Represión franquista en Valladolid

Eugenio Curiel Curiel

Orosia Castán — 2014-04-09T20:43:50Z

Fue nombrado Concejal Delegado de Alumbrado Público. Como parte crucial de sus funciones, tuvo que entrar de lleno en la concesión del servicio municipal de alumbrado a la Electra Popular Vallisoletana, empresa que estaba aprovechándose de una serie de prebendas concedidas por los ayuntamientos anteriores de la dictadura y la monarquía.

Concejal en el primer ayuntamiento republicano de Valladolid, era además tío de Enrique Curiel, quien también fue elegido como representante en el mismo ayuntamiento, además de diputado y senador.

Era licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y en el año 1936 era catedrático y director del Instituto de Astorga. Pero además, Curiel formaba parte del Ayuntamiento vallisoletano desde la llegada de la República, ya que fue elegido concejal en el primer consistorio republicano de Valladolid por el partido Izquierda Republicana.
En este primer consistorio fue nombrado Delegado de Alumbrado. Como parte crucial de sus funciones, tuvo que entrar de lleno en la concesión del servicio municipal de alumbrado a la Electra Popular Vallisoletana, empresa que estaba aprovechándose de una serie de prebendas concedidas por los ayuntamientos anteriores de la dictadura y la monarquía.

Curiel comenzó a analizar en profundidad tanto las necesidades energéticas del municipio como la manera de optimizar el servicio, mejorar y ampliar las redes y sobre todo completar y poner en marcha la central del salto de la Esgueva, de propiedad municipal, que estaba comenzando a construirse pero carecía de red, por lo que su funcionamiento era imposible.
Cuando el nuevo concejal comenzó a estudiar todo lo concerniente al contrato de la Electra, se encontró con la existencia de una serie de clausulas abusivas por parte de la empresa, que traducidas en forma de privilegio ocasionaban gastos ingentes al consistorio. Decidido a cambiar las cosas, se creó una Comisión Especial de Alumbrado que estudió al detalle todos los aspectos, desde la producción energética a las necesidades de consumo, precios, etc., redactando una propuesta más ajustada a las necesidades de la ciudad, con su correspondiente Pliego de Condiciones, con el fin de sacar el contrato a concurso público.

Desde el momento en que Curiel se percató de los beneficios que la Electra Vallisoletana venía obteniendo a costa de las arcas públicas, se planteó la posibilidad de municipalizar el servicio, lo que tuvo que hacer mucho daño a la compañía. Pero se presentaron las cuentas, y el resultado clarificaba la cuestión, ya que el plan propuesto por Curiel suponía un ahorro de 98.988,05 pesetas anuales a las arcas municipales, una suma enorme para la época, y que salía de los beneficios que estaba obteniendo la Electra gracias a las prebendas que los anteriores ayuntamientos le habían concedido.
La base de todo el plan era mantener municipalizada la central, y no privatizar el Salto del Esgueva con el fin de que el aprovechamiento fuese íntegramente para la ciudad. Una cuestión que, como vemos, continúa vigente a día de hoy con la privatización de los centros sanitarios y otras infraestructuras y servicios públicos.

Y a pesar de todas las presiones que la empresa ejerció con el fin de no perder esa enorme cantidad de dinero, el nuevo contrato salió adelante, la Electra Popular tuvo que aceptar las nuevas condiciones y Eugenio Curiel se ganó enemigos poderosos que más adelante pudieron influir de manera decisiva sobre su destino.

En septiembre de 1936 Eugenio Curiel se encontraba en Valladolid, indemne y libre cuando su familia le avisó de la detención en Vigo de su hermano Luis, catedrático de Lengua y Literatura francesa en el instituto de Santander y de filiación comunista, que contaba con antecedentes por haber sido detenido en el año 1929 a causa de su actividad contra la dictadura de Primo de Rivera. Estos antecedentes ponían en grave peligro la vida de Luis Curiel Curiel que estaba ya casado y era padre. Uno de sus hijos fue Enrique Curiel, vicesecretario del Partido Comunista y concejal en el ayuntamiento democrático de Valladolid tras la muerte de Franco. Enrique Curiel intentó recuperar la historia de su tío y predecesor en el ayuntamiento, aunque no logró dar con la pista de la fosa donde fue enterrado.

Al conocer la detención, Eugenio, que era el mayor de los hermanos, se puso en camino hacia Vigo acompañado por un compañero del instituto de Astorga, llamado Bernardo Blanco Gaztambide, que era sacerdote.
Eugenio Curiel y el sacerdote hicieron todas las gestiones que pudieron para conseguir la libertad de Luis Curiel, lo que lograron. Tras ver asegurada la vida de su hermano, Eugenio decidió regresar a Astorga, donde fue detenido el 18 de septiembre de 1936 junto con el sacerdote. Al día siguiente se determinó el traslado de los dos a León, donde se concentraba una gran cantidad de prisioneros en el recinto de San Marcos.

El día 27 de octubre, varios detenidos fueron sacados de San Marcos a bordo de un vehículo que se dirigió a la carretera León-Astorga y se detuvo en el término municipal de Villadangos del Páramo. Varios prisioneros fueron obligados a apearse y fueron fusilados. Los cadáveres fueron abandonados en el lugar del asesinato. Eugenio Curiel se hallaba en este grupo junto al sacerdote Bernardo Blanco, a quien los asesinos no tuvieron reparo en matar a pesar de su condición de religioso.

Además de la desaparición física, los golpistas hicieron desaparecer la memoria de sus víctimas, intentando que nadie supiera jamás, en este caso, quien fue Eugenio Curiel Curiel, ni se conociese nada acerca de sus esfuerzos por mejorar la ciudad, ni de sus desvelos por optimizar los servicios ciudadanos.

Una actitud mezquina y a la vez inútil. Como suele decirse tantas veces, la historia es tozuda y la verdad acaba siempre por revelarse. Nosotros guardaremos siempre esta nueva memoria y haremos lo posible para que sea conocida por la mayor cantidad posible de ciudadanos.

El fascismo y Valladolid, un amor no correspondido

Orosia Castán — 2014-02-04T21:49:40Z

El día 4 marzo de 1934, la derecha más violenta y salvaje eligió la ciudad de Valladolid para hacer una demostración de fuerza. Se trataba de la unificación de dos grupúsculos ultraderechistas, cuyos líderes coincidían en la utilización de la violencia para subvertir el orden establecido.

La parafernalia fue espectacular: los falangistas de José Antonio Primo de Rivera y los jonsistas de Onésimo Redondo y Ledesma Ramos aparecieron uniformados con camisa azul y correajes aparatosos, y al entrar en el Teatro Calderón fueron recibidos por entusiastas seguidores que les hicieron un pasillo, brazo en alto, durante todo el recorrido hasta el escenario.

El discurso de los tres ultraderechistas era bien conocido en nuestra ciudad, donde los muchachos de Onésimo aprovechaban cualquier coyuntura para atacar personas y bienes de la izquierda, desestabilizando la convivencia de los vallisoletanos mediante provocaciones y agresiones continuas. Las JONS de Onésimo no estaban bien vistas, desde luego; y su acercamiento a la FE de Primo de Rivera alertó a los ciudadanos acerca de las intenciones que animaban al nuevo grupo.

Y a pesar de que era evidente que el acto fascista iba a acarrear problemas en la ciudad, se celebró el acto de unificación de ambas organizaciones contra viento y marea, entre las protestas de los vallisoletanos.

Se trataba de una unificación, pero sus componentes no estaban tan unidos como querían aparentar. Los tres cabecillas principales eran muy distintos entre sí y sus relaciones eran problemáticas, muy diferentes de lo que intentaban transmitir.

Onésimo era tachado de beato por Ramiro Ledesma, quien a su vez era ridiculizado sin misericordia por José Antonio, quien tal vez un poco celoso de la inteligencia y las aportaciones teóricas de Ledesma al fascismo español, se reía de él, de su tupé hitleriano y de su oratoria ininteligible provocada por el frenillo. A José Antonio no lo tragaban ni Onésimo ni Ledesma, que le consideraban un señorito afectado e insincero. Pero los tres coincidían en la estrategia a seguir para conseguir visibilidad en la sociedad de su tiempo: la violencia era su argumento y la vía que presentaban como única posible para hacerse un hueco en el panorama político. José Antonio exhortaba a la juventud a utilizar “la dialéctica de los puños y las pistolas”, mientras Ramiro Ledesma se reafirmaba en la utilidad de la violencia como arma política y Onésimo, que siempre proclamó que sus manos no estaban manchadas de sangre, tenía como tema central de su discurso la vía violenta y la acción en las calles contra sus oponentes ideológicos, a los que denominaba “la gentuza”.

En los discursos de la unificación hubo retórica y hojarasca de palabras incomprensibles. Entre las frases huecas que hablaban de destinos en lo universal, de estrellas y luceros y soles que brillaban en lo alto, aparecían los motivos más caros de la derecha: la unidad de España, la fobia criminal contra el oponente, la inexistencia del respeto a las opiniones ajenas, los ataques contra el laicismo y el sistema educativo de la República… En fin, los temas recurrentes que todavía a fecha de hoy siguen formando parte del cuerpo ideológico de las derechas españolas.

El acto fascista tuvo contestación contundente en las calles vallisoletanas, y dos años después, en 1936, estas protestas fueron el pretexto para la eliminación de muchos vallisoletanos, hubieran participado en ellas o no.

Sin embargo, si la ciudad fue sometida por el golpe fascista, lo fue a sangre, fuego y tierra quemada. Los sublevados tuvieron que detener a miles de ciudadanos y eliminar a otros tantos para poder hablar de Valladolid como “Zona Nacional” y tratarla como a su particular feudo.

En los años de la Transición, los neonazis, las gentes de FN y FJ intentaron de nuevo capitalizar para sí la ciudad sin conseguir mucho más que montar algaradas, efectuar razzias, apalizar y amenazar a los militantes de izquierdas y acabar con un golpe de efecto que, desde luego, les salió muy barato: un ataque con armas de fuego al bar “El Largo Adiós”, un café céntrico donde se reunían estudiantes y gente variada para tomar sus cafés. El ataque, a la desesperada, tuvo una víctima, Jorge Simón Escribano, un joven abogado que salvó la vida por los pelos, aunque quedara malherido.

