Represión franquista en Valladolid

Los Lugares de la memoria en Valladolid

2022-02-21T20:16:50Z

La memoria es una insurgencia frente a la falsificación, Roger Chartier.

La eliminación de los lugares de memoria, aquellos donde se han cometido crímenes, tiene como objetivo final acabar con la memoria de los hechos.
Esto tiene como fundamento el valor de la prueba. Si no hay cuerpo, no hay delito, y paralelamente, la ausencia del símbolo desvanece la memoria; y eso es lo que los golpistas aprendieron y aplicaron desde un principio.

La ocultación de los hechos criminales es el primer paso para negarlos. Nuestro sistema está levantado sobre un crimen fundacional, el golpe armado contra el gobierno legal republicano en julio de 1936. En su transcurso se cometieron miles de asesinatos y atropellos de todo tipo contra la población civil desarmada, lo que fundamenta de sobra la acusación por crímenes contra la humanidad de los responsables y autores.

En Valladolid, ciudad tomada por los golpistas el mismo 18 de julio, no hubo resistencia, y a pesar de ello los republicanos, izquierdistas y sindicalistas fueron víctimas de todo tipo de atropellos.
Las ejecuciones extrajudiciales, en una cuantía superior a 1.000, se llevaron a cabo con todo tipo de precauciones. Las detenciones y paseos solían producirse por la noche; a veces, los asesinos ocultaban su identidad bajo capotes, y en general, los asesinos actuaban en pueblos donde no eran conocidos. Los cuerpos de las víctimas se enterraron en lugares ocultos, en montes (Torozos), en descampados, en cunetas alejadas y en general, en lugares alejados de las poblaciones, con el fin de hacerlos desaparecer.
De esta forma pensaban lograr la impunidad en el caso de que la República hubiera logrado dominar el golpe.

Además de los asesinatos, se produjeron miles de detenciones.
Las mujeres solían formar parte de la categoría de presos gubernativos, detenidos que quedaban a disposición del gobernador, sin que les sometieran a juicio, sin que se formulase acusación alguna contra ellos. Hombres y mujeres vallisoletanos pasaron años en las cárceles franquistas en este régimen, sin saber cuando los liberarían, sin saber de qué se les acusaba, y sufriendo todos los rigores de las prisiones de la época. Muchos presos gubernativos fallecieron durante su estancia en prisión a causa de malos tratos, enfermedades infecciosas, accidentes, etc. Otros fueron sacados y asesinados extrajudicialmente, paseados por falangistas que, lista en mano, iban a buscarlos noche tras noche.

Todos ellos son desaparecidos, personas que habitan un limbo legal, asesinados sin cuerpo y a veces sin identidad, sombras negadas por sus carceleros, por sus asesinos, por los cómplices e implicados en el nuevo sistema franquista, que necesitaba eliminarlos para imponerse con comodidad.

No bastó con la desaparición de los ciudadanos.

El relato histórico que el franquismo construyó y que logró imponerse y en cierta medida resistió el paso del tiempo, se basaba en cuatro imágenes-fuerza sencillas como axiomas: una República marxista, atea y asesina; un país, España, a punto de ser destruido por esa República; unos patriotas valientes, verdaderos españoles, dispuestos a dar su vida para salvarla; y una guerra épica, una auténtica Cruzada bendecida por la iglesia católica, que logró recuperar la patria.

Y para mantener y afianzar este relato, se construyeron mitos y símbolos, que perduran hasta hoy, a la vez que se eliminaban concienzudamente pruebas, nombres, hechos y documentos. En suma, la MEMORIA de todo un país fue manipulada, tergiversada y hecha desaparecer.

Dentro de este esfuerzo de tergiversación se inscribe la desaparición de los lugares de Memoria, aquellos lugares de nuestra provincia en los que ocurrieron los hechos más reseñables: las fosas del cementerio, convertidas en fosas comunes sin señalizar; la Casa del Pueblo, reconvertida en dependencias militares; el Círculo Republicano, enajenado por la Falange; las Cocheras de Tranvías, lugar de reclusión de los varones detenidos gubernativamente, hoy casino militar; la Cárcel Nueva, hoy centro cívico Esgueva, la Cárcel Vieja, que hoy conocemos como Biblioteca….

En ninguno de estos lugares existe un solo signo que identifique el lugar por la función que cumplió. Ni una placa, ni un memorando recuerdan que allí precisamente se resolvió el porvenir de una parte importante de ciudadanos, muchos de los cuales salieron de sus recintos para ir al cementerio o a alguna fosa ignota.

Un ejemplo

En el caso de la conocida como Cárcel Vieja, ocupada por mujeres en régimen gubernativo mayoritariamente, el edificio se conserva, se ha reformado, se ha atendido a su remodelación como Biblioteca, pero a la vez se oculta cuidadosamente su carácter de lugar represivo fundamental, lugar donde fueron recluidas cientos de ciudadanas, algunas de ellas con sus hijos; lugar de reclusión, de enfermedad, de abusos y de muerte que, por las razones que han quedado explicadas, están tipificados por la legislación internacional (y de obligado cumplimiento en nuestro país) como CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD IMPRESCRIPTIBLES.

Este delito se ve ampliado por el perjuicio que la ocultación de su función y de los hechos allí ocurridos supone para la Historia de la ciudad, historia que es patrimonio de todos los ciudadanos y que es fundamental para el reconocimiento de su propio carácter como ciudad y como ciudadanía. Nadie puede conocerse ni reconocerse si ignora sus antecedentes, su historia, sus hechos y la forma en que ocurrieron. La Verdad es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado.

Contemplando la desaparición de la plaza donde se enclavaba la antigua Cárcel Vieja, comprendemos su intencionalidad: que la ciudadanía no pueda detenerse a contemplar el edificio, y por tanto, no se interrogue acerca de él. Una vuelta de tuerca más.

Una declaración de intenciones explícita: eliminar el lugar para volatilizar los crímenes allí perpetrados. Acabar con los símbolos para matar la Verdad.

LUGARES DE MEMORIA EN LA CIUDAD DE VALLADOLID

Partidos y sindicatos
Detención y confinamiento
Crimen
Trabajos forzados

PARTIDOS Y SINDICATOS

Partido Comunista: Calle Atocha (Barrio de Santa Clara). Hoy desaparecida.

CNT-AIT: Calle Francisco Zarandona. Hoy desaparecida.

Partido Socialista, UGT, Universidad Popular Pablo Iglesias: Casa del Pueblo. Calle Fray Luis de León, desaparecida (hoy dependencias militares)

Izquierda Republicana: Calle Leopoldo Cano, desaparecida (Escuela de Artes y Oficios)

LUGARES DE DETENCIÓN Y CONFINAMIENTO

Gobierno Civil
La sede del Gobierno Civil era un palacio renacentista que se organizaba alrededor de un patio de columnas. Estaba muy cerca de la Capitanía, en las cercanías de la plaza de San Pablo y frente al que hoy es Museo de Escultura. Por este lugar pasaron, en su gran mayoría, los detenidos en Valladolid y su provincia.

El Gobierno Civil había sido tomado por los sublevados en la misma noche del 18 al 19 de julio. Allí se instalaron las primeras oficinas en las que la policía, guardia civil y civiles organizados como “Milicias Nacionales”, o “Voluntarios de España” se dedicaron a identificar y clasificar a los detenidos, que llegaban de forma continuada.

Aquí se decidía su suerte en un primer momento. Una vez detenidos, eran encerrados en las diminutas habitaciones del primer piso, que habían sido las oficinas, de donde los sacaban para su identificación e interrogatorio. Son muchos los testimonios de las víctimas de estos interrogatorios: palizas brutales y todo tipo de golpes y malos tratos, llegando incluso a matar a alguno de los detenidos allí mismo.

Las torturas tenían lugar, sobre todo, en el patio interior, en el que había un pozo que todavía hoy se puede ver. Los testigos lo recuerdan con horror. Una vez identificados, se decidía su suerte. Muchos salieron de allí para ser asesinados. Otros, a las cárceles: a la Vieja, a la Nueva y a las Cocheras de Tranvías.

En otros casos se obligaba al detenido a subir a un coche para que señalase domicilios y personas a las que detener, tras “convencerle” con los medios necesarios… El Gobierno Civil funcionó, por tanto, como una primera criba por la que pasaron los primeros detenidos vallisoletanos.

Cocheras de Tranvías
El número de detenciones tras el 18 de julio del 1936 aumentaba sin parar. Ocupadas en su totalidad las dos cárceles, Nueva y Vieja, los golpistas tuvieron que buscar otros lugares para el confinamiento de los prisioneros.

En un principio, los sublevados pensaron recluir a los detenidos en la plaza de toros de Valladolid, pues reunía muchas condiciones que les interesaban: era amplia, disponía de estancias para establecer oficinas y puestos de vigilancia y además era muy fácil de controlar, pues las puertas de entrada y salida se podían custodiar muy bien tanto por fuera como por dentro.

El problema era la lejanía de la plaza respecto a los demás centros. En aquellos momentos, la plaza de toros estaba situada en las afueras, lo que complicaba los traslados de los presos y aumentaba la inseguridad de los golpistas. Tenían que pensar en otros locales.

El lugar que se les ocurrió fueron las Cocheras de Tranvías, dos naves con un patio interior en el centro, situadas en las cercanías del Arco de Ladrillo. Allí se encerraban los tranvías y estaban los talleres de reparación.

Estos edificios, donde se guardaban y se reparaban los tranvías vallisoletanos, estaban relativamente céntricos, pero a una distancia discreta, la suficiente como para que los golpistas pudieran hacer y deshacer sin llamar demasiado la atención de la población vallisoletana. Además estaban cercados por una tapia alta, lo que facilitaba la vigilancia de los detenidos e impedía hipotéticas fugas.

Los edificios de los tranvías estaban situados en el Paseo del Príncipe (hoy de los Filipinos), y ocupaban una manzana completa. Existían unas oficinas en la fachada de acceso; se trataba de un edificio pequeño, de ladrillo rojo y ventanas enrejadas. Era perfecto para utilizarlo como oficina del nuevo presidio que iban a montar.

Este edificio, por donde ingresaban los detenidos y al que tenían que dirigirse los familiares para saber de sus padres, hijos o hermanos, para llevarles ropa o comida, y donde les anunciaban su desaparición, existe todavía y se conserva tal y como era antaño.

Hoy es propiedad del Ejército, que lo utiliza como casino y lugar de reunión. Parece increíble que un lugar como éste, donde muchos demócratas vallisoletanos sufrieron detención, tortura y muerte, esté hoy destinado a lugar de esparcimiento y diversión de los militares y sus familias, en lugar de conservarse respetuosamente como recordatorio de todos los que allí padecieron angustia y dolor.

Al fondo, tras las oficinas, se encontraban las naves propiamente dichas. Las que fueron ocupadas eran dos; una, bastante grande, llegó a acoger, según testimonio de personas que estuvieron allí detenidas, a unas tres mil personas. La otra nave, de tamaño más reducido, albergaba a unas 1.500 o 1.600.

En el centro de ambas existía un patio en el que únicamente había un caño de agua. Se trataba de un recinto rodeado de tapias altas, con piso de tierra apisonada; un lugar para estacionar tranvías. Este patio puede verse perfectamente hoy en día, y conserva restos de las paredes de ladrillo originales.

Las naves fueron ocupadas por miles de prisioneros. Colocados por orden alfabético de las localidades de procedencia, el recinto era más un campo de concentración que una prisión, pues en aquellos espacios únicos, con ventanas altísimas, sin agua, ni servicios de ningún tipo, los detenidos se hacinaban día y noche a la espera de un destino incierto.

Por las noches, se echaban en el suelo sobre petates, ropas y los más favorecidos, colchones llevados allí por los familiares, aunque eran muy pocos los que disponían de este lujo. La mayor parte de los detenidos tenía ropas de quita y pon. Hasta la llegada de los primeros fríos, la guardaban en forma de paquete. Cuando llegó el duro otoño de 1936, llevaban encima toda la ropa de que disponían.

El trasiego de detenidos durante los primeros meses era constante, pues ingresaban detenidos a diario, y también salían: alguno en libertad; pero la mayoría desaparecían en las sacas nocturnas que se producían sin cesar.

¿Cuántos detenidos llegaron a pasar por las tristes Cocheras? Es casi imposible saberlo, pero fueron miles. La fama de las Cocheras se extiende por toda la provincia, pues es raro el pueblo que no tuvo a sus detenidos en aquel recinto. Pero además, los horrores que allí se vivieron han hecho de las Cocheras de Tranvías de Valladolid un símbolo de la represión desatada en 1936.

Cárcel Nueva
La cárcel nueva, inaugurada por la República en julio de 1935, se convirtió paradójicamente en el destino final de muchos de sus dirigentes. Cuando se produjo el golpe de estado, la mayoría de los reclusos que había en esta cárcel eran presos políticos. El nuevo Gobernador Civil, Luis Lavín, recién llegado de Zamora, había intentado por todos los medios acabar con la espiral de violencia que la Falange estaba desatando en las calles vallisoletanas. Esa fue la razón de las detenciones de jóvenes falangistas, entre los que se encontraba el propio Onésimo Redondo.

