Martes, 16 de julio de 2019|

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Paseo

Se llama así popularmente al secuestro y asesinato en descampado de una persona. Este procedimiento fue practicado en los primeros meses tras el golpe. Los secuestradores y asesinos formaban patrullas configuradas por civiles armados y uniformados de falangistas, a menudo acompañados por guardias civiles.

La provincia de Valladolid fue tomada por los rebeldes sin encontrar apenas resistencia. Todas las acciones violentas se llevaron a cabo sobre población civil desarmada. La mayoría de las muertes fueron extrajudiciales.
Las víctimas eran señaladas por las “fuerzas vivas” de su localidad: patronos, curas y elementos de derechas eran los autores de las listas que señalaban a los que debían morir. Los criterios, bien definidos en las Instrucciones de Mola, fueron corregidos y aumentados, aplicándose libremente en cada localidad:

Ser o haber sido un cargo público.
Pertenecer o haber pertenecido a algún sindicato de izquierdas.
Pertenecer o haber pertenecido a algún partido político republicano.
Tener ideas republicanas.
Haber participado en conflictos políticos o sindicales.
Ser laico.
Profesar una religión diferente a la católica.
Ser tibio en el cumplimiento de los preceptos religiosos.
Ser familiar directo de alguno de los anteriores.
Ser acreedor de un verdugo.
Haber mantenido disputas o diferencias con un verdugo.

En la abrumadora mayoría de los casos, las personas condenadas se quedaron tranquilamente en sus casas, sin plantearse ni la resistencia ni la huída. A pesar de que muy pronto comenzó a conocerse la violencia ejercida por los golpistas, ninguna víctima creyó que podían darle muerte. En los testimonios aparece muy a menudo la frase que la víctima dijo cuando se le planteaba esconderse: “No tengo porqué esconderme, o huir. Soy inocente. No he cometido nigún delito”.

Eso mismo decían cuando eran citados a su Ayuntamiento “para hacer una declaración”, o las patrullas iban a sus casas para conducirlos con el mismo motivo. La “declaración” era la fórmula utilizada mayoritariamente a la hora de la detención. No hay testimonios de resistencia. La gente acudía voluntariamente a los Ayuntamientos o cuartelillos; y desde allí, a un camión que les llevaba a la muerte y a la desaparición.

Los paseados, por tanto, son sacados desde su domicilio, lugar de trabajo o lugar de encarcelamiento; estas sacas pueden ser de una sola persona (las menos), o de muchas. Las mayores de las que tenemos conocimiento son de 40-45 personas. Así, con fecha 8 de diciembre de 1936, fueron sacados cuarenta hombres y cuatro mujeres desde Medina del Campo, asesinados y hechos desaparecer; otra saca de parecidas características se produjo en la noche del 23 de diciembre de 1936; esta vez cuarenta hombres fueron sacados desde Las Cocheras de Valladolid, asesinados y enterrados en lugar desconocido, aunque hay testimonios que señalan como posible lugar de los hechos el Monte de la Orbada, en la provincia de Salamanca.
Sin embargo, las dificultades que presentaban estas sacas para los asesinos debían de ser grandes, pues normalmente las víctimas sabían ya que iban a ser ejecutadas, por lo que se podía esperar que ofrecieran resistencia. Por este motivo las víctimas se repartían en varios grupos, con destinos diferentes. (ejemplo de Barcial de la Loma: un camión con 26 detenidos, los divide en dos grupos de 13 para asegurar su control); y de ahí que los familiares señalen como lugar del asesinato y enterramiento lugares diferentes para personas que integraban la misma saca (Medina: Torozos, Tordesillas y Casa de D.Alfredo).

Por fin, en el caso extremo de que los verdugos no dispusiesen de más camiones o de gente suficiente para dominar una posible rebelión de las víctimas, estas eran neutralizadas (saca de Mayorga: los asesinos, temerosos ante la posible reacción de los detenidos, les obligan a descalzarse, a quitarse los pantalones, y por fin, los golpean hasta romperles algunos huesos. Algunos detenidos no pudieron subir al camión por su propio pie).

Posiblemente por este motivo, las sacas más frecuentes son las de 4-12 personas, de la misma localidad o de localidades próximas entre sí, siendo las sacas individuales las más escasas.

Este proceder obedece a la lógica de la “limpieza” que los golpistas querían hacer: había que eliminar a los que figuraban en las listas lo más rápida y eficazmente posible, con el fin de anular la capacidad de reacción y de desatar el terror que paralizaría a los supervivientes de las matanzas.

Actuación de las patrullas

Existen tres niveles de actuación en los asesinatos, teniendo todos ellos el mismo grado de responsabilidad:

Los inductores: son las personas que, en cada localidad elaboran las listas y señalan a los que deben morir. Normalmente no toman parte personalmente en los crímenes, siendo, sin embargo, los que incitan y premian a los ejecutores. En esta categoría suelen aparecer los caciques de cada pueblo; los propietarios de las tierras, los curas y los enemigos políticos de la República

Los verdugos: son los autores materiales de los crímenes. Una gran mayoría eran jóvenes (a menudo muy jóvenes) sin formación política, a los que los golpistas uniforman, arman y dotan de poder sobre la vida y la muerte de sus convecinos. Los dirigentes de estas pandillas son personajes de mayor edad y conocimiento de lo que hacen: derechistas radicalizados, propietarios fanáticos y guardias civiles allí donde no hay un civil de confianza. En cada localidad son reclutados para estas tareas de sangre los más ignorantes, el lumpen; armados, con la rienda suelta y a menudo borrachos, se encargarán de cumplir con los designios de otros, que son quienes les dan las listas y la garantía de impunidad, acompañada de las promesas de recompensas futuras. Así, terminada la guerra, encontramos a muchos de estos desgraciados, que han destrozado la vida a familias enteras, de regreso en su pueblo, rechazados por sus propios cómplices; muchos, suicidándose; otros, disfrutando de su recompensa: puestos públicos de diferentes categorías: (cobrador del agua o procurador en Rioseco); acceso a propiedades de los asesinados (Olmos de Peñafiel), o en otros muchos casos, el vagabundeo, la huída, el alcoholismo y la indigencia (Urueña).

