tejedor, que se convertirá en su protector. Con ese aval trastea en las lides del Movimiento, tinglado credo por el Caudillo para aglutinar a todas las familias ideológicas del Alzamiento que estaban a la greña. A partir de ahí, el indocumentado servidor público que reconociera a sus más íntimos que “nunca había leído un libro completo”, ya no se bajara del coche oficial ni prescindirá de la camisa azul (terno blanco para las solemnidades) de los jerarcas de aquella roñosa “cosa nostra”. Será gobernador civil de Segovia, procurador en Cortes franquistas por representación familiar en 1967 y, en el ocaso del franquismo, director general de RTVE, el órgano de agitación y propaganda del régimen. Allí precederá a otro mercenario del sistema, el periodista Juan Luis Cebrián, que controlaba el negociado clave para la “operación transición” de director de los servicios informativos de Prado del Rey durante el gobierno de Arias Navarro, “carnicerito de Málaga”.

Meses antes de la muerte de Franco, el 24 de marzo de 1975, Suarez toma posesión como vicesecretario general del Movimiento aprovechando para significarse como uno de sus leales servidores pronunciando estas palabras: “mi adhesión a Franco y a su obra es inquebrantable”. Desaparecido el dictador por declinación natural, y mientras los dirigentes de la oposición cavilan su provenir, Suarez toma posiciones alentando una formación patriótica, bajo el nombre de Unión del Pueblo Español (UPE), con los desechos de tienta del tardofranquismo. Le sale el tiro por la culata, pero cuando parece que su suerte le abandona, la figura providencial de otro pata negra del franquismo, Torcuato Fernando Miranda, le salva del ostracismo- Torcuato confía a Suarez la lampedusiana misión de hacer del Movimiento (continuo) la piedra filosofal de la nueva democracia. Nacía la UCD (Unión de Centro Democrático), partido con el que Suarez se reinventaría políticamente. Bajo su palio se convertiría en el primer presidente de un “régimen de libertades”, con una Constitución que consagraba al Rey designado por el dedazo de Franco como jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas. Un castizo Juan Carlos de Borbón que al igual que Adolfo Suarez venía de proclamar su fidelidad al Caudillo en aquel mensaje a las Cortes, donde juró “cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”.

Con ese bagaje de manipulación y doblez, el alien de la Marca España, el ambicioso zascandil político que había hecho de la mentira, el cambio de chaqueta y la treta su credo existencial, irónicamente, pasó a representar a la España democrática con la divisa “puedo prometer y prometo”. Y como no podía ser de otra forma, el riesgo moral que todo el país asumió con semejante latrocinio se convertiría en una losa para la prosperidad de la nación. Ello, pasando de una feroz dictadura de casi 40 años a una democracia vigilada por los mismos personajes que habían sido los mayores colaboradores a tiempo completo del genocida franquismo. El “chusquero de la política” y el Rey legado por el dictador lograron que los tribunos de la izquierda (PSOE y PCE) aceptaran la transición renunciando a la República y a la exigencia de responsabilidades políticas por los crímenes cometidos. España iniciaba así la senda de la democracia sobre la base de la amnesia y un extraño consenso por el cual las víctimas perdonaban a sus verdugos para que siguieran mandándoles.

Una vida entregada a la bulimia del poder sacrificando la conciencia moral, necesariamente debía pasarle factura cuando la política le expulsó del podio sin que Suarez hubiera amortizado la ambición. El mazazo de la enfermedad, como en una tragedia griega, vino en forma de casos mental. Un alzheimer se apoderó de él en plena madurez, olvidando todo lo que había sido y quiénes fueron sus escasos leales y cuáles sus muchos enemigos. Esa sonrisa permanente que sus allegados recuerdan como seña de identidad durante los doce años de su larga enfermedad, seguramente debe atribuirse al plácido retorno memorial a aquellos felices años de adolescencia y juventud donde el intrigante joven de Cebreros brillaba como gran seductor, el más ligón, el auténtico rey del mus y la farándula.

Suarez desapareció físicamente con los idus de marzo. Pero antes le devoraron los cuervos que él había auspiciado. Primero le hicieron duque, y luego le remataron a traición con una fotografía para la historia de la infamia. De espaldas, como quien conduce a alguien hacia su extremaunción, el rey Juan Carlos, su matarife político, ordenó inmortalizar la imagen de un afecto mentido por los hechos pasados. El consenso libraba su última batalla pírrica en plena crisis del austericidio canibalizando al Suarez defenestrado por el ruin Monarca. Según recientes y concluyentes revelaciones de ultratumba a la periodista Pilar Urbano, el “tahúr del Misisipi” se había negado a rendir su cargo al gobierno de “unidad nacional”, integrado por todos los ases de la baraja partidista, que se escondía detrás del golpe de Estado del 23-F, el mal llamado “tejerazo”.

El ‘caso Gerardo Rivas' o la sombra del franquismo

Redacción — 2013-07-28T16:03:40Z

Fue en un artículo publicado el año pasado en El Plural cuando Gerardo Rivas, periodista y economista, recordando el juicio contra el juez Garzón, se refirió de pasada a Falange como una organización “con un amplio historial de crímenes contra la humanidad”. La reacción de Falange Española de las JONS no tardó en llegar, de modo que, tras un fallido acto de conciliación, FE-JONS presentó una querella en enero de 2013. Contra toda previsión esta fue aceptada a trámite por la magistrada-juez del Jugado nº 37 de Madrid, Purificación Elisa Romero Paredes. Los procuradores que representan a la organización falangista son Pablo Domínguez Maestro y Jorge Garrido San Román.

Google nos permite saber que la juez Romero Paredes fue la que en abril de 1997 desestimó la querella de SOS Racismo –antes lo habían denunciado sus propios alumnos– y justificó las palabras del profesor de Psicología de la Universidad Complutense Guillermo Quintana, quien había llegado a escribir en la obra que se utilizaba como libro de texto que los negros, los orientales y las mujeres son seres inferiores.

En cuanto a los procuradores, de Pablo Domínguez Maestro sabemos que representó a FE-JONS en la querella por prevaricación que esta presentó contra el juez Garzón en 2009, y de Jorge Garrido San Román es la propia Wikipedia la que nos informa de que, además de ser militar en excedencia y abogado, preside desde 2008 el sindicato nacionalsindicalista Unión Nacional de Trabajadores y es vicesecretario general de FE-JONS.

Los querellantes solicitan el pago de 15.000 euros, la divulgación de la sentencia y que Rivas cargue con las costas. En la querella se lee que este publicó la frase antes aludida “con temerario desprecio hacia la verdad” y “con la intención de menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor de dicha organización política, ya que el autor no aporta ni hace referencia a ningún hecho concreto ni a ninguna sentencia judicial condenatoria de FE-JONS por ninguno de los hechos criminales aludidos que pudieran avalar sus temerarias y graves afirmaciones gratuitas”.

Y sigue: “… imputar a FE-JONS un amplio historial de crímenes contra la humanidad constituye una afirmación indudablemente injuriosa como mínimo, pues hace desmerecer a su destinatario de la consideración ajena al hacerlo pasar directamente (ella misma pues y no alguno de sus miembros –aunque aunque tampoco haya sido condenado jamás por ninguno de esos presuntos crímenes), por una organización criminal que ha causado directamente crímenes contra la humanidad”.

Por lo demás, los querellantes afirman que la libertad de expresión “no puede acoger ningún motivo o excusa que justificara el escarnio, la humillación y la denigración de FE-JONS que hizo el querellado”.