Desde el mismo 18 de julio, las detenciones efectuadas por los golpistas fueron masivas. La más significativa, desde luego, fue la realizada en la Casa del Pueblo, donde más de 500 personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, esperaban el desenlace de lo que parecía ser una intentona golpista más, parecida a la sanjurjada que ya habían vivido.
Sin embargo, todos ellos fueron desalojados de la Casa del Pueblo en la mañana del domingo 19 de julio y la mayoría ingresó en la cárcel Nueva de Valladolid, que muy pronto se llenó hasta niveles imposibles, llegando los detenidos a dormir en el patio, al aire libre; pero los detenidos seguían llegando sin parar desde la capital y los pueblos de la provincia, y a pesar de la cantidad de presos que fueron asesinados en los primeros días, pronto se vio la necesidad de volver a ocupar la Cárcel Vieja, vacía desde hacía más de un año.

En la cárcel nueva estuvieron recluidas, sobre todo, las personas sometidas a juicio. De sus celdas partían para otras prisiones a cumplir las penas impuestas, o hacia el paredón. Algunos de los juicios se celebraron aquí, como la causa 102/36, seguida a “448 paisanos”, los detenidos en la Casa del Pueblo.

Los familiares, enterados de la fecha en que se iba a juzgar a los detenidos, les intentaban hacer llegar ropas decentes para que se presentaran ante el Tribunal, y se apostaban en las cercanías del edificio, por si podían ver a los detenidos. Pero los juicios fueron simulacros en los que los juzgados eran acusados de “rebelión militar” por los mismos que se habían sublevado, y no tuvieron posibilidad de defenderse.

La capilla (celdas destinadas a los que iban a morir) estaba ubicada en las celdas 11, 12 y 13. Allí pasaron sus últimos momentos los condenados a muerte, casi 400 personas de todo tipo: el alcalde electo, Antonio García de Quintana, el diputado Federico Landrove López, su padre, el primer alcalde de la República, Federico Landrove Moiño, concejales, abogados, comerciantes, profesores, estudiantes, obreros, carpinteros, personas de todo oficio y condición; también, aunque por poco tiempo, hubo mujeres, aunque los golpistas, prefirieron trasladarlas a la antigua cárcel de la Corona, la conocida como Cárcel Vieja, que ya estaba clausurada.

Cárcel Vieja

El antiguo palacio de la Real Chancillería de Valladolid pasó a funcionar como cárcel de la Audiencia en 1687. Es un edificio de planta cuadrada y patio central, que tras un incendio en julio de 1979 fue completamente restaurado y hoy alberga la Biblioteca Universitaria Reina Sofía.

Debido a la extrema decrepitud de esta prisión, la República levantó una nueva cárcel y abandonó este antiguo caserón en el año 1935. El golpe de estado volvió a llenar de presos este edificio, hasta el punto de sobrepasar su capacidad y ocupar escaleras, rellanos, etc. Al principio encerraban aquí tanto a hombres como a mujeres, pero en el mes de septiembre todos los lugares de reclusión estaban repletos, y las nuevas autoridades reorganizaron las prisiones. Así, determinaron agrupar a todas las mujeres detenidas en la antigua cárcel; destinar las Cocheras de Tranvías a cárcel masculina y reservar la cárcel Nueva para la celebración de juicios, las celdas de condenados a muerte y los presos en espera de juicio.

El edificio de Chancillería estaba impracticable y no reunía condiciones para albergar personas. Las estancias se llenaron y las mujeres se tuvieron que ir acomodando por los rincones disponibles. Pasados unos meses se organizó un dispensario, atendido por doña Flora Martín, profesora de partos y comadrona, miembro relevante de la Casa del Pueblo de Valladolid. Doña Flora, mujer ya mayor, ayudó a muchas de las presas en sus crisis de salud física y mental, pues las detenidas solían entrar en la prisión en muy mal estado: algunas golpeadas; otras, violadas; algunas embarazadas o con niños de pecho; otras, en fin, trastornadas por las detenciones y asesinatos de sus esposos e hijos. Doña Flora las atendía a todas con los escasísimos medios que podían reunir, y también ejerció de comadrona en algún caso, como el de la mujer de Aguilar de Campos que dio a luz prematuramente en el rellano de la escalera. Normalmente las parturientas eran conducidas al Hospital o a la Residencia Provincial (el Hospicio), y daban a luz allí. Después eran devueltas a la cárcel, pero muchas de ellas dejaban al niño en dicha Residencia antes que ingresarlo con ellas en la cárcel, que era un lugar malsano y peligroso para la criatura.

Una garita levantada en la acera, frente a la puerta principal, impedía el paso a los viandantes y hacía de filtro en los días de visita. Los vecinos de la zona se despertaban durante la noche por los gritos de los centinelas durante los cambios de guardia. Dentro, centenares de mujeres apelotonadas dormían en los suelos de las celdas, los pasillos, el patio y los rellanos. Aquí estaban encerradas chiquillas de apenas 16 años junto con ancianas de 70; obreras y maestras; activistas y esposas de alcaldes; muchas de ellas, con sus niños de pecho, a los que intentaban criar. Las supervivientes nos hablan de mujeres enloquecidas por las vejaciones sufridas y los asesinatos de sus maridos, padres e hijos; de mujeres embarazadas que dieron a luz estando presas; de criaturas muertas a causa de las condiciones del cautiverio; de milicianas violadas y torturadas que después desaparecían… La gran mayoría de estas mujeres eran presas gubernativas, es decir, que nunca fueron juzgadas. Estaban a disposición del Gobernador Civil y pasaron en la cárcel el tiempo que arbitrariamente les quisieron asignar, sin estar ni siquiera acusadas de algo concreto.

A diferencia de las Cocheras, en la Cárcel Vieja no se produjeron sacas. Algunas de las detenidas tenían a sus maridos detenidos también. Cuando los juzgaban y los condenaban a muerte, las llevaban a la Cárcel Nueva para despedirse de ellos.
Las presas de la capital solían recibir visitas, y por tanto ropa limpia y comida; las que venían de los pueblos tenían más dificultades, pues no era fácil desplazarse por las carreteras, ni había dinero, y sí, en cambio, miedo y peligro real. Por ello, el cautiverio fue en líneas generales más penoso para las mujeres de los pueblos, aisladas de los suyos, lejos de su casa y sin medios que aliviasen su situación.

LUGARES DE ASESINATOS

El mismo sábado 18 de julio de 1936, al atardecer, los golpistas comenzaron a reprimir de la manera más brutal a cuantos ciudadanos pudieran oponerse al golpe de estado. Como es sabido, muchísimos afiliados y activistas de partidos políticos y sindicatos de izquierda se habían reunido en la Casa del Pueblo de Valladolid para intentar oponerse de manera organizada, pero fueron sitiados y no tuvieron opciones de defensa.

Fuera de la Casa del Pueblo, militantes y simpatizantes del radio vallisoletano del Partido Comunista intentaron resistir desde los barrios de Delicias, Pilarica y Santa Clara, mientras los falangistas, la guardia civil y los autodenominados “Voluntarios de España” (casi todos ellos jóvenes militantes de las Juventudes de Acción Patriótica, de la CEDA), patrullaban la ciudad, deteniendo a los que se cruzaban en su camino sin unirse de inmediato a ellos.

Los afiliados a la CNT se reunieron en su sede de la calle Francisco Zarandona, donde fueron sitiados por grupos de falangistas, que encabezados por el propio Girón de Velasco, dispararon sus armas y lograron tomar el local hacia las cinco de la madrugada. Los cenetistas allí apresados lograron salir con vida y fueron sometidos a proceso. Los falangistas entraron en los locales y destruyeron todo lo que encontraron en su interior. Los testimonios refieren que arrojaron todo tipo de documentos y enseres a la calle desde las ventanas, y luego les prendieron fuego. Se perdieron así documentos inestimables acerca de la organización, pero igualmente desaparecieron los listados de afiliados, lo que salvó bastantes vidas.

En las calles se desató una cacería con final de muerte. Uno de los primeros en ser detenido y asesinado fue el concejal y miembro activo del Partido Socialista de Valladolid Eusebio González Suarez, quien había intentado infructuosamente conseguir armas en el Gobierno Civil para repartirlas en la Casa del Pueblo. Fue detenido junto con su esposa e hija cuando intentaba salir de Valladolid y asesinado en los pinares de las afueras de la capital.

El resultado de esta fiebre asesina fueron docenas de cadáveres arrojados por las calles, por los descampados, por las carreteras. Reunidas en la Academia de Caballería de Valladolid, las recién creadas Milicias Ciudadanas o Milicias Patrióticas recibían armas, cascos y alguna instrucción militar; algunos curas se presentaron también para entregarles medallas y escapularios: comenzaba la construcción ideológica de La Cruzada Salvadora, aquella en cuyo nombre se podía matar con la bendición eclesial.

Los fascistas vallisoletanos tuvieron fácil la tarea de exterminar a los ciudadanos izquierdistas, pues la mayor parte, los más cualificados para organizar la defensa estaban recluidos en la Casa del Pueblo siguiendo una consigna torpe que permitió el apresamiento de todos ellos.
Así que, reunidos y detenidos la mayor parte de los oponentes, los sublevados, en plena euforia criminal, fueron arrasando calles, barrios y pueblos a la caza del oponente.

Los cuerpos de las víctimas, abandonados de cualquier manera, eran recogidos por vehículos y llevados al Depósito del Hospital Provincial, donde permanecían un tiempo no especificado, pero que podía prolongarse varios días.

Hasta allí peregrinaban padres, madres, esposas e hijos buscando a sus familiares desaparecidos, aquellos que no habían regresado al hogar, o que habían sido detenidos. En el Depósito se llegaron a reunir docenas de cuerpos amontonados a la espera de su inhumación.

Los golpistas no tenían ninguna seguridad de poder salir vencedores de aquella sublevación, y por eso mismo eran conscientes de que se estaban jugando el todo por el todo. Sabían que si eran derrotados iban a pagar caras sus acciones. Por eso mismo mataron a sus víctimas en descampados y lugares alejados de la vista de todos, abandonando los cadáveres y enterrándolos en fosas comunes, a menudo lejos del lugar en donde las víctimas habían sido detenidas.

Se trataba, en definitiva, de eliminar las pruebas del delito haciendo desaparecer los cuerpos y sobre todo, las identidades de los asesinados. Y tan bien efectuaron esta labor que a fecha de hoy, en nuestra provincia, la mayor parte de las fosas continúan en lugares ignorados por todos y su memoria se ha perdido.

A pesar de esto, los sublevados utilizaron ciertos lugares más o menos públicos para asesinar a sus víctimas, y estos lugares sí se han conservado en la memoria de los testigos, que contemplaron escenas que no olvidaron jamás.

En la ciudad de Valladolid, en la tapia situada paralelamente a la línea de ferrocarril Madrid-Irún se llevaron a cabo muchas ejecuciones y también en el Prado de La Magdalena; ya en las afueras, la Cuesta del Tomillo y los alrededores del Canal, la Cuesta de la Maruquesa, y los alrededores del Pisuerga, sobre todo en la zona de El Palero y en la de El Cabildo, lugar éste donde aparecieron decenas y decenas de cadáveres, fueron los lugares donde los franquistas cometieron sus crímenes.

Los Montes Torozos y El Montico fueron también lugares de asesinatos masivos. Se trataba de parajes situados en la línea divisoria entre municipios, en cunetas y zonas arboladas, lugares conocidos por todos, pero de difícil acceso y semiocultos en los que se asesinó y enterró a ciudadanos de la ciudad y de localidades aledañas.

Aparte estaba el Campo de San Isidro, donde los sublevados ejecutaron mediante fusilamiento a casi 500 ciudadanos, a los que previamente habían sometido a simulacros de juicio.
Ninguno de estos lugares tiene a fecha de hoy un solo recordatorio del crimen cometido contra la ciudadanía y la legalidad; ni un recuerdo a la memoria de aquellas víctimas, auténticos héroes de la Democracia, que pagaron con su vida la lealtad a sus ideas y al gobierno legal.

Sin embargo, llama la atención y escandaliza la pervivencia de símbolos y nombres franquistas en las calles de muchísimos pueblos de la provincia. Ni el conocimiento de la Verdad, ni las instancias a su retirada de la Ley de Memoria Histórica, ni el pundonor de los ciudadanos demócratas, ha logrado todavía su erradicación total.

No caben excusas para no afrontar este estado de cosas. Es necesario recuperar la memoria, y con ella, identificar, dignificar y señalar los lugares, eliminando aquellos restos que glorifican todavía hoy, a los causantes de aquel drama nacional que fue la guerra de España.
El Campo de San Isidro

La ciudad de Valladolid se extendía hacia el este formando el barrio de San Isidro. Era un barrio obrero, de casas molineras, limitado por las vías del tren.
La calle que hoy conocemos como Avenida de Juan Carlos I (esperemos que por poco tiempo) era una carretera conocida por los vallisoletanos como “Camino de Casablanca”. Hacia el este, la carretera de Soria arrancaba directamente de la Plaza Circular, saliendo por las llamadas “Puertas de Tudela”, hoy desaparecidas.