La derecha de hoy vuelve a reunirse en Valladolid. No querrán escuchar, posiblemente, las protestas de los vallisoletanos, indignados por los recortes de sus derechos y el destrozo que las leyes y decretos del gobierno del PP están ocasionando a la ciudadanía.

El PP, unido por sus objetivos y en medio de su desunión, se siente cómodo en esta ciudad objeto de sus deseos, donde todavía pueden darse el capricho de pasear por la calle José Antonio, curiosear la barriada Alférez Provisional o acercarse al barrio 4 de Marzo.

Y a pesar de todo, Valladolid no es Fachadolid.

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Lucha por la privatización energética en 1931

Orosia Castán — 2014-01-17T12:57:33Z

Las maniobras para privatizar los servicios básicos no son una invención actual. Hace ya muchos años, políticos sin escrúpulos otorgaban contratos ventajosos a ciertas empresas, a sabiendas de que esas concesiones costaban auténticas fortunas a sus convecinos. Pero ¿qué importa eso, cuando a cambio pueden recibirse prebendas y las empresas beneficiadas quedan en deuda de gratitud con uno?

Vean lo que ocurrió en nuestra ciudad con la gestión energética, la pugna entre el nuevo ayuntamiento republicano y la Electra Popular, y el fin sufrido por el concejal delegado que logró acabar con los privilegios.

EUGENIO CURIEL CURIEL, concejal en el primer ayuntamiento republicano de Valladolid, era tío de Enrique Curiel, quien también fue elegido representante en nuestro ayuntamiento, además de ser diputado y senador.

En este primer consistorio fue nombrado Delegado de Alumbrado. Como parte crucial de sus funciones, tuvo que entrar de lleno en la concesión del servicio municipal de alumbrado a la Electra Popular Vallisoletana, empresa que estaba aprovechándose de una serie de prebendas concedidas por los ayuntamientos anteriores de la dictadura y la monarquía.

Estas prebendas se obtenían a través de contratos ventajosos para la empresa, que obtenía ganancias mediante cláusulas que no favorecían en absoluto a los contribuyentes ni en el servicio prestado ni en el precio que debían pagar por estos servicios.

En el año 1931, cuando se instaura la República, los nuevos ayuntamientos se vuelcan en el análisis y mejora de los problemas municipales, centrados sobre todo en los gastos indebidos, los presupuestos incorrectos y la necesidad de revisar los servicios municipales con el fin de optimizarlos.

En Valladolid se trabajaba para extender y mejorar los servicios eléctricos a toda la población. La Electra Popular Vallisoletana era la empresa encargada de proveer este servicio desde el imponente edificio situado a orillas del Pisuerga. La demanda de energía aumentaba de manera exponencial, y la empresa necesitaba aumentar en la misma o mayor proporción la energía por medio de compra, ya que no era productora sino distribuidora y gestora.

Con el fin de aumentar la disponibilidad de energía, comenzó a construirse una nueva central hidroeléctrica que contemplaba el aprovechamiento del salto del Esgueva. Esta central estaba muy adelantada cuando el consistorio vallisoletano cambió y los republicanos, con sus ideas regeneracionistas, se hicieron cargo de los asuntos municipales.

Curiel, delegado como se ha dicho, comenzó a analizar en profundidad tanto las necesidades energéticas del municipio como la manera de optimizar el servicio, mejorar y ampliar las redes y sobre todo completar y poner en marcha la central del salto de la Esgueva, de propiedad municipal, que estaba comenzando a construirse pero carecía de red, por lo que su funcionamiento era imposible.

Cuando el nuevo concejal comenzó a estudiar todo lo concerniente al contrato de la Electra, se encontró con la existencia de una serie de clausulas abusivas por parte de la empresa, que traducidas en forma de privilegio ocasionaban gastos ingentes al consistorio. Decidido a cambiar las cosas, se creó una Comisión Especial de Alumbrado que estudió al detalle todos los aspectos, desde la producción energética a las necesidades de consumo, precios, etc., redactando una propuesta más ajustada a las necesidades de la ciudad, con su correspondiente Pliego de Condiciones, con el fin de sacar el contrato a concurso público.

*Anexo documento adjunto. Estudio comparativo de los gastos

Es decir, que el plan propuesto por Curiel suponía un ahorro de 98.988,05 pesetas anuales a las arcas municipales, una suma enorme para la época, y que salía de los beneficios que estaba obteniendo la Electra gracias a las prebendas que los anteriores ayuntamientos le habían concedido.

La base de todo el plan era mantener municipalizada la central, y no privatizar el Salto del Esgueva con el fin de que el aprovechamiento fuese íntegramente para la ciudad. Una cuestión que, como vemos, continúa vigente a día de hoy con la privatización de los centros sanitarios y otras infraestructuras y servicios públicos.

La Electra no estaba dispuesta a perder de golpe la concesión del servicio y por lo tanto, unos ingentes ingresos. Con el fin de presionar, intentó que la convocatoria municipal quedase desierta, y para lograrlo no se presentó a la licitación.

Se abrieron las negociaciones y la Electra se encontró de frente con la voluntad férrea de Curiel, que además se había encargado de mostrar públicamente la comparativa entre los contratos anteriores y lo que él proponía. La empresa se plegó y comenzó a negociar.

A pesar de todas las presiones que la empresa ejerció con el fin de no perder esa enorme cantidad de dinero, el nuevo contrato salió adelante, la Electra Popular tuvo que aceptar las nuevas condiciones y Eugenio Curiel se ganó enemigos poderosos que más adelante pudieron influir de manera decisiva sobre su destino.

En septiembre de 1936 Eugenio Curiel se encontraba en Valladolid, indemne y libre cuando su familia le avisó de la detención en Vigo de su hermano Luis, catedrático de Lengua y Literatura francesa en el instituto de Santander y de filiación comunista, que contaba con antecedentes por haber sido detenido en el año 1929 a causa de su actividad contra la dictadura de Primo de Rivera. Estos antecedentes ponían en grave peligro la vida de Luis Curiel Curiel que estaba ya casado y era padre. Uno de sus hijos, como se dice más arriba, fue Enrique Curiel, vicesecretario del Partido Comunista y concejal en el ayuntamiento democrático de Valladolid tras la muerte de Franco. Enrique Curiel intentó recuperar la historia de su tío y predecesor en el ayuntamiento, aunque no logró dar con la pista de la fosa donde fue enterrado.

Eugenio Curiel y el sacerdote hicieron todas las gestiones que pudieron para conseguir la libertad de Luis Curiel, lo que lograron. Tras ver asegurada la vida de su hermano, Eugenio decidió regresar a Astorga, donde fue detenido el 18 de septiembre de 1936 junto con el sacerdote. Al día siguiente se determinó el traslado de los dos a León, donde se concentraba una gran cantidad de prisioneros en el recinto de San Marcos.

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Modesto García Nóvoa

Orosia Castán — 2013-07-03T19:42:23Z

El doctor Modesto García Nóvoa es un caso paradigmático de los abusos y barbarie con que los gopistas trataron a sus víctimas, de manera que a pesar de ver su vida destruida, el doctor todavía tenía que reconocer que él, por lo menos, había logrado salvar la vida.

Modesto García Nóvoa nació en Chabás de Santa Fe (Argentina) en el año 1896. Sus padres, Genara y José, eran emigrantes gallegos.
Estaba casado con Petra Parada Pumar y tuvieron tres hijos:

José Abelardo, nacido en 1925
Tomás Modesto, nacido en 1927 y
Julio Alberto, nacido en 1930

Estudió medicina en la Universidad de Valladolid y tras licenciarse trabajó en la Cátedra de Histología en la Facultad de Medicina. Se había colegiado con el número 156 y se afilió a Izquierda Republicana.

El 28 de marzo de 1923 fue nombrado Médico Titular de Asistencia Pública de San Miguel del Arroyo, una localidad cercana a Valladolid. Su trabajo consistía en asistir facultativamente a cuarenta familias pobres de la localidad y a otras diez de su agregado, Santiago del Arroyo. En el contrato se comprometía a no abandonar el puesto a no ser por causas justificadas y siempre dejando la plaza cubierta por otro compañero.
El doctor tomó posesión de su plaza y se instaló en San Miguel. En el año 1931, con el advenimiento de la República, se produjo un cambio profundo en las dinámicas políticas y sociales de los pueblos. En San Miguel, como en los demás, los caciques tuvieron que abandonar sus cargos y además dar explicaciones acerca de abusos cometidos, por ejemplo en el ayuntamiento. La actitud del médico municipal le originó la enemistad y hasta la persecución de toda aquella gente que se resistía a perder las prebendas adquiridas frente a las nuevas leyes.
Porque el doctor García Nóvoa era un demócrata de profundas convicciones republicanas, lo que unido al éxito profesional y a su carácter emprendedor comenzó a granjearle enemistades entre los sectores derechistas de la zona, alimentadas por un colega, un médico que ambicionaba ocupar el puesto que don Modesto había ganado. Esta enemistad se convertiría tras el golpe militar en acoso y persecución y acabaría por arruinar la vida del doctor y de toda su familia.

Los documentos encontrados en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid muestran que las minutas pasadas por el doctor García Nóvoa eran de una cuantía ínfima en comparación con las que pasaban los doctores de la zona por conceptos similares. Aparecen también varias acusaciones de vecinos, denunciando faltas de atención o cobros extraordinarios. Estas acusaciones fueron refutadas una a una por el doctor García Nóvoa, que pudo demostrar que se trataba de calumnias infundadas, al punto de que años más tarde las autoridades no tuvieron más remedio que rehabilitarle profesionalmente tras una larga batalla presentada por el doctor.