Resulta sorprendente leer a estas alturas afirmaciones como estas y carece de sentido alguno que la juez haya aceptado a trámite una querella semejante. Me explico. Hace ya varias décadas que la investigación histórica ha expuesto rigurosamente el papel jugado por Falange en el golpe militar de julio de 1936. Hay decenas de libros que lo explican con detalle. Estas investigaciones a pie de archivo nos han enseñado que Falange formó parte importante de la estructura represiva que segó miles de vidas en las regiones donde triunfó el golpe militar. En este sentido, ya que contamos con abundantes y variadas pruebas, no es temerario ni gratuito hablar del “historial de crímenes” de un partido que se reconocía fascista y que acató disciplinadamente las exigencias de la gran tarea.
Dicen los querellantes que no existe “ninguna sentencia judicial condenatoria de FE-JONS por ninguno de los hechos criminales aludidos” y que “jamás” ninguno de sus miembros ha sido condenado por esos “presuntos crímenes”. Se equivocan. A pesar de que lo lógico es que no las hubiera –¿cómo iban a juzgar los golpistas a los componentes del principal grupo paramilitar que estaba a su servicio?–, existen sentencias contra falangistas por hechos criminales. La causa es simple: los falangistas constituían el principal brazo ejecutor de los designios de los militares y de los sectores que propiciaron la sublevación. Tenían permiso para asesinar a quienes se les indicaba y a su vez formaban parte de la cúpula decisora. Sin embargo, fueron las extralimitaciones las que los llevaron en ocasiones ante un consejo de guerra y las que incluso acabaron con alguno en el paredón.

La historiografía es amplia. El acceso a los archivos judiciales militares, antiguas Auditorías de Guerra, nos ha permitido conocer numerosos expedientes relativos a falangistas por asesinatos, violaciones, robos, desfalcos y delitos de todo tipo. Los sumarios están a disposición de quien quiera verlos y los historiadores llevamos ya más de una década utilizándolos en nuestros trabajos. La huella de violencia que fue dejando Falange cabe seguirla en Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Galicia, etc. Se trata del mapa de la España en la que triunfa el golpe militar y donde Falange se convierte en el rostro visible del “movimiento depurador”. Estas historias terribles no son ya cuestión de opiniones, sino hechos probados de los que nos informa hasta en sus detalles más escabrosos la propia documentación generada por los vencedores.

Me refería antes al hecho insólito de que la juez haya aceptado a trámite la querella. Tiene su explicación. Importantes sectores del mundo político y judicial no aceptan en modo alguno que el franquismo pueda ser enjuiciado y sus víctimas reconocidas plenamente y recompensadas. La defenestración del juez Garzón muestra hasta dónde han sido capaces de llegar para que todo siga en su sitio. Pero si puede caer un juez de la Audiencia Nacional, ¿por qué no ir contra un periodista? Es cuestión de probar. Las posibilidades son amplias.
Cuesta trabajo creer que un hecho como este ocurra treinta y cinco años después de la aprobación de la Constitución. Si un grupo de extrema derecha, asociado al golpe y a la dictadura, presenta una querella contra un periodista que dice algo ya establecido por la historia y hay una juez que la acepta a trámite, es que algo falla. Lo cierto es que el 25 de este mes tendrá lugar el juicio contra Gerardo Rivas. ¿Será posible poner fin a este despropósito?

*Artículo publicado originariamente en http://www.todoslosnombres.org/

Francisco Espinosa Maestre.Historiador

Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz v. España: una decisión de inadmisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionada con la investigación de los crímenes de la guerra civil

Daniel Toda — 2012-10-11T19:26:21Z

La inadmisión de la demanda interpuesta por los familiares ante el Tribunal Europeo de DerechosHumanos por la desaparición del diputado Gutiérrez Dorado en 1936 ha sido una de las mayores decepciones en materia de memoria histórica para todos los que luchamos por el restablecimiento de la justicia para las víctimas de la represión franquista.

Nuestro colaborador Daniel Toda, abogado y licenciado en Ciencias Políticas, analiza para nosotros los motivos legales en que se fundó dicha inadmisión que, lamentablemente ha sido acogida con silencio e indiferencia por grupos y partidos políticos de nuestro país.

Introducción

El 27 de Marzo de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH en adelante) decidió inadmitir la demanda interpuesta en el año 2009 por Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz. Los demandantes pedían al TEDH que declarase la violación de una serie de derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH en adelante) debida a la ausencia de una investigación relativa a la muerte de su abuelo y padre respectivamente al inicio de la guerra civil. La decisión del TEDH significa que el Tribunal no estudiará si hubo o no tales violaciones, pues considera que la demanda le ha sido presentada demasiado tarde y que los hechos en los que se sustenta no entran en su jurisdicción temporal. Así pues, por esta vez se ha quedado sin responder la pregunta sobre si la falta de investigación de los crímenes de la guerra civil constituye o no una vulneración de las obligaciones internacionales de España para con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La decisión, no obstante, resulta muy interesante y desde luego deberá ser tenida en cuenta por todo aquél que pretenda instar la acción de la justicia, y especialmente de la justicia internacional, en un caso similar.

Los hechos

Los hechos relevantes para entender la decisión del TEDH son los siguientes: El señor Dorado Luque era diputado del PSOE en 1936. El día 18 de Julio de ese año fue detenido por unidades militares mientras viajaba entre Madrid y Málaga y llevado a Córdoba. A partir de entonces, no hubo más noticias ciertas sobre él y su familia nunca supo qué le había ocurrido en realidad. En 1993, a instancias de su esposa, un tribunal declaró al señor Dorado Luque en paradero desconocido y se procedió a la inscripción de su muerte en el registro civil.

En 2006 Carmen Dorado, la hija de Dorado Luque, interpuso una denuncia penal ante un juzgado de instrucción de Córdoba por el secuerstro y asesinato de su padre, alegando que se trataba de crímenes contra la humanidad y que, por tanto, no prescribían. El juzgado no acogió estos argumentos, y estimó que en todo caso se trataría de un asesinato ordinario y que estaría prescrito. La Audiencia Provincial de Córdoba rechazó el recurso de apelación que Carmen Dorado interpuso contra la decisión del juzgado. A su vez, el Tribunal Constitucional inadmitió en el año 2008 su recurso de amparo contra la decisión de la Audiencia Provincial.

La demanda ante el TEDH

Una vez que habían agotado todos los recursos existentes en España, los familiares de Dorado Luque interpusieron una demanda ante el TEDH, alegando que la falta de investigación de la muerte de aquél suponía la vulneración, principalmente, del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este artículo obliga a los estados a investigar las muertes ocurridas bajo su responsabilidad o bajo circunstancias desconocidas. Alegaron también la violación de los artículos 3 (prohibición de tortura y tratos inhumanos y degradantes), 5 (derecho a la libertad y a la seguridad personales), 8 (derecho al respeto de la vida privada) y 13 (derecho a un recurso efectivo). La decisión del TEDH sin embargo responde sólo a las alegaciones de violación del artículo 2 y, al concluir la falta de jurisdicción de la Corte, aplica también esta conclusión a las demás alegaciones. Por ello, el razonamiento jurídico que examinaremos a continuación se refiere únicamente al artículo 2 del CEDH.