Era sobre todo una zona de arrabal donde proliferaban las fincas agrícolas y las casas de labor.
La zona presentaba unas elevaciones de terreno, una sucesión de cerros conocidos como los Altos de San Isidro. En uno de estos Altos se encuentra la ermita del mismo nombre, un lugar bien conocido por los vallisoletanos, que acudían (como siguen haciendo hoy) a celebrar la Romería del 15 de mayo. Al otro lado de la carretera de Soria, en otro Alto, se encuentra el Cuartel de la Guardia Civil que es una construcción moderna.

Y ya en dirección a Villabáñez, en otro Alto donde hoy encontramos el colegio Narciso Alonso Cortés, existían unas cascajeras naturales que surtían de este material a las constructoras vallisoletanas.

En conjunto, la zona era conocida como Campo de San Isidro, y fue el lugar escogido por los sublevados para ejecutar a los condenados a muerte tras juicio sumarísimo.

¿Por qué escogieron precisamente este lugar? Se trataba de una zona donde se realizaban maniobras militares y presentaba condiciones ventajosas en cuanto a seguridad. Estaba bien comunicado, pero a la vez, lo suficientemente alejado del núcleo de la ciudad como para evitar posibles problemas de orden público. La zona, bastante desolada, era fácilmente controlable. El paredón, situado en un desmonte, podía ser rodeado por las fuerzas armadas, que hubieran podido impedir cualquier conato de respuesta.

La conducción de los reos se efectuaba con enormes medidas de seguridad. No hacían falta, pues no hubo resistencia. Estas ejecuciones públicas eran seguidas por una gran cantidad de vallisoletanos que acudían en grupo, ascendiendo por los desmontes al amanecer para contemplar el espectáculo.

Es muy duro aceptar que estas gentes encontraran en el asesinato de sus convecinos una diversión; pero así fue, y muchos son los testimonios que lo confirman.

Dado que los fusilamientos se producían a horas tempranas de la madrugada, un tipo avispado que tenía su tenderete de churros y aguardiente en la plaza Circular, montó un puesto ambulante en las cercanías del paredón, y así los asistentes al horrible espectáculo podían reconfortarse con unas copas en las frías madrugadas otoñales. La situación era demasiado penosa incluso para los verdugos, por lo que el gobernador civil hizo admoniciones contra este comportamiento “poco edificante” desde las páginas de “El Norte de Castilla”, pero no llegó a prohibir esta práctica, ni tenía sentido hacerlo, ya que uno de los objetivos de las ejecuciones era precisamente la ejemplaridad, así que la gente siguió apiñándose frente al paredón para después poder comentar el las cantinas, plazas y casinos el comportamiento de tal concejal, del doctor Fulano y del estudiante Mengano.

Mientras, los familiares y amigos de las víctimas permanecían en sus casas, sin ánimo ni valor para presenciar el asesinato. Desde los barrios aledaños, San Isidro, Pajarillos y Pilarica, se oían las descargas de fusilería y los vecinos, aterrados, iban contando los tiros de gracia para saber el número de ejecutados en aquella madrugada.

Tras los fusilamientos, los cuerpos eran trasladados en camionetas hasta el cementerio municipal, donde normalmente eran enterrados en una fosa común. Hubo familias que lograron enterrar a los suyos en fosas particulares; otras familias pudieron comprar una caja, intentando dignificar el sepelio; pero la mayoría de los fusilados acabaron amontonados en las fosas comunes del cementerio, arrojados sin orden ni concierto, cubiertos de cal y sepultados sin nombre.

De esta manera fueron asesinadas casi 500 personas, condenadas a muerte en juicios celebrados fuera de la legalidad. El primer fusilamiento tuvo lugar en la madrugada del 29 al 30 de julio, y la víctima fue el doctor José Garrote Tebar, médico y concejal socialista que había sido sometido a Consejo de Guerra dos días antes, el lunes 27 de julio, y que fue el primer condenado a muerte por los sediciosos.

Aquellas graveras fueron muy visitadas. Tras las ejecuciones, quedaba la sangre de las víctimas extendida por el suelo. Cerraba la churrería y los curiosos volvían a la ciudad, a sus quehaceres diarios, a misa, a la escuela.

Venían entonces los perros callejeros a lamer aquella sangre, y los niños que vivían en las cercanías los espantaban a pedradas.

TRABAJOS FORZOSOS DE LOS PRESOS

El sistema de redención de penas por el trabajo (RPT) fue una invención del jesuita José Antonio Pérez del Pulgar, quien en 1937 escribió un texto titulado “La solución que da España al problema de sus presos políticos”, donde decía que “no puede exigirse a la justicia social que haga tabla rasa de cuanto ha ocurrido, y es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”.

Los presos realizaron muchas de las obras públicas del momento. Empresas afines al régimen o creadas por mandatarios del mismo se beneficiaron de este arreglo que les proveía de mano de obra prácticamente gratuita.
También empresarios ligados al nuevo régimen se beneficiaron de esta mano de obra, casi esclava, sometida y sin defensa alguna. Panaderos, constructores… algunas de las empresas de nuestra ciudad basaron su fortuna en esta explotación indecente.

Algunas obras realizadas por presos:

Iglesia del Carmen Barrio Delicias

Artículo de Enrique Berzal para El Norte de Castilla, 14 febrero 2021
Devastada la vieja y sencilla parroquia a causa de un incendio el 18 de julio de 1936, en la construcción del edificio actual trabajaron numerosos presos gubernativos.
La noticia la publicó este periódico el 12 de febrero de 1941, hace justamente 80 años. Aunque los vecinos del populoso barrio de las Delicias habrían de esperar algunos años para ver definitivamente reconstruida su iglesia parroquial, pasto de las llamas en dos ocasiones -el 22 de marzo y el 18 de julio de 1936-, al menos ya estaba lista la toma de aguas. La arenga del rotativo, henchida del nacionalcatolicismo propio de aquellos tiempos, señalaba que «sobre el mismo solar en que se levantaba el anterior, reducido a cenizas por la barbarie de los enemigos de la Religión y de la Patria, se está levantando con las limosnas de los fieles uno de nueva planta, capaz para cubrir las necesidades de aquella feligresía».
Pero lo cierto es que, aparte de las limosnas aludidas, la recuperación del templo estaba siendo posible gracias al empleo de mano de obra presidiaria, producto de la política franquista de Redención de Penas por el Trabajo. Y ello era debido a que, según testimonios de la época, especialmente del párroco, Mariano Miguel López Benito, ambos incendios habían sido provocados por la «turba anticlerical» del obrerismo socialista. El incendio del 18 de julio de 1936, mismo día del levantamiento militar que provocó la Guerra Civil, arrasó todo el templo al iniciarse en cuatro puntos diferentes; casualmente, quedaron a salvo todos los objetos y ornamentos sagrados.
La falta de pruebas sobre su autoría y el hecho de haberse producido el mismo día de la sublevación contra la República explican que nadie osara cuestionar la versión del párroco. Según Orosia Castán, fue él mismo quien denunció a los dos presuntos autores: Andrés Martín Álvarez, de 18 años y afiliado a la republicana Federación Universitaria Escolar, y su padre, Guillermo Martín Sánchez, de 49 y lechero de profesión. Ambos serían fusilados en la Cascajera de San Isidro tres meses después del incendio. La primera piedra de la parroquia, que vendría a sustituir al modesto edificio levantado en abril de 1911, se puso en la tarde del 2 de octubre de 1937.
Al igual que se hizo en construcciones como el primer estadio de fútbol (el «Viejo Zorrilla»), la guardería infantil de la ribera del Gamboa, las reformas en el Matadero y en la Academia de Caballería o las Escuelas de Cristo Rey, para la nueva iglesia de Nuestra Señora del Carmen se empleó a numerosos reclusos acogidos al sistema de Redención de Penas por el Trabajo, establecido oficialmente el 7 de octubre de 1938 pero cuyo funcionamiento había comenzado un año antes, concretamente en mayo de 1937.
Dicho sistema establecía una reducción de condena a razón de un día por cada jornada de trabajo efectivo y buen comportamiento. Se fijaba así un jornal de 2 pesetas diarias para los peones, de las que 1,5 se destinarían para cubrir los gastos de manutención y otros 50 céntimos serían de libre disposición. Si el preso tenía familia en «zona nacional», su mujer recibiría 2 pesetas y una más por cada hijo menor de 15 años, o mayor pero inútil para trabajar.
En teoría, el salario del preso no podía ser nunca inferior al de un trabajador libre, para evitar así conflictos de competencia. En obras públicas o entidades oficiales se establecían 4,5 pesetas de salario al día, mientras que en entidades privadas se remitía a las normas que al efecto hubiese dispuesto la Delegación de Industria. Los presos se distribuyeron así en Destacamentos Penales, Colonias Penitenciarias Militarizadas, Talleres Penitenciarios, Destinos dentro de las propias cárceles y Regiones Devastadas.
Buena parte de los estudios publicados sobre la Redención de Penas por el Trabajo demuestran que este sistema se convirtió en un auténtico motor para la dictadura franquista, al utilizar gran número de mano de obra barata con la que llevar a cabo la reconstrucción de infraestructuras, municipios, fábricas, etc. Además, la realidad que se vivía en aquellos cuerpos de trabajo penado, de la que apenas quedan huellas documentales pero sí testimonios escritos y orales, era mucho más penosa y cruel que la letra de la Orden de 7 de octubre de 1938.
Durante las obras de la iglesia del Carmen, realizadas según el proyecto del arquitecto Ramón Pérez Lozana, falleció en accidente un obrero. La inauguración de la toma de aguas, aquel 11 de febrero de 1941, fue celebrada en el barrio con una misa solemne, una comida y discursos del párroco y del arzobispo, Antonio García y García. Este mismo asistiría también a la inauguración y bendición de la parroquia, el domingo 5 de julio de 1942, que estuvo amenizada con el traslado procesional al nuevo templo del Santísimo Sacramento desde el local que había servido de capilla durante las obras, situado en las antiguas escuelas parroquiales.
Hasta abril de 1949, fecha definitiva de la finalización de los trabajos, el patrimonio de la iglesia se fue completando el patrimonio con las imágenes del Cristo de la Buena Muerte y la de Nuestra Señora de la Soledad, y con el altar del Sagrado Corazón de Jesús. Poco tenía que ver este nuevo y flamante edificio con aquel más sencillo de 1911, pues, a decir de este periódico, ahora tenía capacidad para un millar de personas en la nave central y otras 300 en las capillas laterales los días de grandes solemnidades.

Colegio Cristo Rey (jesuitas)

Se llamó así una institución que tenía el objetivo de reeducar y adoctrinar a los hijos de los rojos asesinados o encarcelados, creada por el jesuita Antonio Fernández Cid, conocido como Padre Cid, confesor de condenados.

Los asilados debían ser hijos de presos y de fusilados con proceso judicial. Los hijos de los desaparecidos o “huidos”, como denominaba Cid a los paseados, no tenían derecho a asilo en su colegio. Para esos niños había otra salida: el seminario, o la mendicidad, o el hospicio.
Cid estaba muy bien considerado en los nuevos círculos de poder, donde incluso se le temía. Se relacionaba con el Presidente de la Diputación, con el Alcalde y con la clase pudiente de Valladolid, a quien abrumaba con sus peticiones.
El colegio se fundó en 1941. Había muchos niños procedentes de Valladolid y pueblos de la provincia, pero el grueso de los asilados procedía de Madrid. Los más pequeños tenían seis años, y los mayores 16 y 17.
El objetivo era reeducarlos en los nuevos valores franquistas, evangelizándolos y adoctrinándolos en la fe católica.

El Padre Cid había demostrado un especial talante en su trato a los condenados a muerte, a los que aplicaba también sus dotes persuasivas. De él se contaba que subía a los camiones con los condenados, vestido de paisano, intentando forzarles hasta el final para que “se convirtieran”. Cuando no lograba que accediesen a confesarse, montaba en cólera y los insultaba y amenazaba. A unos condenados a muerte que iban hacia el paredón.
Rondaba por la cárcel como ave de mal agüero; en Valladolid no se olvidan sus maniobras para lograr que el diputado en Cortes por el Partido Socialista, Federico Landrove López, escribiera una horrible carta en la que se retractaba de sus principios e ideas, a la vez que donaba al Glorioso Movimiento Nacional el grueso de su fortuna personal, en detrimento de su familia (tenía dos niños, la mayor de dos años); o la noche que pasó en la cárcel con el alcalde Antonio García de Quintana, intentando a toda costa que se confesase y comulgase, cosa que esta vez no logró.

Ganada la guerra, el padre Cid sintió la llamada pedagógica. Los asesinatos que se producían a diario dejaban una masa de huérfanos, en los que este cura centró su actuación.
Muchos de aquellos niños tuvieron que escuchar, y no lo han olvidado, que eran la mala semilla, a la que había también que eliminar. Y si bien no se atrevieron a eliminar físicamente a aquellos hijos de asesinados, los torturaron mediante el aleccionamiento, la mentira acerca de sus propios padres y la violencia.

Así pues, el padre Cid consiguió instalar su colegio, al que llamó Cristo Rey, en un chalet situado en la antigua carretera de Gijón, una gran finca cedida por una piadosa viuda que comprendió exactamente los objetivos del jesuita.