Golpe de estado

Tras los sucesos del 18 de julio, la familia García Nóvoa recibió en su domicilio varios anónimos amenazadores. Modesto decidió desplazarse a la ciudad con el fin de denunciarlos, pero se encontró con un golpe de estado en pleno auge, con detenciones en la calle, tiros y asesinatos y las autoridades legítimas depuestas y sustituidas por los sublevados. Ante este panorama, decidió consultar con varios compañeros de profesión, entre los que se encontraban los doctores Igea y Francia, quienes le aconsejaron que regresara al pueblo, como así hizo.

A su regreso al pueblo, varios amigos le avisaron de que algunos elementos se preparaban para asaltar su domicilio.
Era el día 25 de julio, y Onésimo Redondo acababa de ser abatido cuando se dirigía al Alto del León para reunirse con sus centurias falangistas. Este hecho originó el asesinato de decenas de personas en la provincia de Valladolid.
El doctor se dirigió de nuevo a la ciudad, temeroso por su familia: su esposa y tres niños pequeños. Era inocente de cualquier cosa y pensaba que nadie le podía acusar de falta o delito alguno, por lo que decidió acudir al Gobierno Civil para solicitar un salvoconducto para su mujer y los niños. Sin embargo, nada pudo conseguir porque fue detenido por una patrulla cuando deambulaba por las calles de la ciudad sin saber muy bien a quien acudir.

De inmediato fue ingresado en las Cocheras de tranvías, un centro de detención habilitado en la ciudad, donde estuvo en calidad de preso a disposición del gobernador de Valladolid hasta su excarcelación en septiembre de 1937.
Al conocerse la detención, sus enemigos se pusieron en acción: como primera medida le “incautaron” el coche, un vehículo de marca Buick.

Después sus enemigos se ocuparon de privarle de su trabajo.

La corporación municipal de San Miguel del Arroyo había sido destituida por los golpistas como las de todos los pueblos de la provincia, y la Guardia Civil se encargó de nombrar al nuevo ayuntamiento entre los afines al llamado “movimiento nacional”.
Esta nueva e ilegal corporación se reunió de forma extraordinaria el día 31 de julio para tratar un único punto: declarar cesante a don Modesto García Nóvoa arguyendo abandono del puesto y amparándose en el Bando de Guerra, a pesar de que todo el pueblo sabía que se hallaba detenido en Valladolid. En las actas de aquella vergonzosa sesión puede verse la acusación y la resolución de aquellos vecinos indignos, despojando del puesto a su propio médico municipal y entregándolo a un médico afín a la sublevación.

El doctor temía por su familia con razón. Estando él encarcelado y despojado de su puesto, los fascistas abrieron la veda contra su familia y sus bienes.

Agresión en la estación

Antes de que finalizara el año 1936 tuvo lugar un hecho que nunca fue debidamente aclarado pero que produjo consecuencias funestas a la familia del doctor.
Su esposa, Petra Parada, fue agredida por un falangista mientras estaba en la estación de trenes de Valladolid. Es muy posible que se dirigiera o regresara de las Cocheras de visitar a su marido y fuera reconocida por el falangista en cuestión; también es posible que el agresor la conociera por ser vecino del pueblo. La cuestión es que la señora, de mediana edad y con aspecto de persona acomodada fue agredida por el joven, quien además de insultarla la arrojó al suelo y la pateó. Petra Parada sufría una enfermedad crónica de corazón en aquel momento.
En el año 1938 se produjo el fallecimiento prematuro de la esposa de don Modesto, quien en un documento oficial del año 1951 se refería así a este hecho: “ No aludiré ya a los (quebrantos) de tipo económico, sino sobre todo a los de índole irreparable, superiores a toda estimación: Consecuencia de tantas inquietudes hubo de fallecer su santa esposa dejándole tres hijos menores”

Con el padre encarcelado y la madre enferma, se abrió la veda contra la familia. Se habló de ingresar a los tres niños en el hospicio, un destino peligroso en aquellos momentos. En esta situación, fue una empleada fiel, llamada Flora, quien logró salvar la situación, trasladando a los niños junto con algunas pertenencias hasta su localidad natal, Tordesillas, haciéndolos pasar por sus hijos. En Tordesillas los custodió y los mantuvo a resguardo hasta que sus padres pudieron volver a hacerse cargo de ellos.
En San Miguel, mientras tanto, se liquidaba el patrimonio familiar. Muebles y objetos desaparecieron del domicilio del doctor. Los ladrones se llevaron incluso los instrumentos profesionales. Además se apropiaron de una granja cunícola que don Modesto había creado.

La familia quedó en la ruina, manteniéndose gracias a la empleada.

Vida carcelaria

El doctor García Nóvoa quedó recluido en aquel campo de detención, el lugar más peligroso de Valladolid. A diario ingresaban allí decenas de detenidos, todos ellos maltratados. Por las noches, patrullas asesinas levantaban a los detenidos para realizar las temibles sacas, que finalizaban siempre con el asesinato de las víctimas.
En esta improvisada prisión coincidió con varios de sus colegas, algunos de los cuales acabaron en cunetas y cementerios, como Julio Getino o Emilio Pedrero o José Pedrero Vallés.
En este clima de terror y muerte, don Modesto se dedicó a atender a sus compañeros de cárcel. Pasados setenta años, uno de aquellos detenidos, Romualdo Gutiérrez, concejal socialista detenido en las Cocheras, recuerda a don Modesto ejerciendo como médico para sus compañeros de infortunio, en el interior de las Cocheras, entre enfermos y lesionados por los tratos sufridos.
Este tipo de comportamiento no se olvida jamás y se agradece hasta la muerte. En el año 2006, Leopoldo García Ortega, compañero del doctor en la prisión de las Cocheras, recordaba ante Xulio García Bilbao, nieto de don Modesto, el siguiente hecho: Leopoldo, que era en aquellos momentos un menor de 16 años, se encontraba detenido desde el día 23 de agosto. Una mañana sintió que tenía la cara paralizada, y se asustó mucho. El chico estaba en bastante mal estado como consecuencia de los hechos terribles de los que fue testigo directo. El doctor García Nóvoa, contraviniendo la prohibición de atender a enfermos o heridos, lo atendió. Cuando los guardianes se enteraron, sacaron al médico al patio de la prisión y le ordenaron que hiciera el saludo fascista. Con el fin de escarmentarlo, le obligaron a pasar la noche entera en el patio, a la intemperie, sin bajar el brazo ni un momento. Leopoldo recordaba este hecho setenta años después emocionado y conmovido.

La única acción legal en contra del doctor se produjo a finales del año 1936, cuando fue procesado en la causa 1.057/36. Le acusaban de Rebelión Militar, pero fue imposible mantener estas acusaciones y la causa fue sobreseída el 23 de diciembre del mismo año, pero los golpistas estaban decididos a mantenerlo en la cárcel y continuó detenido en calidad de preso gubernativo hasta septiembre de 1937. Los detenidos como ya se ha dicho, estaban en situación de máximo riesgo a causa de las palizas, los malos tratos y las enfermedades producidas por el hambre, el frío y el hacinamiento; pero sobre todo, a causa de las incursiones de grupos falangistas que cada noche sacaban presos y los hacían desaparecer.
Dos veces estuvo el doctor García Nóvoa a punto de perder la vida a manos de estos asesinos, que lo seleccionaron para pasearlo. En ambas ocasiones se salvó in extremis, cuando un oficial conocido le salvó la vida al hacer que lo bajaran del camión cuando ya partía hacia el lugar del fusilamiento.

Volver a empezar

Al salir de prisión se le marcó destierro a una distancia de 500 Km. de la ciudad y decidió marchar a Galicia, donde contaban con ayuda de la familia de su mujer; decidieron instalarse en Vigo pero se no cumplía la distancia de deportación. Por fin la femilia estableció su residencia en la localidad de Canido, don Modesto se dio de alta en el Colegio de Médicos y comenzó a ejercer su profesión, a pesar de que estaba inhabilitado para ejercer la profesión de manera pública.

En Vigo, Modesto contactó con otros desterrados vallisoletanos, como el señor Manuel Borobia Mayorga, maestro y obispo de la iglesia evangelista, persona conocidísima y muy respetada en Valladolid y su provincia, que había sido detenido y condenado. La familia Borobia se dedicaba a la enseñanza, y habían sido depurados y expulsados de la profesión.
Modesto y Borobia constituyeron un negocio de explotación pesquera en julio de 1941.
Años después Modesto se casaría con una de las hijas de su socio llamada Juana, maestra de profesión.

La vida en Vigo no fue fácil. A causa de sus antecedentes, Modesto era vigilado de cerca por la policía, que le detenía de vez en cuando con cualquier pretexto, como sucedía cada vez que el dictador Franco se acercaba a la ciudad. La detención más peligrosa se produjo el 8 de septiembre de 1947, cuando fue acusado por sus supuestas actividades políticas; se trataba de la causa 438/47, instruida en La Coruña contra Francisco Rey Drox “Comandante Chacama”. Por fin fue puesto en libertad el día 20 del mismo mes al no aparecer cargos contra él.

Y sin embargo, Modesto colaboró activa y clandestinamente con la resistencia antifranquista desde su misma llegada a Vigo, como explica su nieto, el periodista Xulio García Bilbao:

Por su casa de Canido, situada junto a la estación de tranvías y muy cercana al cuartelillo de la Guardia Civil, pasaron activistas antifranquistas huidos, heridos de la guerrilla y viejos compañeros de la cárcel de Cocheras. Entre los activistas a los que ayudó estaba Javier Costas Comesaña “Ligero”, secretario del Partido Comunista de Canido, escondido en Cabo Estai y que fue finalmente detenido y condenado a 20 años de cárcel. El enlace más común entre Modesto y la resistencia antifranquista local fue el anarcosindicalista Dalmacio Bragado, antiguo dirigente del sindicato de boteros de CNT de Vigo.A finales de la segunda guerra mundial, Modesto colabora con el Socorro Rojo, cuya red crea en Vigo junto con otros médicos y profesionales liberales demócratas, como Darío Álvarez Blázquez y Olimpia Valencia, primera mujer ginecóloga de Galicia y miembro del Partido Galeguista. La red, nacida para ayudar a las familias de los presos políticos antifranquistas, mantiene un excelente trato con le embajada británica, debido a su colaboración con las redes de escape de los aliados.
Los familiares siempre hemos pensado que las autoridades franquistas no les encarcelaron a todos para no provocar a los británicos, pues entre el año 1941 y 1945 habían ayudado a muchos pilotos y a algunas familias judías a escapar en barcos ingleses.
Pese a no ser encarcelado, Modesto fue golpeado en la vía pública por uno de los guardias civiles locales de Canido, tras decirle: “tú ya sabes por lo que es”.