Los consentidores: son personas que, por su posición económica, social o moral, tenían en ese momento fuerza para oponerse a las barbaridades que estaban presenciando, pero no lo hicieron. En esta categoría se incluyen muchos curas, que si bien no señalaron a las víctimas, presenciaron su calvario sin intervenir, bien por cobardía, bien por estar de acuerdo con los golpistas y sus procedimientos. Es determinante observar que en aquellas localidades en que el cura se opuso a los asesinatos, éstos no se produjeron. Los curas tenían, pues, fuerza moral para detener aquella sangría, y esa fuerza moral era determinante, de tal forma que puede decirse que allí donde ocurrió, los curas fueron necesariamente cómplices.

Otro aspecto a destacar es el de la movilidad de estas patrullas, que normalmente actúan el localidades que no son las suyas. Hay un intercambio por el que los de un pueblo matan en otro y conducen a las víctimas a lugares distantes de su localidad de origen, en un intento de hacer desaparecer las pruebas de su delito de manera fehaciente: así, en Aguilar de Campos actúan los de Rioseco; en Castrejón, los de Alaejos; en Tordehumos, los de Villagarcía; en Mayorga, los de Villalón….

En la selección de las víctimas, los interrogatorios (siempre brutales) y el propio paseo, aparecen siempre números de la guardia civil, que actúan como dirigentes de estos procesos. Está claro que estos hechos, con su carácter sistemático y organizado, no hubieran sido posibles sin el respaldo y el consentimiento de los puestos de la guardia civil de cada zona.

Lo mismo se puede decir de los párrocos de cada localidad. Es cierto que en las localidades en que los curas se opusieron a los asesinatos, estos no se produjeron, como podemos comprobar en el pueblo de La Cistérniga; estos pueblos sin víctimas son la excepción. Los curas, triste es decirlo, alentaron y colaboraron, cada uno en su medida, a los asesinos, y muchos de ellos siguieron alimentando la violencia contra los vencidos depuás de la guerra, como podemos comprobar por los informes parroquiales emitidos en algunas localidades de nuestra provincia.

También hay localidades en las que los asesinos son los propios vecinos, unas veces a escondidas y otras exhibiendo todo su poder, como es el caso de Laguna de Duero y de Tudela.

Las sacas y paseos durarán, más o menos, hasta la primavera del 37 , en que se van haciendo más esporádicas a favor de las detenciones, juicios y fusilamientos. Para esas fechas ya se había llevado a cabo la “limpieza” de los ciudadanos de izquierdas; los pueblos estaban sometidos y la gran mayoría de los republicanos, neutralizados en cunetas, fosas y presidios.

Este tipo de asesinato, unido normalmente a torturas y robos a las víctimas, son los más difíciles de investigar, pues estaban pensados para no dejar huellas, quedando así impunes.

Todo el conocimiento sobre estos crímenes se basa en las declaraciones de familiares y testigos, quienes relatan lo sucedido con un nivel de detalle y una concordancia tales, que los hacen fiables por completo. A veces, sin embargo, se consisgnan las desapariciones en documentos oficiales, pero esto es una excepción, ya que las “nuevas autoridades” se mostraban sumamente cautas: todavía no estaba claro quién ganaría la guerra, y en caso de haberla perdido, hubieran tenido que responder de sus crímenes ante los Tribunales…

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el fallecimiento de los desaparecidos no está inscrito en debida forma en el Registro Civil, por lo que lo que aparece es el Acta de nacimiento de todos ellos pero no su defunción, por lo que sería deseable el proceder a la declaración y sucesiva inscripción del fallecimiento de cada desaparecido, con el fin de hacer un censo.

En los años 80 se concedieron unas indemnizaciones a los familiares de estas víctimas, por lo que algunos de ellos procedieron a inscribir el fallecimiento de sus deudos fuera de plazo; esto se hacía presentando a dos testigos, quienes firmaban haber visto o conocer ciertamente la muerte y circunstancias de la persona en cuestión.

¿Cuántas personas fueron asesinadas mediante sacas y paseos? A tenor de lo expuesto anteriormente, va a ser muy difícil saberlo con exactitud. Algunas víctimas, sobre todo aquellas que no tenían hijos, han pasado al olvido a medida que sus familiares han ido desapareciendo. Aquellos que tenían hijos, perviven en el recuerdo, pero hay que afrontar el hecho de que, posiblemente, no dispongamos de un censo completo jamás.

La negativa institucional a inscribir a los desaparecidos en los registros civiles ha sido un factor determinante para que el desconocimiento se mantenga. Los registros están llenos de personas cuyo fallecimiento no consta. Serían miles de personas más ancianas que Matusalén circulando por el mundo. Situación ésta a más de absurda y ridícula, injusta e indignante.

Es nuestro deber fomentar campañas y adherirnos a las existentes que reclaman las inscripciones de las víctimas en los Registros Civiles como medio de reconocimiento de los asesinados extrajudicialmente. Las desapariciones forzadas son un delito contra la Humanidad, y después de 72 años, esta situación es ya insostenible.

 
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