Las obras fueron acometidas por una conocida constructora franquista que utilizó a los presos de la cárcel de Valladolid como mano de obra ultra barata. Todo Valladolid pudo ver a los presos levantando colegio y capilla, empezando por los propios familiares, que acudían a ver a sus padres, maridos y hermanos. La comida la llevaban desde la cárcel en enormes cazuelas, transportadas también por presos. Todo un espectáculo que se ha intentado ocultar, del que existe constancia gráfica y testimonial.
Cid contaba con ayudas oficiales: el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo le entregaba 4 pesetas por niño, que sacaba de los salarios de los trabajadores esclavos. Además, recibía dádivas en especie por parte de los ciudadanos acomodados y de las instituciones de la ciudad, que contribuían al mantenimiento de la institución con dinero público, claro.

El colegio Cristo Rey ha pervivido hasta la fecha, modernizado y engrandecido, en su ubicación original. De los centenares de vallisoletanos que han pasado por él, poquísimos son los que conocen el ominoso origen de esta institución, origen ocultado y blanqueado diligentemente por sus propietarios.

Granja Escuela José Antonio

Llamada así en honor del dirigente falangista José Antonio Primo de Rivera, la Diputación Provincial de Valladolid, inauguró en 1945 las instalaciones levantadas en terrenos próximos al antiguo camino de Zaratán, tras varios intentos de poner en marcha el proyecto. La Granja fue inaugurada por el mismísimo Franco en persona, que había acudido a visitar Valladolid el día 3 de marzo con motivo de la celebración de la unificación de Falange y JONS, que se celebraba el día siguiente.

Convento Adoratrices, calle de La Pólvora

Urbanización del Campo Grande

Es un artículo de: Orosia Castán

39 vallisoletanos entre los españoles de los campos nazis

2019-09-08T09:52:42Z

Coincidiendo con la liberación del campo de Auschwitz se instauró el Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, cuyos actos se prolongan durante toda esta semana y se extienden por todo el planeta

El día 27 de enero de 1945, las tropas rusas entraron en el campo de concentración de Auschwitz y se encontraron a cientos de personas en unas condiciones inimaginables, agotados, esqueléticos, enfermos. A su lado, centenares de cadáveres arrojados en los patios, apilados, desnudos, despojados de toda dignidad humana. Los nazis los habían abandonado, huyendo de la proximidad del Ejército ruso que avanzaba imparable.

El choque fue tremendo incluso para estos soldados, que habían visto toda clase de horrores durante la guerra que les había tocado vivir.

No era la primera vez que los rusos se enfrentaban a los crímenes inenarrables de los nazis. Seis meses antes, en julio de 1944, habían entrado en el campo de Majdanek, en Polonia, y tuvieron que aceptar la monstruosidad de los procedimientos que el ejército alemán había urdido con el fin último de exterminar a millones de personas.

Muy pronto se localizaron otros muchos campos donde se concentraban miles de personas a la espera de su final. Las tropas británicas se toparon con el horror en Bergen-Belsen, mientras los estadounidenses liberaban Buchenwald y Dachau.

La magnitud de los crímenes horrorizó a los descubridores y poco después al mundo entero.

También en nuestro país tenemos muchas razones para recordar este hecho y no sólo como hito importante que es en relación con los Derechos Humanos, sino porque entre las víctimas del Holocausto se cuentan centenares de compatriotas nuestros, la mayor parte de ellos exiliados republicanos despojados de su nacionalidad por el régimen franquista, que los había declarado apátridas.

En abril de 1939, tras la derrota, miles de españoles intentaron cruzar la frontera francesa escapando a la sangrienta persecución de las fuerzas franquistas, que iban tras ellos en una demostración tristísima de la crueldad con que los vencedores iban a proceder contra los vencidos.

El mes de mayo de 1940, una marea humana abarrotaba los puestos fronterizos con la convicción de que el exilio era la única salida, y que aquel que no lograra atravesar los Pirineos y alcanzar suelo francés, iba a ser blanco de la venganza desatada de los franquistas.

Los combatientes republicanos fueron obligados a abandonar sus armas y después los concentraron al aire libre en reductos vallados, vigilados de cerca por soldados senegaleses, como si fueran criminales. En las fotografías de la época se les puede ver exhaustos, enflaquecidos, con los rostros oscurecidos por la barba y la ropa destrozada.

Entonces no sospechaban que se verían involucrados en otra guerra, que volverían a tomar las armas en defensa de la democracia y la libertad, esta vez en suelo francés, y que cerca de 20.000 de ellos acabarían prisioneros en tierra alemanas, en los campos de concentración nazis, el infierno en la tierra, la peor y la más enorme de las pesadillas que alguien pudiera tener. 39 de ellos, de origen vallisoletano:

FUENTE: MINISTERIO DE CULTURA.

Trece meses después del inicio del exilio, cuando los españoles comenzaban a hacerse una idea de su situación real y se planteaban recomenzar sus vidas, Francia sufrió un terrible revés: la invasión de la Alemania nazi, que continuaba su expansión sin freno a lo largo y ancho de Europa. Los franceses estaban en shock: tropas nazis desfilaban por los Campos Elíseos, se instalaban en los edificios de las instituciones de la democrática República Francesa y comenzaban a hacerles víctimas de sus procedimientos, deteniendo a los que no colaboraban, creando campos de trabajo para recluir a los resistentes, deportando a los judíos, apropiándose de sus bienes … Muchos decidieron colaborar con los ocupantes a distintos niveles; y aunque es algo que a nadie le guste reconocer, en Francia se formalizó un gobierno colaboracionista, conocido como de Vichy, que persiguió a sus convecinos mano a mano con los nazis.

Pero otros muchos franceses decidieron resistir, y comenzaron a organizarse desde el primer momento. La mayor parte de ellos eran jóvenes y carecían de experiencia militar y armamentística, pues no habían tomado parte en la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente para ellos, miles de españoles, aquellos mismos que un año antes estuvieran recluidos en las playas del sur de Francia, estaban dispuestos a resistir junto a los franceses, estaban dispuestos a empuñar de nuevo las armas en defensa del país que les había acogido, en defensa de la libertad y de la democracia.

Nadie puede negar la grandeza y la generosidad de esta decisión. Aquellos españoles habían sufrido ya su particular infierno: tres años de guerra tras un levantamiento militar; habían visto morir a muchos de los suyos; habían perdido todo, país, casa, familia, profesión; muchos de ellos habían sido heridos en combate, y todos habían pasado por la experiencia del hambre, el frío y el miedo. Ahora, en mayo de 1940, cuando todavía no habían logrado establecerse por completo y todavía miraban hacia España, se veían envueltos en una situación que les ponía en la disyuntiva de volver a ponerse en marcha hacia otro país o tomar la defensa de Francia, uniéndose a los franceses, y regresar al combate, al peligro, a la muerte.

Los españoles pusieron su experiencia al servicio de la Resistencia francesa y lucharon heroicamente en la defensa de la integridad Francia hasta el último momento, el de la liberación de París, donde entraron conduciendo los tanques de la unidad conocida como “La Nueve”, tanques que llevaban orgullosamente pintados sobre las carrocerías nombres españoles.

Se calcula que los combatientes españoles que lucharon en la segunda Guerra Mundial fueron más de 35.000.

¿Cuántos españoles perdieron la vida durante la ocupación alemana? Muchos, desde luego; fusilados por los nazis, encarcelados y torturados, desaparecidos en los combates, fallecidos a causa de las heridas y enfermedades, y sobre todo, en los fatídicos campos de concentración nazis, asesinados metódicamente en aplicación de planes de exterminio perfectamente organizados. Se calcula que alrededor de 20.000 españoles fueron capturados por los nazis y por los colaboracionistas franceses y deportados a los campos alemanes. Su destino era la muerte, contraviniendo así los mandatos de la Convención de Ginebra acerca de los prisioneros de guerra, que a esas alturas se mostraba ya incapaz de influir sobre los actos de Hitler.

PRESOS ESPAÑOLES EN MAUTHAUSEN.

El único resquicio que les quedaba hubiera sido, tal vez, que los alemanes reconocieran su nacionalidad española y su estatus como exiliados en suelo francés, pero en una demostración más de la saña con que eran perseguidos por el régimen franquista, fueron declarados apátridas, quedando así en manos de los nazis. Fue el ministro de Asuntos Exteriores español y cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer, quien comunicó a sus admirados nazis que España se desentendía por completo de los prisioneros españoles, ya que el régimen los consideraba mercenarios al servicio de la resistencia francesa. En esos momentos, España era una gran cárcel, con cerca de un millón de presos republicanos para los que la jerarquía franquista buscaba una solución, ya que no podía ni alimentarlos y las muertes se contaban por miles. En estas circunstancias, el destino de los prisioneros españoles en territorio francés no importaba a nadie, y lo más deseable era que aquellos molestos compatriotas dejaran de serlo y desaparecieran de una vez.

Así comenzaron a llegar españoles a los campos de Gusen, Mauthausen, Dachau, Flossenbürg, Sachsenhausen y otros, donde 4.769 de ellos morirían a manos de los nazis.

Porque los españoles, sin nacionalidad y por tanto sin Estado que les protegiera, eran para los nazis desechos humanos a exterminar utilizando todas las variables que su imaginación les brindase. Cámaras de gas, cámaras de hielo, experimentos médicos y físicos, malos tratos o simplemente hambre, frío y agotamiento, fueron las causas de las muertes de los españoles.

El campo que contó con más españoles fue el de Mauthausen, situado cerca de Linz, en Austria, caracterizado por una enorme cantera de granito que los nazis explotaban mediante la mano de obra de los prisioneros. Es ya mítica la escalera de 186 peldaños que los trabajadores esclavos debían subir y bajar varias veces al día portando enormes pedruscos. Esa manera de trabajar, propia de la Edad Media, se cobró la vida de decenas de presos, debilitados por la falta de alimentación, las condiciones extremas y los malos tratos continuos a los que los carceleros les sometían.

A este campo comenzaron a llegar prisioneros españoles muy pronto, procedentes de la Francia ocupada. Los nazis los habían capturado a principios del verano de 1940 y ya habían decidido que su destino debía ser la eliminación. Los vagones de carga llegaban al campo de la muerte repletos de españoles identificados con un triángulo azul cosido en sus ropas, de tal manera que Mauthausen llegó a ser identificado como el campo de los españoles, que por cierto fueron los que levantaron las instalaciones principales, que en 1940 se reducían a unos barracones y poco más.

UN TRIÁNGULO AZUL IDENTIFICABA A LOS PRESOS ESPAÑOLES EN LOS CAMPOS NAZIS.

Abandonados a su suerte, los españoles se organizaron de manera eficaz, colaborando solidariamente con los demás prisioneros que llegaban deportados, algunos desde el frente ruso. Son muchísimos los testimonios de supervivientes que relatan cómo las redes españolas lograron salvar a compañeros de cautiverio mediante las eficaces redes de ayuda que lograron crear.

El día 5 de mayo de 1945, el campo fue liberado por fuerzas del ejército norteamericano, que se encontró con banderas republicanas y una enorme pancarta en la que podía leerse: “Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras”, sostenidas por prisioneros españoles supervivientes de otro infierno más.

A pesar de las condiciones extremas, muchos lograron sobrevivir. El peso medio de un preso no pasaba de 45 kilos; la desnutrición, el agotamiento vital y sicológico y las enfermedades sin tratar habían azotado a aquellos hombres, pero no habían podido acabar con ellos.

Pero mientras los prisioneros de otras nacionalidades eran trasladados a sus países de origen donde fueron recibidos y tratados como héroes, los españoles continuaron sufriendo el cruel exilio decretado por Franco, que insistía en que fuera de España no existían españoles.

Pero lo que su patria les negó, les fue ofrecido en otros lugares. Los españoles liberados encontraron refugio y nacionalidad en otros países, donde fueron tratados como héroes de guerra; y años más tarde, el propio estado alemán se ocupó de reconocer su labor en pro de la libertad y la democracia; aclaró las circunstancias de las muertes y ofreció información e indemnizaciones por los daños causados. Alemania, como todos los demás países democráticos, reconocía el perjuicio causado por los regímenes totalitarios nazi y fascista; los condenaba, juzgaba a los responsables y emprendía una labor desnazificadora; se ponían así las bases para el establecimiento de una Justicia Internacional que pudiera afrontar en adelante casos como el ocurrido. Los Juicios de Nuremberg permitieron acuñar términos como “Crimen contra la Humanidad”, “Genocidio” o “Crimen contra la Paz”, entre otros, constituyendo esto un gran avance de cara al establecimiento de estados justos y garantes de los Derechos Humanos, aunque en países como España se hicieran oídos sordos, sin que en ningún momento se adoptase medida alguna para hacer justicia y ni siquiera para reconocer a nuestros compatriotas como víctimas. La justicia, además, no llegará de momento, gracias a las modificaciones que el actual gobierno ha introducido en nuestra jurisdicción, modificaciones que acaban con la esperanza de lograr justicia para las víctimas y reconocimiento y honores para los héroes.

http://ultimocero.com/destacada/2019/02/02/39-vallisoletanos-los-espanoles-los-campos-nazis/

II Semana de Valores Republicanos en Tudela de Duero

Orosia Castán — 2017-04-15T14:32:15Z

Manifiesto

Un año más, nos reunimos para conmemorar el día 14 de abril, fecha de proclamación de la II República, y aunque han pasado ya 81 años, es un aniversario que nos ayuda a entender mejor nuestra historia, nuestro pasado oculto y nuestro presente como país.