La lucha por la rehabilitación

El doctor García Nóvoa consiguió rehacer su vida a pesar de tener todo en contra; sin embargo, jamás abandonó la idea de lograr el reconocimiento de su profesionalidad, basándose en la injusticia recibida.
En el año 1955 decidió solicitar su rehabilitación en el escalafón profesional, lo que logró tras realizar múltiples trámites entre los que contaban informes de tipo político, moral y profesional.
Por fin, en septiembre de 1956 logró el documento donde se le otorgaba la rehabilitación, “con el número que le correspondiera como si no hubiera estado separado y con derecho a optar a las plazas…”

Era como si no hubiera pasado nada, como si veinte años de su vida, la muerte de su mujer, el descalabro de su carrera profesional, el destierro y las sucesivas detenciones y humillaciones no hubiesen ocurrido más que en su imaginación.

Fe de erratas:

Donde dice: Estudió medicina en la Universidad de Valladolid y tras
licenciarse trabajó en la Cátedra de Histología en la Facultad de
Medicina.
Debería decir: Estudió medicina en la Universidad de Valladolid y fue
alumno interno de la cátedra de Patología y Clínica Médica que dirigía
el Prof. Misael Bañuelos.

Donde dice: Al salir de prisión se le marcó destierro a una distancia de 500
Km. de la ciudad…
Debería decir: Al salir de prisión se le marcó destierro a una
distancia de 400 Km. de la ciudad…
(La distancia de Valladolid a Vigo es de unos 450 Km y a Canido, donde
se estableció, 10 km más).

León de la Riva y su eterno odio a los mejores

Orosia Castán — 2013-06-11T21:30:27Z

De la Riva nos muestra sin querer la causa de su rechazo a la recuperación de la memoria histórica: la verdad le deja sin argumentario, y por esta causa intenta, un poco tarde, que personalidades como Antonio García de Quintana continúen sine die en la sombra en que hace más de setenta años intentaron colocarla sus asesinos.

El actual alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha dicho públicamente unas palabras que intentan manchar la persona y la memoria de don Antonio García de Quintana, alcalde republicano elegido por los vallisoletanos en las urnas y fusilado por los golpistas mediante acusaciones no probadas. Lejos de argumentar, de la Riva insinúa que algo indeseable se oculta en la persona de Quintana, algo que es mejor no saber. Lo mínimo exigible es que diga en qué consiste eso que es mejor no saber, y que además nos demuestre la veracidad de ese algo. Lejos de eso, el alcalde nos dice, en su estilo abrupto, que “es mejor no profundizar demasiado en la figura de García de Quintana, no sea que encontremos algo que no nos va a gustar saber”.

Antonio García de Quintana fue el mejor alcalde que tuvo la ciudad de Valladolid. Lo fue según los parámetros que determinan la calidad de los mandatarios: un político honrado, un gran gestor, un alcalde preocupado y ocupado en la mejora de la ciudad y de sus habitantes; un hombre con conciencia y un ciudadano transparente, cuyas acciones, colocadas siempre bajo la luz, conocían todos los vallisoletanos.

García de Quintana resultó alcalde por elección en las urnas. Nadie, ni siquiera los que lo juzgaron y condenaron a muerte, pudo demostrar jamás que este gran alcalde y gran persona hubiera cometido delito alguno. Bien es verdad que aquellos remedos de tribunal condenaban a diario a ciudadanos intachables, culpables únicamente de estar posicionados del lado legal de la vida política; culpables de ser republicanos en un régimen en el que la legalidad era la República.

Los traidores, los que se sublevaron contra la legalidad, tenían prisa por eliminar a todos aquellos demócratas, temiendo su reacción, temiendo que se defendiesen; la solución fue eliminar a la mayor cantidad de ellos y en concreto a los que detentaban responsabilidades políticas o sindicales, que fueron detenidos y sometidos a toda clase de represalias.

Javier León de la Riva comparte cargo con aquel gran alcalde asesinado por los golpistas. Conoce sin duda la labor realizada por el señor Quintana, y habrá escuchado más de una vez elogios hacia su persona, pero no llega ni llegará jamás a alcanzar la estatura política ni moral de su predecesor. Quizá consciente de este hecho incontestable, de la Riva intenta manchar el buen nombre de don Antonio, aunque eso sí, sin precisar acusación alguna, valiéndose de la insinuación insidiosa, porque no puede esgrimir razón o hecho alguno que venga a demostrar ni la más mínima sombra sobre el buen nombre, el honor y la honra del gran alcalde republicano.

Es posible, eso sí, que de la Riva recoja y aplique aquellas formas rancias de los sublevados, obligados a justificar de alguna manera sus crímenes. Así intentaron destruir la memoria de las víctimas, sembrando sospechas, insinuando delitos, acusándolas traicioneramente de hechos inexistentes que jamás pudieron demostrar. Este es el motivo principal de la fiereza con que destruyeron todos los documentos que pudieron, prohibiendo y restringiendo el conocimiento de los archivos a los ciudadanos interesados durante años y años, tendencia que por inercia siguen manteniendo a fecha de hoy.

Antonio García de la Quintana ya ha sido estudiado en profundidad, tanto en su vida como en sus hechos. Su biografía ha sido publicada, y en ella aparecen todos los datos necesarios para que cualquiera pueda formarse una opinión personal. Toda la información está disponible en los archivos y hemerotecas. Nada reprochable aparece en ella, y a cambio queda a la luz la ignominia de su proceso penal, la endeblez de las motivaciones y argumentos jurídicos, la indefensión de la víctima y sobre todo la mezquindad de los acusadores y la insuficiencia moral de todos los que participaron en aquella mascarada.

Que a fecha de hoy alguien pueda mantener una actitud tan parecida a la de aquellos verdugos da horror. El odio, la envidia y el resentimiento son sentimientos que rebajan a cualquier persona, tanto más a una persona pública que públicamente se permite tan indigna conducta.

Ante su insinuación, tan mezquina como extemporánea, hay que recomendar lo contrario de lo que él aconseja: hay que profundizar en la figura y en los hechos del gran alcalde, cosa que tampoco a de la Riva le iría mal, sobre todo en orden a aprender algo acerca de una persona de bien, un hombre honrado y un gran gestor, una figura de la que la ciudad, mal que le pese al actual alcalde, se enorgullece y a la que no mancharán palabras o silencios malintencionados.

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Luis Lavin Gautier

Orosia Castán — 2012-12-02T12:42:30Z

La figura del que fuera último gobernador civil de Valladolid nombrado por la República ha sido difuminada intencionadamente por las autoridades franquistas hasta el extremo de negar su existencia y su cargo institucional. Recurriendo a ardides tan bajos como evitar inscribir su defunción en el Registro correspondiente o utilizar el silencio administrativo ante las demandas de su familia, se intentó hacer desaparecer su nombre y borrar su figura. Uno más de los muchos intentos infructuosos para eliminar la evidencia de los crímenes cometidos contra la legalidad republicana y sus representantes, intento fallido de nuevo, pues la memoria permanece, y con ella el conocimiento de la verdad acerca del golpe de estado de 1936.

Lavín nació en Santander en el año 1899. Sus padres se llamaban de Ignacio y Martina.
Casado con Emilia de Lama, en 1936 tenía seis hijos.
Era profesor mercantil en Santander y propietario de una fábrica de muebles y construcciones.
Afiliado a Izquierda Republicana, desempeñó el cargo de Gobernador Civil durante la República; estuvo destinado en Cuenca, Toledo y Zamora, desde donde fue destinado a Valladolid, ciudad en la que se estaban produciendo múltiples problemas de orden público que el Gobernador civil, señor Campos Torregrosa, era incapaz de resolver.

La sustitución se produjo el día 20 de junio de 1936, tras una huelga general de 24 horas convocada en protesta por las reiteradas agresiones derechistas a elementos obreros, que tuvo su punto álgido el día 19 de junio, cuando grupos falangistas atacaron a tiros varios centros de reunión de obreros provocando tres muertos y varios heridos. Uno de los tiroteos tuvo lugar en la cantina de la calle Zapico, lugar de reunión de los afiliados a la CNT, cuya sede se encontraba en la calle contigua. Varias personas entraron en el bar y dispararon a mansalva, escapando por la plaza delos Arces. Nunca fueron detenidos. Entre los atacantes había una mujer.
Estos mismos grupos derechistas atacaron aquella noche dos cantinas más, una en la calle Renedo y otra en la de Nicasio Pérez; las tres cantinas eran lugares conocidos de reunión de obreros izquierdistas.

El gobierno, alarmado por los reiterados sucesos en Valladolid, decidió cesar de manera fulminante a Torregrosa y enviar a Valladolid a Lavín con el encargo de terminar con aquel estado de cosas; el relevo de cargos tuvo lugar en plena madrugada del domingo 21 de junio, y los periódicos locales recogieron la noticia el día siguiente: “el gobierno ha autorizado al gobernador para tomar cuantas medidas crea oportunas para mantener el orden público” ( El Diario Regional, 23/07/36)

Campos Torregrosa, a su vez, había sido nombrado el 27 de febrero del 36, es decir, que llevaba en el cargo cuatro meses escasos. Muy poco tiempo, pero bastante más que el que su sucesor lo desempeñaría, pues no llegó a ejercer un mes completo. Lavín iba a pagar los 28 días ejercidos con su vida.

Lavín actúa

El nuevo Gobernador civil había ganado fama de buen negociador, duro pero dialogante. En Zamora, de donde venía, había resuelto varias situaciones conflictivas con mucho éxito.Lavín entró en acción de inmediato para detener la escalada de violencia en las calles de la ciudad.