La decisión del TEDH

De manera preliminar, vale la pena detenerse brevemente en la formación judicial del TEDH que ha tomado esta decisión. Ha sido una sala compuesta por siete jueces (entre ellos el juez español, como en todos los casos que se admiten contra España). Este hecho revela que el TEDH al menos ha apreciado una cierta complejidad jurídica en el asunto. Efectivamente, el Tribunal se organiza en jueces únicos, comités de tres jueces y salas de siete jueces. Las dos primeras formaciones judiciales se encargan de asuntos de escasa complejidad jurídica cuya resolución es rápida y sencilla: demandas claramente inadmisibles y asuntos que se pueden resolver mediante la aplicación directa de la jurisprudencia establecida del TEDH. A las salas de siete jueces solamente se les asignan los asuntos que suscitan cuestiones jurídicas complejas o nuevas. Por tanto, aunque finalmente la demanda se haya declarado inadmisible, el TEDH ha apreciado que sí planteaba cuestiones de cierta envergadura legal y que su inadmisibilidad no era tan evidente. Esto queda corroborado por el hecho de que la decisión no es unánime: al final del texto, se indica que la decisión se ha tomado por mayoría (no se dice cuántos jueces votaron a favor y cuántos en contra, ni quiénes fueron). Por tanto, hubo al menos un juez que en las deliberaciones adoptó y mantuvo otro punto de vista.

Dicho esto, podemos pasar al fondo de la decisión. Pero para ello, es necesario dar unos datos previos: en primer lugar, que el CEDH sólo obliga a los Estados que lo ratifican a partir del momento de su entrada en vigor. Ésta es una regla establecida por el propio Convenio. Esto significa que el TEDH sólo puede juzgar a los Estados por hechos ocurridos después de que el CEDH entrara en vigor para ellos. Todo lo que haya ocurrido antes queda fuera de la jurisdicción del TEDH. El CEDH entró en vigor en España en 1979; por tanto, el TEDH no puede juzgar a España por hechos ocurridos en 1936.

Esta regla, sin embargo, se matiza en casos como el nuestro. La demanda de los familiares del señor Dorado Luque no pretendía que el TEDH declarara la responsabilidad de España por su muerte, sino que el TEDH declarase que España había faltado a su obligación de investigar una muerte ocurrida en circunstancias desconocidas (obligación que, recordemos, deriva del artículo 2 del CEDH). Por eso el caso es ligeramente diferente: si bien España no había ratificado el CEDH en 1936 (en aquel año el CEDH ni siquiera existía), la falta de investigación de esta muerte se ha prolongado más allá de 1979, cuando el CEDH entró en vigor. Después de que el CEDH entrase en vigor, España ha continuado sin investigar esta muerte. Ahora bien, ¿es esto suficiente para que el TEDH pueda admitir y resolver el asunto?

El caso de Dorado Luque no ha sido la primera ocasión en la que el TEDH se ha enfrentado a un caso así. En casos anteriores, el TEDH ha tenido la ocasión de establecer que la obligación de investigar muertes impuesta por el artículo 2 CEDH puede vincular a los Estados incluso cuando la muerte tuvo lugar antes de la entrada en vigor del Convenio. Pero para que esto ocurra, el TEDH exige que haya una “conexión fuerte” entre la muerte y la entrada en vigor del Convenio. En la práctica, esto ha significado, por un lado, que no haya pasado un periodo de tiempo excesivamente largo entre la muerte y la entrada en vigor. En un caso contra Eslovenia fue un año; en otro caso contra Rumanía, cuatro años y medio. Por otro lado, esta conexión fuerte también significa que una parte significativa de la investigación se debe haber llevado a cabo después de la entrada en vigor del Convenio. El TEDH aplica esta jurisprudencia al caso de Dorado Luque. La simple constatación de que la muerte ocurrió en 1936, 43 años antes de la entrada en vigor del CEDH para España, elimina la posibilidad de que se dé esa “conexión fuerte” que el TEDH exige.

Nos podemos preguntar si en este caso no se podría tener en cuenta el hecho de que España no ha tomado ninguna medida para investigar. Hemos visto que uno de los requisitos de la “conexión fuerte” es que la mayor parte de la investigación se haya llevado a cabo después de la entrada en vigor del Convenio. Pero en casos como éste, donde no ha habido investigación en absoluto, podríamos pensar que el Estado, adoptando una actitud pasiva, se puede librar de su obligación. Si no hay investigación, ni antes ni después de la entrada en vigor del Convenio, no puede haber “conexión fuerte”.

Este interrogante queda respondido en la segunda parte de la decisión. En esta segunda parte, el TEDH se plantea si la demanda también sería inadmisible si se considerase que la desaparición de Dorado Luque constituye una violación continuada, que se prolonga más allá de la entrada en vigor del CEDH para España y que puede por tanto comprometer su responsabilidad. El TEDH concluye que la demanda es de todos modos inadmisible, debido a la tardanza de los familiares de Dorado Luque en presentarla. El TEDH observa que la primera vez que los familiares de Dorado Luque instaron una investigación sobre su muerte mediante una denuncia penal fue en el año 2006. España puede ser demandada ante el TEDH desde 1981. El TEDH reconoce que la ley de amnistía de 1977 puede haber planteado dificultades a la hora de presentar denuncias ante los tribunales españoles. Sin embargo, considera que los familiares de Dorado Luque deberían haberse percatado mucho antes de que no había expectativas realistas de que el Estado realizase investigaciones y de que las que ellos instasen tendrían pocos visos de prosperar. De modo que aquí queda respondido el interrogante: si el Estado sencillamente no hace nada, entonces los demandantes tienen que ser diligentes: no pueden tardar demasiado tiempo en plantear sus acciones a nivel nacional para poder acudir al TEDH lo antes posible. El TEDH estima que la familia de Dorado Luque no fue suficientemente diligente, pues esperó hasta 2006 para comenzar acciones penales en España. ¿Por qué esa diligencia es tan importante? El TEDH dice que es porque las posibilidades de que haya una investigación efectiva disminuyen con el tiempo. Así pues, cuando las víctimas o sus familiares han tardado excesiva e inexplicablemente en llevar sus casos ante el TEDH, éste puede inadmitir sus demandas por tardías. El TEDH tiene establecido que la obligación de investigar vincula al Estado durante el periodo en el que se puede esperar razonablemente que las autoridades tomen medidas para establecer las circunstancias de la muerte. Por ello, cuando han transcurrido ya muchos años, el TEDH no puede imponer la obligación de investigar con la misma fuerza.

Comentario

La decisión del TEDH habrá resultado sin duda decepcionante para quienes buscan, al menos, saber la verdad sobre la muerte de sus familiares en la guerra civil. Efectivamente, se tiende a esperar mucho de una institución llamada Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, es conveniente ajustar dichas expectativas a la realidad. Un tribunal, por naturaleza, no es una institución todopoderosa (al menos no en contextos democráticos), sino que sus competencias están fijadas por la ley, y el tribunal no se puede salir de ellas. Y hay muchas cosas que un tribunal no puede hacer. Esto es todavía más cierto para tribunales internacionales como el TEDH, cuya base legal es un tratado internacional y por lo tanto un compromiso político entre Estados muy difícil de conseguir. En el caso del TEDH, esta base es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sería más exacto llamar al TEDH “Tribunal del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, puesto que así saltaría a la vista que la misión de este tribunal es la de supervisar el cumplimiento con los derechos humanos establecidos en ese Convenio, y no con un concepto abstracto, filosófico y amplio de derechos humanos. El CEDH contiene sólo algunos de los derechos humanos que se encuentran en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948. En sus artículos 2 a 14 sólo contiene derechos civiles y políticos, definidos en algunos casos de forma estrecha y con limitaciones y posibilidades de restricción. Por tanto, no nos debemos imaginar que el TEDH es capaz de solucionar cualquier injusticia que podamos percibir: sólo podrá encargarse de aquéllas que se puedan relacionar con el CEDH. La manera en la que se define la obligación de investigar muertes derivada del artículo 2 deja fuera el supuesto planteado por la demanda de los familiares de Dorado Luque. Podemos y debemos preguntarnos si esta definición que ha hecho el TEDH es razonable. A mi entender sí lo es, al menos desde el punto de vista del propio TEDH. Volviendo a sus limitaciones, el TEDH no es un tribunal penal nacional y no posee los medios ni las habilitaciones para practicar pruebas que tienen dichos tribunales. Si el TEDH admite demandas como ésta, resolver sobre el fondo le resultará imposible o muy difícil, pues tendrá que estar convencido, más allá de toda duda razonable, de ciertos hechos ocurridos hace mucho tiempo y de los que no puede tener un conocimiento directo. Por otra parte, al TEDH también le resultaría difícil condenar a los Estados a realizar investigaciones que, por el paso del tiempo, ya se han tornado muy difíciles. Por tanto, la exigencia de una cierta diligencia a los demandantes no parece desproporcionada, aunque el TEDH deberá ser sensible a sus circunstancias y posibilidades de instar investigaciones penales.