Este año celebramos la II Semana de los Valores Republicanos en Tudela de Duero; valores éticos de plena vigencia, como son la Libertad, la Igualdad y la Solidaridad; valores eternos que hay que conquistar día a día para poder vivir en una sociedad más justa, más libre y más solidaria.

El primer homenaje lo rendiremos hoy a todas aquellas personas que perdieron todo por defender estos valores, por defender la democracia. Gracias a todas ellas por su valor inestimable, al que desde el tiempo actual podemos corresponder con la Memoria recordando sus nombres, sus vidas, sus acciones. Gracias a las víctimas del franquismo y gracias a sus familias, que tuvieron que sufrir penalidades y abusos siendo inocentes de todo cargo. Siempre estarán en nuestro pensamiento.

Este año, Tudela de Duero homenajea a la República poniendo de relieve aquellos valores que la sustentaron, y en particular, la Igualdad, comprometida en nuestra sociedad por la desigualdad escandalosa entre mujeres y hombres, que afecta a todos los planos de la vida: desigualdad salarial y desigualdad social propia de una sociedad patriarcal incomprensible en pleno siglo XXI.

La II República legisló por vez primera a favor de las mujeres, de sus libertades, de sus derechos, de su igualdad: derecho al voto; al matrimonio civil, al divorcio, al aborto, a la igualdad en el contexto laboral, primando méritos y capacidad; a la educación; al ejercicio de la patria potestad… no fueron concesiones gratuitas, sino la consecuencia de la lucha de las mujeres por conquistar la igualdad.

Hoy, en el año 2017, la Ley de Igualdad es prácticamente un papel mojado. El machismo está presente en nuestro día a día, y no de cualquier forma: está matando. 21 víctimas en tres meses es algo que tendría que poner a los poderes públicos en alerta máxima.
Hoy, como en los tiempos de la dictadura, la sociedad patriarcal trabaja contra las mujeres. Hay personas en puestos de poder que niegan el machismo, que firman los recortes para los programas de Igualdad; que trabajan contra la inserción laboral de las mujeres; agentes del patriarcado más ruin, más criminal y más obsesivo, están logrando acabar con derechos conquistados, con los intentos por lograr la Igualdad, igualdad de género entre mujeres y hombres, entendiendo y asumiendo de una vez que todas somos personas con los mismos derechos y obligaciones.
La Igualdad como valor ético es la bandera que traemos hoy aquí, y con ella reivindicamos y homenajeamos los ideales nobles de aquellas que nos precedieron, les recordamos y les rendimos este homenaje.

¡Viva la República! Tudela, abril 2017

Localizada la fosa de fugados de San Cristóbal

Orosia Castán — 2017-04-15T14:07:28Z

Es un artículo de Orosia Castán para Último Cero

22 de mayo de 1938-10 de abril de 2017: casi exactamente 79 años después, la voluntad, el tesón, la profesionalidad y la conciencia han dado con el lugar. El lugar misterioso donde los asesinos ocultaron la prueba de su crimen: los cuerpos de varios hombres, jóvenes casi todos, alguno de ellos saliendo todavía de la adolescencia; inocentes todos, pues eran presos políticos condenados por sus ideas; valientes, porque se atrevieron a desafiar las circunstancias adversas, a sabiendas de que tenían pocas bazas a favor… eran presos que se veían morir en las mazmorras del Fuerte de San Critóbal, un fortín militar aislado del mundo, encaramado sobre el monte Ezkaba, separado de la civilización por montañas escarpadas y valles profundos cubiertos de bosque.
Esta gran fuga, una epopeya digna de figurar en los anales de las fugas más famosas, tuvo lugar en el año 1938, en los montes de Pamplona; y sus protagonistas, 795 presos que ya no tenían nada que perder. El hambre, las enfermedades y los malos tratos los estaban diezmando; las pocas noticias que llegaban al penal no podían ser peores para su causa. Muchos de ellos habían sido condenados a reclusión total, a 30 años de prisión mayor, y en lo alto de aquel monte perdido, habían llegado a la conclusión de que jamás saldrían con vida de la prisión.

Esta aventura trágica fue minuciosamente documentada y publicada en su día por Félix Sierra Hoyos, profesor vallisoletano que dedicó varios años a la investigación de la fuga y que continúa divulgando los detalles de este hecho espectacular.
Hace muy poco, en noviembre del pasado año, Félix Sierra, Koldo Pla, profesor navarro perteneciente al Instituto de Ciencias Aranzadi, y la organización memorialista Verdad y Justicia de Valladolid, organizaban unas jornadas y una exposición dedicadas a mostrar a los vallisoletanos la Fuga con todo detalle. Tanto las conferencias como la exposición se desarrollaron en el Centro Cívico Esgueva, la antigua Cárcel Nueva, lugar escogido intencionadamente por ser la prisión de la que salieron muchos presos para cumplir su condena en el Fuerte de San Cristóbal, del que algunos de ellos no regresarían jamás.
Koldo Pla explicaba que en el trascurso de la fuga, 207 hombres fueron asesinados por fuerzas militares, falangistas, requetés y paisanos, vecinos de los pueblos de los alrededores, que salieron al monte con sus escopetas y sus perros como si fuesen a una partida de caza. Los supervivientes lo expresaban así: los habían “cazado como a conejos”. En el transcurso de las jornadas vallisoletanas, Pla explicaba que, pese a las investigaciones realizadas y la certeza de que los cuerpos de los asesinados estaban enterrados en la zona, la búsqueda del Equipo Aranzadi, con Francisco Echeverría a la cabeza, seguía siendo infructuosa. Las razones eran varias: lo escarpado del terreno, cubierto de bosque y maleza; la escasez de datos fiables, y por fin, la carencia de testigos dispuestos a señalar el lugar donde enterraron a las víctimas.
El hecho de que muchos de los asesinatos tuvieran lugar en las inmediaciones de los pueblos, a donde los fugados se dirigían para buscar comida y agua, hacía suponer a los profesores que las fosas comunes donde los enterraron estaban en sus proximidades; pero el hallazgo, en esas circunstancias, se presentaba tan improbable que casi todo el mundo dábamos las fosas por perdidas.
Se sabe que los fugados se dispersaron y lograron acercarse a varias localidades, donde unos serían detenidos y otros asesinados. Los pueblos, Gascue Odieta, Orrio, Olabe, Anzoaín, Loza o Berriozar, eran los lugares de búsqueda, donde a pesar de la escasez de expectativas, Aranzadi no ha dejado de trabajar.

79 años es toda una vida, concretamente la vida de los familiares de aquellos jóvenes tragados por los bosques navarros, a los que primero no pudieron buscar y años después, muerto el dictador, no pudieron encontrar.
Los autores de la masacre jamás desvelaron el paradero de sus víctimas, pero tras ocho décadas, un testigo ha decidido hablar…y ha llevado a los investigadores hasta la fosa.
El testigo, un hombre muy anciano, ha hecho un servicio de incalculable importancia: su información ha permitido localizar y rescatar los restos de aquellas víctimas desaparecidas, acabando así con la desazón de decenas de familias que jamás olvidaron a los suyos.
Ayer, en Burutain, se localizó por fin la fosa y comenzaron los trabajos de exhumación de los cuerpos. Francisco Echeverría y su equipo, que ya entre 2007 y 2010 rescataron e identificaron a los 131 presos enterrados en el Cementerio de la Botellas, en las laderas del monte Ezkabe, garantizan el trabajo. Es posible que pronto podamos conocer la identidad de los allí enterrados, y es posible que por fin llegue la paz para algunas de las familias de los asesinados.

Extraño país el nuestro; inhumano en muchas ocasiones. La dictadura prohibía hablar de la Fuga de San Cristóbal, y la democracia, sin prohibiciones, la sumió en el olvido. La tremenda peripecia sufrida por aquellos valientes ha llegado a conocerse gracias a la sociedad civil: a profesores que han querido involucrarse; a investigadores pundonorosos; a los familiares que jamás se resignaron…. Todos trabajando a espaldas del estado e incluso a veces, enfrentados a él.

La Fuga de San Cristóbal no acabó en 1938, y sigue siendo un tema actual. La dejadez del estado para con las víctimas, la ocultación de la verdad, y la negativa a hacerse cargo de las tareas que le corresponden (Verdad, Justicia y Reparación), provoca y seguirá provocando que los hechos ocurridos hace ochenta años, toda una vida, sigan siendo hoy noticia de primera plana, lo que provoca, además de incomprensión, vergüenza e incredulidad. Es necesario afrontar los crímenes franquistas de una vez para siempre mediante la redacción de una nueva ley, clara, desarrollada y con voluntad decidida para resolver lo que hace ya tantísimos años debería haberse resuelto.

Ver en línea : Localizada fosa de fugados Fuerte de San Cristóbal

Tudela de Duero: 80 aniversario del crimen, por Orosia Castán

2017-03-14T12:37:10Z

14 penas de muerte y 63 de 30 años... ¡Acusados de rebelión militar ellos, que habían acudido al ayuntamiento al escuchar disparos y gritos en la mañana de aquel infausto domingo! Era la justicia al revés, en la que los que se levantaban en armas contra la legalidad detenían, juzgaban y asesinaban a los ciudadanos inocentes.

Este mes de marzo de 2017 se cumplen 80 años del fusilamiento de un grupo de vecinos de Tudela de Duero a manos de las tropas sublevadas de Franco. Entre estos vecinos se encontraba parte de la Corporación municipal elegida en las urnas en febrero de 1936, como el propio alcalde, el teniente de alcalde y varios concejales. Además formaban parte del grupo otras autoridades como el Presidente de la Casa del Pueblo, el Presidente de la Sociedad de Agricultores, el Presidente de la Sociedad de Oficios Varios, el Presidente de la Agrupación Socialista, un guardia municipal, el Guarda de Campo y el médico.

FUSILADOS EN SAN ISIDRO

1. Crescencio Juárez Ortega
2. Domingo Alcázar Navia , guarda de campo
3. Elías Palomo González , guardia municipal
4. Fortunato Román Abad, Presidente de la Sociedad de Agricultores
5. Guillermo González Ramos, Presidente de la Casa del Pueblo
6. Luciano Montalvillo Molpeceres (menor de edad)
7. Modesto Velasco Acebes, Presidente de la Sociedad de Oficios Varios
8. Saturnino Sánchez de la Cruz
9. Segundo Rivera Plaza
10. Serapio González Sanz, Concejal
11. Teófilo García García (sereno)
12. Toribio Peñalva Nicolás, Concejal, Presidente de la Agrupación Socialista
13. Pablo Arranz Sanz, Alcalde del Frente Popular
14. Darío Gerardo de Castro Olmedo, médico

Todos ellos habían sido detenidos en la mañana del domingo 19 de julio, cuando varios camiones repletos de gente armada entraron en Tudela y se dirigieron al ayuntamiento. Allí, el guardia civil Julio Maeso Hoyos destituyó a la corporación legal con el argumento de la fuerza, e impuso a otros regidores. El alcalde Pablo Arranz, acompañado de otras autoridades y con el bastón de mando en la mano, fue detenido en el mismo acto sin ningún tipo de resistencia. Todos ellos fueron trasladados a Valladolid.
Los detenidos, tras ser identificados en el Gobierno Civil, fueron ingresados en las Cocheras de Tranvías, una prisión habilitada para el caso, pues la Cárcel Nueva estaba ya saturada por los centenares de detenidos en la Casa del Pueblo de la capital durante la mañana del día anterior.
Permanecieron allí hasta que se señaló el juicio. Todos estaban tranquilos, ya que no habían cometido delito alguno. Las detenciones se habían producido sin resistencia; ninguno de ellos iba armado, y en Tudela no se habían producido incidentes de ningún tipo. El “delito” cometido no era otro que el de haber ocupado los puestos de representación para los que habían sido elegidos en unas elecciones legales. Los detenidos no tenían, pues, motivo para pensar que su condena iba a ser la muerte.
CAUSA 86/36

“En la Plaza de Valladolid a nueve de enero de 1937.- Vista en Consejo de Guerra de Plaza la presente causa nº 86 de 1936 que por supuesto delito de rebelión militar se sigue contra Pablo Arranz Sanz y setenta y dos más, vecinos de Tudela de Duero, paisanos y mayores de edad penal, a excepción de Julio Peñalva Herguedas e Isidoro Carrecedo Redondo, que en la fecha de autos eran menores de diez y ocho años y mayores de diez y seis, oídas la acusación Fiscal y la defensa……”

Así comenzaba la sentencia del juicio de los vecinos de Tudela.
Las condenas fueron gravísimas: 14 penas de muerte, contra las que no había apelación ni recurso; 63 condenados a 30 años de cárcel, lo que era en realidad cadena perpetua; dos condenados a 20 años por su condición de menores de edad, y un absuelto.

¡Acusados de rebelión militar ellos, que habían acudido al ayuntamiento al escuchar disparos y gritos en la mañana de aquel infausto domingo! Era la justicia al revés, en la que los que se levantaban en armas contra la legalidad detenían, juzgaban y asesinaban a los ciudadanos inocentes.