El día 23 ya había publicado un bando, tal y como recogía la prensa; mantuvo reuniones, recibió a varias comisiones y tomó diversas medidas, como las dictadas a la policía para que realizara registros domiciliarios, requisa de armas y detenciones. Además dispuso la revisión de los permisos de armas, la prohibición expresa de que los ciudadanos realizasen cacheos por las calles y, una medida que era de otro rango, el aviso de que se aplicarían sanciones por el incumplimiento de la bolsa de trabajo.

Ese mismo día 23, Lavín habló a los vallisoletanos “exponiendo su propósito de terminar con el estado de subversiòn e indisciplina social”.
Esta declaración de principios, realizada a través de la radio, se materializó de inmediato: se produjeron las medidas anunciadas, además de detenciones; el nuevo Gobernador se reunió con los huelguistas del transporte y los jornaleros del campo y las cosas parecieron tomar una nueva vía más pacífica. Lavín cumplía así con las expectativas que en él se habían puesto, pero se enfrentaba con un enemigo que iba a colocarle en su particular lista negra.

Pero además, el gobernador realizó visitas a varios pueblos, donde conoció a los alcaldes y se dio a conocer; se interesó por los conflictos del campo, por las obras pendientes, por las aspiraciones de los vecinos… una actitud inusual que esperanzó a los ciudadanos, hartos ya de los hostigamientos, de los conflictos y de la situación violenta que sufrían en el día a día.
Lavín se convirtió en una figura providencial: el día 30 de junio, apenas transcurridos diez días de su toma de posesión, la prensa anunciaba sus triunfos: la huelga del transporte, resuelta por el acuerdo entre patronos y trabajadores; tres conflictos del campo solucionados; las obras del nuevo colector se iban a reanudar…

Para rematar estos diez días milagrosos, el ministro de Agricultura anunció su visita a Valladolid para el domingo 5 de julio. Valladolid, provincia eminentemente agrícola, iba a recibir con expectación las palabras del ministro, señor Ruiz de Funes, quien habló en un acto realizado en el Teatro Calderón junto con las autoridades provinciales. Le acompañaron especialmente el gobernador civil, Luis Lavín, y su correligionario y Presidente de la Diputación de Valladolid, Serafín Alcover Gómez-Caro. Ambos aparecen juntos durante los actos celebrados aquel día: el discurso del ministro y el almuerzo que le fue ofrecido después. Se trata, posiblemente, de las últimas fotografías oficiales de todos aquellos republicanos, que sin sospecharlo siquiera, estaban a punto de ver sus vidas truncadas, y alguno de ellos, como el propio Lavín, iba incluso a perderla.

Una circular y un bando

Las primeras comunicaciones del nuevo gobernador civil tomaron la forma de una circular dirigida a los alcaldes de todos los pueblos de la provincia y de un bando en el que daba a conocer a los ciudadanos las medidas de orden público que había resuelto tomar. El bando, que lleva fecha de 22 de junio, es el que sigue:

“Don Luis Lavín Gautier, gobernador civil de esta provincia, hago saber:
Siendo deber primordial e ineludible del cargo que desempeño el mantenimiento del orden público, y estando firmemente decidido a cumplirlo, con el fin de evitar que en cualquier momento pueda alterarse la normalidad; en uso de las atribuciones que me están conferidas, debidamente autorizado por la superioridad, he decidido proceder a la revisión de todas las licencias de uso de armas de fuego cortas, ajustándose a las siguientes normas:
Primera. En el plazo de cinco días desde la publicación de este bando, todos los poseedores de las armas referidas las entregarán en unión de la licencia; los de la capital en la Intervención de armas de la Guardia civil, y los de los pueblos de la provincia, en las Comandancias de los puestos del expresado Instituto.
Seggunda. Igual deber cumplirán los tenedores de licencias gratuitas de arma de fuego corta.
Tercera. Transcurrido dicho plazo, se procederá por mi autoridad a la revisión de las que haya lugar, entendiéndose que las que no sean revalidadas no podrán sus titulares hacer uso de ellas, ni alegar los derechos que de su expedición se deriven.
Cuarta. A contar del día 29 se por los agentes de mi autoridad a la recogida de todas las armas cortas que no hayan sido entregadas, verificándose para realizarla los cacheos necesarios y registros domiciliarios que por este Gobierno se ordenen, y sus poseedores serán denunciados a los Tribunales por tenencia ilícita de armas, ya que, aunque la tuvieran , el hecho de no haberla entregado ni estar revisada, implica su invalidez.
Lo que se hace público para general conocimiento, esperando de los ciudadanos de esta provincia que, comprendiendo la finalidad de esta medidas, las cumplirán exactamente sin dar lugar a la imposición de las sanciones que la ley me autoriza, a lo que estoy dispuesto en caso necesario..
Valladolid, 22 de junio de 1936.- El Gobernador Civil Luis Lavín Gautier.

Otra circular

Por el Gobierno Civil se ha hecho pública una circular, encareciendo que, con la máxima urgencia, se envíe relación de los guardas jurados existentes en las respectivas demarcaciones, indicando la fecha de su nombramiento, quiénes poseen licencia de uso de armas y los que la utilicen sin este requisito.
Asimismo se ordena que dichas autoridades municipales se abstengan de nombrar guardas jurados, sin previo conocimiento de la primera autoridad civil de la provincia.”

Estas dos comunicaciones se publicaron en los diarios vallisoletanos a la vez que el nombramiento de Rodolfo Casanova como secretario particular del señor Lavín.

Ya sabía el nuevo gobernador que tanto en la ciudad como en los pueblos de la provincia proliferaban las armas de fuego. Casi a diario se producían altercados y disputas en las que solían aparecer, creando una situación por momentos insostenible. La primera medida intentaba conseguir, si no un desarme efectivo de la población, si un control lo más exhaustivo posible de las armas en circulación y la identificación de sus propietarios.
Esta medida no pudo llevarse a cabo, ya que la sublevación acabó con la legalidad abruptamente aquel sábado 18 de julio. Y como pudo verficarse, las armas de todo tipo proliferaban en todos los rincones de la provincia.

Los enemigos de Lavín

Los grupúsculos derechistas de Valladolid no eran muy numerosos, pero a cambio mantenían una gran actividad y eran extremadamente peligrosos. La llegada de Lavín y sus medidas les hicieron pensar que su impunidad iba a terminarse. No era muy difícil, dado que en la ciudad todos conocían al grupo de violentos por sus nombres y apellidos, y muchos apoyaban sus acciones, como se demostraría solamente unos días después, durante la sublevación contra la República.

Para comprender la dinámica violenta y sin freno de estos grupos, asociados en su práctica totalidad a las JONS de Onésimo Redondo, hay que pensar que Valladolid era una ciudad pequeña, donde todos se conocían; que Onésimo Redondo era, en puridad, peón a manos de la iglesia, que le había formado y becado en Alemania, de donde regresó con un montón de ideas no originales, pero sí nazis, y dispuesto a ponerlas en práctica por los medios que fuera, y que en las fechas de la llegada de Lavín se encontraba en la cárcel, detenido por posesión de armas y atentado; pero en la cárcel de Valladolid, como en otras instituciones, estos agresores tenían personas que estaban de su parte; en el caso de la cárcel, el funcionario Conrado Sabugo oficiaba de enlace con el exterior, y los detenidos llegaron a tener armas en sus celdas.

Estos hechos escandalosos no eran, sin embargo, un secreto, por lo que llegaron a conocimiento del nuevo gobernador, quien dispuso el traslado de una veintena de presos falangistas a la cárcel de Ávila. Entre ellos estaba su dirigente, el mismo Onésimo Redondo.

Pero las falanges vallisoletanas no eran los únicos enemigos de Lavín. Tras sus viajes por algunas localidades de la provincia, el nuevo gobernador decidió efectuar inspecciones sobre algunos consistorios sobre los que pesaban denuncias por irregularidades contables. Se designaron delegados gubernativos cuya función era, sobre todo, la de revisar las cuentas municipales. Uno de estos delegados fue el también profesor de contabilidad Florentín Quemada, quien pagaría con su vida el haber intentado regularizar las enredadas contabilidades de algunos consistorios.

Quemada fue asesinado el día 10 de abril de 1937 por un grupo de “voluntarios de España”, que es como eran llamados los insurrectos civiles, junto a un grupo bastante numeroso de republicanos vallisoletanos notables. Entre ellos estaba el pariente y secretario personal de Luis Lavín, Rodolfo Casanova, un chico de 24 años que era de la total confianza de Lavín y le acompañaba en sus sucesivos destinos. Era natural de Unquera, también contable y esperaba su primer hijo, una niña a la que no llegaría a conocer, ya que permaneció detenido en las Cocheras de Tranvías de Valladolid desde la noche del 18 de julio, cuando se dirigía a la sede del Gobierno Civil en compañía del gobernador, hasta su muerte.

Detención de Lavín

El sábado 18 de julio, la ciudad de Valladolid hablaba en todos los tonos posibles del levantamiento en contra de la República. Ya desde por la mañana se desarrolló una actividad extraordinaria en el Gobierno Civil, donde comparecieron los responsables de la Guardia Civil y de la Policía con el fin de recibir órdenes y orientaciones del Gobernador. Se sucedían las llamadas telefónicas desde las alcaldías de los pueblos, así como las visitas de emisarios de las localidades cercanas, que deseaban que la máxima autoridad gubernativa les garantizase que podían estar tranquilos. Lavín tranquilizó a todos; ordenó a los alcaldes de las localidades donde existían grupos derechistas problemáticos que se recogieran las armas y que incluso se detuviese a los elementos alborotadores, tal y como se hizo en la propia ciudad, donde fueron detenidos algunos líderes derechistas, los más significados, como Criado del Rey, que sería nombrado alcalde por los sublevados, o Manuel Semprún, conocido activista antirrepublicano.

Esa misma tarde había de reunirse el Consistorio vallisoletano. Tras esa reunión, que sería la última realizada por los representantes de la legalidad municipal, algunos de los concejales se dirigieron al edificio del Gobierno Civil para hablar con el gobernador y exponerle el temor de que la sublevación se hiciese efectiva.