Epílogo

Esta decisión del TEDH en realidad no hace más que reflejar la realidad de nuestro país: el tiempo que se ha dejado pasar, las oportunidades que se han perdido para llevar a cabo una justicia transicional, son en sí mismos nuevos obstáculos para que los familiares de las víctimas puedan obtener alguna clase de respuesta por parte del Estado. Conviene tener claro sin embargo que, aparte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, puede haber en teoría otras normas jurídicas de las que emane la obligación del Estado de investigar muertes y desapariciones ocurridas durante la guerra civil, tanto nacionales como internacionales. El hecho de que el TEDH haya determinado que el artículo 2 del CEDH no impone esta obligación no significa que un tribunal español no pueda hallar esta obligación en otras normas. Respecto al TEDH, las posibilidades que quedan son pocas. Cuando hemos hablado de la “conexión fuerte” al analizar la decisión no hemos mencionado que el TEDH puede hallar esta conexión en la necesidad de garantizar la protección efectiva de las garantías y valores básicos del CEDH. Si el abogado de algún demandante como los Gutiérrez Dorado consigue persuadir al TEDH de esto, y si consigue argumentar de manera muy convincente los obstáculos que impidieron a sus clientes acudir antes al TEDH, tal vez su caso se podría admitir. Hay alguna lección que sacar de la decisión en este sentido, pero lo cierto es que las posibilidades son pocas.

A quienes hayan quedado desencantados con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo les invitaría a adoptar una perspectiva más global. Durante mi estancia en Alsacia, tuve la ocasión de visitar el campo de concentración de Natzweiler. No era uno de los más grandes ni de los más famosos, pero sí estaba clasificado por los propios nazis como uno de los más duros. En su memorial, una placa está dedicada a los republicanos españoles. La visita a ese campo expone con toda claridad las razones por las cuales es necesario que el TEDH exista: es nuestra última garantía contra atrocidades como las que se cometieron en Natzweiler. Lleva más de 50 años evitando y condenando con toda la fuerza otras violaciones de derechos humanos, y estableciendo normas básicas comunes para que en Europa dichos derechos se respeten. Por eso animo a los lectores de esta página a que conozcan al TEDH por medio de este vídeo en español producido por el propio tribunal, y a que, en la medida de sus posibilidades lingüísticas (el TEDH trabaja en inglés y francés), se mantengan al tanto de su actualidad. Es un ejercicio de ciudadanía europea y de conocimiento de nuestros derechos.

Daniel Toda

De Los Luminosos Días Oscuros

Orosia Castán — 2010-11-29T12:16:46Z

Juan Carlos Valle "Karlotti"

Viajero y poeta, su figura ocupa un lugar preeminente en el panorama literario vallisoletano, donde siempre está presente aunque resida en su Galicia natal.

Su creatividad se materializa en forma de poema y se revela a los lectores a través de su colaboración en la mayor parte de las iniciativas literarias que han aparecido en nuestra ciudad y con las que muchos vallisoletanos han nacido a la literatura más vanguardista:

Hebe, Pavos Reales, Haz y Envés, Pliegos de Cordel Vallisoletanos, Cuadernos Leoneses de Poesía, Un Ángel Más, El Signo del Gorrión, Barrio de Maravillas…, además de varias antologías y libros propios: Todos de Etiqueta, Esto Era y no Era, Un Golpe de Dados, Los Infolios, Todos los Jueves Salvo la Luna.

Esta vez Karlotti recuerda aquellos días, luminosos o no, en los que toda una generación vallisoletana despertaba, junto con el país entero, a una nueva etapa, en la que todos pusieron sus esperanzas y alguno llegó a dejar su vida.

Damos la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, del que presentamos el artículo titulado “De Los Luminosos Días Oscuros”

De Los Luminosos Días Oscuros

Por Juan Carlos Valle "Karlotti"

En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Mahatma Gandhi.

Después de treinta años, hablar de la transición se ha convertido en un deber. El silencio fue el secuestro del dolor y el sacrificio de muchos. No importa si, ahora aún a tiempo, ponemos el recuerdo, no sólo de la guerra y de la posguerra, sino el de aquellos años en los cuales los que habíamos nacido después de terminada la guerra, un decir, sin el peso del silencio terrible que atenazaba a los supervivientes, a los vencidos, nos atenazase y nos impidiese tomar parte en la lucha contra el franquismo totalmente consolidado en los años sesenta. Desaparecidos los últimos focos de resistencia armada, con la certeza de que se abría un tiempo en el que Franco y los que le apoyaron de una u otra forma, habían impuesto a una sociedad enmudecida las pautas políticas, culturales y económicas del nacional catolicismo, sólo cabía plegarse a los designios del régimen u organizar y comprometerse con una lucha larga contra el régimen en todos los terrenos.
En aquellos años sesenta, hacia el final de la década, muchos jóvenes vimos con claridad la necesidad y la posibilidad de acabar con aquel estado de cosas.

1974, enero. León. Casi siempre enamorado. Las Navidades las había pasado en el Alto Bierzo. En Berlanga, Fabero... Ella visitaba a sus padres por esas fechas. Todos los taxis eran Dodges Dart en la cuenca minera. Y ella era de una transparencia cálida. Y paseábamos sobre aquellos días nevados en los enormes Dodges, festejando la limpieza del frío y nuestro amor ardiente, sin fin. Sin consumación, eterno.

Sólo unas semanas antes habían volado a Carrero Blanco, y a ello le siguió una represión brutal. Hilvanábamos los sueños con la pesadilla, y la clandestinidad a la que nos sometíamos no impedía proclamar, y celebrar a la luz del día, con la seriedad de la inocencia, el amor y la amistad. Vivíamos embriagados por la lucha y la esperanza. Y la "inconsciencia" indoblegable de estar vivos. Aprendíamos a ser libres.

Regreso a León, a donde había ido, protegiéndome de una situación insoportable, perseguidos y golpeados por la temida y sórdida Brigada Político Social, en Valladolid, como consecuencia de las actividades llevadas a cabo, no las mías, que eran limitadas, sino por las de toda una minoría cada vez más amplia y activa.