Los verdugos no les concedieron margen para su defensa. Algunos familiares desesperados se dirigieron al párroco de Tudela, el tristemente famoso Padre Sarabia, quien les contestó de tal manera, que ochenta años después sus palabras se conservan en la memoria de las familias de las víctimas: “Si los condenan es porque algo han hecho, y el que la hace, que la pague…”
Y con esta poco cristiana contestación, las familias se dirigieron al nuevo alcalde designado por la guardia civil, Ángel López García. Este les preguntó por la respuesta del cura y cuando ellos se la transmitieron, el alcalde ilegalmente nombrado les dijo que si el párroco no hacía nada, él tampoco.

Se sellaba así el destino de los detenidos de Tudela. Los condenados a muerte quedaron recluidos en la Cárcel Nueva a la espera de la ejecución; los demás serían trasladados a diferentes prisiones. Burgos, Pamplona, Cádiz, Pontevedra, Lugo o las Canarias fueron sus destinos, donde lucharían por sobrevivir en condiciones inhumanas, lejos de su pueblo y su familia.

CONDUCCIÓN DE LOS CONDENADOS AL PAREDÓN

El día uno de marzo, en un documento del Estado Mayor de la VII División Orgánica al Juez instructor Fernando Ferreiro Rodríguez, se daban las instrucciones relativas al fusilamiento de los tudelanos condenados a muerte.

El documento, conservado en el AHPVA, dice textualmente:

“Concedo permiso para que se cumpla la sentencia de muerte contra los paisanos

PABLO ARRANZ SANZ
TORIBIO PEÑALVA NICOLÁS
SERAPIO GONZÁLEZ SANZ
GUILLERMO GONZÁLEZ RAMOS
FORTUNATO ROMÁN ABAD
MODESTO VELASCO ACEBES
DARÍO GERARDO DE CASTRO OLMEDO
ELÍAS PALOMO GONZÁLEZ
TEÓFILO GARCÍA GARCÍA
DOMINGO ALCÁZAR NAVIA
CRESCENCIO JUÁREZ ORTEGA
SEGUNDO RIVERA PLAZA
LUCIANO MONTALVILLO MOLPECERES Y
SATURNINO SÁNCHEZ DE LA CRUZ.

Estas ejecuciones se verificarán, simultáneamente con la del procesado en otra causa, soldado de Aviación VICTOR YUSTE CARPINTERO, en el Campo de San Isidro a las 7 horas de mañana día 2. Los piquetes de ejecución serán cuatro, formados por 30 soldados del Regimiento de Infanteria de San Quintin 30 del 14 Regimiento de Artilleria Ligera, diez guardias Civiles y diez de Asalto, todos excelentes tiradores. Cada uno de estos piquetes estará mandado por una clase y en el momento de la ejecución tomará el mando de todos un Oficial del 14º Regtº de Artilleria Ligera. El primer piquete se trasladará a Prisiones Militares y los demás a la Cárcel nueva lo antes posible, para constituir la guardia interior reglamentaria de custodia de los presos. El piquete de escolta estará formado por una Compañía del Regimiento de Infanteria San Quintin. Los reos será conducidos al lugar de ejecución en una camioneta de la Guardia Civil, con una escolta de 16 Guardias Civiles, que recogerán primero al soldado de Aviación en las Prisiones Militares y después a los paisanos en la Cárcel Nueva, continuando luego por la Calle Real y Portillo de la Pólvora. El Grupo de Sanidad facilitará tres carruajes para el transporte de los cadáveres, y el Jefe de Sanidad Militar de la plaza designará un Oficial Médico que ha de certificar las defunciones.
Lo que transcribo a V.S. para su conocimiento y a fin de que se den todas las facilidades posibles para el buen cumplimiento de esta orden.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Valladolid, 1º de Marzo de 1937
P.O.
El Coronel encargado del despacho
(Firma y rúbrica)
Me hice cargo de los reos a que se refiere la presente orden para ser conducidos al lugar de la ejecución.
Valladolid 2 de marzo 1937
El Jefe de la Fuerza.
Francisco Lanzas

Simultáneamente, el Gobernador Civil enviaba al Conserje del cementerio del Carmen de la ciudad una orden de enterramiento:

Sírvase V. disponer lo conveniente para que se pueda proceder al enterramiento de los cadáveres de los reos anotados al margen, inmediatamente después de su ejecución, que tendrá lugar a las 7 horas del día 2 del corriente.
Dios guarde a V. muchos años.
Valladolid, 1 de marzo de 1937.

El Gobernador Civil,
Firma y rúbrica.

La noche anterior a su ejecución, los reos eran trasladados a unas celdas especiales. Esa noche, la última de sus vidas, muchos escribían cartas de despedida a sus familias; algunos recibían la visita de despedida de los suyos. Otros, los más, se recluían en sí mismos, anonadados por el increíble derrotero que sus vidas habían tomado.
Los condenados de Tudela no recibieron visitas, y además pidieron a sus familias que no asistieran a la ejecución. Todos ellos quisieron evitar este sufrimiento a sus seres cercanos.
Al amanecer del día 2 de marzo de 1937, siete meses después de su arbitraria detención, los condenados de Tudela fueron sacados de la Cárcel Nueva, y siguiendo las detalladas instrucciones de los verdugos, conducidos a las Cascajeras de San Isidro, donde les iban a arrebatar la vida.

SAN ISIDRO

El Campo de San Isidro era conocido como Las Cascajeras, por haber sido antiguas canteras de grava, y estaban en unos desmontes, hoy ocupados por el colegio Alonso Cortés. Este fue el lugar elegido por los franquistas para ejecutar a los condenados a muerte tras juicio sumarísimo. En el año 1936, este lugar se hallaba en las afueras de la capital, entre huertas y páramos. Cerca pasaba el ferrocarril. Desde allí los cadáveres eran conducidos al cementerio municipal. La conducción de los reos se efectuaba con grandes medidas de seguridad, aunque nunca se registraron incidentes.
Estas ejecuciones públicas eran seguidas por abundantes ciudadanos vallisoletanos. Acudían familias enteras al espectáculo. Dado que los fusilamientos se producían a horas tempranas de la madrugada, pronto se montó un puesto ambulante de venta de churros y aguardiente. El Gobernador hizo admoniciones acerca de este comportamiento “poco edificante” desde las páginas de “El Norte de Castilla”, advirtiendo a la gente para que dejara de acudir a divertirse con el sufrimiento ajeno. Desde los barrios aledaños, sobre todo desde La Pilarica y las Delicias, se podían escuchar las descargas de fusilería y los tiros de gracia. Así podían saber cuántos fusilamientos se habían hecho ese día.

FOSA COMÚN

Hubo una persona de Tudela que acudió a la ejecución, que era pública. Fue testigo del hecho, y después fue al pueblo y lo contó a las familias, que hundidas y acobardadas, esperaban las noticias con el alma en un puño. Este testigo informó someramente: que todos estaban enteros; que habían muerto rápidamente; que el más joven, Montalvillo, destacaba con su cabellera rubia.
A continuación, tal y como se indicaba en la orden arriba citada, los cuerpos fueron colocados en tres carruajes y conducidos al cementerio. Su destino fue una fosa común situada en el cuadro 53, tal y como recoge el libro del Cementerio de Valladolid, a donde eran arrojados sin mucho miramiento y después cubiertos con cal viva.
Únicamente se libraban de este procedimiento aquellos cuyas familias pudieran aportar un féretro y pagar las tasas correspondientes, con lo que el cuerpo no se perdía en la fosa común y estaba localizado en el cementerio.
De los fusilados de Tudela, sólo cuatro personas se libraron de la fosa común:
Pablo Arranz, cuya familia pagó; Toribio Peñalva, cuya hija mayor pudo aportar un féretro; Darío de Castro, el médico, y Crescencio Juárez, cuya novia logró comprar una caja, hecha a base de cajones de fruta, consiguiendo así evitar la fosa común.

El nueve de octubre de 2011, en el pueblo de Tudela se inauguró un jardín con una escultura conmemorativa. Los familiares de las víctimas, el grupo Verdad y Justicia, la Peña “No Nos Moverán” y la Asociación Cultural “El Lokal”, tras años de trabajo, lograban materializar el lugar conmemorativo en recuerdo y homenaje a todos ellos.
Hoy, el conocido como Parque de la Memoria, está consolidado. Crecen los árboles y en la escultura jamás faltan flores, esas flores que simbolizan el recuerdo, el respeto y el homenaje que el pueblo de Tudela les ofreció multitudinariamente.

Y es que pasan los años, pero la memoria permanece fiel, recordando a las víctimas de una sublevación criminal que les robó la vida siendo, como eran, inocentes.

Recordatorio al Ayuntamiento y Diputación de Valladolid

Orosia Castán — 2017-02-13T17:24:09Z

La eliminación de nombres, símbolos y honores franquistas de nuestras calles, escudos y documentos es una exigencia ciudadana, y como tal, pedimos a todas las organizaciones, asociaciones, grupos y ciudadanos particulares que se unan a ella. El objetivo es lograr un territorio limpio de símbolos y todos nos debemos implicar en la medida de lo posible.

El fascismo vuelve a mostrarse en Europa, en EEUU, en todo el mundo. También entre nosotros resurge el monstruo en forma de homenajes al franquismo; de incumplimiento de leyes; de ofensiva para conservar los símbolos franquistas, para celebrar homenajes, para continuar con la impunidad. Valladolid ha sido una de las primeras ciudades en lograr la eliminación de símbolos franquistas, no solo de su callejero, sino también de uno de los monumentos mayores de todo el territorio, el del Cerro de San Cristóbal, y eso ha sucedido tras años de trabajo, de reivindicaciones, de protestas ciudadanas y de acciones judiciales.
Este Ateneo se ha caracterizado por su trabajo en el campo de la Memoria. Entre sus planteamientos base siempre ha estado la defensa e implantación de los valores que exigen para toda la ciudadanía libertad, igualdad, solidaridad y laicismo, así como el derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo.

Sin embargo todavía queda camino, y es una responsabilidad de todas las organizaciones, colectivos y ciudadanos no bajar la guardia y no cejar en el combate.

Por todo esto, queremos comunicaros que el Ateneo Republicano de Valladolid ha decidido presentar en el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid un documento en el que se exige la retirada definitiva de los símbolos, nombres y honores franquistas que a día de hoy aparecen en nuestras calles, en nuestros cementerios, en nuestros escudos y en nuestros documentos.
El documento aporta un Anexo en el que se recogen todos los elementos citados, relación elaborada por este Ateneo, como en su día ocurrió con el Callejero de Valladolid que sirvió para la retirada de la mayor parte de nombres franquistas de nuestras calles.
Entendemos que la eliminación de nombres, símbolos y honores franquistas de nuestras calles, escudos y documentos es una exigencia ciudadana, y como tal, pedimos a todas las organizaciones, asociaciones, grupos y ciudadanos particulares que se unan a ella, tal y como hicieron en la anterior campaña. El objetivo de lograr un territorio limpio de símbolos es común para todos, por lo que todos nos debemos implicar en la medida de lo posible.

Ateneo Republicano de Valladolid

Valladolid, 9 de febrero de 2017

ANEXO

Relación de símbolos y nombres franquistas
Lugares de Memoria
Reconocimientos

NOMBRES DE CALLES

FERNÁNDEZ LADREDA: Político organizador de la CEDA, de la que fue diputado. Julio 1936: se subleva y organiza batallones de civiles contra la República. Beligerante como pocos contra la II República, fue ministro de Obras Públicas de Franco.

ISIDRO RODRIGUEZ ZARRACINA: Falangista de Valladolid, camisa vieja, formó parte activa de los grupos fascistas, agrediendo a los izquierdistas en continuos incidentes y peleas. Formó de la Comisión Gestora de 1939 formada por el alcalde Luis Funoll, la misma que otorgará a Franco honores y medallas.

JOSE LUIS ARRESE: Camisa vieja de FE. Figura principal de la sublevación, participa en la fundación de Falange Española, teniendo una estrecha relación con José Antonio Primo de Rivera, ocupando cargos en el nuevo régimen franquista y siendo uno de los máximos dirigentes de FE.

MARIANO MIGUEL LÓPEZ: Párroco del Carmen de las Delicias. Enemigo cualquier defensor de la democracia, de la república y del laicismo, denunció y persiguió a sus propios vecinos. Testigo de cargo en varios procesos que acabaron en muertes, acusando a los detenidos de todo tipo de delitos. Tras el 18 de julio acudió a varios domicilios junto con las patrullas falangistas. Reconstruyó la iglesia con trabajo esclavo de los presos. Tuvo a su servicio como domésticas a presas políticas en libertad condicional.

RECTOR LUIS SUÁREZ: Apologista del franquismo. Presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos. Gran Cruz del Mérito Militar.
Durante la dictadura franquista, Luis Suárez fue procurador en Cortes por ser rector de universidad. En junio de 1972 fue nombrado director general de Universidades e Investigación por el ministro de Educación José Luis Villar Palasí. Fue mantenido en el cargo por el nuevo ministro Julio Rodríguez Martínez, nombrado en junio de 1973 por Carrero Blanco. Participó a las órdenes de éste en la reforma del calendario universitario que pospuso el comienzo del curso de primero de carrera a enero de 1974, dejando a 100.000 estudiantes sin clases durante todo un trimestre.
Está vinculado a la Fundación Francisco Franco. También es presidente de la pro-franquista Hermandad del Valle de los Caídos. Suárez ha declarado en multitud de ocasiones su oposición a la democracia y a la igualdad de mujeres y hombres;

VICENTE MORTES: Falangista vallisoletano, llegó a ser ministro de la vivienda con Franco. Intervino en la preparación del alzamiento y participó activamente en el golpe armado; por ello fue recompensado con las cruces del Mérito Civil, de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas y con la medalla de la Vieja Guardia de Falange.