Socialistas lúcidos, con un gran sentido de la realidad, pidieron a Lavín la apertura de los depósitos de armas, con el fin de que el posible levantamiento pudiera ser repelido por el pueblo. Lavín no veía la existencia de un peligro tan inminente como para armar al pueblo. Naturalmente que conocía los rumores, mucho más que otras autoridades, porque sus informantes se los ponían sobre la mesa continuamente; pero él pensaba como la mayoría del gobierno, que la conspiración, de materializarse, podría ser aplastada de inmediato tal y como había ocurrido con la “sanjurjada”, y que era mejor dejar que los hechos se desarrollasen para poder detener a los conspiradores y aplicarles la ley con todo su rigor.

Los socialistas Eusebio González Suárez y José Garrote Tebar, acompañados por el diputado Federico Landrove López y algunos más, intentaron hacer ver al gobernador el peligro real que la ciudad corría, pero salieron del edificio con las manos vacías. A esas horas, ya estaba la suerte echada para todos: Lavín, su secretario y todos sus interlocutores serían asesinados; más de quinientas personas, reunidas en la Casa del Pueblo serían detenidas, muchas de ellas asesinadas o encarceladas; y en la provincia, decenas y decenas de autoridades municipales correrían la misma suerte tras obedecer escrupulosamente las órdenes del gobernador acerca del mantenimiento de la tranquilidad y el orden público.

Esta fue la responsablilidad de Luis Lavín: no confió en el pueblo y se equivocó en la valoración de la crisis. El error lo pagó caro él mismo, desde luego; pero como autoridad, le atañe una responsabilidad mucho mayor. Simplemente hay que pensar en que, si los republicanos hubieran tenido ocasión y medios para defender la República y a la vez su propia vida, lo más probable es que nuestra historia fuese hoy día muy diferente de lo que es.

Tras las reuniones mantenidas hasta altas horas de la madrugada con cuadros políticos, militares y policiales, Lavín y su secretario Rodolfo Casanova permanecieron en el palacio del Gobierno Civil, muy cercano al de la Capitanía General. La toma de la Capitanía, con su lucha, los tiroteos, el gentío y los gritos les hicieron comprender rápidamente que el anunciado golpe de estado se estaba produciendo casi ante sus ojos.

Los militares sublevados, jaleados por paisanos armados, se dirigieron al edificio del Gobierno Civil tras tomar la Capitanía y detener a la máxima autoridad militar, Nicolás Molero Lobo, a quien habían herido de un tiro. Lavín y Casanova salieron del edificio por la puerta lateral del edificio a la calle Fray Luis de Granada y dirigieron sus pasos hacia el río Pisuerga. Posiblemente intentaban ver con sus propios ojos el estado de cosas en las calles.

La salida del gobernador se produjo cerca de la una de la madrugada del ya domingo 19 de julio. La Casa del Pueblo estaba cercada por gentes armadas, quienes también estaban emplazando varias metralletas en la torre de la catedral, en la zona superior del Pasaje Gutiérrez y en el terrado de los almacenes Calabaza, entre otros; patrullas de derechistas detenían a los escasos transeúntes y se escuchaban disparos por toda la ciudad.

Lavín y su secretario deambularon unas horas por la zona de Poniente y las riberas del río. Por fin tomaron la decisión de regresar a su puesto. A las cinco de la madrugada, ambos se presentaron en el cuartel de la División. Fue, quizá, el último e infructuoso intento de la autoridad gubernativa para intentar reconducir una situación que ya no tenía vuelta atrás. Rodeados de oficiales rebeldes, fueron conducidos al Gobierno Civil, y tras un tiempo, los hicieron salir por la misma puerta lateral por la que habían abandonado el edificio y los llevaron en un coche hasta la cárcel Nueva. Los sublevados habían nombrado ya al que había de sustituir a Lavín, el militar Miguel Ponte.

Juicio y ejecución

Los documentos de la época explican sucintamente lo ocurrido al Gobernador. La prensa local publicaba el 21 de julio una nota dando cuenta de la detención:

Ingresa en prisión el 19 de julio de 1936 por mandamiento del Juzgado Militar, a disposición del Gobernador, acusado de rebelión.

Los sublevados habían nombrado Gobernador Civil al general Miguel Ponte, conocido en los círculos políticos y militares por su actitud conspirativa a favor del rey.
Lavín permaneció en la prisión provincial 31 días. Fue juzgado en la Causa 153, acusado de rebelión y condenado a muerte.

El sábado 15 de agosto, el Norte de Castilla publicaba la noticia de la condena a muerte de cinco personas. En realidad, los condenados eran once y fueron ejecutados por fusilamiento en las cascajeras de San Isidro el día 18 de agosto. En el grupo había dirigentes estudiantiles como Félix Lefler; líderes sindicales, como Eliseo San José; concejales como Tomás González Cuevas, y diputados como José Maestro San José y Juan Lozano Ruiz. Y con ellos fue al paredón el último Gobernador civil de la República, el señor Luis Lavín Gautier, quien conservó hasta el momento de su muerte una gran serenidad y una dignidad ejemplar.

Rodolfo Casanova Tebar, secretario del gobernador

El nombramiento de Rodolfo Casanova como secretario del gobernador se publicó en la prensa vallisoletana con fecha de 23 de junio. La nota decía de él que era periodista, aunque en realidad había estudiado la carrera de Contabilidad.
La característica más acusada de este joven desconocido fue, sin duda, la lealtad que demostró hasta el final hacia su jefe, el gobernador Lavín, junto con quien fue detenido.
Lavín fue ingresado en la prisión provincial, la conocida como Cárcel Nueva. Su secretario permeneció detenido en las Cocheras como preso gubernativo, y nunca sería juzgado; posiblemente porque los sublevados habían decidido ya su muerte y no había absolutamente nada de qué acusarle.

El día 10 de abril de 1937, un grupo de civiles armados sacó delLas Cocheras a Rodolfo Casanova junto a un grupo bastante numeroso de republicanos vallisoletanos notables. Entre ellos estaba el delegado gubernativo Florentín Quemada, nombrado por Luis Lavín para investigar las irregularidades en las cuentas de varios consistorios de la provincia. En total, diez personas, todos ellos hombres, todos conocidos por su actividad al lado del gobierno legal republicano, fueron conducidos desde ambas prisiones (la Nueva y las Cocheras) hasta un paraje cercano al lago de Laguna de Duero.
Allí los asesinaron a tiros. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Laguna (excepto el del señor Quemada, que pudo ser recogido por su hermano tras obligarle a firmar un falso documento).

Se cumplía así la fatal corazonada del joven secretario, quien deprimido y angustiado por sufrir una prisión sin condena y una sentencia sin juicio, temía no conocer a su futuro hijo y no volver a ver a su mujer, quien se libró de mayores males al encontrarse junto a su madre en Cantabria.

Epílogo: suma y sigue

La ruindad humana a veces es arrolladora. Se ejerce mejor y con más satisfacción y saña contra una víctima ya vencida. Este fue el caso de Lavín, a quien mucha gente, eso sí, tras su asesinato, se permitió vilipendiar e insultar gratuitamente. Ni aun en el caso de ser el gobernador culpable de algún hecho reprobable, que desde luego no lo fue, se puede justificar el ruin comportamiento que se tuvo para con su memoria y lo que es más doloroso todavía, para con su familia.

La mujer de Lavín, Emilia de Lama, estaba junto a él en aquella noche de los generales. Tras la detención de su marido, fue también detenida y además, maltratada. Tras intensas negociaciones, las autoridades republicanas lograron canjearla por otra señora; Santander, localidad de origen de la familia Lavín, había permanecido leal, y eran muchos los vallisoletanos que se encontraban veraneando en aquella zona cuando el golpe los sorprendió.

La familia de Lavín volvió a Santander. El gobierno de la República concedió de inmediato a la viuda y a sus seis niños una pensión; pero en el momento en que Santander cayó en manos de los facciosos, la vida de los republicanos y de sus familias quedó destrozada.

La viuda de Lavín y sus hijos quedaron abandonados a su suerte. Los vencedores les acosaban y les hacían la vida imposible hasta tal punto que decidieron exiliarse. Vivieron en Francia, pero a finales de los años 60 comenzaron a realizar gestiones para rehabilitar la memoria de Luis Lavín, recuperar su cadáver (que estaba en una fosa común del Cementerio del Carmen de Valladolid) y solicitar la pensión de viudedad correspondiente.
Después de más de treinta años, la memoria histórica de los vencedores estaba en plena forma, y su sed de mal no había sido satisfecha.

Primeramente negaron la muerte de Lavín, ya que no estaba inscrito en el Registro Civil de Valladolid. Esto es cierto, y revisando cuidadosamente los libros de defunciones no se ven trazas de que el folio correspondiente haya sido manipulado o arrancado (como ocurre, por ejemplo, con el de Medina de Rioseco, donde faltan varios folios, obviamente arrancados); sencillamente, NO FUE REGISTRADO.

Por si esto fuera poco, la pensión fue denegada, pues según los funcionarios del Ministerio de Hacienda, en ninguna parte constaba la existencia de un gobernador civil llamado Lavín Gautier.
La familia envió entonces copias de la hemeroteca, noticias y fotografías de la época que recogían el nombramiento, pero sencillamente el ministerio no les contestó.

Los reiterados intentos de sepultar la memoria de aquellos a quienes destruyeron, como puede comprobarse, no han tenido efecto alguno. Cada afloramiento de la memoria, cada reivindicación de una persona, cada recuperación de un suceso, es contestada con gran indignación por quienes tienen algo que reprocharse. Mejor el olvido, nos dicen, apelando a no se sabe qué mejoras en la convivencia. Se comprende perfectamente que el que la hace, en su intento por no pagarla, luche con todas sus armas para que las víctimas olviden la fechoría.

Vano intento. La memoria de las víctimas será recuperada hasta donde sea posible. Y con ella, la exigencia de justicia y de reparación.