Aquel enero jamás lo olvidaré. La noticia de las detenciones en Valladolid se confirmaba. Detención y tortura. A La mañana siguiente era un hecho: el diario "Informaciones" daba la noticia. Un estudiante se había arrojado de la tercera planta de la Comisaría. A las horas, sabíamos quien había sido el "arrojado" por la ventana mientras estaba sometido a interrogatorios bajo tortura. José Luis Cancho, amigo y militante del PCE (i). Al día siguiente nos declarábamos en huelga, en asamblea, la Escuela de Magisterio. La primera huelga de esas características en León. Horas después sería cerrada la Escuela. Y durante unas horas llevamos a cabo una ocupación de la misma, bajo la amenaza de intervención de la Policía Antidisturbios. En su interior, y respondiendo a la convocatoria de apoyo a la huelga y en protesta por los sucesos de Valladolid. Se convoca un encierro, en el transcurso del cual se organiza una asamblea-conferencia sobre el PODER NEGRO en los USA, y en concreto sobre los PANTERAS NEGRAS y su estrecha relación con la música, con el Blues y el Jazz. Audición de discos de Jazz, un tesoro valiosísimo en aquellos días. Los amigos los habían traído en sus viajes a Suiza durante los veranos. Ellos se confirmarían como excelentes músicos, y se abría una relación, que duraría hasta hoy, entre música y poesía, entre los amigos de León y de Valladolid.

Seríamos detenidos. El Gobernador civil haría llegar al profesorado de Magisterio mi condición de agitador profesional pagado por China. Ridículo. Los delegados de curso serían amenazados con represalias si continuaban prestándome su confianza. Y por primera vez y última, me veo obligado a declararme poeta, como profesión, ante la amenaza de ser imputado por la ley de VAGOS Y MALEANTES.

Cuento esta anécdota para destacar la complejidad de aquellos tiempos, su riqueza, muy lejos de la visión sórdida y oscura, asfixiante que de ella han hecho muchos que esperarían a los 80 para incorporarse a lo político, y ya como una forma de hacer carrera, precisamente cuando muchísimos más que estuvimos implicados radicalmente contra la dictadura nos habíamos ido despegando de lo que, con mayor frecuencia, era una caricatura de lo que habíamos soñado.

Años 1979—1981. VALLADOLID

Tres años después de la muerte del Dictador, la izquierda seguía teniendo un empuje y una fuerza que nadie pone en duda. Sin el peso de la clandestinidad y con la libertad, su ejercicio, como intrínseca propiedad de la persona, perfectamente engrasada, y la libertad de expresión política e ideológica ejercitándose mas allá del aval de las leyes, la amnistía como conquista, las calles eran tomadas día a día por una juventud concienciada, ansiosa ante un panorama de cambios cada vez más claro, aunque también encogido en los procesos de negociación, procesos que poco a poco iban quedando en manos de unas élites que al final, desde inicio de la gobernación democrática del país, serían las únicas que pactarían, a través de un consenso en el que no tendrían cabida exigencias fundamentales de una gran parte de los sectores populares comprometidos con el derrocamiento de la Dictadura y conformarían la tan santificada Transición, aparcando definitivamente la deseada Ruptura democrática.

6 de enero de 1981. Valladolid. La táctica que seguían los grupos fascistas, nucleados por Fuerza Nueva, la CEDADE, Guerrilleros de Cristo Rey, etc., alcanza su punto álgido. Desde el 77 sus acciones terroristas de baja intensidad se habían ido incrementando, paralelamente a la desaparición de la escena de la BPS (Brigada Político Social), y con el apoyo de los elementos que formaban parte de este cuerpo puramente represivo, someten las calles de muchas ciudades de España a una violencia dirigida a fragmentar y debilitar las manifestaciones creativas, ciudadanas, sociales que con una fertilidad sin parangón se multiplicaban por doquier. Abríamos bares a la medida de los sueños que habíamos incubado y planeado, lugares comunes donde se expresaban las ganas de vivir en una creatividad desbordante, la música, el teatro y la poesía eran los expansivos territorios, que habiendo estado presentes en los años oscuros, ahora brillaban con un tono de rebeldía inolvidable.

Ese 6 de enero, al atardecer, El Cafetín, El Largo Adiós, se encontraba entreabriéndose como los pocos clientes en esos momentos lo ocupaban. Cuatro disparos desde la calle marcan ese día para siempre. Jorge recibe un disparo por la espalda que le alcanza la columna vertebral, los otros tres quedan empotrados, testimonio visible hoy día, en las paredes y el techo. El Cafetín (antes cócteles molotov, asaltos con destrucción del mobiliario, palizas...), el asalto a la facultad de derecho, la sede del MCE asaltada, quemada y como consecuencia un matrimonio muerto en el incendio. El Ayuntamiento, y locales de fuerzas de izquierdas, etc., en un progresión que llego hacer de Valladolid un referente. Para la extrema derecha siempre lo fue. Es una ciudad de las que ellos consideran Zona Nacional.

Ante los hechos, y sin poder contar lo mas mínimo con las fuerzas policiales, se convoca La Asamblea Popular Antifascista por dos veces. A ella asisten todas las fuerzas de izquierdas, políticas y sociales, de la ciudad. De ahí saldrían dos comunicados contundentes que abrieron paso a una situación nueva, dando paso progresivamente a la desaparición de los elementos fascistas de la vida pública. Hubo decisiones y medidas que no vienen al caso detallar ahora. Pero así fueron las cosas.
Hoy en día, si algunos viven, los protagonistas, funcionarios del franquismo, gobernadores civiles etc., siguen con sus jubilaciones y sin haber ido jamás a juicio.

¿Cómo se puede llegar hasta hoy, desconociendo lo que aquellos años, junto a los terribles de la posguerra, guardan?

¿No es ese silencio el que permite hoy día estas formas de hacer política, esta mezquindad que muchos parlamentarios exhiben?

Nosotros mismos, aún tocados por vicios de ausencia de modos y maneras de compartir la vida, somos responsables de esta colonización del olvido, haciendo del mismo una enorme fosa común, diezmados por la corrupción que nos hacen ver como inevitable, y que tan firmemente prende en los años sesenta, sobre todo en el terreno del urbanismo, de la construcción, la especulación sin limites del suelo público... Un criminal abandono del campo en aras de una industrialización caprichosa y pazguata, lista para ser inmolada años más tarde en una reconversión brutal sin contrapartidas, cuyo coste pagaron ciudades enteras, que aún hoy siguen quebrantadas. El enriquecimiento rápido sin contrapartida alguna que haría posible fraguar, brutalmente, esta situación de colapso total en la que estamos sumidos. ¿No es ese silencio el que paraliza a un pueblo en su ejercicio de control sobre sus representantes, el que lastra la participación activa en los asuntos que nos atañen? ¿No es este olvido programado el que hace posible que nos presenten como inevitable cada decisión que toman, decisiones absolutamente contrarias a los intereses de la gran mayoría y que hacen del sentido común un pensamiento subversivo?

Recordar el pasado inmediato, saber de dónde venimos, es afianzarnos en la certeza de que las cosas se pueden cambiar, de que otro mundo es posible.

La justicia durante la guerra

Orosia Castán — 2010-08-31T19:18:05Z

Daniel Toda nos presenta su nuevo artículo, que con el título “La Justicia durante la guerra” analiza los Consejos de Guerra que sufrieron los republicanos detenidos, demostrando con argumentos jurídicos la ilegalidad de los juicios y de los Tribunales que los impulsaron.

Un breve análisis de algunas condenas de los Consejos de Guerra de la provincia de Valladolid desde el punto de vista de los derechos y garantías del proceso penal

Introducción

En el anterior artículo, localizamos sucintamente el incumplimiento de las garantías penales que proporcionan los principios informadores de la legislación penal en los Consejos de Guerra que se celebraron en la provincia de Valladolid en los años 1936 y 1937. Sólo nos dedicamos entonces al marco legal punitivo. Ahora vamos a adentrarnos en los procesos mismos. En una selección de cinco condenas, vamos a extraer los incumplimientos de las garantías procesales más fundamentales que se cometieron en aquellos juicios.