GRANJA ESCUELA JOSÉ ANTONIO

En sus obras trabajaron turnos de 60 presos políticos de la Prisión Provincial de Valladolid, trasladados diariamente desde la cárcel a las obras.
La Granja Escuela fue inaugurada por el propio Franco el 3 de marzo de 1950 en el transcurso de una visita a la ciudad, ampliamente documentada por los medios.

PETICIÓN

Cambio de nombre, eliminando la referencia al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Colocación de una placa conmemorativa del trabajo esclavo de los presos políticos que la construyeron.

PLACAS EN LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS
Retirada de las placas de chapa con el símbolo de Falange. Fácilmente extraíbles. Pueden hacerlo los propietarios mediante una disposición de la alcaldía.

CEMENTERIO

Eliminación del monumento existente en el panteón de Martínez Anido.
Identificación, dignificación, reconocimiento mediante placa u otro símbolo conmemorativo, protección de las fosas de las víctimas de la represión franquista.

RETIRADA DE LA CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO

(17-Julio-1939) Concesión a la Ciudad de Valladolid del título de “LAUREADA"

HONORES Y DISTINCIONES OTORGADOS EN NOMBRE DE VALLADOLID

HONORES A FRANCO

Es incontestable que las autoridades franquistas otorgaron honores al dictador y a otros personajes destacados en el golpe armado contra la legalidad republicana, la represión contra la ciudadanía, la eliminación de la democracia y la instauración de una dictadura fascista durante cuarenta años.
Sea cual sea la forma en que estas distinciones fueron concedidas; sean simbólicas o materiales; figuren o no en Actas o Memorandos, lleven pólizas y sellos o no, cualquier distinción otorgada al dictador y a los mandos franquistas en nombre de la ciudad de Valladolid, ha de ser retirada por parte de las instituciones democráticas de manera inmediata. Se trata de una obligación contraída con sus votantes y con su propia coherencia ideológica y política.

Distinciones concedidas:

24 de Septiembre 1939
Gobernador Civil: Tomás Romojaro. Alcalde: Luis Funoll

Entrega a Franco del título de Alcalde Honorario de la Ciudad, consistente en un pergamino y el bastón de mando distintivo del cargo. El acto está detalladamente recogido en los diarios de la fecha e ilustrado con fotografías.

Marzo 1950
Alcalde: José González Regueral

Imposición de la Medalla de Diamantes de la Ciudad al Caudillo: “Señor: en letras de oro quedará grabada en los anales de Valladolid la fecha de hoy, en que su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos nos honra visitando esta población y estas Casas Consistoriales”.
La entrega efectiva de la Medalla tuvo lugar en el Palacio del Pardo el 31 de enero de 1951

28 de octubre 1959
Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid: Emiliano Berzosa Recio

Franco visita Valladolid para la entrega del grupo de viviendas “4 de Marzo”. A continuación, la Diputación le hace entrega de la Primera Medalla de la Provincia.

HONORES OTORGADOS A GIRÓN

Militante de las JONS, representante de su sector más violento. Durante la guerra fue jefe provincial de milicias y jefe territorial de las JONS de Valladolid, dirigiendo el Terror en toda la provincia. Encabezó personalmente ejecuciones y “paseos”. Al finalizar la guerra, es nombrado delegado nacional de excombatientes y en 1941 Franco le hace Ministro de Trabajo. A partir de entonces emprende numerosas inversiones en terrenos rústicos en Fuengirola que más adelante aumentarán estrepitosamente su valor. Representaba la corriente más reaccionaria, más afecta al Movimiento y más opuesta a cualquier atisbo de apertura política.

PETICIÓN

Retirada del título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Valladolid concedido en enero de 1955.
Retirada y devolución de la Medalla de Oro de la ciudad.

RECONOCIMIENTO DE LUGARES DE MEMORIA

(Localización, adecentamiento, señalización mediante elementos conmemorativos y protección)

Cárcel Vieja de Chancillería
Prisión de Cocheras de Tranvías
Cárcel Nueva (Centro Cívico Esgueva)
Granja Escuela de la Diputación
Cementerios

RECONOCIMIENTOS

La Diputación y los ayuntamientos deben realizar mociones de condena al franquismo y reconocer a las corporaciones republicanas municipales y provinciales, elegidas en urnas, así como a los trabajadores y funcionarios, víctimas por su lealtad al orden democrático.

NOTA: Esta relación no es exhaustiva. Existen más símbolos, sobre todo en las localidades de la provincia, que presentan dificultades de identificación y localización, siendo esta tarea propia de la Diputación Provincial, que deberá hacerse cargo de la realización detallada y documentada de un catálogo de los mismos.

Orosia Castán
Ateneo Republicano de Valladolid, febrero 2017

14 de abril

Orosia Castán — 2016-04-14T18:05:36Z

La República nació para conseguir una vida más digna, un mundo mejor.

http://www.ultimocero.com/blog/disculpe-estoy-haciendo-memoria/14-abril

Como todos los años, el día 14 de abril es una fecha para recordar la proclamación de la II República en nuestro país, una forma de gobierno elegida por los ciudadanos en las urnas, que acabó destruida a manos de un golpe militar que aniquiló las ilusiones de cambio, poniendo al país en manos de una dictadura que duraría décadas.

La República fue en su día algo de la mayor importancia; por ella trabajaron muchas personas, uniendo fuerzas, superando distancias, empujando todos en la misma dirección y con el objetivo de acabar con una monarquía desprestigiada por su connivencia con las corruptelas de la época y por su lejanía del pueblo, que como siempre, luchaba día a día por mantener su existencia dentro de una mínima dignidad.

La significación de la República fue tan importante, que todos sus enemigos tuvieron que aliarse para derribarla. El pueblo español la defendió contra el golpe armado que los elementos facciosos tramaron contra ella y en esta defensa llegaron a dar todo lo que tenían, incluso la vida.

Desde entonces se han hecho muchos esfuerzos por enturbiar el recuerdo de la República y por pervertir su significado. La dictadura se aplicó desde el primer momento a desprestigiarla como institución; a calumniarla con mentiras, a responsabilizarla de la guerra criminal que los sublevados comenzaron con las armas en la mano, utilizando el exterminio de los oponentes políticos como herramienta para imponer su criterio y hacerse con el poder.

Uno de los logros de la dictadura fue precisamente la imposición de estas ideas falsas, y la unión en el imaginario colectivo de República y caos; de República y crimen; de República y guerra. No hay más que escuchar los discursos que cada año se pronuncian en los actos de homenaje: con mayor o menor insistencia, las intervenciones suelen hacer énfasis en la sangre derramada, achacándola, claro está, a la República; en el caos, el horror, la muerte y el exilio. Franco, que derribó criminalmente un régimen legal, expresión de la voluntad popular, logró el objetivo de unir el concepto de República al de represión, y lo hizo de tal forma, que a fecha de hoy se sigue cayendo en el error.

Va siendo hora de separar el recuerdo de la República de los actos criminales que los golpistas llevaron a cabo en su afán por derribarla. Porque la República tuvo como base y objetivo una serie de valores éticos, orientados a construir una sociedad mejor y una vida más digna para todos. Los valores que la República proclamaba son universales y eternos, y aparecen en la formulación de cualquier democracia de calidad: Libertad, Igualdad, Solidaridad, Laicidad…. valores éticos por los que hay que luchar a diario, cuadren o no en el momento, tengan más o menos popularidad, sean denostados o estén de moda.

Los valores éticos definen a una sociedad mucho más que su forma de estado o las declaraciones de sus mandatarios. A día de hoy nuestro país es una democracia formal, pero la corrupción agobiante, la eliminación de derechos fundamentales, la cultura del robo, la mentira o la manipulación, convierten esa democracia formal en un papel mojado que sirve de bien poco a los ciudadanos.

Hay que volver, por tanto, a la República de los valores. La República tiene que dejar de ser una palabra que se pronuncia una vez al año. La República no es una insignia; no son unos colores, ni una medalla con la que adornarse. No es tampoco lo que el dictador quiso que fuera: un mal recuerdo, una imagen siempre asociada al dolor, al crimen y a la destrucción.

Luchar por la República es trabajar por sus valores, promoverlos, implantarlos, defenderlos y mantenerlos. Y eso es un trabajo diario y algo más: es una actitud.

Trabajemos para que los ideales nobles de aquellos que nos precedieron tengan continuidad en la sociedad de hoy.

Por una vida digna, por un mundo mejor,

¡Viva la República!

Ver en línea : Último Cero

Denunciar a los alcaldes para que cumplan la ley

Orosia Castán — 2015-02-11T20:14:39Z

Algo malo ocurre en nuestro sistema cuando es necesario procesar a los representantes de los ciudadanos para obligarlos a que cumplan las leyes.

Hoy, once de febrero de 2015, es el 142 aniversario de la 1ª Republica. Coincidiendo con esta fecha, el abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, ha presentado una denuncia contra 38 alcaldes de toda España por un presunto delito de desobediencia, al no retirar los símbolos franquistas en sus ciudades, tal y como ordena la ley de la Memoria Histórica que se aprobó el diciembre del año 2007.

Han pasado ya ocho años desde que la ley se publicase en el Boletín Oficial, pero su cumplimiento está siendo una auténtica odisea, porque decenas de alcaldías ha protagonizado lo que podría considerarse como un plantón, negándose a acatarla y algunos, incluso, afrontando procesos judiciales en los que se les reclama que la cumplan.
Esta es una situación, cuando menos insólita, pero además es inadmisible por el agravante que supone que sean los representantes de los ciudadanos, precisamente los más obligados a dar ejemplo a la ciudadanía, los que desobedezcan las leyes, que por serlo, son de obligado cumplimiento.

En la ciudad de Valladolid, los ciudadanos tuvieron que adoptar medidas legales para exigir en los tribunales que su alcalde, León de la Riva, cumpliese con su deber y retirase los numerosos vestigios franquistas que estaban repartidos por toda la ciudad.
Así, desde el Ateneo Republicano de la ciudad se redactó un proyecto para la retirada de esta simbología, basado en un estudio exhaustivo, que dio como resultado un censo documentado de los vestigios franquistas en la ciudad.
Pero el censo fue ignorado por el alcalde, quien declaró por activa y por pasiva que no pensaba retirar nada, ni cambiar uno solo de los nombres que se recogían en dicho estudio.
Los Tribunales le obligaron finalmente a retirar los símbolos, aunque él trató de dilatar al máximo el cumplimiento, pidiendo otros estudios, alargando el proceso, y eliminando solamente una parte de ellos, con lo que logra mantener el tema candente, no se sabe con qué objetivo, pues finalmente tendrá que cumplir la ley y retirar los símbolos franquistas.

Otro caso paradigmático es el de la localidad de Mayorga, localidad que debería salir a la palestra informativa por sus referencias culturales: sus antiquísimas fiestas, su espléndido Museo del Pan o su patrimonio artístico; y en lugar de eso, en referencia al cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, el alcalde de la localidad, Alberto Magdaleno de la Viuda, del Partido Popular, en declaraciones publicadas en el periódico El Día de Valladolid de 10 de febrero, explica que no puede proceder a la eliminación de estos símbolos porque desconoce cuáles son, que lo ignora hasta el punto de necesitar que alguien cualificado dictamine cuáles son los símbolos señalados por la ley.

Es desconcertante que un alcalde del siglo XXI, el representante de una localidad como Mayorga, se escude en la ignorancia para incumplir la ley. Deja el señor Magdaleno una mala imagen de él mismo y lo que es más grave, del pueblo al que representa, dando a entender que no tienen la capacidad de identificar unos nombres que forman parte de la historia y por tanto, del acerbo cultural mínimo al que hoy en día puede accederse incluso desde Internet.

En todo caso, y como el desconocimiento de las leyes no eximen de su cumplimiento, y además la ley tiene ya ocho años, tiempo más que suficiente para que cualquier edil haya podido documentarse, los alcaldes que sigan manteniendo en su municipio los nombres y símbolos franquistas a que la ley se refiere, podrán ser encausados por el delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal, que lleva aparejadas multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Algo malo ocurre en nuestro sistema cuando es necesario procesar a los representantes de los ciudadanos para obligarlos a que cumplan las leyes.

Desaparecidos y Transiciones

Orosia Castán — 2015-01-28T21:07:25Z

150.000 desaparecidos, cuyos cadáveres continúan enterrados en las cunetas, es demasiado para cualquier país, pero es inaceptable en un país occidental, europeo, democrático, situado en el siglo XXI.