Orosia Castán. Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas.

Valladolid, octubre de 2012

Excelentísimo señor Presidente de la Diputación de Valladolid, Serafín Alcover Gómez - Caro

Orosia Castán — 2011-12-11T20:54:52Z

Serafín Alcover fue una bellísima persona, según afirman todos los testigos de la época, y un excelente Presidente de la Diputación al que jamás se ha reconocido desde las instituciones democráticas actuales.

Serafín Alcover Gómez-Caro nació en Valladolid, el dia 2 de Febrero de 1893, hijo de Antonio y Justa.

Soltero y de profesión contable, fué elegido presidente de la Diputación de Valladolid. Vivia con su madre en la calle Joaquin Costa de Valladolid.

Serafín Alcover estuvo ligado desde su juventud al Casino Republicano de la ciudad, que no era simplemente un lugar de expansión, ya que en sus Estatutos se hablaba de "promover la educación laica" y "difundir la cultura"; además, esta institución, creada en 1917, se enfrentó a la Dictadura, librando batallas políticas y sociales en pro de la democracia durante los años 20 y 30.

En el año 1919, el Casino se hizo cargo de un colegio, lo arregló y designó profesorado; era la escuela laica "Luz de Castilla", pensada para alumnos de 6 a 15 años, hijos casi todos ellos de los socios del Casino Republicano, aunque se crearon varias becas destinadas a hijos de obreros.

En 1930 estando Serafín Alcover en la Junta Directiva, el Casino se vinculó a Alianza Republicana, un partido político en el que militó siempre, y con el que se presentó a las elecciones municipales en el año 1931, resultando elegido concejal por el Distrito de Campillo, lo que hoy es la Plaza de España.

Representaba a la agrupación ALIANZA REPUBLICANA, muy extendida en la ciudad y de la que formaban parte los mejores y más reputados miembros de la cultura y la industria vallisoletanas. Como detalle anecdótico hay que hacer notar que muchas niñas nacidas en esta época recibieron el nombre de Alianza.

El señor Alcover fue nombrado Excelentísimo señor Presidente de la Diputación de Valladolid el día 9 de marzo de 1936, y a pesar de la gran tarea que su cargo conllevaba (más de 200 localidades conformaban la provincia), nunca abandonó sus obligaciones como concejal del ayuntamiento.

Durante la etapa de su mandato los pueblos de la provincia experimentaron avances notorios; muchos de ellos pudieron construir escuelas dignas, que serían después dotadas y equipadas; se pusieron al día las contabilidades municipales; los accesos se mejoraron; se construyeron fuentes; se avanzó en las traídas de aguas y en la electrificación… en todos estos trabajos fue determinante la colaboración positiva y los objetivos comunes entre las diversas instituciones, siendo la Diputación el eje y nexo natural entre todas ellas.

El día 17 de julio de 1936 era viernes, y el ayuntamiento de Valladolid tenía convocada una Sesión Ordinaria a las 19.30 horas de la tarde. La sesión comenzó a las 19.35, a pesar del clima de inquietud, los rumores de movimientos militares y la desazón apreciable en las calles de la ciudad.

En la Sala de Plenos se reunió el Consistorio legal por última vez. Muchos de los asistentes serían asesinados durante los siguientes meses por los militares sublevados; algunos de ellos serían sometidos a un juicio ilegal; otros, asesinados y abandonados o enterrados en campos y cunetas; los que conservaron la vida fueron sometidos a penas de prisión, humillaciones y venganzas de todo tipo que acabarían arruinando su vida y la de sus familias.

Presidía aquella Sesión Ordinaria el alcalde, señor Antonio García de Quintana, asistiendo únicamente 11 concejales, entre los que se encontraba Serafín Alcover.

La reunión terminó a las 20.50 de la tarde y la mayor parte de los reunidos abandonaron el ayuntamiento, pero alguno de ellos regresó más tarde: pasadas las 21.00 de la noche, entraban por una de las puertas laterales (la que da a la calle Jesús) Serafín Alcover, Apolinar Polanco, Alfredo García Conde y José Caballero, quienes se reunieron con el alcalde y otros concejales para evaluar la situación reinante. La reunión se disolvió a las 03.00 de la madrugada del sábado, 18 de julio.

Tras el triunfo del levantamiento en Valladolid, se desató una auténtica cacería de representantes republicanos y políticos de izquierdas; la mayoría de ellos fueron detenidos, y muchos de ellos, asesinados sin más.

Serafín Alcover fue destituido de su cargo legal por el nuevo (e ilegal) gobernador civil, un Teniente Coronel de la Guardia Civil llamado Joaquín García de Diego, quien se encargó de nombrar a las gestoras de los pueblos, a la nueva Diputación (27 de julio) y al nuevo ayuntamiento de Valladolid (el día 31 de julio).

El nombramiento del nuevo Presidente (un general de la Guardia Civil retirado, llamado Inocencio Martín Píriz), coincidió en el tiempo con la detención del señor Alcover, quien fue conducido al Gobierno Civil para decidir su futuro; después de ser fichado allí por personal militar, fue conducido a las Cocheras de Tranvías, situadas en el Paseo del Príncipe, en las cercanías del Campo Grande, donde coincidió con algunos de sus compañeros y con muchos conocidos.

Justamente al cumplirse un mes de su detención, el señor Alcover fue sometido a Consejo de Guerra, acusado de tenencia ilícita de armas y condenado a 3 años y 3 meses de prisión. Pero el 22 de diciembre del mismo año 1936 se le formó una nueva causa y esta vez, acusado de rebelión militar, fue condenado a 30 años de cárcel.

Estuvo casi dos años en la prisión provincial de Valladolid, comprobando cómo los alzados asesinaban a una gran cantidad de personas, la mayoría compañeros y conocidos suyos.

Por si fuera poco, en abril de 1937 falleció su madre, con la que vivía, y los carceleros no le permitieron acudir al entierro.

El 22 de Noviembre de 1938 le trasladaron de la cárcel de Valladolid a la de Burgos, donde cumpliría condena hasta 1941.

Searfín Alcover salió de la cárcel muy mal. Habia visto cómo habían fusilado a muchos amigos suyos. En Valladolid no le daban trabajo y apenas le quedaban amigos, por lo que decidió marchar de la ciudad, a pesar de que tenía que comparecer cada cierto tiempo ante un tribunal relacionado con la masonería.

Por fin pudo rehacer su vida; se casó con Felisa Castro Pérez, una muchacha de Palencia, y se trasladaron a Plasencia (Cáceres), donde encontró trabajo y pudo sacar adelante a sus seis hijos.

Desde esta página le rendimos homenaje, recuperamos su memoria y continuaremos trabajando para recopilar informaciones que sirvan para que las generaciones futuras, más generosas que las actuales, conozcan y honren su figura.

José Garrote Tebar

Orosia Castán — 2011-09-05T18:46:40Z

Detenido, juzgado y por fin ejecutado en San Isidro el día 29 de julio de 1936. Tenía 53 años.

Nació en Valladolid el 25 de mayo 1883. Estudió la carrera de medicina en la universidad de Valladolid, graduándose en el año 1904.Dos años más tarde se doctoró en la universidad de Madrid, especializándose en ginecología.
Fue concejal por primera vez en 1913, presentándose en una candidatura republicana. Después pasó a militar en el Partido Socialista.
En 1921 impulsó la creación de la Universidad Popular “Pablo Iglesias”.
Fue Diputado Provincial, concejal por el Partido Socialista en 1931, Diputado a Cortes en las legislaturas 1931-1933 y miembro de la Comisión para el Seguro de Maternidad del Congreso.

Garrote pertenecía al “ala dura” del Partido Socialista, junto con Federico Landrove López y Eusebio González Suárez.

Ejerció su profesión y tenía fama de médico excelente. Además fue profesor en la Facultad de Valladolid, donde formó a los médicos en la especialidad de ginecología.

A pesar de su intensa actividad política, José Garrote no se apartó jamás de su profesión: era un médico vocacional que asistía a sus pacientes allá donde estuvieran.
Sabemos por los testimonios recogidos que se desplazaba a los pueblos de la provincia para atender casos difíciles, y sabemos también que no quería cobrar a las familias con pocos recursos.

Tenía mucho genio y valor físico. Durante la campaña electoral de 1936 viajó por muchos pueblos de la provincia dando mítines y apoyando a los candidatos del Frente Popular. En varias ocasiones fue hostigado por derechistas, que lo provocaban lanzando gritos o haciendo gestos amenazadores. Garrote jamás se dejó amilanar, y hacía frente a todas estas situaciones sostenido, sin duda, por su legendaria coherencia.

Por todos estos motivos, don José Garrote era una de las personas más conocidas y admiradas de Valladolid y de toda su provincia.

Esta debió ser la causa principal por la que fue elegido por los sublevados para inaugurar la enorme lista de los asesinados vallisoletanos. La impresión que produjo la noticia de su ejecución en toda la sociedad vallisoletana tuvo que ser tremenda. Los sediciosos se ocuparon de que la noticia llegase a todos los confines provinciales mediante los periódicos, que recogieron el hecho sin escatimar detalles.

Se advertía así a los republicanos del fin que esperaba a todos los que estaban en el lado de la legalidad republicana.

Garrote no se engañaba acerca de la peligrosidad de las derechas, y fue uno de los que vio el peligro real que corría la República. De nada sirvió su insistencia con el Gobernador Lavín, ni con el Alcalde Quintana, más confiados que él, pidiendo que se armara al pueblo ante la tragedia que se avecinaba.

En la tarde del sábado 18 de julio, Garrote estaba en la Casa del Pueblo, junto con los socios, militantes, simpatizantes y familiares. Junto con Landrove y Eusebio González decidieron ir a ver a Lavín, y estuvieron intentando convencerle de la necesidad de entregar armas para la defensa, cosa que no consiguieron.

José Garrote fue detenido, juzgado y por fin ejecutado en San Isidro el día 29 de julio de 1936. Tenía 53 años.

Fue enterrado en el cementerio de Valladolid el día 30 de julio de 1936. No habían transcurrido ni 15 días desde que se produjo la sublevación.