El artículo 28 de la Constitución de 1931 establecía que:

“Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por Juez competente y conforme a los trámites legales”.

Es un artículo mucho menos garantista que el artículo 24 de la actual Constitución Española, que dispone que:

1. “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

Las injusticias ya están cometidas, las condenas ya se ejecutaron, y las víctimas de esos juicios sumarios no podrán ser nunca restablecidas en su derecho a un juicio justo. Por eso no importa tanto ahora comprobar si esos Consejos de Guerra se ajustaron a la legalidad vigente en el momento de emitirse las condenas. Sabemos que esto no fue así, por lo que dijimos en el artículo anterior, y porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establecía una serie de garantías obviadas en los procesos que ahora examinamos. Sin embargo, nos importa más ahora comprobar si estos procesos tienen algún encaje en el sistema jurídico-constitucional actual, puesto que reclamamos que sean declarados nulos. Vivimos en un nuevo sistema constitucional que, como hemos visto, es muy celoso de los derechos fundamentales implicados en el proceso penal. Siendo esto así, ¿pueden permanecer en vigor estas condenas? ¿Basta con la simple declaración de “ilegitimidad” que hace la Ley 52/2007, o realmente repugnan estas condenas al sentido común jurídico actual? No se trata tanto de dilucidar si las cosas entonces se hicieron bien o mal (esto ya lo sabemos), sino de ver si nuestro sistema constitucional actual soporta la existencia de estas condenas.

1.La aplicación de la ley penal militar

En este punto vamos a detenernos poco. Las condenas que analizamos se sustentan sobre los artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar aplicable entonces. Dichos artículos establecían lo siguiente:

Art. 237. Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la constitución del Estado, contra el Rey, los Cuerpos Legisladores o el Gobierno legítimo, siempre que lo verifiquen concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

1ª) Que estén mandados por militares o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie por fuerzas del Ejército.

2ª) Que formen partida militarmente organizada y compuesta por diez o más individuos.

3ª) Que formen partida en menor número de diez, si en distinto territorio de la Nación existen otras partidas o fuerzas que se proponen el mismo fin.

4ª) Que hostilicen a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse declarado el estado de guerra.

Art. 238. Los reos de rebelión militar serán castigados:

1º) Con la pena de muerte el Jefe de la rebelión y el de mayor empleo militar, o más antiguo, si hubiere varios del mismo, que se pongan a la cabeza de la fuerza rebelde de cada cuerpo y de la de cada compañía, escuadrón, batería, fracción o grupo de estas unidades.

2º) Con la de reclusión perpetua a muerte los demás no comprendidos en el caso anterior, los que se adhieran a la rebelión en cualquier forma que lo ejecuten y los que, valiéndose del servicio oficial que desempeñen, propalen noticias o ejecuten actos que puedan contribuir a favorecerla.

Con sólo leer estos artículos, ya nos damos cuenta de la injusticia de su aplicación. Ya sabemos que la represión llevada a cabo por los Consejos de Guerra se basó en “dar la vuelta a la tortilla” y decir que el régimen legítimo era el establecido por los golpistas. Si leemos el primer párrafo del artículo 237 y nos preguntamos quién se alzó contra la Constitución, los Cuerpos Legisladores y el Gobierno legítimo, tenemos clara la respuesta. Sin embargo, los jueces de los Consejos de Guerra tuvieron por más legítimas a las autoridades militares golpistas, que autoproclamaron su legitimidad y su poder mediante bandos, de una manera que no tenía cabida alguna en los cauces constitucionales previstos.

Por lo tanto, la aplicación de la ley que se hizo partió de un supuesto erróneo. Evidentemente una ley que habla de la Constitución y los poderes legítimos no está pensando en proteger a una facción golpista del ejército. Sin embargo, los jueces militares de los Consejos de Guerra sustituyeron el supuesto de hecho de la norma y doblaron así el brazo a la legalidad. Sobre esto no vale la pena detenerse más, pero esta consideración deberá estar presente en todo el análisis que hagamos, porque en realidad es la fundamental.

Por último hay que decir que si se aplicó el Código de Justicia Militar y no el Código Penal, también fue porque las autoridades militares golpistas declararon el estado de guerra, cuando no eran competentes para hacerlo, sencillamente por ser facciones militares sublevadas contra la Constitución.

2.Los procesos ante los Consejos de Guerra

Como habíamos dicho, vamos a examinar ahora la vulneración de las garantías procesales más elementales por parte de los Consejos de Guerra, a partir de cinco condenas seleccionadas. Hay que advertir que este examen resulta en cierto modo artificial: no se puede “pedir peras al olmo”, no podemos pretender que unos Consejos de Guerra establecidos para reprimir y no para aplicar el Derecho fuesen respetuosos, en un contexto de guerra, de las garantías procesales. Por otro lado, ya hemos visto cómo el fundamento mismo de estas causas está viciado. Por ello es hasta cierto punto superfluo el comprobar si se observaron las garantías procesales. Sin embargo, en la medida en que estos Consejos de Guerra pretendieron dar a sus condenas un barniz de legalidad, es provechoso destacar las injusticias materiales que desde la perspectiva actual podemos encontrar. Iremos pues repasando las diversas garantías:

1. El derecho a la presunción de inocencia: Según este derecho, la persona acusada debe ser considerada inocente por el tribunal hasta que haya una prueba de cargo suficiente como para considerarla culpable. Pues bien: en las diversas condenas podemos apreciar cómo esa prueba de cargo no es, en absoluto, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

En la causa contra Gaspar Citoler (24 de Agosto de 1936) se da por probado el hecho de que ha habido una rebelión contra las autoridades legítimas (recordemos: las golpistas, en la lógica de los Consejos de Guerra), y que esa rebelión ha sido provocada por organizaciones marxistas, masónicas, etc. Este hecho se trata como concluyente de la participación del acusado en dicha rebelión, cuando no es más que una descripción del contexto que en absoluto prueba la participación individual del acusado en esos hechos. En esta misma causa, se observa cómo la mera pertenencia a las organizaciones supuestamente autoras de la rebelión basta para establecer la autoría y la culpabilidad del acusado. Es evidente que pertenecer a una organización no es prueba suficiente de haber participado en sus acciones. La prueba tiene que demostrar la participación de concretas personas en hechos concretos. Pero los Consejos de Guerra no fueron tan escrupulosos, como vemos.

En la causa seguida contra Francisco Sáez Sisón y otras personas (28 de Octubre de 1936) se aprecia de nuevo esta falta de rigor en los hechos que se dan por probados, y que vulnera la presunción de inocencia. En la propia condena se puede leer cómo no queda acreditado que las personas acusadas llevasen armas. Sin embargo, su adscripción ideológica se estima suficiente para condenarlos, a pesar de que, lo que se les imputa de manera difusa, es la muerte de un Teniente de la Guardia Civil. Es obvio que la adhesión ideológica no causa muertes. Si no se pudo probar el porte de armas en el momento de suceder la muerte, no es conforme con el derecho a la presunción de inocencia el condenar. En el mismo sentido, en la causa contra Emilio Redondo (8 de Febrero de 1937) se dice claramente que no quedó probado que disparase ningún arma, y aún así se lo condena, por su adscripción ideológica.