Por Orosia Castán

http://www.ultimocero.com/blog/disculpe-estoy-haciendo-memoria/desaparecidos-y-transiciones
El mundo entero se ha escandalizado ante la desaparición el día 26 de septiembre, de 43 estudiantes mexicanos a manos de grupos armados entre los que se encontraban fuerzas de la propia policía del estado, y que ha pasado a ser conocido como el caso Iguala. No es una práctica nueva, pero esta vez ha saltado con fuerza a las primeras planas de la prensa mundial y ha corrido por las redes de forma imparable, subrayada y sostenida por la reacción de las familias, que apoyadas por amplios sectores de la sociedad, han colocado en el ojo del huracán a las autoridades responsables del hecho, acusándolas de cometer un crimen de lesa humanidad y exigiendo sin desmayo la devolución de sus hijos, indemnes como estaban en el momento de la detención.
No es la primera vez que ocurre algo así en México, donde se cuantifica en 30.000 el número de personas desaparecidas sin que el estado haya mostrado su capacidad para detener esta sangría. Las 43 desapariciones de Ayotzinapa han venido a ser la gota que colma el vaso, lo que ha provocado intervenciones de políticos, abogados, jueces y psicólogos, que han puesto sobre la mesa lo que ya sabíamos desde tiempo atrás: la desaparición es un crimen de lesa humanidad, contemplado por la legislación internacional, y no prescribe jamás. Jamás.
Los psicólogos insisten en que la desaparición de un familiar es una de las torturas más crueles que puede infligirse a las personas, que ante la ausencia de la realidad material (el cadáver), no logran elaborar su duelo, por lo que están condenadas para siempre a la incertidumbre dolorosa que supone el no saber a ciencia cierta qué ha pasado con su hijo, o padre, o hermano; si está vivo y por tanto no debe dejar de buscarlo, si está sufriendo malos tratos, si está enterrado o ha podido huir de sus captores... La desaparición forzada es lo peor que existe, y por ello las leyes internacionales insisten en castigarla de manera contundente, incluyéndola en el apartado de delitos imprescriptibles.
La desaparición de los 43 estudiantes ha obligado a la sociedad mexicana a abrir los ojos y mirar el horror que alberga, enfrentándola a la necesidad de resolver de una vez, por medio de la justicia, esas 30.000 desapariciones forzadas que ponen en tela de juicio la esencia misma del estado mexicano.
En nuestro país, el número de desapariciones forzadas no está siquiera cuantificado de manera exacta, pero todos los sectores que han entrado en contacto con el tema, ya sean historiadores, activistas de derechos humanos, asociaciones o entidades políticas, están de acuerdo en que supera la cifra de 150.000 víctimas hechas desaparecer, asesinadas por causas ideológicas, en este caso por su adscripción política a la II República, un régimen legal emanado de las urnas

El caso, además, es doblemente escandaloso porque a lo largo de los años y de los diferentes gobiernos de la democracia, las fuerzas políticas imperantes, con la colaboración constante de otras fuerzas que se declaran de izquierdas, han hecho todo lo posible por mantener a los asesinados en los montes y cunetas donde fueron ilegalmente enterrados, haciéndolos desaparecer nuevamente por el procedimiento de dejar el caso olvidado en cajones o en la memoria de las familias, esperando que el tiempo acalle las voces de los que reclaman justicia por el sencillo procedimiento de su fallecimiento a causa de la edad.
150.000 desaparecidos, cuyos cadáveres continúan enterrados en las cunetas, es demasiado para cualquier país, pero es inaceptable en un país occidental, europeo, democrático, situado en el siglo XXI. Es inaceptable el hecho, pero lo es más atendiendo a los recursos con los que se mantiene la situación: un pacto abominable, por el que las derechas responsables del crimen quedan exoneradas de su delito; unas izquierdas cobardes y entreguistas que aceptan la impunidad de los crímenes ejecutados contra su país y contra sus hermanos a cambio de un lugar en el poder.
El pacto se conoce como Transición. El objetivo resultó ser la impunidad. El precio a pagar, la dignidad del pueblo. La recompensa, una cuota de poder.
Sobre este pacto que blindaba a los criminales y pasaba necesariamente por la mixtificación de la Historia y el abandono de las víctimas, está fundado nuestro estado actual. No es de extrañar, por tanto, la existencia de los vicios que hoy nos afligen, heredados, como son, de aquel régimen criminal en el que medraban los afectos al Movimiento y sus familias; donde la sinecura, el enchufe y la recomendación eran indispensables para vivir; donde la corrupción, el reparto de los bienes comunes y el favor eran los únicos mandamientos. El país entero era de los vencedores, y por esa razón lo trataron como botín de guerra y se lo repartieron. El poder político y económico, así como el control de todas las instancias judiciales, administrativas y sociales, han sido también utilizados a favor de una minoría que funciona como un grupo cerrado, dispuesto a defender con uñas y dientes, o con leyes y decretos, lo que considera como suyo. Y si se pierde la mayoría, siempre queda la opción real de la coalición, del pacto, de la segunda Transición.
Esta vez, el objetivo es el bipartidismo. El precio, el descrédito y la traición a lo que fue el socialismo. El premio, la cuota de poder. La excusa, el mantenimiento de la estabilidad política y económica.
150.000 desaparecidos forzosos son un crimen contra la Humanidad, imprescriptible. La ocultación de la verdad, la desasistencia a las víctimas, la falta de justicia, son crímenes de estado. Lo que hay detrás de esta sinrazón, es fundamental para la supervivencia de unas fuerzas políticas corruptas que siguen considerando el país como botín a repartir.

Ver en línea : http://www.ultimocero.com/blog/disc...

Los escándalos de corrupción acaban con el gobierno de la derecha

Orosia Castán — 2014-11-12T20:59:34Z

Daniel Strauss escribió al Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para informarle de que había entregado dinero al hijo de Lerroux, a ministros y a altos cargos para que le otorgasen una autorización administrativa.

Indignación y estupor eran los sentimientos que embargaban a los españoles cada mañana del mes de octubre de 1935, cuando se desayunaban con las noticias de nuevos escándalos económicos perpetrados por cargos oficiales; con denuncias por corrupciones que afectaban a personajes conectados con el poder e incluso a miembros del aparato gubernamental, mientras en las Cortes, los diputados de la derecha, que ostentaban la mayoría, proponían presupuestos restrictivos que congelaban partidas fundamentales, como la destinada a Educación, o decretaban una disminución del 10% del sueldo de los funcionarios, o anunciaban la subida de impuestos. El gobierno estaba formado por una coalición derechista compuesta por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y el Partido Republicano Radical, que gobernaba desde noviembre de 1933 con el apoyo de un conglomerado de pequeños partidos, como los catalanistas de Cambó o los agrarios de Martínez de Velasco entre otros.

Gil Robles, la cabeza de esta coalición de gobierno, no ocultó jamás su antipatía hacia la República, cosa que conocían todos los españoles. Dentro del gobierno derechista presidido por Alejandro Lerroux, Gil Robles (que se hacía llamar “El Jefe”), consiguió el ministerio de la Guerra y colocó a Franco en un lugar de preeminencia. Después comenzó las reformas: reorganizó el ejército y en ese proceso eliminó a todos los oficiales que detentasen ideas izquierdistas. Además, comenzó a maniobrar para controlar a la Guardia Civil, que había pasado a depender de ese ministerio y empezó a efectuar preparativos sospechosos, como la construcción de trincheras en la Sierra de Guadarrama, que a la postre fueron fundamentales para el triunfo de las fuerzas sublevadas en julio de 1936.

El país atravesaba momentos difíciles, pero los ministros y diputados se dedicaban a llenarse los bolsillos tan deprisa como podían. Los ciudadanos se enfrentaban cada día a noticias y rumores que hablaban de nuevos escándalos relacionados con corrupciones económicas. Los cambios en el gobierno se sucedían sin parar, pero los españoles no ignoraban que todos los que habían sido ministros obtenían una pensión vitalicia de 10.000 pesetas, cifra fabulosa en aquellos tiempos. Y nada menos que 38 miembros del Partido Radical habían desempeñado un ministerio en sólo dos años…

En estas circunstancias, el caso Strauss también conocido como straperlo, estalló y acabó con el gobierno derechista, porque fue la demostración de la quiebra moral de un régimen que ya había mostrado su talante represor durante la huelga de 1934 y su dedicación a conseguir su propio beneficio.

El escándalo salpicaba de lleno al gobierno, porque en él estaban implicados varios ministros, el anterior jefe de gobierno, Ricardo Samper, el propio Lerroux, que era Presidente del Consejo de Ministros, a través de su hijo adoptivo, y algunos cargos relevantes, como el Gobernador General de Cataluña, Pich i Pon, el diputado por Valencia Sigfrido Blasco Ibáñez o el ex ministro de Gobernación, Rafael Salazar Alonso.

El escándalo del straperlo se inicia en septiembre de 1935, cuando Daniel Strauss, un holandés de oscuros antecedentes, escribe al Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para informarle de que había entregado dinero al hijo de Lerroux, a ministros y a altos cargos del gobierno para facilitar que le otorgasen una autorización administrativa que le permitiese implantar en los casinos españoles una ruleta de su invención llamada straperlo, a pesar de que el juego estaba completamente prohibido en España. Strauss decía que su ruleta no era un juego de azar sino de ingenio, por lo que intentó que la legalizaran. Para ello dedicó mucho dinero a sobornar a estos altos cargos, a los que accedía por medio del familiar de Lerroux, que hacía de intermediario.Como Strauss no consiguió sus propósitos, exigía al presidente de la República una compensación económica de casi 400.000 pesetas, cifra monumental en aquellos tiempos, y que se correspondía, según él, con la cifra entregada a los conseguidores.

Pero esta petición, que era en realidad un intento de chantaje, no surtió efecto, y la carta acabó en la Fiscalía General, que se dispuso a llevar a cabo una investigación acerca del caso.

La trama salió a la luz pública y el país entero se encendió de indignación cuando los detalles se fueron conociendo. Era la chispa que encendía una gran hoguera, la misma que había alimentado el gobierno corrupto durante años. Los rumores se hicieron tan intensos que el propio presidente del gobierno no tuvo más remedio que publicar en la prensa una nota tranquilizadora que explicaba a la opinión pública que el caso estaba ya en manos de la Fiscalía y aseguraba que se practicaría una investigación minuciosa y se determinarían las responsabilidades, si las había.

Pero los escándalos originados por la corrupción habían abrasado ya a la gente, de tal forma que el escándalo tuvo que ser debatido en las Cortes el día 22 de octubre de 1935. La tensión fue tremenda, y por fin se pudo llegar al acuerdo de apartar a los implicados de sus cargos y crear una Comisión para depurar responsabilidades políticas. Se nombró también un juez especial para que llevase el sumario, pero ninguna de estas medidas logró aplacar la indignación popular.

Los grupos implicados negaban los hechos, acusando a la oposición de levantar una campaña de calumnias; hablaban de acoso a Lerroux por parte de la izquierda, acusaban de irresponsabilidad a la prensa que se hacía eco del escándalo, y el diputado Pérez Madrigal llegó a decir en el Congreso que tras estas denuncias por corrupción estaban “los enemigos de España” y que era una maniobra de marxistas y masones para derribar al gobierno.

Pero nada de esto sirvió para detener el escándalo. En la calle no se hablaba de otra cosa, y el día señalado para que la Comisión diese cuenta de las investigaciones realizadas, hubo incidentes callejeros ante el Congreso, y puede decirse que la ciudadanía en pleno estaba pendiente de lo que se iba a decir durante la sesión.

La Comisión admitió indicios de culpabilidad en varios altos cargos, en ex ministros, en el ex presidente… y propuso remitir todo el informe a los tribunales de Justicia, previa votación secreta en el propio Congreso.

Ante el aluvión de críticas y protestas, el Consejo de Ministros determinó la destitución de los implicados hasta que la justicia se pronunciase, pero la situación estaba ya tan deteriorada y el hartazgo era ya de tal calibre, que la medida no logró detener la caída del gobierno.

El día 29 de octubre dimitía Lerroux, produciendo una crisis total de gobierno que acabaría con la coalición derechista para siempre. En su caída arrastró a todo tipo de cargos políticos y administrativos, como fue el caso del Fiscal General, que había mantenido discrepancias con el ministro de Justicia acerca de las acusaciones a altos cargos.

La prensa hablaba de latrocinios continuados y achacaba la crisis final a la descomposición del sistema capitalista. En la calle se exigía la recuperación del honor nacional por medio de una regeneración total.

La crisis duró todavía unos meses más, durante los que se intentó parchear la situación mediante nombramientos de compromiso, concesiones, nuevos gabinetes y muchas declaraciones, pero nada de ello sirvió para salvar la coalición derechista, y por fin, el día 7 de enero de 1936, las Cortes se disolvieron, señalándose la fecha de celebración de las nuevas elecciones.

Se designó para ello el día 16 de febrero del mismo año, y salió elegido el Frente Popular, una coalición de izquierdas que propugnaba la regeneración.

La derecha, la misma que había sido expulsada del gobierno a causa de sus corruptelas y latrocinios, no aceptó el veredicto de jueces, ciudadanos ni urnas, y dio un golpe de estado cinco meses después. El sangriento golpe y la subsiguiente guerra que ocasionó, dio lugar a un baño de sangre, a miles de muertos, a la ruina del país y a la instauración de una feroz dictadura que se mantendría en el poder durante cuarenta años mediante el ejercicio de la represión más brutal y el exterminio de cualquier tipo de oposición.

Lecciones de la Historia que no debemos olvidar, pues como puede comprobarse, los hechos, cuando se ignoran, tienen una irresistible tendencia hacia la repetición.

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