Federico Landrove Moíño, primer alcalde republicano

Orosia Castán — 2011-02-04T02:00:00Z

Discurso de Federico Landrove Moíño en la toma de posesión

“La ciudad dormirá esta noche por primera vez cobijada bajo los pliegues de la bandera republicana y amanecerá mañana con un nuevo día de libertad. Se ha constituido una república que no será para los republicanos únicamente, sino para todos los españoles de buena voluntad que no tengan el propósito de contrariar la voluntad nacional, y así como se trata de constituir una República para todos los españoles, la Corporación Municipal será para todos los vallisoletanos, no solo para los republicanos. Es el pueblo el que ha venido a sentarse a estos escaños, y los hombres que aquí le representan harán honor al compromiso que han contraído, porque no desconocen la responsabilidad inmensa que pesa sobre ellos; pero sería inútil todo su esfuerzo si el pueblo no adquiere conciencia clara de su responsabilidad. La tranquilidad de la ciudad debe descansar sobre los hombros que constituyen la Corporación y los vallisoletanos, haciendo honor a la confianza que en ellos han depositado, deben ser los guardadores del orden y de la tranquilidad como manifestación de cultura del pueblo de Valladolid”.

Federico Landrove Moíño (cuya biografía está publicada en esta Página) fue, pues, el primer alcalde republicano en Valladolid. Su persona y su labor en pro de la ciudad de Valladolid fueron sistemáticamente borrados de la memoria colectiva, tanto por los golpistas (no se conserva ni una sola fotografía de la toma de posesión de la alcaldía, ni de ningún otro acto institucional), como después por todos aquellos personajes mediocres que fueron ocupando los puestos de poder durante la dictadura franquista.

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, la figura enorme de Federico Landrove Moiño aparece de nuevo, recuperada por el respeto y la admiración de quienes hemos sabido de su trabajo, y también por la memoria y el cariño de sus descendientes, a los que nadie pudo arrebatar el recuerdo.

Landrove Moíño ejerció como alcalde de la ciudad hasta diciembre del año 1932, en que dimitió. Fue también Diputado a Cortes por el Partido Socialista en 1933, y siempre y ante todo, docente: uno de los cargos que desempeñó fue el de Director General de Enseñanza Primaria.

El día 23 de julio de 1936, el señor Landrove fue detenido junto con su hijo, el abogado y Diputado Federico Landrove López, de 27 años. Acusados de tenencia ilícita de armas (cuestión ésta que no se demostró), fueron juzgados sumariamente y condenados: el hijo, a muerte; el padre, a 30 años de reclusión.

Federico Landrove Moíño fue conducido al Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona. Su hijo había sido fusilado el día 15 de agosto en las cascajeras de San Isidro, en Valladolid. Con este dolor inmenso sobre él, enfermó de gravedad. Las condiciones del Penal de San Cristóbal conducían al exterminio de los penados.

Por fin fue trasladado al Hospital Penitenciario de Segovia, donde falleció el día 6 de junio de 1938 a los 53 años de edad sin haber recibido tratamiento ni ayuda.

Sus últimas palabras fueron para la República.

La ciudad de Valladolid y su ciudadanía tiene el deber moral de reconocer, recordar y honrar a este alcalde, nuestro primer alcalde electo, a quien siempre le deberemos las lecciones de honradez personal y valores democráticos que, además de las de matemáticas, nos legó.

Primer ayuntamiento republicano en Valladolid

Orosia Castán — 2011-02-04T02:00:00Z

El día 14 de abril se constituyó la nueva Corporación Municipal entre la alegría y la esperanza de los ciudadanos de Valladolid, muchos de los cuales asistieron a este acto en el Ayuntamiento de la ciudad.

Se acordó designar alcalde a Federico Landrove Moíño, profesor de matemáticas y socialista convencido y conocido en la ciudad, donde había trabajado por la causa socialista y republicana desde hacía muchos años.

Federico Landrove, por su personalidad, su coherencia y su superior talla moral, concitaba la confianza de todos los que le conocían, como se demostró el día de su toma de posesión como Alcalde, en que fue aclamado y aplaudido por todos los presentes, público, compañeros y miembros de las minorías, tal y como reflejó la prensa vallisoletana en los días posteriores.

El nuevo Consistorio quedó formado por los siguientes concejales:

COALICIÓN REPUBLICANA-SOCIALISTA:

Alianza Republicana

Medardo Iglesias Díez
Virgilio Mayo Rubio
Serafín Alcover Gómez-Caro
Alberto González Ortega
Andrés Torre Ruiz
Apolinar Polanco Criado
Manuel Gil Baños
José Caballero Catalina
Miguel de Tena García
Bartolomé Vallejo Muñoz
Saturnino Lamarca Molina

Izquierda Liberal

Agustín Enciso Briñas
José López Rumayor
Isidoro Sánchez Hernández
José Fernández de la Torre
Pantaleón Muñoz Muñoz
Marcelino Alonso Arias
Jesús Sáez Escobar
Joaquín Álvarez Taladriz
Luis Cuenca Agudo
Isidoro de la Villa
Emilio Segoviano Rogeró

Partido Radical Socialista

Enrique Pons Irureta
Santiago Vega Fierro
Juan Moreno Mateo
Eugenio Curiel Curiel
Valerio Vega San José

Partido Socialista

Alfredo García Conde
Federico Landrove Moíño
Eusebio González Suárez
Teófilo Salgado Martínez
Tomás González Cuevas
Víctor Valseca Rodríguez
José Garrote Tebar
Remigio Cabello Toral
Mariano de los Cobos Mateo
Antonio García Quintana

COALICIÓN MONÁRQUICA

Derecha Regional

Jesús Rivero Ramos

Centro Constitucionalista

Cesar Silió Beleña
Sebastián Criado del Rey
Adriano Rubio Díez

Liberal Conservador

Manuel Carnicer Pardo
Luis Altoaguirre Olea
Tomás Tabarés Samaniego

El destino de los Concejales en 1936

Los sublevados emprendieron una salvaje campaña de exterminio de los representantes de la legalidad. Sabido es y demostrado está que intentaron difundir todo un sistema de mentiras, en un intento descabellado por dar la vuelta a la historia, presentando a las víctimas como verdugos y a los golpistas y asesinos como salvadores de la patria.

Los ediles demócratas fueron, dentro de este contexto, las primeras víctimas de la represión. Las Milicias Patrióticas, esos grupos de falangistas, gentes de las JAP, delincuentes y gentes que se unieron a ellos en extraña mezcolanza, se lanzaron a la calle, armados y con licencia para matar, a la caza y captura de los republicanos.

Las personas conocidas no pudieron escapar. Algunos fueron detenidos por fuerzas policiales, como fue el caso del concejal Garrote Tebar, o de los Landrove; y tuvieron un trato menos malo que los detenidos por estas turbas sanguinarias.

Fuera como fuese, los componentes del grupo socialista del primer Consistorio republicano de Valladolid desaparecieron en su totalidad antes del final de la guerra:

Alfredo García Conde (médico): sacado de Cocheras, donde estaba detenido, y asesinado en las cercanías de Laguna de Duero el día 11 de abril de 1937.
Federico Landrove Moíño (profesor): detenido el 23 de julio de 1936. Fallece en prisión el 6 de junio de 1938.
Eusebio González Suárez (tipógrafo): perseguido y detenido en un pinar en la tarde del lunes 27 de julio de 1936 junto con su esposa. Su cadáver desapareció, parece ser que arrojado al río Duero.
Tomás González Cuevas (tipógrafo): fusilado 17 de agosto de 1936.
Víctor Valseca Rodríguez (industrial): logró escapar y falleció en el exilio francés; en “compensación”, su hermano y su hijo fueron asesinados.
José Garrote Tebar (médico): detenido y juzgado, fue el primer fusilado en San Isidro, el día 29 de julio de 1936.
Remigio Cabello Toral (tipógrafo): falleció de muerte natural en junio del 36, por lo que, afortunadamente se libró de conocer la represión.
Mariano de los Cobos Mateo: Detenido, condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la cadena perpetua. Estuvo preso en el Fuerte de San Cristóbal. Cuando salió, padecía un cáncer terminal, que le ocasionó la muerte muy pronto.
Antonio García Quintana (escribiente): detenido tras un tiempo de ocultamiento, fue juzgado en la Sala de Plenos del ayuntamiento para mayor escarnio; condenado a muerte y fusilado el día 11 de octubre de 1937.

Otros concejales republicanos corrieron la misma suerte:

Apolinar Polanco Criado (agente comercial), fusilado el 23 de agosto del 36
Juan Moreno Mateo (maestro), asesinado en La Coruña; en ese momento era Diputado encargado de Centros de la Diputación de Valladolid.
Eugenio Curiel Curiel, paseado.

Otros pudieron salvar la vida y acabaron en prisión, destituidos, depurados y arruinados, como:

Joaquín Álvarez Taladriz (farmacéutico), juzgado y condenado, cumplió su condena en la Prisión de Burgos.
Enrique Pons Irureta, profesor y Director del Instituto Zorrilla fue depurado y expulsado de su puesto.

Además, la mayoría de ellos fue expedientado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que imponía enormes multas y embargaba los bienes de los encausados, de sus viudas, de sus padres e incluso intervenía “el caudal hereditario” de los huérfanos.

Todos nos preguntamos qué clase de actos fueron aquellos: si estos concejales hubieran cometido algún tipo de delito, allí estaba la Justicia para juzgarlos. Sin embargo, simplemente fueron asesinados; y en esta categoría se incluyen los fusilamientos, a todas luces irregulares, que sufrieron los condenados.

En esta misma Página, en el artículo "La justicia durante la guerra", pueden verse ejemplos de los juicios militares a que fueron sometidos nuestros conciudadanos: sin posibilidad alguna de defensa, sin ningún tipo de prueba, fueron condenados por personas ajenas al derecho, que aplicaban su propia ley. Todos los juicios de ese tipo están considerados “ilegales” por el Derecho Internacional, por lo que es pertinente su anulación.