En la causa contra Victoria Pérez (22 de Octubre de 1936), ésta resulta condenada por haber pronunciado ciertas palabras constitutivas de adhesión a la rebelión militar. Sin embargo, en la condena no se especifica por qué medio de prueba se ha determinado que, efectivamente, pronunció tales palabras. Simplemente se consigna que fue oída por un piquete, pero ni siquiera se especifica si éste testificó o no. Y en todo caso, un simple testimonio no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Esto revela también deficiencias en la defensa de la acusada.

2. El principio de responsabilidad individual: En el derecho penal, la responsabilidad es estrictamente individual. Cada persona responde por lo que individualmente ha hecho y es necesario delimitar precisamente las responsabilidades de cada acusado, sobre todo en casos de actuación conjunta. Lo que no existe, ni siquiera en los delitos cometidos por varias personas, es una “responsabilidad colectiva” en la que, atendiendo al resultado, no se investigue qué hizo cada uno de los intervinientes, sino que se dé por hecha una participación de todos igual. Este principio, que también se relaciona con el derecho a la presunción de inocencia, no se respetó en las condenas que comentamos:

En la causa contra Gaspar Citoler se habla de la responsabilidad “solidaria y conjunta” de los miembros de las organizaciones marxistas, masónicas, etc. a las que se imputa la rebelión. Esto es un verdadero dislate jurídico. La responsabilidad solidaria existe en el derecho civil, y es un mecanismo para garantizar a un acreedor el cobro de una deuda que tiene frente a varios deudores. Nada que ver con responsabilidades penales que, como hemos dicho, han de ser individuales.

3.El principio de legalidad: según este principio, no hay delito si, al momento de realizar cierta conducta, ésta no estaba clasificada como delito en la ley. Se prohíbe por tanto castigar por lo que la ley no establezca como delito. Este principio también prohíbe subsunciones ilógicas, arbitrarias y sorpresivas de una conducta en un delito que sí aparece en la ley. Es decir, que no puede el juez entender que cualquier conducta se corresponde con los delitos tipificados. Esta correspondencia ha de ser lógica y previsible, porque si no, se sorprende al acusado igual que cuando su conducta no estaba clasificada en la ley como delito. Pues bien: en la causa contra Francisco Sanz Sisón, la subsunción de las conductas en los tipos penales no se justifica en absoluto. No hay un análisis de los elementos típicos que configuran el delito, y no se explica cómo las conductas que se imputan a los acusados se corresponden con ellos. Por ello, se vulnera el principio de legalidad. La adhesión ideológica, como hemos dicho, se convierte de manera sorpresiva en delito de rebelión.

4.El principio acusatorio: según este principio, el juez no puede condenar al acusado a una pena mayor que la pedida por las acusaciones. Es una garantía fundamental de la defensa: sólo si el acusado sabe a qué pena se enfrenta, puede defenderse. Si el juez, sorpresivamente, le impone en la sentencia una pena mayor que no ha sido discutida en el juicio, el acusado no ha tenido la oportunidad de defenderse. En la causa contra Emilio Redondo Escudero (8 de Febrero de 1937) ocurre exactamente esto. Vemos que el fiscal pedía 30 años de prisión, y que el defensor del acusado pedía una pena menor. Sin embargo, en el fallo encontramos una condena a muerte, de la que Emilio Redondo no tuvo la posibilidad de defenderse.

5.El derecho a conocer la acusación: también como evidente garantía del derecho a la defensa, está el derecho a conocer la acusación que se formula contra uno. Es imposible defenderse si uno no sabe de qué lo están acusando. Esta garantía también brilla por su ausencia en estos procesos. Así, en el proceso seguido contra Pablo Arranz Sanz y otros 72 vecinos de Tudela de Duero (9 de Enero de 1937), de ninguna manera se reflejan acusaciones concretas. Se habla de hechos que pudieran haber tenido relevancia penal: detenciones, maltratos, etc. Pero no se especifica quién los cometió, ni quiénes fueron las víctimas. De este modo, los distintos procesados fueron acusados de estas conductas, pero cada uno de ellos no sabía de cuántas, ni contra quiénes. Como segunda consecuencia, se produce que personas que no participaron en esas detenciones o maltratos también se vieron acusadas de ellos. El delito se comete contra una víctima concreta, que hay que especificar. Sin ese elemento, se puede dudar de la existencia misma del delito, puesto que no se puede practicar una prueba convincente. Sin saber de qué detenciones o maltratos en concreto se los acusaba, difícilmente se podrían defender. Esta falta de concreción en las acusaciones también se observa en otras causas, como en la de Gaspar Citoler, condenado a pena de muerte sin que se le imputase nada en concreto.

6.Derecho a la asistencia letrada: todo acusado en una causa penal tiene derecho a la asistencia de un abogado para construir su defensa. El abogado es la pieza fundamental de la defensa, y por ello se ha de garantizar que se disfruta de una asistencia letrada efectiva. Por ello se garantiza el derecho a elegir abogado de confianza. Sin embargo, sabemos que en estos Consejos de Guerra los acusados no elegían a sus defensores, sino que éstos eran designados por el propio tribunal, y eran militares. Podemos dudar de la efectividad de estas defensas gracias a lo que leemos en algunas de las condenas:

En la causa contra Emilio Redondo, vemos que el defensor aprecia la existencia del delito de auxilio a la rebelión. Cabe preguntarse qué clase de abogado reconoce sin más que su defendido ha cometido el delito del que se lo acusa. Por otro lado, en esta misma condena se dice que en la vista no se practicó prueba alguna, de manera que parece que el “abogado” ni se molestó en aportar pruebas que pudiesen eventualmente librar a su defendido de la condena. Por tanto, se puede concluir que la defensa del abogado no fue real ni efectiva.

En la causa contra Francisco Sanz Sisón y otras personas se lee al final que no se interpuso recurso y que no se formularon protestas por el incumplimiento de los trámites legales durante el juicio. Ambas son funciones del abogado, que en este caso no cumplió. Por tanto, la asistencia letrada fue puramente formal e incluso perjudicial para el acusado.

7. La individualización de la pena: en concordancia con la individualización de la responsabilidad, está la individualización de la pena. Si queda claro que diferentes acusados perpetraron diferentes conductas delictivas, está claro que las penas que les corresponden son diferentes. Además pueden concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad. Ello justifica que a cada condenado se le calcule, de acuerdo con la ley, cuál es la condena que ha de cumplir. Pero esto no se hace en las condenas que examinamos. En muchas de ellas, se condena a los acusados en bloque. A los que más o menos se los acusa de los mismo, se los condena a la misma pena, sin tener en cuenta circunstancias que los pudieran diferenciar. Por ejemplo, en la causa seguida contra Francisco Sáez Sisón y otros, o en la causa de Tudela de Duero.

Hay más defectos que podríamos encontrar; por ejemplo, en ninguna de las condenas se hace referencia a las pruebas y a su valoración, por lo que podemos pensar que los acusados no tuvieron derecho a presentar los medios de prueba pertinentes para su defensa. No sabemos tampoco por qué razones los jueces dieron los hechos relatados por probados. También vemos que ciertos elementos subjetivos como la “notoria perversidad” de la que se habla en el caso de Emilio Redondo no se justifican en absoluto, no se explica de qué manera llegan los jueces al convencimiento de que el acusado actuó con tal perversidad. También se usaron conceptos jurídicos inexistentes, como el de “Ejército Salvador”, en esta misma causa. Adoptando una perspectiva más global, llama la atención la causa de Tudela de Duero: en cuatro folios cabe la condena a 72 personas. Esto basta para concluir la falta de calidad del enjuiciamiento. Podemos terminar la retahíla de disparates con un punto de humor. En la causa contra Victoria Pérez vemos escritas las palabras “poder lejítimo” y “juez instruztor”, que también denotan una bajísima calidad de la que esta mujer y muchas otras personas fueron víctimas.

Como hemos visto, incluso poniéndonos en la lógica de los golpistas, estas condenas resultan jurídicamente insostenibles. Si además comparamos este rápido y breve análisis sencillamente con el artículo 24 de nuestra Constitución actual, transcrito al principio, podemos concluir sin más que nuestro ordenamiento constitucional actual no consiente que estas condenas sigan en vigor, con una simple declaración de ilegitimidad. Nuestra Constitución no lo soporta, y la solución es declarar su nulidad.

Daniel Toda: La justicia de los ganadores

Orosia Castán — 2010-06-29T19:27:12Z

Daniel Toda, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, presenta una nueva sección dedicada al análisis del entramado jurídico franquista que, con el título “La Justicia de los ganadores”, analiza pormenorizadamente los principales documentos jurídicos que sirvieron de base para el establecimiento de la “Nueva España”.

Los sublevados contra la República intentaron desde el primer momento revestir de legalidad sus actos criminales mediante la promulgación de bandos, edictos y más tarde leyes, que les permitieran conculcar todo el orden jurídico establecido y que era el verdaderamente legal.

Los argumentos jurídicos que utilizaron eran a veces tan disparatados que el propio Serrano Súñer se refirió a todo el entramado como “la Justicia al revés”.

Una de las reivindicaciones exigidas con más fuerza por nuestro grupo es, precisamente la anulación de todos estos actos jurídicos, que costaron la vida, años de cárcel, deshonor y exclusión social a miles y miles de demócratas.

La justicia de los ganadores

Un breve análisis desde los principios del derecho y del proceso penal de las condenas a republicanos en los primeros meses de la guerra civil

Analizar las sentencias de los Consejos de Guerra de la provincia de Valladolid que se dictaron en los días y meses posteriores al comienzo de la guerra civil permite descubrir que, aunque disfrazados de derecho, estos procesos carecieron de las más elementales garantías. Un ordenamiento jurídico como el actual, que consagra el derecho a un juicio justo entre los fundamentales de la persona, no puede soportar que tales condenas no sean anuladas.

1. Las normas penales: el Bando del General Mola

Empecemos por hablar del presupuesto del delito y de la condena: la norma penal.

Recientemente hemos podido ver una grabación en la que varios artistas españoles se ponen en la piel de represaliados republicanos, condenados a pena de muerte durante la guerra civil y en años posteriores. La frase con la que casi todos ellos concluyen, para subrayar la injusticia que padecieron, es “No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia”. Sin embargo, para poner de manifiesto en toda su dimensión las injusticias disfrazadas de derecho que se cometieron entonces, hay que ir un paso más atrás. Parece que quien se queja de no haber tenido juicio, ni abogado, ni sentencia, acepta el sometimiento al proceso. No se cuestiona el enjuiciamiento, sino la falta de garantías en él. Pero hay que cuestionar el enjuiciamiento mismo de estas personas. Ninguna de ellas merecía haber sido sometida a un proceso penal militar y sumarísimo, y muchas de ellas no habrían tenido que pasar siquiera por un proceso penal ordinario y garantista, puesto que no incurrieron en conductas punibles.

El principio según el cual no hay delito sin ley previa es uno de los más básicos y elementales del derecho penal. Según él, nadie puede ser condenado si no hay una ley que califique su conducta como delito antes de que lo cometa. Así lo ordenaba el artículo 28 de la Constitución de 1931. Los militares golpistas conocían este principio y quisieron dar una pátina de legalidad a la represión que llevaron a cabo a través de los Consejos de Guerra. Un ejemplo de ello es el bando del General Mola de 19 de Julio de 1936, que intenta dar cobertura al castigo de una serie de conductas que tipifica. Pero, evidentemente, esto no se puede considerar suficiente y no satisface el requisito de la ley previa.

Entre las garantías que ofrece el citado principio, está la de la ley formal. Es decir: no cualquier norma sirve para tipificar delitos. Los delitos solo pueden ser establecidos por ley de las Cortes Generales. Esto es así porque el derecho penal es el instrumento más fuerte y más restrictivo de los derechos fundamentales que tiene el Estado. Por ello, para permitir que el Estado castigue determinadas conductas, es necesario el acuerdo de la soberanía nacional, encarnada en las Cortes. Para calificar de delito las conductas recogidas en el Bando de Mola solo habría sido competente el mismo órgano que redacto el Código Penal y el Código de Justicia Militar. Pero es evidente que el bando de guerra de un militar no puede servir nunca para tipificar delitos, por carecer de la legitimidad democrática requerida para legislar en materia penal y por lo tanto, de las garantías que para los ciudadanos supone el procedimiento legislativo.

El Bando de Mola introdujo además novedades de gran calado: tipifico conductas como delitos, extendió la competencia de la jurisdicción militar para que pudiera juzgar a civiles, y modifico los Tribunales de Urgencia. Todas ellas cosas que solamente se podía hacer por ley. Por ejemplo, el Bando de Mola castiga “la formación de grupos de mas de tres personas en la vía publica”, lo que supone suspender el derecho de reunión. Dicho derecho estaba garantizado por el artículo 38 de la Constitución de 1931, y el artículo 42 de esta misma Constitución decía que tal derecho solo podría ser suspendido por decreto del Gobierno y con aprobación de las Cortes. Otro ejemplo: el artículo 95 de la Constitución establecía que las jurisdicciones serian reguladas por las leyes. Por lo tanto, atribuir competencias a determinados órganos judiciales, como hace el Bando de Mola, solo se podía haber hecho por ley. Por ultimo, el articulo 105 de la Constitución preveía la existencia de Tribunales de urgencia para “hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías constitucionales”. Estos Tribunales serian creados y regulados por ley. Como hemos dicho antes, el Bando de Mola, sin ser una ley, los modifico, puesto que los hizo competentes para juzgar los delitos no comprendidos en la jurisdicción militar.

Hay otro principio relativo a la ley penal que el Bando de Mola tampoco respeta: el principio de irretroactividad. Esta muy relacionado con el anterior e impide que una ley dictada posteriormente a la comisión de la conducta que criminaliza pueda castigar dicha conducta. Las leyes penales solo pueden castigar los delitos que se cometan después de su entrada en vigor, y no se pueden aplicar a los cometidos antes (salvo que sean más favorables). Pues bien: en el Bando de Mola se convierte en delito el estar ausente del puesto de trabajo. De modo que se aplica retroactivamente a todos aquellos que el día 19 de Julio, por unas razones u otras, no hubiesen acudido a trabajar. Es cierto que se les da un plazo de gracia de media hora, pero esto es un plazo de gracia, no una “vacatio legis”, no un retraso de la entrada en vigor del Bando. Por tanto, el Bando se aplicaba a supuestos ocurridos antes de su entrada en vigor.

Ya por ultimo resta solo enfatizar la injusticia material del Bando, represor de conductas como la celebración de reuniones, mítines y conferencias, de la publicación y difusión de periódicos, de las reuniones de tres o más personas, etc. Esto es ya tan conocido que no merece mayor comentario.

En conclusión, el primer principio fundamental del derecho penal que vulneraron los Consejos de Guerra fue el de legalidad, pues los bandos y normas que se dictaron, como hemos razonado, ni eran suficientes para tipificar delitos, ni reunían las garantías necesarias para hacerlo. Por tanto, no se puede aceptar que los juicios de los Consejos de Guerra se llevaran a cabo bajo una legalidad que merezca tal nombre.